La LOC fue un proyecto impulsado por el movimiento político Alianza País desde sus inicios en el gobierno. En la Constitución de Montecristi, impulsada por Rafael Correa y aprobada en 2008, había una transitoria que disponía un plazo máximo de un año para que sea aprobada la Ley de Comunicación. Sin embargo no fue hasta 2013 que se logró la mayoría legislativa necesaria para aprobar la normativa.
Alrededor de esta ley existieron varias críticas negativas al punto de ser denominada como Ley Mordaza. El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, la calificó como una política encargada de “desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar”. Según un informe de la CIDH, durante los años 2007 y 2017 se documentó persecución a “ periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses”. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, dijo que su aplicación “ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno”.
Apenas 3 meses después de su posesión, el Presidente Moreno, a través de su Secretario de Comunicación, planteó la necesidad de hacer una reforma al marco normativo. En mayo de 2018, el Ejecutivo entregó el proyecto de reforma a la Ley a la Asamblea Nacional que finalmente aprobó las reformas el 14 de febrero de 2019.
