Profundidad

Gustavo Jalkh: “No me arrepiento de casi nada”

El Presidente del Consejo de la Judicatura, enjuiciado políticamente en la Asamblea y bajo investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, habla sobre los cargos por la falta de independencia de la Justicia en la década pasada, el informe de Contraloría, las acusaciones de jueces destituidos y su potencial salida del cargo.
  • Gustavo Jalkh preside el Consejo de la Judicatura desde 2013. Fotografía de Eliot Allaire para GK.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Gustavo Jalkh se autodefine como académico y consultor pero hay un rasgo que revela su naturaleza política: le cuesta mucho encontrar errores en su gestión. Es una marca entre asambleístas, ministros, funcionarios locales y nacionales que, cuando uno les pregunta sobre arrepentimientos y errores, apenas puedan encontrar faltas menores —que podrían traslucir, incluso, como virtudes: exigir demasiado trabajo, alzar la voz, pedir demasiada celeridad. Pero Jalkh, un hombre alto, de rasgos duros y apariencia impecable, no esconde la falta de modestia; por el contrario, la identifica.

Son días complicados para Jalkh y sus compañeros del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo de la Función Judicial del Ecuador, señalado por los opositores de Rafael Correa como el brazo ejecutor del control e injerencia en las decisiones judiciales. Son acusaciones que han recogido la Asamblea y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que podrían terminar en su destitución.

Uno de los principales cuestionamientos en su contra ha sido su cercanía con el expresidente Rafael Correa. Es una crítica generalizada a quienes tuvieron roles en la Justicia, pues los ex fiscales Carlos Baca Mancheno y Galo Chiriboga fueron, también, colaboradores o parte del círculo cercano del expresidente antes de irse a administrar justicia. ¿No ve usted una falta de independencia en ello?

No, no es falta de independencia. Eso se llama prejuicios de quienes llegan a esas conclusiones, y si son opiniones no hay ningún problema —pero a la hora de juzgar a alguien no se le puede juzgar por prejuicios, sino por sus acciones concretas. La Justicia siempre está un poco en el ojo del huracán, siempre es cuestionada, porque hay gente que gana y que pierde juicios, entonces las partes procesales tienen sus opiniones en función de esos resultados.

Yendo más a los hechos, el Consejo de la Judicatura no administra justicia, no emite sentencias, administra el sistema de justicia y quienes emiten las sentencias son los jueces. Lo que se quiere controlar, se supone, es que los jueces lleven el proceso de una manera determinada. [Si no lo hiciesen], eso se evidenciaría en los elementos concretos que demostrarían que juzgó a alguien por fuera del Derecho, sin pruebas, etcétera.

Y esos derechos pueden ser reivindicados en otra instancia judicial e incluso fuera del país y habrá que demostrar si es que alguien interfirió ahí para hablar de falta de independencia. Si alguien no juzgó en Derecho, si alguien interfirió, eso hay que probarlo.

No se puede llegar a esa conclusión por una percepción u otra. En el sistema de justicia actual, más allá de sus eficiencias mucho mejores que en el pasado, los políticos, los actores procesales, han ganado y han perdido juicios, como ocurre en cualquier sistema judicial.

¿A qué se refiere?

Si vamos a casos concretos: Mery Zamora fue declarada inocente y era una persona muy activa en la oposición al gobierno del presidente Correa. El señor Salvador Quishpe: dos procesos penales por peculado le fueron anulados. A Manuela Picq, el Estado quería su deportación y se negó su deportación. El coronel Carrión fue declarado inocente y, claro, también se perdieron juicios que el gobierno más o menos quería que se ganen. El gobierno ganó y perdió juicios, y en los que ganó y perdió habría que probar si hubo algún tipo de incidencia de unos o de otros. Los jueces lo que hicieron fue resolver de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a los méritos procesales.

Pero así mismo, en el caso del expresidente, él ganó casi todos los juicios.

No, no sé si ganó todos. No sé a cuáles se refiere.

Contra El Universo, por ejemplo.

Ah bueno, yo no estaba aquí en ese momento. Yo llegué en el año 2013, y siempre hago estas precisiones porque se está hablando de mi gestión. En todo caso, cada caso tendrá sus lógicas y los jueces tendrán sus razones para decidir. Si alguien tiene pruebas de que ellos decidieron fuera de Derecho, hay acciones que se pueden tomar.

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Pero estos intentos que se hacen desde la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana para lograr su salida, ¿no legitiman estos cuestionamientos? Se trata de dos instituciones que coinciden en sus observaciones.

No legitiman. Las cosas se deciden por hechos, no por percepciones. El juicio político, aunque sea juicio político, tiene que ser objetivizado en una causal que se cumple o se incumple y hay pruebas de aquello. Hay algunas personas que me dicen: esto es político, aunque tú tengas la razón, esto es político. Yo he dicho: no, esa es la vieja política y la vieja concepción del juicio político. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en decir que esa visión de que porque es juicio político puede ser por cualquier cosa es del pasado.

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En un juicio político se pueden violar derechos humanos, se puede violar el debido proceso, así que debe ser con pruebas objetivas. Todo juicio es la búsqueda de la verdad, un juicio político también busca la verdad y tiene que haber una causal que se concrete. La gente puede pensar cosas, puede tener ideas porque hay libertad de expresión y decir ‘hay o no independencia’, pero a la hora de juzgar a alguien tiene que haber pruebas de que se incumplió o no se incumplió.  

Gustavo Jalkh se enfrenta a dos procesos en el CPCCS y en la Asamblea Nacional, que podrían terminar con su destitución. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

Claro pero aquí hay documentos que se presentan como parte de las pruebas del proceso de juicio político. Están las denuncias certificadas de los jueces destituidos según ellos, de manera arbitraria, apoyados en el error inexcusable. ¿Esas no son pruebas?

No, porque las hemos desvirtuado absolutamente todas. El error inexcusable es una figura disciplinaria de competencia del Consejo que no solo existe en Ecuador, ojo, existe en muchos países. El Consejo ha actuado correctamente con ese proceso y el día miércoles que estuvimos en la Asamblea, ahí sí, espacio amplio para defendernos, analizamos todos y cada uno de los casos de destitución de jueces.

Por cierto, ese es un órgano político e hicimos notar aquello y hablamos porque damos cuentas a la Asamblea pero si los afectados querían impugnar esos casos, tenían que ir al Tribunal Contencioso Administrativo. Muchos de esos casos ni siquiera fueron al Tribunal Contencioso Administrativo, otros sí y han terminado con ratificación de su sanción, y otros todavía están pendientes de que el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva su situación.

El argumento de quienes deciden no apelar al Contencioso es que todo está “amarrado”, que usted es quien manda en la Justicia.

Nosotros también hemos perdido procesos. El Consejo ha restituido a una funcionaria, directora administrativa cuyo contrato terminó, puso un juicio, ganó y tuvo que volver. Eso es dentro del marco de la Ley. Nosotros tenemos mucho cuidado cuando aplicamos el error inexcusable, eso no es cualquier cosa: es cuando hay realmente un tema grave y burdo.

¿No es un tema ambiguo lo del error inexcusable?

No, mire que eso también es algo que se ha querido regar y que eso está prohibido por la Corte Interamericana. Las dos cosas son falsas. La primera, en mi opinión, y la segunda, objetivamente.

El error inexcusable no es cualquier cosa, el error inexcusable es la aplicación burda del Derecho, un error grosero, por eso se llama inexcusable, porque nadie lo puede justificar.

No entramos en el terreno que se llama jurisdiccional porque ahí sí entraríamos en el criterio del juez. El juez interpreta, el juez considera, el juez pondera, ve pruebas, conoce la Ley y le interpreta. Eso es terreno jurisdiccional y algunos dicen: con el error inexcusable se metieron en el criterio del juez. Falso. Ese es un ámbito disciplinario. [Lo que se juzga] es el error grosero en que una persona con la formación mínima en derecho lo entiende y no puede justificar su inaplicación.

Pongo de ejemplo un caso real. Un abuelo viola a su nieta por varios años, la madre finalmente decide denunciar luego de las amenazas de muerte que le hacía este señor. Se inicia un proceso judicial. En la mañana se da una audiencia porque solo en audiencia se puede dictar prisión preventiva. Se la dicta. La Ley dice que modificar esa prisión preventiva puede darse solamente en otra audiencia y solamente si no es un caso de muerte, violación o de sanciones superiores consideradas gravísimas. El juez, en la tarde, sin audiencia, en un delito de violación, levanta la prisión preventiva, algo que no podía hacer. Eso no lo puedes justificar y eso no es entrar en el criterio del juez. Eso es una violación de derechos, eso se llama error craso de derecho, error grosero de derecho. Esos son los tipos de caso del error inexcusable.

No hay nadie que nos haya puesto un ejemplo de otro tipo. Por eso en la Asamblea, creo que les quedó claro a los asambleístas: no pueden decir que el tema es político, ¿cuál caso es político? ¿En cuál caso hemos sancionado un juez por temas políticos?

¿Entonces bajo esa argumentación ni lo que dice la Asamblea ni lo que dice el CPCCS tiene asidero?

Así es, eso es correcto. La Asamblea, bueno no la Asamblea, los dos interpelantes.

Bueno pero no son solo dos interpelantes. Esto ya pasó por el CAL y la Comisión de Fiscalización.

Bueno pero el CAL analiza temas de forma y quizás el CAL no tenía posibilidad de saber que ahí había pruebas falsas.

¿Pruebas falsas? ¿Cuáles?

Un anexo a un informe de Contraloría que dice que supuestamente hay responsabilidades del pleno del Consejo de la Judicatura, pero que no las hay. Ese es un documento falso, un documento forjado. Nosotros hemos sacado las certificaciones en Contraloría General del Estado dicen que: uno, ese documento no lo puede tener nadie porque es un documento interno de Contraloría, y segundo, ese documento no corresponde al que nos han hecho llegar a través del juicio político. Hemos hecho además un estudio grafológico.

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¿A través del juicio político les entregan otro documento que no corresponde al de la Contraloría General del Estado?

Sí. Exacto. Mira, hay varias causales que nos han interpuesto. La primera es que hemos incumplido nuestras funciones de acuerdo a un informe de la Contraloría en el cual se estaría responsabilizando al pleno del Consejo de la Judicatura del concurso de los fiscales.

Ahí tienes tres cosas: una cosa que se llama orden de trabajo, que es un papel en el que se le pide a alguien que trabaje. Tienes un informe: ese alguien trabaja y sacas un informe. Y tienes un tercer documento que se llama síntesis del informe. La orden de trabajo dice que hagan la auditoría de estos concursos.

En el informe se hacen comentarios iniciales del auditor, en esos dice que el pleno de la Judicatura hizo nombramientos que no corresponden al orden de puntos. Muy bien, eso es comentario inicial, pero luego la conclusión y los comentarios finales el auditor dice: por causa de que los directores de talento humano le pasan al pleno del Consejo informes que no correspondían a ese orden.

Tenemos un artículo 73 en la Ley [Orgánica de la Función Judicial] que dice que los informes que llegan al pleno son vinculantes, el pleno no los puede cambiar, si el pleno los cambia infringe la Ley. Los directores de recursos humanos han presentado recursos de revisión dentro de la Contraloría y pueden quedar a salvo de esas acusaciones.

¿O sea no está en firme?

Ni siquiera está en firme para ellos, peor para el Consejo. Y no hay ninguna conclusión. Y otra precisión, la Contraloría no critica el concurso. La Contraloría dice el concurso está bien, se genera un banco de elegibles y el manejo del banco es en el que dicen que hay irregularidades.

Los cambios en los puntajes.

Pasar nombres en diferente orden.

Que pase uno por encima de otro.

Exactamente. ¿Pero quién hizo ese informe? El Director de Talento Humano de la Fiscalía. También le ponen una responsabilidad a la Directora de Talento Humano de acá, que es una multa porque ella debió haber verificado, dicen, pero al pleno no porque me dicen que lo que se envía es vinculante, usted no lo puede cambiar.

La Ley quiere justamente garantizar que se respete el orden entonces nosotros no lo cambiamos, tampoco podíamos saber que hubo estos errores que ellos justifican. La Directora de Talento Humano del Consejo se está defendiendo porque si el auditor piensa que ella pudo haber hecho algo, puede ser que en su revisión le dé la razón a ella. Queda claro que no hay responsabilidades para el pleno.

Primera certificación que sacamos, la Contraloría nos dice: ustedes no tienen ninguna responsabilidad determinada en este estudio, tenga su certificación. Bueno, nosotros teníamos nuestra prueba, incluso la hicimos pública y vemos que incluso en la Asamblea insistían. En el expediente que nos hacen llegar encontramos seis fotocopias simples del tercer documento que decía que se llama síntesis del informe, ahí aparecen también multados los miembros del pleno del Consejo. Pedimos que nos certifiquen estas copias simples.

Jalkh sostiene que entre las pruebas para su juicio político hay un documento falso. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

¿Copias simples de documentos que corresponden a la Contraloría?

Si, corresponden a la Contraloría, y la Contraloría nos dice que no nos puede certificar, que ese documento es un documento interno.

Pero aunque sea interno, el hecho de que exista, ¿no implica que hubo una multa?

No, no, porque entonces le decimos: entonces certifíqueme que estas copias simples corresponden a la versión que usted tiene internamente. Ok, no me dé copias certificadas de lo que no me puede dar, pero yo tengo esto que me mandó la Asamblea Nacional dentro de un juicio político, dígame si esto corresponde a lo que la Contraloría tiene. Y nos responde que no corresponde a lo que ellos tienen.

Entonces tenemos dos certificaciones: una que nos dice que no somos responsables, que no tenemos ninguna multa, ninguna responsabilidad; y otra en la que nos dicen en ese papel en el que ustedes aparecen no es el que tenemos nosotros. Conclusión: ese documento es falso. Hicimos un peritaje de firmas y el perito, que es un experto, establece que en no menos del 85% de posibilidades  ese documento es falso, la firma es falsa.

El director de Comunicación le corrige: la firma es falsa, dice. Jalkh lo repite:

La firma es falsa.

A ver, usted me dice que los interpelantes están utilizando un documento falso para llevarlo a usted a juicio político.

Sí. Nosotros ya mandamos esto a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que investigar y determinar quién falsificó, y si hubo lo que se denomina uso doloso de documento falso.

Es gravísimo lo que usted está diciendo.

Así de grave. Ya hemos ido a la Asamblea, lo que te acabo de decir lo he dicho en la Asamblea, delante de los interpelantes y les hemos dejado el peritaje, hemos dejado la denuncia que pusimos ante la Fiscalía General.

Esto debe analizarse dentro de la Asamblea y generar algunas responsabilidades si no penales, por lo menos disciplinarias para los interpelantes. Y todas las otras causales fueron desvanecidas también. Y como es un hecho objetivo, en donde hemos tenido las posibilidades de defendernos objetivamente, yo creo que la Asamblea tiene elementos suficientes para archivar ese juicio político. En el otro caso es subjetivo, así que ahí no se sabe.

Vamos justo allá. En el caso del CPCCS. Como no hay acceso al informe, cuéntenos usted, ¿de qué lo acusan?

A nosotros nos mandaron un informe y nos dijeron que nos debemos defender en 30 minutos en audiencia pública y también enviar por escrito nuestros descargos. En la audiencia pública hemos defendido algunos de los aspectos que ahí se mencionan y que incluye este informe de Contraloría.

¿El CPCCS también se basa en el informe de la Contraloría?

Sí. También hablan de una supuesta mala elección de los fiscales provinciales y hemos enviado la información de que eso está correctamente hecho. Y nos anexaron unas 24 denuncias analizadas y unas 104 denuncias sin análisis pero que no tienen firma de responsabilidad, al menos la gran mayoría. Son simplemente denuncias.

Jalkh niega haber recibido alguna orden del ejecutivo durante la presidencia de Rafael Correa. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

Claro, pero la normativa permite que las denuncias se hagan así.

Sí, pero no por una denuncia le puedes acusar a alguien, tienen que ser probadas.

Pero el CPCCS dice que ha investigado y que sí hay asidero en esas denuncias.

Sí, pero la verdad es que simplemente hacen resumen de las denuncias y concluyen que sí hay infracción.

Desde su perspectiva, ¿el CPCCS no está actuando bien?

Está actuando muy subjetivamente.

¿Y qué pasó con el reportaje que presentó la periodista Patricia Poleo donde usted intercambiaba mails con el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera,  la exministra de Justicia (actual asesora jurídica del Presidente Moreno) Johanna Pesántez, con el presidente Correa? Eso sí dejaba la sensación de que había injerencia en la justicia.

Yo estoy de acuerdo con lo que dices, de que se daba esa percepción, esa sensación de que miren cómo se intercambiaban correos, etcétera. También es parte del juicio político.

¿Cuántos correos me atribuyen a mí? Uno. Me atribuyen uno. No son los correos electrónicos, a mi me atribuyen uno. Segundo, ¿por qué lo sacaron en Miami? Porque saben que aquí publicar comunicación privada es un delito. No tienen ninguna cadena de custodia esos correos electrónicos y no tienen ningún valor legal, pero lo de fondo, ¿qué decía ese correo? No decía ninguna cosa de algún juicio en particular, ni que yo estoy poniendome de acuerdo con el Presidente Correa para que se haga tal cosa, no.

¿Pero no hay unas órdenes, pedidos que hace el secretario Mera?

No, no, esos correos electrónicos no tienen ningún valor legal.

Sí pero no es el valor legal lo que se discute, es el valor periodístico. Hay varias cosas que pueden no tener valor legal, pero sí periodístico

Yo le hablo de lo que a mí me atribuyen. De los otros, las personas sabrán si quieren comentar o no, es su derecho. Yo lo comento, tiene valor ilegal, no tienen ningún valor jurídico ni siquiera para juicio político. La Corte Interamericana lo ha dicho y la propia Comisión de Fiscalización también lo ha dicho que esas pruebas de origen ilegal no son válidas para un juicio político y la publicación de los mismos, es en sí mismo, la comisión de un delito.

Pero no dice nada sobre el arreglo de algún juicio, yo doy una opinión jurídica. Es un documento que no tuvo ninguna cadena de custodia, pudo ser editado. Y lo que simplemente dice es ‘yo estoy de acuerdo en que hay problemas en la Ley de Garantías Constitucionales, estoy de acuerdo que se la reforme porque en efecto hay abusos en las acciones de protección como en estos casos en los cuales hubo estos abusos, en los que se ha tenido que sancionar a funcionarios’.

Pero el hecho de que el Presidente de la Judicatura se intercambie mails con el Secretario Jurídico de la Presidencia, ¿no deja, al menos, la duda?

No tengo ningún mail con el Secretario Jurídico de la Presidencia.

¿A quién le respondía usted?

Ese correo electrónico, supuesto correo electrónico, es un supuesto correo electrónico al Presidente de la República, en el que le doy una opinión sobre una reforma legal.

Le insisto al Presidente del Consejo de la Judicatura si el correo es verdadero, pero él, sonriente, ignora la pregunta. Hace énfasis en que se trata de un ‘supuesto’ correo electrónico. Repite varias veces la palabra supuesto.

¿Pero es verdadero o no es verdadero?

Yo no puedo reconocer ese correo electrónico pero es uno el que se me atribuye, no como se dice: los correos electrónicos y que esos correos electrónicos prueban injerencia en la Justicia es falso. El que a mi me atribuyen es un correo en el que no se dice absolutamente nada. Pero no debería alarmarnos que haya comunicación entre funciones del Estado, cuántas veces han habido reuniones de trabajo en las que se ha hablado de temas interinstitucionales, necesarios.

El Presidente de la Judicatura cree que el CPCCS está actuando de manera subjetiva. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

¿Alguna vez a usted alguien desde el ejecutivo le dio alguna orden de cómo se debería actuar, bien sea el entonces Presidente de la República, Rafael Correa, o el secretario Mera o cualquier otro funcionario del ejecutivo?

Hubieran recibido una respuesta categórica de mi parte.

¿Eso no pasó nunca?

Jamás. El presidente Correa jamás me ha pedido algo. Y puedo decir algo más, yo lo considero mi amigo pero es una amistad basada en valores y la relación política, pública e institucional siempre ha sido respetuosa de las competencias de cada uno. Si alguna persona pudo pensar otra cosa, yo respeto su pensamiento, pero siempre ha sido así. Y jamás se me ha pedido algo porque creo que me conocen suficientemente. La relación personal e institucional ha sido basada en valores.

El hecho de que haya un juicio político en la Asamblea y un proceso en el CPCCS se den ahora que ya no hay presidente Correa, no muestran que de alguna manera su sostén estaba en el respaldo de la figura que tuvo Correa durante su década de gobierno.

No, nosotros hemos actuado siempre en el marco de la Ley, hemos actuado en el marco de nuestras competencias. Sin duda pueden haber cambios en la política pero a la hora de tomar decisiones institucionales deben probarse los hechos.

El día anterior a la entrevista, Gustavo Jalkh y los nueve vocales del Consejo de la Judicatura habían sido llamados al pleno del CPCCS para presentar sus pruebas de descargo dentro del proceso de evaluación que hace la entidad. En la sesión, hubo un cruce de palabras entre el presidente del CPCCS, Julio César Trujillo y Gustavo Jalkh, que terminó con la salida de Jalkh del acto. Tras él, salieron el resto de vocales sin haber presentado sus descargos. El único que intervino antes del incidente fue Jalk.

¿Por qué usted y los otros vocales decidieron abandonar el pleno del CPCCS en la sesión en la que debían presentar sus descargos?

No es que se decidió abandonar en términos de que fue una decisión. Cómo se dieron los hechos: hemos llegado, yo he utilizado el escaso tiempo que me dieron para desarrollar la respuesta a una gran cantidad de información que también enviamos por escrito. Yo he terminado mi exposición, mi comparecencia, yo bien hubiera podido irme a mi despacho, a mi casa, pero me quedé escuchando a mis colegas en el público y de pronto el doctor Trujillo, que dirigía la sesión, no sé si alguien se lo dijo o él lo hizo, me dice que cambie de ubicación y que me ubique en el otro lado de la sala que me hubiera implicado cruzar la sala, pasar delante de mi compañera que estaba hablando, etcétera.

Yo inicialmente realmente pensé que era un tema de delicadeza y muy delicadamente le dije ‘Doctor, no se preocupe, yo estoy bien aquí porque estoy viendo cómo se desarrolla esto’. Incluso lo asumí como que no necesito un puesto de privilegio, estoy aquí con el público. Me sorprendió cuando me dijo usted no es ninguna autoridad así que venga ubicarse acá, entonces vi que el tono era agresivo y le dije ‘un poco de respeto, doctor yo estoy bien aquí, no se preocupe’.

Me insiste y ya que vi que el tono era agresivo le digo ‘doctor, dígame qué norma estoy infringiendo’, como uno tiene la formación jurídica también actúa desde ahí. Me dice ¡no me obligue a que actúe con la fuerza pública y lo reduzca al lugar que le corresponde’. Me parece ya una amenaza y le digo: ‘si se me falta al respeto voy a tener que irme’. Él me amenaza y yo me retiro.

Me retiro para evitar los incidentes que se estaban ya produciendo, barras que empezaban a gritar, a incidentar entonces para evitar un mayor incidente… Mi compañera ya fue interrumpida, yo salí. Los vocales vieron que no tenían un ambiente para defenderse y salieron después de la sala.

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Tras su salida, en el pleno del CPCCS se dice que al retirarse, ustedes renuncian a su derecho a la defensa. Quizás excepto usted que fue el único que pudo presentar su exposición. Con esto, la decisión que se tomará el lunes podría ser que sean relevados de sus cargos y que al haber renunciado a su derecho a la defensa, renunciaron también a los tres días adicionales para impugnar esa decisión.

No, sería terrible una decisión de esa naturaleza porque primero, la defensa está compuesta de la parte escrita que ya se envió y de la parte oral que no se pudo realizar. Normalmente podría ocurrir que si una audiencia se suspende, se retome. Si es que esa fuese la decisión. Si la decisión es que han renunciado a la defensa, deberían contemplar al menos los descargos que están en el escrito y no decir ‘ah, no vamos a leer porque no se ha renunciado a la defensa’.

¿Al retirarse no lo están haciendo?

No, no, no. Y lo ha dicho uno de los vocales del CPCCS, el doctor Zavala Egas, si no estoy mal, puso un tuit en el que dice que la defensa no ha sido renunciada, ellos tienen argumentos escritos que hay que contemplar. Él es abogado, él sabe que no puede declarar a alguien en indefensión. Perdón el ejemplo pero si una persona es acusada, me invento, de ser responsable de un accidente de tránsito y en la audiencia, por alguna razón se va de la audiencia, le pueden sancionar si es que infringió alguna norma pero no le pueden juzgar en ausencia. Entonces el derecho a la defensa no te lo pueden quitar así no más y no es una renuncia a la defensa.

Usted ha hablado de un “oscuro interés para tomarse la Corte Nacional de Justicia”. ¿Quién está interesado en tomarse la Corte? ¿Por qué lo dice usted, qué lo hace pensar en esa posibilidad?

Yo hablé potencialmente en esto porque me parece muy grave lo que en una parte del análisis que hace esa unidad técnica se dice. Se dice que el Consejo de la Judicatura debió haber hecho una segunda evaluación para la renovación parcial de la Corte.

¿A cuál evaluación se refiere?

A la que se hace para los que salen, no para los que entran. La crítica es a los jueces que salen, aunque también hacen una a los que entran, sin dar nombres. Se dice que la transitoria 23 del régimen de transición de la Constitución del 2008 no se aplicó.

Eso es lo mismo que se dijo en 2004, que no se había aplicado una transitoria de la Constitución de 1998 y por eso destituyeron a la Corte Suprema y pusieron a la famosa Pichi Corte. Me llamó mucho la atención que años después, todavía en Ecuador haya políticos o algún técnico ahí, que diga que no se aplicó una transitoria de la Constitución de 2008.

Según esta afirmación, había que hacer una segunda evaluación para ver quiénes salían de la Corte. Lo real es que esta transitoria habla de una sola evaluación que determina los tres tercios, uno para que queden tres años, otro para que queden seis años y otro para que cumplan sus nueve años.

Se hizo esa evaluación, como dice esa transitoria, a los tres años, en 2014 si no estoy mal, y ahí se generaron los tres tercios, quedando, unos jueces del 1 al 7, otros del 7 al 14, otros del 14 al 21.

Del 14 al 21 salieron e ingresaron 7 en el proceso de renovación hace tres años. Tres años después, salió el tercio siguiente y entraron 7 nuevos, producto del concurso que terminó en enero pasado.

Dicen: debieron haber hecho una nueva evaluación ahora. El mismo doctor Rafael Oyarte —que es un consejero y asesor permanente del CPCCS— dice en su libro sobre derecho constitucional que él hubiera querido que haya dos, que le parece mal la norma, pero que lamentablemente hay una.

Yo también creo lo mismo, pero hay una. No me puedo inventar dos.

Si yo me invento una segunda evaluación, los primeros siete jueces me dirían por qué me está evaluando nuevamente si yo ya adquirí un derecho, y los otros siete siguientes nunca dijeron ‘oiga, evalúeme’. Entonces aparece un técnico ahí o alguien que internamente dice: hay que hacer otra evaluación. Pero si muchos constitucionalistas dicen que no es así y los propios directamente afectados jamás dijeron que era así, ¿por qué se trata de sembrar estas dudas y estas cosas?

Eso es generar un ambiente de desestabilización de la Corte Nacional de Justicia. Además se critica, y eso me parece aún más  grave, la paridad de género para entrar a la Corte Nacional de Justicia.

¿Qué quiere decir?

No es que se suben puntos, sino que tienes prelación para ser nombrada. Eso está en la Constitución, que se establecerán normas de paridad de género, con acciones afirmativas, que son justamente las de establecer prioridad para nombrar mujeres si es que hay menos mujeres en un rango de puntuación.

Bueno, pero el espíritu del cuestionamiento no es necesariamente que haya mujeres en la Corte. Hay otro tipo de cuestionamientos en el fondo.

Claro, no lo dicen así. Dicen, relegaron a dos hombres que querían entrar. Claro, tienen 7 puestos, allí la paridad de género sería 4-3; 3-4 porque es número impar, y el reglamento dice, hasta el número 21 se aplicará paridad de género. Si no hubiera ninguna mujer en los primeros 21 puestos, no entraba ninguna pero si hay mujeres en los 21 puestos, entran en la paridad hombre-mujer, hombre-mujer. Y es una norma reglamentaria que no es la primera vez que se aplica, es la tercera.

Y ahora resulta que está mal aplicada. ¿Entonces qué estás generando? ¿Decir que estuvo mal nombrada la Corte Nacional de Justicia? Para la evaluación de salida y para los que van a entrar, estás generando un ambiente.

El tiempo acordado de entrevista, media hora, ha sido superado y el director de comunicación ve una y otra vez la hora en el teléfono celular sin atreverse a interrumpir. Gustavo Jalkh no parece tener prisa. Se explaya en las explicaciones de temas que siente que domina. Entra en tecnicismos pero intenta hacerlos comprensibles para quien no es abogado.

Sé que estamos ya sobre el tiempo, hay un par de temas que no quisiera dejar fuera. Varios excolaboradores del gobierno de Rafael Correa consideran que ahora se los persigue políticamente. Con este escenario al que usted se está enfrentando, ¿considera que hay una persecusión política en su contra?

No, yo creo que los jueces deben responder a su conciencia, deben responder y decidir en Derecho, en debido proceso. Esa es la responsabilidad de los jueces.

El Consejo de la Judicatura no interviene ni intervendrá en ningún juicio y solo lo haremos en el campo de nuestra competencia si es que hay mérito para hacerlo con una queja bien fundada. Intervendríamos en la parte disciplinaria que nunca cambia las decisiones judiciales.

Lo que nosotros aspiramos y más en estos tiempos de procesos judiciales de altísimo perfil social y político, es que los jueces más que nunca estén a la altura de las circunstancias y decidir lo que tengan que decidir en función del Derecho.

Pero en su caso particular, la finalidad de estos dos procesos, tanto en la Asamblea como en el CPCCS sería su remoción, ¿cree que detrás de eso hay una voluntad política de que Gustavo Jalkh deje de ser el Presidente del Consejo de la Judicatura?

Me parece que hay un prejuicio de algunas personas que dicen ‘ah, es que él era el amigo de Correa entonces hay que sacarlo por eso’. Insisto, en ningún país democrático te sacan por ser amigo de nadie. En un país democrático te sacan por haber cumplido alguna causal; política no hay ninguna, y en la de evaluación tampoco la hay pero la evaluación es subjetiva.

¿Para usted no ha habido una demostración de que usted haya tenido injerencia en la Justicia?

No existe esa demostración porque no lo he hecho.

En la última parte de la entrevista, Gustavo Jalkh deja de lado su seriedad académica y se ríe con soltura. Le pregunto si hay errores en su gestión. Se ríe ruidosamente y responde:

No hay obra perfecta. Siempre se pueden haber cometido errores pero nunca se ha incumplido la Ley. Eso lo puedo decir categóricamente. Ahora, creo que hemos cometido pocos errores, discúlpame la inmodestia, por una razón, porque hemos planificado nuestro trabajo. Tuve 25 años de experiencia en reforma judicial, quizás por eso quiero justificar mi falta de modestia.

Ningún político reconoce sus errores. Suelo repetir esta pregunta y les cuesta mucho.

Es que estoy hablando desde el punto de vista técnico.

Pero algún error tiene que haber cometido. ¿O no?

Muchos.

Dígame uno.

Son menores. ¿Qué será pues? Alguna vez me puse bravo demasiado fuerte, me arrepiento de aquello. Haberle exigido demasiado trabajo a alguna gente, posiblemente. Haber ido demasiado rápido en algunas cosas y que alguna gente no lo haya entendido inicialmente. Pero casi que no me arrepiento de nada porque muchas cosas, incluso con ese costo que pueden tener, resultan ser las únicas maneras de llegar lo más rápidamente posible a los resultados.

¿Usted está satisfecho con los resultados de su gestión?

Yo estoy contento aunque no totalmente satisfecho porque creo que se hizo lo que se podía hacer en el tiempo que hemos tenido con los recursos que hemos dispuesto. Creo que lo hemos hecho muy rápido y bastante bien.

Eso nos ha permitido ubicar al Ecuador, de los últimos renglones de evaluación en la región sobre sistemas de justicia al primer puesto en Sudamérica y los primeros en la región. Entonces sí creo que hemos hecho cosas bastante bien, sí siento esa satisfacción, pero evidentemente hay mucho por hacer todavía.

¿Y está listo para irse bajo esta figura, bien sea de destitución o de remoción del cargo?

Un servidor público debe estar listo para irse desde el día que llega. Lo digo sinceramente. Esto es así, tiene muchas circunstancias pero tiene que servir al bien común todos los días que está aquí. Nosotros serviremos bajo esa perspectiva, hasta el último día. No nos aferramos a ningún cargo, no lo hemos hecho. No defendemos un cargo, lo que estamos defendiendo es la verdad y nuestro derecho de que se vean las cosas como son.

Pero la forma en la que se van, ¿no le incomoda?

En lo personal, no. Sinceramente. En lo personal, no. En lo institucional, sí, porque me parece que es bueno para las instituciones que los períodos se cumplan. Me parece que ese es un síntoma de democracia fuerte. Y si es que no hay causales, es aún peor, institucionalmente porque eso muestra que aún nos falta madurar como sociedad, como clase política y no deben ser las cosas hechas por revanchismos o por simpatías o antipatías.

A Gustavo Jalkh le cuesta encontrar errores durante su período de gestión. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

¿Así se las está haciendo?

Sí, me parece que sí. Sobre todo en la parte de la evaluación del CPCCS. Ellos han adelantado criterio varias veces, eso ya es una violación flagrante al debido proceso, adelantar criterio. Hay animadversión.

La CIDH, en una de sus sentencias, dice que el juzgador o el evaluador no puede tener animadversión con el evaluado. Nos han dicho caterva de violadores permanentes de los derechos humanos, nos han dicho que hemos hecho concursos amañados. Ayer el doctor Pablo Dávila adelantó criterio una vez más y dijo que lo que yo había dicho ayer era falso. Por Dios, si cree eso, vaya a leer mis argumentos y dígalo el lunes. No ayer, porque demuestra animadversión y viola el debido proceso. Esas cosas, institucionalmente, sí me preocupan. En lo personal no, porque creo que hemos tenido tiempo de hacer muchas de las cosas que queríamos hacer.

Al no terminar su período de gestión, lo que quedará será su destitución y con eso el mensaje de que Gustavo Jalkh no hizo lo que debía hacer o Gustavo Jalkh metió las manos en la Justicia. ¿Eso no le preocupa?

Creo que todas las personas públicas también se preocupan de su imagen pero te soy sincero, siento una increíble serenidad que otorga el trabajo bien hecho, el ánimo de servir al bien común, el no aferrarse a ningún cargo. Creo que hemos hecho mucho bien a muchas personas. Valió la pena estar aquí. También hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor, posiblemente pero hay un sentimiento de mucha tranquilidad, de mucha paz.

¿A qué se dedicará?

Buen punto. Yo he sido un académico toda la vida y también un consultor internacional así que es posible que nos dediquemos nuevamente a esas cosas.

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¿No más política?

Uno nunca sabe y nunca hay que decir nunca.

María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.