Esto es lo que está pasando después del paro en Ecuador

  • La Fiscalía allana las casas de Paola Pabón y Virgilio Hernández, Pabón detenida

    • Paola Pabón detenida

      El lunes 14 de octubre la Fiscalía confirmó por Twitter que allanó las casas de Paola Pabón y Virgilio Hernández. Foto tomada de Flickr bajo licencia CC BY-SA 2.0

    El lunes 14 de octubre a las 6:40 de la mañana, la Fiscalía confirmó por Twitter que, después de investigaciones, detuvo a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y a Christián G y Pablo D. Además se allanó la casa de Pabón donde encontró equipos tecnológicos, teléfonos, documentación y “sustancias sujetas a fiscalización”. 

    Pabón rechazó su detención. En Twitter dijo que no existirían pruebas en su contra.”No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esa forma”, dijo en la red social. Pabón fue asambleísta entre 2009 y 2015 por la Alianza País de Rafael Correa. En el gobierno de Correa, fue Secretaria de la Gestión Política entre 2016 y 2017. Pabón cerró su mensaje en Twitter diciendo que ser oposición en una democracia no es delito. 

    Además, Pabón compartió un video en su Facebook en el que se la ve discutir con los policías que llegaron a detenerla. Les reclamó por los daños que, alegó, sufrió su propiedad. Los oficiales le leen sus derechos, y ella les responde que no era necesario detenerla: “Yo voy libre y voluntariamente”, dijo. Después fue trasladada a la Unidad de Flagrancia, según dice uno de los policías. 

    Tres horas después, a las 9:40 de la mañana, por el mismo medio, la Fiscalía y la Policía Nacional confirmaron que allanaron la casa del exasambleísta Virgilio Hernández. Ahí, dijeron las instituciones, “levantaron indicios, como dinero efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos”.  La última noticia que se tenía de Hernández hasta las 10 y 40 de la mañana fue un tweet que publicó quejándose de la detención de Pabón. 

  • Juez dicta prisión preventiva para Paola Pabón por el delito de rebelión

    • Paola Pabón detenida por la Fiscalía

      El juez Julio Arrieta dictó prisión preventiva para Paola Pabón, prefecta de Pichincha, por “el delito de rebelión” en las protestas del paro nacional. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El 15 de octubre de 2019 la Fiscalía del Ecuador confirmó que el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva para Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y Christian G. A Pablo D., detenido también dentro de la misma investigación, se le dictó “medidas alternativas” a la prisión (podrían ser llevar un dispositivo de rastreo y presentarse periódicamente ante el juez). 

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    Al ser prefecta de Pichincha, Pabón tiene fuero de corte provincial —es decir, que es procesada en primera instancia por una corte provincial y no por un juez penal de primer nivel. La identidad de los otros procesados no ha sido revelada, pero, según la regla legal, el fuero “arrastra”, por lo que también son procesados ante el presidente de la Corte provincial. 

    Arrieta ordenó, además, la inmovilización de las cuentas bancarias de los tres, prohibiéndoles, también, enajenar sus bienes. 

    Según la Fiscalía, se les formularon cargos por “el delito de rebelión” por lo que llamó “los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás”. La instrucción fiscal del caso durará 90 días. 

    En el allanamiento a la casa de Christian G —quien supuestamente financió alimentación, medicina y escudos de protección para el paro nacional— se incautaron tarjetas de crédito, panfletos y material usado en las manifestaciones. 

    Minutos después de confirmar la orden de prisión preventiva contra Paola Pabón, la Fiscalía anunció que se allanó la casa de Luis Flores, esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. En esta diligencia se incautó una “caja fuerte, una libreta de ahorros en la que se detalla pagos al ‘señor presidente’, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral”. 

    Por la mañana del mismo 15 de octubre, la Fiscalía confirmó que en el mismo caso se allanó “la sede de un partido político”, sin especificar cuál. En las fotografías publicadas por la Fiscalía se pueden ver cuadros del expresidente Rafael Correa, pese al intento de la Fiscalía de disimular su rostro. Entre lo que la Fiscalía levantó en el allanamiento están cinco computadoras portátiles, dos CPUs y dos celulares.  La Fiscalía dijo también que el 14 de octubre se allanaron “tres inmuebles para ejecutar orden de detención contra Virgilio H.”. En ellos, la Fiscalía encontró dinero en efectivo —en dólares y euros—, banderas y otros elementos.

  • Lenín Moreno cambia mandos en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Terrestre

    • Hay nuevos mandos en las fuerzas armadas del Ecuador

      El presidente de la República expidió el 15 de octubre dos decretos ejecutivos en los que designa nuevos altos mandos militares. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr del Ministerio de Gobierno.

    El presidente de la República expidió dos decretos ejecutivos en los que designa nuevos altos mandos militares. En el decreto ejecutivo 895, Lenín Moreno cesó al general de División Roque Moreira Cedeño como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Moreira estuvo en el puesto de desde diciembre de 2018. El Comando Junto es el órgano más alto de “planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares y de asesoramiento sobre las políticas militares, de guerra y defensa nacional”, según su propia definición. En el mismo decreto, se designó a su reemplazo: el general de División Luis Lara Jaramillo.

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    En un decreto posterior se designó al general de Brigada Luis Altamirano Junqueira como comandante general de la Fuerza Terrestre. Moreno le agradeció general de División Javier Pérez Rodríguez por sus servicios, prestados desde diciembre de 2018.

    Los decretos entraron en vigencia inmediatamente después de su expedición el 15 de octubre de 2019.

     

  • Jaime Vargas pide a su militancia formar un ejército, la Fiscalía le abre una investigación

    • guardia indigena conaie

      La Fiscalía anuncia que iniciará una investigación previa sobre la posible creación de una guardia indígena. Foto tomada de la cuenta de facebook de la Conaie.

    La Fiscalía General del Estado iniciará una investigación previa por las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, que llamó 

    en una rueda de prensa en Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago, el 19 de octubre de 2019, “a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, nuestro propio ejército”. 

    La Fiscalía dijo en un comunicado que su investigación se sustenta en el artículo 349 del Código Integral Penal que castiga con cárcel de cinco a siete años “la formación de grupos subversivos o células terroristas que quieran subvertir el orden público o quieran atacar a las fuerzas armadas o Policía Nacional”.  Vargas replicó diciendo que “la formación de la guardia indígena nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”. Vargas dice, además,  que la guardia indígena ya existe ancestralmente pero no como una estructura militar. 

    La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que ninguna persona puede crear un ejército. “Cualquier intento de pretender una organización armada o acción de fuerza por fuera de las fuerzas armadas o de la policía nacional no solamente no corresponde a un Estado de derecho, no corresponde a un Estado democrático y está tipificado en el código penal”, dijo.  Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, dijo que quienes plantean la creación de un ejército tienen que responder ante la Justicia. 

  • La Conaie dice que su guardia indígena no es un ejército, y evalúa si continúa en diálogo con gobierno

    • guardia indigena

      Jaime Vargas dijo que hoy decidirán si mantienen o no el diálogo con el gobierno de Lenin Moreno.

    El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, dijo que lo organización no tiene ejército, sino guardias indígenas. Lo hizo en una rueda de prensa del 23 de octubre de 2019, un día después de que la Fiscalía anunciara que lo investigaría por decir, días antes, que la Confederación organizaría “con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, nuestro propio ejército”. 

    Una guardia indígena es un grupo de resguardo comunitario que cuida los territorios de los pueblos originarios “en cooperación con la justicia ordinaria”, dijo Vargas. El presidente de la Conaie dijo, además, que las guardias comunitarias están formada por jóvenes, mujeres y hombres que no tienen entrenamiento. Vargas explicó que si, por ejemplo alguien quiere entrar a una comunidad shuar, la guardia indígena lo detiene para saber quién es y por qué quiere entrar, y si encuentra algo negativo lo reportan a las autoridades. 

    Cuando se le preguntó a Vargas si por “excombatientes” se refería a los shuar que combatieron en la guerra del Cenepa (el conflicto armado entre el Ecuador y el Perú en 1995) dijo que no. Vargas no aclaró a quiénes se refería cuando dijo excombatientes, pero dijo que en la Amazonía hay asociaciones de excombatientes como los Arutam, Combatientes del 95, los Kivias o los Churuvia. Cuando hay asambleas populares, ellos vigilan los eventos. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) dijo que los indígenas “no son terroristas, vándalos, subversivos, ni guerrilleros”, y que sí tienen guardias indígenas en sus territorios. 

    La mañana del mismo día, los representantes de la Conaie se reunieron en asamblea en Quito para decidir si continúan o no el diálogo con el presidente de la República. Dicen que se sienten perseguidos por la investigación anunciada por la Fiscalía. De su asamblea, dicen, saldrá una propuesta de “todos los sectores sociales”, a la que invitó a la prensa a participar.

  • Los ministros Romo y Jarrín comparecieron a la Asamblea a presentar informes sobre el paro de octubre de 2019

    • Oswaldo Jarrín habla en la Asamblea

      Los ministros Romo y Jarrín presentaron a la Comisión de Soberanía de la Asamblea sus informes sobre el paro de octubre de 2019. Fotografía tomada del Twitter de la Asamblea.

    Según el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, los centros de paz que se organizaron en las universidades Central, Salesiana y Católica en Quito eran “centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente”. Lo dijo el 23 de octubre de 2019, ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea, cuando presentó un informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante el paro de octubre de 2019.

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    Según Jarrín, hubo un “gran conglomerado de manifestantes, de bandas y de grupos que habían alterado el orden y que habían pasado a una violencia que había escalado hasta niveles que nunca el país había estimado”. El Ministro de Defensa dijo que esto respondería a una estrategia destinada al “derrocamiento del gobierno, a la inestabilidad política y la finalización del Estado democrático”. 

    En su informe dijo que las manifestaciones — en las que participaron unas 35 mil personas— estuvieron “marcadas por una violencia sin precedentes”. Jarrín dijo que en los cócteles molotov usados en las manifestaciones se “agregaban sustancias adherentes como aceites o químicos” para que se pegaran a la superficie que toquen, en algunos casos la piel. Otros de los implementos usados fueron lanzacohetes y escudos metálicos, que fueron confeccionados “con anticipación”, según explicó el ministro de Defensa.

    Las Universidades que funcionaron como Centros de Paz y Acogida Humanitaria durante los días del paro nacional en Quito — la Salesiana, Politécnica, Católica, Central y Andina — publicaron un comunicado rechazando “las desafortunadas declaraciones del Ministro de Defensa”. Confirmaron que ellos se encargaron de “resguardar la integridad y condiciones de dignidad elementales de familias indígenas, incluidos mujeres, niños y adultos mayores”. 

    La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también presentó su informe ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea. Romo dijo que los dos jóvenes que murieron después de caer del puente de San Roque “no fueron arrojados por la Policía Nacional”.  Refutó las acusaciones de que la Policía usó excesivamente la fuerza, de la que dijo “cumplió con su deber” y que los casos excepcionales serán investigados. 

    Todavía no se tiene una cifra exacta de las pérdidas económicas de las manifestaciones. La  ministra de Gobierno habló de los “daños de la fractura social” que provocaron. Además de la desconfianza y los enfrentamientos, hay ciudades que eran seguras para el turismo y ahora son “no recomendadas”, dijo la Ministra. Romo no incluyó una cifra de muertos en su informe. 

  • El Defensor del Pueblo actualizó su cifra de fallecidos en el paro nacional a diez personas

    • Fotografía tomada de la página web de la Defensoría del Pueblo

    En una entrevista en vivo con diario El Comercio, el 23 de octubre, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, actualizó a 10 la cifra de personas que murieron en las manifestaciones de octubre de 2019.

     Días antes, la Defensoría había confirmado la muerte de ocho personas. Los dos fallecidos que se suman al informe de la Defensoría son Gabriel Antonio Bone, que murió en Durán, provincia del Guayas, y Edwin Bolaños que falleció debido a una caída, después del impacto por un proyectil, en las manifestaciones en Quito. “Aparentemente es el impacto de una bala de goma”, dijo Carrión. 

    Carrión también dijo que ocho personas han perdido un ojo y una perdería ambos ojos. Según el Defensor del Pueblo, hay personas que tienen heridas por impacto de perdigones y proyectiles en la cara. “Se debe llegar a determinar el grado de la lesión, el grado de la herida, que le va a causar una discapacidad permanente o temporal” dijo.  

    “Hay que transparentar la verdad de lo que sucedió porque de la misma manera que hemos denunciado al país que hubo abuso de la fuerza de parte de la policía nacional  y de los militares, también hay que dejarlo sentado, que en la protesta social hubo ciertos elementos o manifestantes que actuaron de una forma completamente delictiva”, dijo Carrión. Además, de las muertes y lesiones causadas y reportadas por el gobierno y la Defensoría del Pueblo, en el paro nacional se perdieron 2000 millones de dólares por cierres en comercios y  vandalismo, según la secretaría de Comunicación del Gobierno. En Quito, la Secretaría de Ambiente reportó la pérdida o destrucción de cerca de 5 mil árboles. 

  • La Fiscalía realizó dos allanamientos dentro de la investigación a Paola Pabón

    • caso paola pabon

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron la madrugada del domingo 27 de octubre de 2019 el edificio Sebastián de Benalcázar. Según las investigaciones en el edificio —cerca de la Asamblea Nacional— funcionaba un centro de operaciones relacionado a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, detenida desde el 14 de octubre. A Pabón y a dos hombres —identificados como Cristian G y Pablo D— se les ha abierto una instrucción fiscal por el supuesto delito de rebelión, durante el paro nacional de octubre de 2019

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    Pabón está en la cárcel de Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde cumple una medida de prisión preventiva. La instrucción durará 90 días. Dentro de la misma instrucción fiscal,  la Prefectura de Pichincha fue allanada el 16 de octubre de 2019. 

    En un comunicado, publicado el 22 de octubre, el viceprefecto Alex Tonello, ahora prefecto subrogante de Pichincha, dijo que la policía revisó los veintidós pisos el edificio —en especial el despacho de la prefecta, la dirección de tecnologías, la dirección administrativa y servicios generales, la dirección de comunicación,  la imprenta y bodegas de la institución. 

    La Policía se habría llevado treinta y un computadoras de escritorio, cuatro portátiles y habrían incautado bienes personales de algunos funcionarios: siete computadores portátiles y cinco teléfonos celulares. 

  • La misión de la CIDH recoge información sobre vulneración de derechos humanos en el paro nacional

    • cidh en ecuador

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Paulo Abrao.

    Desde el 28 de octubre de 2019, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge en Quito testimonios sobre la vulneración de los derechos humanos en el paro nacional

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    La misión está conformada por Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH; Paulo Abrao, Édison Lanza, Soledad García, María Pulido, miembros de la CIDH.  Recibirá a representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, (Conaie) para que den su testimonio sobre las protestas. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, también participará.

     

    El vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, dijo que el gobierno está de acuerdo que la CIDH revise y valore los testimonios de la vulneración de derechos en el paro, pero también “que se vean por los derechos humanos de la gente que perdió todo, que fue secuestrada, que no puedo trabajar por doce días, que los dejaron sin agua, los que no pudieron ser atendidos en los hospitales” dijo Sonnenholzner. 

    El 28 de octubre, la misión se reunió con personas de la sociedad civil y familiares que sintieron vulneración de sus derechos. Además, la misión visitará Guayaquil, Cuenca y Latacunga. En esta última ciudad, la misión irá a la cárcel para recibir el testimonio de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien solicitará medidas cautelares a la CIDH, por lo que su hermana Priscila Pabón, llamó “la ilegalidad del proceso en su detención”. 

    El defensor del pueblo, Freddy Carrión, informó a la misión sobre el trabajo que la Defensoría realizó durante y después de la movilización de octubre de 2019. Carrión presentó la cifra de fallecidos, heridos y detenidos en el paro nacional. 

    Ante la misión, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, testificaron sobre las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las movilizaciones. Los ministros de Cultura, Finanzas y de Salud también intervinieron en el diálogo con la Comisión Interamericana. El contralor Pablo Celi informó sobre el ataque al edificio de la Contraloría General del Estado, que fue incendiado en los días de paro. 

    El presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre denunció frente a la misión la vulneración de derechos en ese sector. La organización de monitoreo de la libertad de expresión Fundamedios informó sobre las agresiones y ataques a periodistas y comunicadores durante el paro.