Todo lo que hay que saber sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

  • La consulta popular de 2018 busca reformar el Consejo de Participación Ciudadana

    • reforma al consejo de participación ciudadana

      El presidente Lenín Moreno anunció las 7 preguntas de la consulta popular. Fotografía de la Agencia de Noticias ANDES bajo licencia CC-BY S.A.

    El lunes 2 de octubre del 2017, en el segmento El Gobierno Informa, emitido en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno presentó las siete preguntas que envió a la Corte Constitucional para la consulta popular.

    El primer mandatario recordó a los ciudadanos que el CPCCS se creó en la Asamblea de Montecristi, aprobada en 2008, y pretendía incluir a los ciudadanos “del más alto nivel ético y sin intereses partidarios”. Dijo también que los funcionarios actuales no han cumplido con transparencia en los procesos de selección de autoridades de control.

    En la pregunta que Lenín Moreno envió se contempla el cese inmediato de los actuales miembros del CPCCS; la propuesta es que los nuevos integrantes sean elegidos por “votación universal”, es decir, el sufragio de toda la población adulta del país, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social;  y que  cumplan con rigurosos requisitos.

    Si en caso que se aprueba el cese de funciones de los actuales miembros del CPCCS en la consulta popular, se establecerá  un Consejo de Participación Transitorio que evaluará a los actuales funcionarios del consejo y regulará los concursos en marcha.

  • Los cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

    • cuestionamientos al consejo de participación ciudadana

      El Consejo de Participación Ciudadana ha recibido muchos cuestionamientos. Fotografía de Agencia de Noticias ANDES bajo licencia CC-BY S.A.

    El CPCCS ha sido cuestionado porque la mayoría de sus consejeros son simpatizantes o trabajaron para el gobierno de Rafael Correa. Aunque las pruebas de conocimiento de los postulantes ganadores estén a disposición pública, el Observatorio Ciudadano a la Función Electoral ha manifestado que se encuentran “graves inconsistencias” en los documentos presentados por parte de los postulantes que ahora forman parte del consejo. Su cercanía con el movimiento Alianza País abrió un sinnúmero de especulaciones.

    El Consejo nació con la intención de limpiar los procesos de selección de autoridades, sin embargo, son precisamente esas atribuciones las que fueron duramente criticadas en los más de 10 años de gestión.  Andrea Rivera, exconsejera del CPCCS, en una entrevista declaró que “todos esos procesos fueron utilizados, manipulados, se podría hablar de participación y veeduría, pero en realidad no fueron transparentes, tuvieron muchos inconvenientes, fallas, dudas, denuncias de que se calificaba con distintos criterios a los  postulantes, de que no se respetaba la impugnación ciudadana, de que no se respetaba el orden del día, los reglamentos.”

    Walter Fernández, María Bustamante, Solanda Goyes y Aquiles Hervas, cuatro de los siete actuales consejeros suplentes y críticos del correísmo, calificaron de “cuestionables” los procesos de designación de autoridades. “Exigimos que se haga una auditoría de cómo fueron nombrados los miembros del Cpccs”, señaló Goyes.

    Ruth Hidalgo, presidenta de la Corporación de Participación Ciudadana, cree que es importante la eliminación de esta entidad por el fuerte nexo que tiene con el ejecutivo, “Su objetivo era mejorar los niveles de independencia de poderes, y eso no se cumplió”, explicó

    Los excandidatos a la presidencia en las elecciones de febrero de 2017 cuestionaron la transparencia de nombramiento a los titulares de control, como el ex contralor Carlos Pólit, quien fue designado por el CPCCS y se encuentra en un proceso judicial por el caso Odebrecht.

  • ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

    • qué es consejo de participación ciudadana y control social

      El CPCCS se creó con la Constitución del 2008.

    El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue creado por la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008. El expresidente Rafael Correa lo llamó el quinto poder. Es una institución independiente que forma parte de la función de Transparencia y Control Social; al igual que la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias de Bancos, Compañías y Comunicación  y la Contraloría General del Estado.

    Esta entidad se creó para auditar los mecanismos de control, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. Entre sus funciones tiene la designación de autoridades, que ha sido justamente uno de los mayores blancos de críticas.

  • Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en 2017

    • miembros del consejo de participación ciudadana

      El consejero Edwin Jarrín.

    En 2015 la Asamblea Nacional posesionó a los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son siete consejeros principales y siete consejeros suplentes en el pleno, por un periodo de cinco años.

    Fueron juramentados en cargo por la expresidenta del legislativo, Gabriela Rivadeneira. Esta designación se realizó en medio de polémica por la cercanía de los consejeros principales con el movimiento oficialista Alianza País. Todos sus integrantes han laborado para más de una entidad pública.

    La guayaquileña, Raquel González, simpatizante del movimiento AP, fue elegida presidenta del (CPCCS) para el periodo 2015 – 2020. Según su hoja de vida colgada en la página del consejo, cuenta con una licenciatura en Cultura Física de la Universidad de Guayaquil y un diplomado en Educación para la paz y la no violencia de la Universidad particular de Loja.  En el período 2012 -2013 fue coordinadora zonal 8 del MIES y en 2014 fue Subsecretaria de Pueblos e Interculturalidad, en la Secretaría Nacional de Gestión Pública.

    Al obtener el mejor puntaje en el concurso de méritos,  se encuentra en la vicepresidencia Edwin Jarrín Jarrín. Su participación y calificación en el concurso levantó varias críticas al ser tan cercano al partido oficialista. Es matemático graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Antes de ocupar su cargo en esta entidad, Jarrín fue Secretario Nacional de Transparencia de Gestión,  fue presidente del  directorio de la Empresa Pública de Televisión y Radio del Ecuador y fue Subsecretario General de Despacho Presidencial en la época de Correa. Jarrín está casado con la asambleísta de Alianza País, Soledad Buendía y su cuñada es la actual Subsecretaria de Participación Ciudadana, Rosa Mireya Cárdenas. Su hermano fue Arturo Jarrín, el líder del conocido grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo.

    Doris Gallardo, 33 años, abogada y licenciada en ciencias jurídicas graduada de la Pontificia  Universidad Católica del Ecuador. En 2014 fue Directora General del Consejo de la Judicatura y luego, asesora en el servicio de justicia y desarrollo de proyectos para el fortalecimiento de la gestión de la Corte Nacional de Justicia.

    El cuencano Tito Astudillo, obtuvo su título de economista en la Universidad de Azuay. Antes de trabajar para el CPCCS tuvo varios cargos públicos. Comenzó su carrera política en el año 2000 siendo Asistente Administrativo de la regional Sur del Proyecto “Servicio de Información y Censo Agropecuario – SICA.” En el 2014 fue Asesor político de la ministra Doris Soliz Carrión, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

    Javier Burbano, abogado guayaquileño de 33 años, egresado de la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente cursa una maestría en Derecho de la Empresa en la misma institución. Su carrera comenzó en 2003 en el Estudio Jurídico Febres Cordero & Rebolledo y de 2014 a 2015, antes de formar parte del Consejo, fue Secretario General de Pueblos y Participación Ciudadana en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política .

    Tania Pauker, es doctora en Jurisprudencia de la Universidad Particular de Loja y posee una Maestría en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  En 2013 fue asesora de despacho en el Ministerio Coordinador de Patrimonio y en 2014 fue asesora en el despacho del Vicepresidente de la República, Jorge Glas.

    Juan Antonio Peña cuenta con una Maestría en informática y derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un Doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Cuenca. Fue docente universitario en la misma institución donde realizó sus estudios de pregrado y doctorado y también en la Universidad Alfredo Pérez Guerrero extensión Gualaceo. Antes de ser consejero, fue Subsecretario de Seguimiento e Información de la Presidencia de la República entre 2013 y 2014.

    Los consejeros suplentes son: Walter Fernández, Sonia Vera, Aquiles Hervas, Cruz Bustamante, Nora Encalada, Solanda Goyes y Carlos Torres.

  • Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

    • funciones del consejo de participación ciudadana

      En 2008, la Asamblea de Montecristi le otorgó doce funciones.

    La Asamblea de Montecristi le otorgó doce funciones en 2008. Entre las principales están la promoción de los derechos de participación ciudadana y control social, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades de control como el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, Superintendencias, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, al Procurador General del Estado y los miembros del Consejo de la Judicatura.

    La Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los órganos ejecutores del Consejo, está integrada por tres subcoordinaciones: de Promoción de la Participación; de Control Social; y de Rendición de Cuentas.

    Según la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la primera es la encargada de la capacitación a la ciudadanía de los derechos y recursos humanos e institucionales para la promoción de los mecanismos de participación en la vida democrática. La segunda busca aumentar la influencia de la sociedad civil para equilibrar y fortalecer el poder ciudadano. Y la tercera debe fiscalizar a las entidades públicas, para responder a la ciudadanía acerca de las gestiones empleadas en sus instituciones y está a cargo de auditar el control de presupuesto.

    Existe también una Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, creada para recibir denuncias de corrupción de los ciudadanos e investigarlas. En 2016, se receptaron 464 denuncias, de las cuales 111 fueron trasladadas a otras instituciones, 202 a investigación y 145 se archivaron.

    Otro de sus roles es el de organizar procesos de selección y designación de autoridades públicos mediante la creación de comisiones ciudadanas de selección, veeduría e impugnación ciudadana. También se encarga de llevar a cabo todos los  concursos públicos de oposición y méritos para designar nuevas autoridades públicas.

    En el caso de Ramiro Rivadeneira, quien también obtuvo el mejor puntaje en el concurso de méritos y oposición en su reelección  para Defensor del Pueblo; obtuvo 20 impugnaciones por parte de organizaciones de derechos humanos; entre estas la de Luis Ángel Saavedra, (INREDH), que expresa que su gestión en la primera parte de su cargo demostró defender al partido oficialista.

  • Cómo es el concurso de méritos para pertenecer al CPCCS

    • cómo se eligen a los consejeros del CPCCS

      Los consejeros del CPCCS deben participar en un concurso de méritos para pertenecer al Consejo.

    Este proceso comienza con la postulación de civiles que hayan reunido todos los requisitos mencionados en el Artículo 12 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, como ser ecuatoriano mayor de 18 años, acreditar conocimiento y experiencia  acerca de las funciones de la autoridad a ser  encargada y garantizar honestidad  en el manejo de fondos públicos.

    El siguiente paso es adjuntar la hoja de vida del postulante en la página web del CPCCS. Después, el Pleno del Consejo Nacional Electoral revisa y verifica los expedientes de los postulantes y admite a los que cumplan con todos los requisitos constitucionales para que puedan rendir la prueba.

    Generalmente los elegidos que continúan en competencia son la mitad de los que postulan, por ejemplo en el último concurso para formar parte del CPCCS en 2015 postularon 246 y después de la fase de revisión y verificación de expedientes quedaron 128 postulantes admitidos.

    Posteriormente 18 Catedráticos de Universidades y Escuelas Politécnicas elaboran los cuestionarios de preguntas de la evaluación para los postulantes restantes. La designación de estos cargos se realiza mediante una Comisión Nacional Técnica integrada por tres miembros: dos de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política del Consejo Nacional Electoral y uno del Instituto de la Democracia. Los maestros también deben cumplir con un parámetro establecido, como poseer un título de cuarto nivel, investigación dentro de los últimos siete años, y acreditar experiencia en docencia en el tercer o cuarto nivel de educación superior en temas relacionados con el control social, gestión pública, participación ciudadana y derecho constitucional.

    Cada uno deberá entregar al pleno del CNE, 150 preguntas y la terna validará un total de dos mil preguntas finales de dos mil setecientas. El Consejo notificará a los postulantes ya preseleccionados en un plazo de dos días mediante sus correos electrónicos y hará pública la información dentro de su página web.

    Según el artículo 210 de la Constitución, estos cargos se otorgarán a quien obtenga la mejor puntuación en el concurso de méritos y será posesionado en la Asamblea Nacional. Los Superintendentes y el Procurador General del Estado son escogidos mediante ternas propuestas por el Ejecutivo.

    Desde que esta entidad comenzó a utilizar este proceso de selección, los simpatizantes afines del correísmo, han ganado con notas perfectas, incluso dentro de la misma institución, como Edwin Jarrín Jarrín con 92 puntos sobre 100 y también fue el caso del  ex Contralor Carlos  Pólit con una calificación de 47 puntos sobre 50.

  • Las autoridades que nombró el CPCCS en 2017

    • autoridades que nombró el CPCCS

      Carlos Ochoa fue posesionado como Superintendente de Comunicación.

    Esta entidad está encargada de designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública; de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

    Carlos Pólit, excontralor General del Estado, fue designado por el Consejo el 8 de marzo del 2017 y tendría su cargo hasta el 2022. Sin embargo, fue destituido después de que su nombre apareciera vinculado al caso de corrupción Odebrecht. Pólit tuvo una calificación “perfecta”, con un puntaje de 47 sobre 50 según el informe final de la Comisión de Participación.

    Carlos Baca Mancheno se posesionó  como el nuevo Fiscal General del Estado el 11 de mayo del 2017, dos meses antes de lo establecido, pues el exfiscal, Galo Chiriboga renunció antes de que su período terminara. Baca fue hasta principios de 2017 asesor del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado.

    Carlos Ochoa, encabezó la terna enviada por el Ejecutivo al CPCCS para el cargo de Superintendente de Comunicación y fue posesionado el 9 de octubre de 2013. Su participación en el concurso tuvo cuatro impugnaciones. Antes de ocupar ese cargo, Ochoa dirigía el segmento de opinión de uno de los canales en manos del Estado, afín al gobierno de Rafael Correa.

    Pedro Páez Pérez  se posesionó como el nuevo Superintendente de Control de Poder de Mercado en 2012. Antes de obtener su puesto se desempeñó como Ministro Coordinador de la Política Económica y  Representante plenipotenciario del expresidente en temas de Nueva Arquitectura Financiera Internacional (vinculado al ALBA), ambos cargos en el gobierno de Rafael Correa. Fue uno de los coautores del libro “Asedio a lo imposible” junto a Correa, Alberto Acosta, Fander Falconí entre otros economistas que posteriormente serían autores del plan de gobierno del partido Alianza País.

    Christian Cruz fue designado por el CPCCS como Superintendente de Bancos encargado en 2015. Recién en febrero del 2016 se posesionó oficialmente. Reemplazó a Pedro Solines, quien cumplía con su cargo  desde 2011, hasta que presentó su renuncia por motivos personales en 2015.