El 7 de octubre la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el asambleísta Yofre Poma, el prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez, y el alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire. Los tres políticos y otras personas son investigados por el delito de paralización de servicios públicos.
Los funcionarios fueron detenidos el día anterior por tomarse una refinería de petróleo en la provincia de Sucumbíos y paralizarla por cerca de dos horas, causando una pérdida de 1,7 millones de dólares, según Diana Salazar, Fiscal General del Estado.
En un boletín, la Fiscalía General del Estado anunció que los procesados habrían “ingresado violentamente –con palos y fierros– a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos”. También habrían “entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo” del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)”.
Al finalizar la audiencia, el juez nacional David Jacho dictó prisión preventiva para todos los procesados. Además, dispuso la “retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes”.
Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la paralización de un servicio público es un delito que se sanciona con entre uno y tres años de prisión.
