Profundidad

El último gran manotón de ahogado económico del gobierno de Lenín Moreno

Después de casi dos años de gobierno, el presidente del Ecuador no logra conjurar una crisis económica de la que fue parte. Separar a miles de burócratas es la medida más visible para buscar una solución a la crisis fiscal, pero, ¿cuál es la dimensión social detrás de la medida adoptada?
  • despidos sector publico

Son casi tres meses sin trabajo. Andrea —nombre protegido por temor a posibles represalias— fue despedida del Ministerio del Trabajo el 4 de enero de 2019. Apenas ha logrado asistir a una sola entrevista en esos noventa días.  “Empezaron ofreciéndome un contrato de servicios profesionales”, dice Andrea. Esto quiere decir que, no la afiliaban al IESS y, hasta cierto punto, no cumplía con varios requerimientos de lo que se llama empleo adecuado. “Fui, trabajé un día, pero  al final de la jornada me dijeron ‘sabe que no es contrato de servicios profesionales sino es verbal’. Supe que iba a salir perjudicada entonces no regresé más”.

Desde enero, despidos como el  de Andrea, en el sector público, han aumentado. El 01 de marzo de 2019, durante el feriado de carnaval, trabajadores del sector público fueron cesados de sus funciones. La medida, como era de esperar, causó molestias por parte del gremio de trabajadores. Solo en el sector de la salud cerca  2 mil 500 y 3 mil 500 servidores públicos fueron despedidos. Los despidos de carnaval son una medida para “reducir los desequilibrios fiscales”, dijo  el comunicado del Ministerio del Trabajo, Andrés Madero.

El gobierno de Lenín Moreno dice que los despidos eran inevitables, parte de la solución de la grave crisis financiera y las consecuencias de mantener un aparato estatal inflado y sin aparentes posibilidades de sostenerse. Sus detractores dicen, en cambio, que es el precio de la sumisión al Fondo Monetario Internacional: sin esos despidos, el organismo multilateral no habría entregado una línea de crédito de 10 mil millones de dólares al Ecuador. Para ellos, es el precio de la ineptitud de Moreno. La realidad tangible es que hay que, como Andrea, diez mil desempleados más en el Ecuador —y no están consiguiendo trabajo en ninguna parte.

Los despidos de carnaval fueron los más drásticos, pero serían solo el comienzo. Hasta el momento, el Ministro del Trabajo, Andrés Madero, confirmó el despido de 11 mil 820  empleados públicos. Las medidas responden al Plan de Prosperidad 2018-2021 y al Plan de Optimización de la Función Ejecutiva. Ambos están diseñados para reducir el tamaño del Estado a través de medidas como disminuir el número de instituciones, secretarías, institutos y agencias dependientes del Estado. Además de reducir los salarios, el número de servidores públicos, entre otros se busca salir de una crisis autoinflingida.

Una de las críticas recurrentes al gobierno de Rafael Correa es que dejó un aparato estatal enorme, a un costo político económico y administrativo que los economistas más ortodoxos dicen que era insostenible. Las consecuencias ataron de manos y pies al nuevo gobierno —que alguna vez también fue el de Correa.

Pero, dos años después,  la única respuesta del actual gobierno a su incapacidad de reactivar la economía es ‘Rafael Correa’. La “solución” ha pasado de lo absurdo a lo desesperante. Un discurso retórico sin soluciones reales se ha convertido en la medida económica más visible.

Creer que los despidos son la única solución para una crisis sostenida es torpe. René Remache, especialista en políticas públicas, dice que estas son medidas efectivas solo para combatir el gasto público, pero no para generar movimiento en la economía. Si a los recortes se suma “un pobre aparato productivo, que no genera empleo”, dice Remache, “es exigir cuestiones a la coyuntura económica actual, que no se corresponde con este proceso sino con procesos muy viejos”. El gobierno del Ecuador quiere curar enfermedades actuales con las medicinas que antes jamás funcionaron.

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La voz de Andrea flaquea. El desempleo la puso en una situación económica compleja. Es madre soltera, y se hace cargo, sola, de todos los gatos de su hijo. “He aplicado a todo lado y no me sale trabajo”, dice. El golpe financiero ha sido, también, anímico, dice la exempleada del Ministerio del Trabajo. Once mil desempleados se encuentren en circunstancias similares.

La crisis que se agudiza tiene un alto costo social. Según Remache, la pérdida de empleos se traduce en que, por ejemplo, los hijos de las familias de los desempleados van a tener que dejar de ir a los colegios a los que asistían, tendrán problemas recibiendo atención médica. “Si las familias son perjudicadas, la sociedad en su conjunto se ve perjudicada”, dice Remache.

Desde el 2015, las cifras de desempleo se han ido agravando en el Ecuador. Apenas el 40% de su población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Los que han perdido sus empleos terminan con solo dos opciones de emergencia: el empleo informal o el empleo no adecuado, o vivir de la ayuda que sus familiares puedan darles hasta conseguir un trabajo.

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La legalidad de los recientes despidos en el sector público es cada vez más cuestionada. Dentro del Plan de Optimización de la Función Ejecutiva, los despidos se harían, en su mayoría, a empleados con contratos ocasionales. Estos contratos son eventuales y responden a “necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador”. A la larga, esto se convirtió en un arma de doble filo porque necesidades indispensables pasaron a convertirse en “emergentes.” De ahí que se discuta la legalidad de esta figura y el uso excesivo de la misma en la última década.

Según el artículo 17 del Código del Trabajo, los contratos ocasionales permiten “satisfacer exigencias circunstanciales del empleador”. Para Elisa Lanas, experta en derecho laboral de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la contratación en exceso bajo esta modalidad es una vulneración a la estabilidad laboral porque no exige solicitar una partida presupuestaria específica, ni abrir un concurso como en los casos de los puestos que otorgan estabilidad.“El Estado hizo un uso abusivo de estos contratos porque le sale barato el despido”, dice Lanas.

Andrea, como otros miles, cree que sus derechos fueron vulnerados. Antes de dejar el Ministerio, fue transferida a otra área, como esquivando un despido que, a la final, resultó inevitable le dijeron que todas las personas que estaban ahí por un un contrato ocasional no se los renovarían. No hubo ningún parámetro para tomar la decisión. El único argumento fue que los empleados con contratos ocasionales tenían que, sí o sí, salir. No hubo una evaluación de por medio, ni explicaciones claras para su despido. “Obviamente no se fijaron en el rendimiento ni en la contribución ni en la calidad del trabajo sino solamente en el tipo de contrato”, dice  Andrea, con la voz anudada por la angustia: empieza un nuevo mes sin empleo.

Ana Cristina Basantes
Periodista quiteña graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.