El 23 de agosto de 2019, la Corte Constitucional aceptó la propuesta del Comité por la Institucionalización de la Democracia, una organización creada por Julio César Trujillo con algunos miembros que han pasado por funciones públicas como Pablo Dávila, exconsejero del CPCCS de Transición y Rosalía Arteaga exvicepresidenta de la República para convocar a un referéndum. Lo que buscan es plantear la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y si se cambia la estructura de la Asamblea Nacional. El referéndum también consultará sobre la posibilidad de convertir a la Fiscalía General del Estado en una institución independiente de la Función Judicial del Estado.
La propuesta del Comité por la Institucionalización de la Democracia consiste en que la Asamblea Nacional se vuelva bicameral: que tenga una cámara de diputados y un senado. Pero eso solo sucederá solamente si a través del referéndum se elimina al Consejo de Participación.
Si se elimina a la institución, la designación de autoridades de control —como el Contralor o el Defensor del Pueblo— volverá a la Asamblea Nacional pero reestructurada, según explica Pablo Dávila, coordinador nacional del Comité por la Institucionalización de la Democracia. Dávila, quien además fue parte del CPCCS de transición, dice que para el referéndum proponen preguntar: “¿está usted de acuerdo con eliminar el CPCCS y que las atribuciones de designación de autoridades pasen a la Asamblea Nacional debidamente reestructurada a través de un sistema bicameral?”.
La decisión de tener una Asamblea bicameral, para Dávila, ayudaría a recuperar la confianza en la institución. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, hasta julio de 2019 apenas 2 de cada 10 ecuatorianos califican a la gestión de la Asamblea Nacional como buena. El objetivo es “que haya dos entes internamente que se controlen mutuamente y que permita mejorar la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de la Asamblea”, dice Dávila.
