Profundidad

Las vidas que no importan

Los pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía siguen amenazados por la expansión de la frontera petrolera y la colonización religiosa. Hace más de una década una periodista documentó en un libro cómo la tala ilegal afecta a estos grupos. ¿Qué ha pasado desde entonces?
  • indígenas no contactados de Ecuador

    En este mapa de la Amazonía ecuatoriana se ve claramente cómo la zona intangible para los pueblos indígenas en aislamiento está rodeada por bloques petroleros.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

Suscríbete a nuestro newsletter semanal para recibir nuestras publicaciones directamente en tu bandeja de entrada

En 2007, la periodista Milagros Aguirre publicó ¡A quién le importan esas vidas!, un libro que revelaba cómo el tráfico ilegal de madera en Yasuní —el área protegida más grande del Ecuador— afectaba a los Waorani y pueblos indígenas en aislamiento. Once años después, las palabras siguen vigentes: ¿a quién le importan los pueblos indígenas en aislamiento?

Los pueblos en aislamiento son familias que viven en la Amazonía ecuatoriana que tuvieron que alejarse de lo que en Occidente llamamos progreso. Y sí, tuvieron. El verbo es rector y es imprescindible: fue una elección forzosa, no elegida como el Estado pretende decir cuando los rotula como pueblos “en aislamiento voluntario”. A menos que voluntario sea huir de evangelizadores y retroexcavadoras que devoran su territorio, el desplazamiento fue forzoso.

Los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) siempre han sido un tema incómodo para el gobierno ecuatoriano. Y no este gobierno. Ni el anterior. Sino todos. Son casi sesenta años de una combinación de indiferencia y abandono.

§

El primer contacto con los PIA fue en la década de 1960. Casi cuarenta años después, en 1999, se declaró una zona intangible para protegerlos. Ese acuerdo, firmado por la entonces ministra de Ambiente Yolanda Kakabadse, daba 120 días para delimitar este área. Pero pasaron ocho años hasta que se definieron los límites: 758.051 hectáreas en el corazón del Parque Nacional Yasuní.

Desde entonces, la competencia (si es que cabe la palabra) ha pasado por dos Ministerios: Ambiente y Justicia. En el primero se creó una oficina cuya génesis fue aplicar a las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006. El pedido de las medidas había surgido desde la sociedad civil en respuesta a una masacre en la que habían muerto cerca de 30 indígenas aislados. Pero doce años después, en este 2018, las acciones para proteger a los PIA siguen respondiendo a esas medidas cautelares. No hay una política pública.

Desde la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario —una oficina por debajo del Ministerio de Justicia, por debajo del Viceministerio de Justicia, por debajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos— me dijeron que habían acciones concretas para garantizar la protección de los PIA, pero no respondieron si existía o no una política pública. Revisando la información de transparencia queda claro que son acciones aisladas como patrullajes, análisis de territorio y enlaces radiales. Lo que sí reconocieron es que en los últimos años, el personal y presupuesto de la Dirección ha sido reducido lo que impide hacer monitoreo “continuo y completo”.

No hay suficiente personal. No hay suficiente presupuesto. No hay política pública. Y ahora (desde agosto que se anunció) el Ministerio que tuvo tres años la competencia, se va a disolver. Organizaciones de mujeres reclaman, organizaciones de niños reclaman (porque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se encargaba de los presos, de la protección de niños y mujeres, de la regularización de las religiones, y de los pueblos indígenas en aislamiento). Nadie reclama por los PIA.

¿A quién le importan esas vidas?

Desde 2008, en teoría, al Estado deberían importarle: la Constitución los protege a ellos y a su territorio. Pero esa importancia, como muchos otros artículos constitucionales, es letra muerta. Tan muerta que ha habido funcionarios —el más recordado es el ex presidente de Petroamazonas y luego Ministro de Recursos no renovables, Wilson Pástor— que públicamente han dicho que tienen dudas de que en realidad los pueblos indígenas en aislamiento existan. “Hay una hipótesis de que no se trata realmente de pueblos no contactados sino movimientos más políticos para evitar la explotación de ese campo (Armadillo)”, dijo Pástor en una entrevista a al canal RTS.

En ese comentario es donde está la palabra clave, que lleva a las otras: Explotación. Campo. Petróleo.

Si los pueblos indígenas en aislamiento no viviesen en la zona con más reservas de petróleo del Ecuador, seguramente el Estado diría que “sí le importan esas vidas” y, quién sabe, invertiría en planes realmente efectivos para garantizar su protección, porque hacerlo no interrumpiría con su otro plan (que ha demostrado ser más importante): la expansión petrolera.

Si los pueblos en aislamiento no existieran seguramente la Amazonía ecuatoriana estaría repleta de proyectos extractivos. Hoy, en el mapa, la zona intangible es un lunar rodeado de 10 bloques petroleros en la frontera norte, sur y oeste. Alrededor de esos bloques hay otros diez. Alrededor de esos, diez más, y así… Durante siete años el Ministerio de Ambiente tuvo, al mismo tiempo, la competencia de proteger a los PIA y la de entregar licencias ambientales para nuevos proyectos extractivos (que aún tiene). No hay que ser muy brillante para entender lo difícil que es cumplir con ambos.

Ahora que el Ministerio de Justicia desaparecerá debería ser el momento de preguntarnos quién debe hacerse cargo de proteger a estos grupos. Es momento también de revisar dónde están las nuevas concesiones petroleras, a quiénes se las está entregando y cuánto se están respetando los límites de la zona intangible. Es momento, sobre todo, de responder si, como sociedad, nos importan esas vidas.

Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Idealista y exageradamente curiosa. Periodista con ganas de construir un mundo mejor. Le encanta aprender y escribir sobre ambiente, derechos de las niñas, derechos de las mujeres y minorías. Editora y cofundadora de GK.