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Mi sobrina Daniela me preguntó si el mundo se podía cambiar. Lo hizo en 2016, cuando hicimos un viaje de algunos días en la provincia Chimborazo. La había contratado como asistente de campo de mi investigación doctoral. Visitamos muchas escuelas rurales. Ella captaba con su cámara a los alumnos que nos contaban cómo era su largo día de trabajo y estudios, a los profesores que hablaban de las dificultades de la educación rural, del padre de Guamote que le decía que no perdiera su espíritu rebelde. Nunca pensé que aquel viaje —como tantos otros— serían recuerdos a las que hoy me aferro para no perder de mi memoria su hermosa sonrisa, sus ojos llenos de amor, su anhelo de justicia y libertad. Daniela murió la madrugada del 26 de marzo del 2018 en un accidente de tránsito. Regresaba de una fiesta en un carro cuyo conductor manejaba con aliento a alcohol, licencia caducada y a exceso de velocidad.
Yo vivía fuera del país. El mundo se me partió, Daniela —Dala, como le decíamos cariñosamente— era quizá la persona en la que más amor había puesto en la vida. Era mi compañera de viajes, mi amiga del alma, mi alma joven, el motor de que me impulsaba a moverme. Tras horas de negación y desconcierto tuve que emprender un largo viaje para enfrentar el momento más duro de mi vida que era verla en Quito en una tumba. Pero otro viaje muy duro sería también el que enfrentaríamos, como famiia, en el sistema judicial del Ecuador.
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Es imposible describir el túnel de dolor que tienes que cruzar hasta aceptar una muerte trágica. Te deja un corazón desgarrado —más aún cuando se trata de un imprevisto que involucra una vida joven en plena efervescencia. A veces la vida va bien y en un momento inesperado la pesadilla no es más un sueño del que nos podemos desprender al despertar, esta se vuelve la realidad. Esa pesadilla en Ecuador es aún más dura porque tras la muerte y el dolor tienes que enfrentar a una justicia parcializada, llena de errores, inconsistencias y a una cultura machista arraigada en muchas familias.
Tras semanas de llanto, pisamos los primeros metros del tedioso camino de la justicia. Las primeras sorpresas fueron que el parte policial no decía nada sobre las botellas de alcohol del conductor en su carro, tan solo los bomberos que llegaron al lugar del siniestro hablaron de cuán alcoholizado lo encontraron. Los policías callaban.
No había prueba de alcoholemia hecha en la noche del accidente. Tampoco hubo un fiscal de turno que emitiera una orden al hospital para estudiar el alcohol en la sangre del conductor. Procedimientos mínimos y básicos que fueron alterados en una red de irregularidades que comenzó esa noche y que no sabemos cuándo terminará.
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El conductor, un joven siete años mayor a ella que horas antes le decía “princesa” por WhatsApp, después de causar su muerte se negó a identificarla. Le dijo a la Policía que no se acordaba de su nombre y que la acababa de conocer. Su hermana y otros familiares que llegaron a verlo al hospital, tampoco se solidarizaron con la familia de Daniela. No fueron capaces de hacer una llamada para informarnos lo que su hijo había causado.
Durante esas horas creemos que se alteraron partes, se esfumaron documentos importantes. Tan sólo ocho horas más tarde, mientras su cuerpo había sido abandonado en una cama sin su nombre, nos darían la noticia letal.
Vino entonces el proceso de investigación. El fiscal que lo llevaba tenía serias dificultades para pedir documentos como el informe de velocidad, había errores de fechas, oficios mal hechos que alteraban la investigación. La otra parte utilizó artimañas legales para esconder y anular evidencias en base a errores de procedimiento.
En medio de este laberinto sin salida, la familia del conductor buscaba acercarse. La madre exigía que les demos perdón, aludiendo a que la responsabilidad del accidente era nuestra, pues nosotros habíamos permitido que Daniela tenga permiso para salir esa noche.
En la reconstrucción del accidente la hermana nos decía “la guagua no ha tenido quien le cuide”. Nosotros sólo buscábamos justicia, que no se alterara el proceso. Ellos nos dijeron que su hijo sabía cosas íntimas de Daniela que podían sacar a la luz si nosotros seguíamos con el proceso judicial. Varias veces nos repitieron que la culpa era nuestra, o de ella, “por haberse subido a ese auto” . Miles de amenazas y hasta una demanda llegaron para que nos cansemos de de buscar justicia y, en sus palabras, “dejemos a Daniela descansar en paz”.
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El proceso de judicial arrancó. La Fiscalía presentó ante la jueza al menos 30 pruebas, recogidas con mucha dificultad y trabajo investigativo. Estas demostraban la responsabilidad del conductor. Pero en la primera audiencia para llamar a juicio, la jueza sobreseyó al conductor por un error en la fecha de un oficio. Un error procedimental dejaba en indefensión a la víctima, anulando todo el proceso investigativo hecho por la Fiscalía durante meses.
Apelamos la decisión, fuimos a la televisión y a los medios de comunicación. Denunciamos una posible falta de imparcialidad de la jueza del caso. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta de nuestras denuncias ni en el Consejo de la Judicatura ni en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órganos llamados a proteger a la ciudadanía de la mala administración de justicia.
En el Consejo de Participación Ciudadana, la secretaría nos dijo que detrás de nuestra solicitud habían cinco mil más y que básicamente era imposible que el organismo la procesara. Lo que sí recibimos fueron múltiples amenazas de una jueza que llegó a invadir nuestras comunicaciones y a publicar nuestras conversaciones privadas.
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Con mucho esfuerzo, nuestra apelación en la Corte fue aceptada. No sé si lo hubiésemos logrado sin hacer una marcha fuera de la Corte Provincial de Pichincha, escribir en periódicos o hacer videos con la ayuda de artistas.
Para lograrlo, tuvimos que renunciar a nuestros trabajos para dedicar horas, días y semanas para lograr justicia —algo que un ciudadano debería recibir sin ningún esfuerzo sobrehumano.
Muchos casos similares llevados por la Fiscalía en el mismo tiempo se enterraban en la impunidad.
Familias igual a la nuestra que sufrían de un inmenso dolor por muertes en causas de tránsito pero que terminaban aceptando los errores de los fallos de la justicia porque no tenían tiempo, ni energía, ni posibilidades de dejar sus trabajos para luchar. Según datos del Consejo de la Judicatura, analizados por Guillermo Abad de la organización Justicia Vial, 9 de cada 10 de juicios de tránsito no llegan a sentencia.
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Un año y tres meses después de la muerte de Daniela, el caso ha tenido tres fiscales, cuatro jueces, dos apelaciones en la Corte Provincial de Pichincha, muchas audiencias anuladas porque los abogados del procesado no llevaron sus credenciales, tres denuncias sobre la actuación de la jueza no respondidas, y mucho tiempo invertido en medio de un dolor gigante. Esa es la justicia de hoy en Ecuador explicada a través de un caso.
La sentencia final tendrá lugar el 3 de julio de 2019. Luego de eso tendremos que sobrevivir a muchas apelaciones, impedimentos de la otra parte a cumplirla. El largo y tedioso camino continua.
Si Daniela me hiciera la misma pregunta que me hizo en nuestro viaje hoy, mi respuesta sería mucho más certera. Le diría que el mundo esta lleno de miseria, de indolencia, corrupción, que se revictimiza con mucha facilidad a las víctimas, especialmente si son mujeres y que es una tarea muy dura cambiarlo.
Pero también le diría que hoy tengo la certeza de que el amor es una fuerza inagotable e incansable. Es una poderosa razón que te mantiene parado con mucha paciencia frente a jueces parcializados, burócratas indolentes y que te da una sabiduría para esperar, sin importa cuánto tiempo, a que la justicia llegue.
