Antes la idea era mala. Cuando el Banco Central anunció su sistema de dinero electrónico recibió muchas críticas. Ahora, apenas cuatro años más tarde, volvió y está de moda. Ese dinero que existe en los “sistemas de computación financieros y está disponible para transacciones mediante sistemas electrónicos” fue controlado por el Banco Central hasta 2018. Desde el 1 de abril de ese año, el Banco Central le transfirió su manejo a la banca privada. A finales de septiembre de 2019, la red interbancaria privada Banred lanzará su Billetera Móvil (BIMO), un servicio que marca el principio de una nueva era del dinero electrónico en Ecuador: la era en que la mala idea de ayer, es la buena idea de hoy.
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Para unos fue consenso, para otros, traición. Que el proyecto de dinero electrónico pase del Banco Central a la banca privada fue uno de los acuerdos alcanzados en una reunión entre los representantes de la banca pública y privada, de la economía popular y solidaria y el presidente Moreno y su equipo económico. Los representantes del sistema financiero privado agradecieron la “apertura y la invitación al diálogo”, y aseguraron que el principal objetivo era reducir el uso de efectivo y fomentar el uso del dinero electrónico. En cambio, Rafael Correa, ya en el exilio y peleado a muerte con Moreno, dijo en Twitter que la medida demostraba que el interés de la banca era obtener el negocio del dinero electrónico y que usaron mentiras para criticar el antiguo sistema.
Cuando estaba bajo control estatal, no pocos detractores tuvo el dinero electrónico en el Ecuador. El expresidente de la Junta Bancaria León Roldós y el entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, creían que el dinero electrónico debilitaría la dolarización, pues se corría el riesgo de que sirviera como una forma de emisión secundaria de dinero, algo inaceptable en una economía dolarizada. Guillermo Lasso, líder del movimiento político CREO, coincidía con ellos: “con el dinero electrónico se pretende crear una moneda alterna para afrontar la falta de liquidez del Gobierno”. Después de perder las elecciones presidenciales en 2016, Lasso publicó en Twitter 10 cosas que “como mínimo, el señor Moreno deberá tomar inmediatamente los siguientes pasos para generar un mínimo de confianza en su Gobierno”. En la última pedía descartar “los proyectos de dinero electrónico en marcha”.
En 2016, el presidente Rafael Correa hablaba sobre “el impacto saludable que representa para la economía el uso del dinero electrónico” Decía, además, que daría agilidad y rapidez a la dolarización, contradiciendo a sus detractores que lo veían como su gran punto débil. El argumento de Correa era que el ataque mediático y las críticas se debían a que —en ese entonces— no se entregó a la banca privada. “Resulta que el dinero electrónico es bueno si lo tiene la banca privada y malo si lo posee el Banco Central. Por si acaso el Banco Central no es que opera, tiene la plataforma para poder interconectar a todo el mundo. La banca privada quiere el monopolio y pierden su tiempo, no se lo vamos a dar”, dijo el entonces Presidente durante el Enlace Ciudadano 479.
Que el Banco Central sea la plataforma del dinero electrónico fue el germen de las sospechas. A diferencia de otros en el mundo, el antiguo sistema ecuatoriano era el único manejado exclusivamente por el gobierno central. El economista Alberto Acosta Burneo, creía que la emisión del dinero —como la concebía el gobierno— era una forma de inflar la economía. Decía, además, que no existían respaldos reales que garantizaran la confianza en ese sistema. El analista económico Walter Spurrier coincidía con él, y en una de sus columnas de 2017 temía por el momento en el que el gobierno empiece a pagar con dinero electrónico y “no con dólares contantes y sonantes”.
En 2016, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central confirmaron que el sistema de dinero electrónico estaba respaldado totalmente por el efectivo físico. Pero la declaración de estas instituciones, durante un gobierno acusado de concentrar poderes y borrar las líneas de la separación de poderes del Estado, no convenció a sus detractores.
Ahora, a tres años vista, quienes promovían el sistema insisten en que los reparos eran de negocio, y no de interés público. Diego Borja, exministro de Economía, recuerda que la propuesta del dinero electrónico se elaboró en el 2008 en el Ministerio Coordinador de Política Económica y empezó a ser implementado, paulatinamente, desde el 2013. Él dice que las objeciones de entonces de la banca privada al sistema surgieron porque vieron que “se les iba un negocio”.
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Gran parte de las transacciones que se realizan en el mundo, incluído el Ecuador, son electrónicas: no se usa el dinero físico y se cuentan más de 1,3 mil millones diarias a nivel mundial. En 2018, llegó a un récord de 143 millones de clientes registrados en sistemas de dinero electrónico. Noventa países, incluido el nuestro, están desarrollando sistemas de pago digital para facilitar que sus usuarios utilicen este sistema.
Las billeteras móviles entran en este conjunto de servicios, sirven para realizar pagos o depósitos mediante el celular. Suecia, es uno de los principales países que busca convertirse en una sociedad sin efectivo. Según el Banco Central sueco, el Riksbank, las transacciones en efectivo fueron apenas el 2% del valor de todos los pagos realizados en ese país en 2017 y esperan que para 2020, caerá al 0,5%. En las tiendas, el efectivo ahora se usa solo para el 20% de transacciones, la mitad que hace cinco años, y muy por debajo del promedio global de 75% de las transacciones.
Europa no es el único continente con sistemas de dinero electrónico eficientes. Las principales plataformas de dinero electrónico a nivel mundial incluyen Alipay y WeChat Pay en China, Paytm en India y M-Pesa en África Oriental. En este continente el dinero electrónico es un sistema que crece todos los días. En Kenia, por ejemplo, se hacen más de 16 millones de transacciones cada día y más de 36 millones de cuentas de dinero móvil están registradas en todas las plataformas disponibles. Kenia es el líder en pagos digitales del continente africano.
En Ecuador, el valor del dinero electrónico está respaldado por el dólar estadounidense. Y puede ser intercambiada por dinero físico en cualquier momento. Cualquier sistema de dinero electrónico que no esté respaldado por la moneda nacional, el dólar, no está autorizado en Ecuador. Por ejemplo, las criptomonedas, una divisa digital, son otra forma de respaldar el dinero electrónico. Según el Banco Central, las criptomonedas “no son un medio de pago autorizado en el país y no cuentan con respaldo, su valor se sustenta en la especulación”. Y no están controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad del Ecuador.
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Los ecuatorianos somos desconfiados y la confianza es esencial para que el dinero electrónico funcione. Según la Encuesta Mundial de Valores 2010-2014 de Latinobarómetro—un proyecto global de investigación social que explora los valores y opiniones de la gente— somos el sexto país más desconfiado del mundo, sobrepasados solo por Filipinas, Trinidad y Tobago, Colombia, Ghana y Brasil. Apenas un 25% de los ecuatorianos tiene confianza en el Gobierno. En la banca confía un 41% de los ecuatorianos. Según el informe de Latinobarómetro, en toda la región, “la mayor de las desconfianzas es con los componentes del régimen democrático”.
La confianza no se genera de un día para otro. El economista Edwin Buenaño dice que lograr que los ecuatorianos confíen en el sistema de dinero electrónico es un proceso de mediano plazo. “Las personas lo usarán en la medida en que sientan confianza y esto se logrará con las facilidades que se brinden de pasar de dinero de bolsillo a dinero virtual, este es el papel que juegan las empresas” explica. Pero no dependerá solo de la banca privada: el Estado debe garantizar que controlará acertadamente a las partes involucradas y que el uso de herramientas tecnológicas beneficiará al consumidor.
Por otro lado, en el mundo virtual siempre existe un riesgo de seguridades informáticas. Hace 4 años, en 2015, Bloomberg reportó que el Banco del Austro demandó al proveedor de servicios bancarios Wells Fargo & Co por autorizar la transferencia de 12 millones de dólares en un robo cibernético
Hace un mes, en agosto de 2019, la Superintendencia de Bancos comenzó la investigación por los problemas en algunos servicios del Banco Pichincha y hasta el momento no ha descartado que se trate de un hackeo. Y hace menos de una semana, el 16 de septiembre, la compañía de privacidad en internet vpnMentor anunció que los datos personales —incluyendo información bancaria del BIESS— de 20 millones de registros de ecuatorianos, entre registros de ecuatorianos fallecidos y duplicados, fueron filtrados.
El economista Buenaño dice que luego de los últimos acontecimientos de robo de información se ha comprobado que hay vacíos sobre el tema de seguridad en varias instituciones, no solo las bancarias. Aunque el sistema financiero posiblemente esté a la vanguardia en estos temas, los usuarios también deben mejorar el uso y manejo de sus seguridades como cuentas y claves. Pero no depende solo de ellos. Cada institución debe garantizar la protección de la información de sus clientes.
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Los cuestionamientos al dinero electrónico manejado por el Banco Central llegaron, también, desde el propio Estado. En 2018, la Contraloría presentó un examen de todo el proyecto de dinero electrónico del Banco Central y encontró algunas inconsistencias. Desde errores en la firma del contrato para adquirir la plataforma digital. Según el informe, uno de los contratos fue adjudicado a la Asociación Inswitch-Adexus, que no cumplía con los requerimientos técnicos necesarios. El personal técnico del Banco Central no tenía la administración ni acceso total a la base de datos del sistema que compró, así que no podía garantizar que la información registrada “sea íntegra, ni se efectúen copias de seguridades periódicas”, decía el informe.
Las fallas digitales y las irregularidades durante el proceso de contratación, presentadas en el informe, demostraron que la información de los usuarios no estaba totalmente segura y que podía ser copiada. Durante la evaluación de este proceso, el informe concluye que “los accesos directos a los datos contenidos en las bases de datos, tienen el riesgo de modificaciones o alteraciones de la información no autorizadas”. Explica que es por eso que para mantener los estándares y las prácticas de seguridad requeridas, el acceso a la información debe realizarse a través de interfaces de aplicaciones y ambientes controlados para evitar el riesgo de accesos y modificaciones no autorizadas. Era necesario control absoluto de las bases de datos, algo que el Banco Central no tenía y que ahora, tras la filtración de la información de Novaestrat, sabemos cuán relevante es.
Además, se contrataron herramientas que no se usaron. El sistema informático Sistema Auxiliar de Dinero Electrónico (DEA) no está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Hubo, además, comprobantes de gastos sin legalizar y errores de archivo en los expedientes de contratación y pago, entre otros errores.
Los bancos —públicos y privados— manejan sus propios protocolos de seguridad, por lo que es difícil identificar las falencias generales de estos sistemas. El arquitecto en software Iván Muela explica que lo que podrían hacer los bancos y las entidades financieras para incrementar la confianza de los usuarios es darles más seguridad por medio de un contrato escrito, o por medio de los términos y condiciones de seguridad y privacidad en los que el banco se comprometa a guardar sus datos, a no compartirlos con terceros y asegurarles que su dinero está puesto a buena disposición dentro de sus bóvedas. Ese respaldo podría significar una diferencia sobre cuánto confiamos en ellos.
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Una de las principales ventajas de los sistemas de dinero electrónico, según el economista Edwin Buenaño, es la inclusión económica — facilitar el acceso a servicios financieros a las personas que han sido excluidas o tienen acceso limitado. Puede ayudar a que personas que no tienen una agencia bancaria cerca a su domicilio, como quienes viven en las zonas rurales, puedan realizar transacciones.
Tampoco será sencillo. Según Pedro Moncayo, excoordinador de Inclusión Financiera del Banco Central del Ecuador no todos los ciudadanos quieren o pueden estar incluidos en el sistema. Moncayo explica que es primordial preguntarse por qué las personas que están excluidas económicamente lo están. Según él, es porque no confían, han tenido malas experiencias, rechazan los altos costos, las distancias —cita, incluso, aspectos culturales. Para que los sistemas de pago móvil —el dinero electrónico o las billeteras móviles— se desarrollen correctamente, esas barreras deben eliminarse.
El sistema del Banco Central tenía como principal objetivo la inclusión financiera. “Proveer a la población que no tenía acceso al mercado financiero la oportunidad de acceder” a estos servicios. En ese entonces, era el 60% de la población. El Central era el responsable de fomentar la inclusión financiera. Lo hacía al facilitar el servicio que podía ser usado desde cualquier celular enviando un mensaje de texto, sin necesidad de tener acceso a internet o un teléfono inteligente. Esta responsabilidad fue establecida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que también establecía que regular la moneda electrónica era responsabilidad del Banco Central del Ecuador.
BIMO, la billetera móvil de Banred, por otro lado, tiene dificultades para cumplir con esta ventaja. Para acceder a esta billetera móvil es indispensable tener un teléfono inteligente y conexión a internet móvil, algo que solo el 65% de los ecuatorianos tiene. A pesar que las regulaciones de estas plataformas establecen que deben permitir transacciones de pago móvil desde cualquier tipo de teléfono celular. “Es una limitación” reconoce Pablo Narváez, el presidente de Banred. Por eso están evaluando la posibilidad de utilizar otros mecanismos que faciliten la comunicación.
Según el exministro Diego Borja, cuando el gobierno de Moreno decidió trasladarlo a la banca privada, el dinero electrónico dejó de ser un instrumento de inclusión financiera y se convirtió en un negocio bancario. “De esta manera se le quita totalmente la naturaleza original del proyecto que estaba orientado a la inclusión financiera y se lo convierte en un negocio” dice Borja. El sistema quedaría restringido para las personas que ya están bancarizadas: quienes no lo están no van a incurrir en costos extras, como comprarse otro celular o contratar internet móvil. “Esos costos adicionales, de una u otra manera te excluyen” menciona.
Otra ventaja del uso de dinero electrónico es la reducción de costos financieros, dice Buenaño. Por ejemplo, el acudir a un banco a retirar o depositar dinero tiene un costo de movilización y tiempo, esto se puede evitar con medios de pago móviles. También se puede acceder a mayores servicios financieros, entre otros. De forma general, estos mecanismos ayudan a democratizar el uso de los sistemas financieros.
El 17 de agosto de 2019, varias personas —incluyendo al asambleísta José Serrano— cuestionaron un supuesto incremento de las tarifas de retiros y transferencias del sistema de cajeros automáticos de los bancos del país. Serrano dijo que no sabía si “a los ecuatorianos nos tienen como imbéciles o como tontos útiles” y que cada retiro de un banco costaría 45 centavos de dólar. “O está bendita Junta de Política Monetaria rectifica esto o habrá que llamar a juicio político a los Ministros responsables”, dijo. Pero Serrano —y quienes compartían su preocupación— estaban equivocados.
El Ministerio de Economía y Finanzas desmintió esta versión. Explicó que las tarifas de las que hablaban —45 centavos para retiros y 9 para transacciones— fueron establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para los servicios de Billetera Móvil (o BIMO), la plataforma de pagos móviles que está por estrenarse.
El principio entre los dos sistemas es el mismo: hacer transacciones con la moneda de uso legal de un país a través de mecanismos electrónicos. En este caso la Billetera Electrónica es el medio de pago, pero sigue los principios del dinero electrónico. La diferencia es quién provee estos servicios. Bueno, eso y las tarifas. En el sistema del Banco Central, el valor de las transacciones y retiros, que iba desde 0 hasta 50 centavos, dependía del monto y el tipo de acción. Mientras que en las nuevas tarifas establecidas para BIMO solo incluye un solo costo de retiros (45 centavos) y transacciones (9 centavos) sin importar el monto el tipo de transacción.
León Roldós explica —ya en 2019— que cuando al dinero electrónico lo manejaba el Banco Central había el riesgo que sea una forma de emisión secundaria de dinero, no respaldada por el dólar, que sea aprovechada por el sector público con otros fines. Esos riesgos, dice, ya no existen. Sin embargo, Roldós ve otro problema. “No veo que sea vaya a ser muy demandada”, dice. Además, cree que, como BIMO será usada para pagar pequeños montos, los costos de las comisiones hará que no valga la pena su uso. Eso está por verse, pero lo cierto es que con menos detractores que antes, el dinero electrónico ha vuelto. Su éxito dependerá de que la banca privada convenza al público en general de que puede confiar en el sistema. Quedará por ver, también, si logra incluir en el sistema bancario a más personas, o si solo es un gran negocio.
