Profundidad

La Asamblea del mazapán

En 44 sesiones de la Asamblea Nacional, los legisladores han pedido cambio del orden del día 129 veces. Algunos quieren discutir sobre el mazapán como patrimonio cultural antes que aprobar las mociones para llamar a las autoridades del gobierno a dar explicaciones sobre su trabajo. En un año, los asambleístas de todas las tendencias han dedicado su tiempo a discutir banalidades. Y se toman su tiempo: más de 19 horas dedicadas a proponer discusiones que en mayoría, tienen poca o nula incidencia en la vida cotidiana de sus electores.
  • qué ha hecho la Asamblea del Ecuador en un año

    La Asamblea Nacional ha pasado unas 19 horas discutiendo cambios de orden del día. Fotografía de la Asamblea Nacional del Ecuador bajo licencia CC BY 2.0.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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El día en que la Asamblea Nacional debía decidir sobre el futuro de uno de los personajes más cuestionados de la década del correísmo, Carlos Ochoa, la asambleísta Norma Vallejo tenía otra prioridad: decidir sobre el futuro del mazapán. Por eso, antes de que inicie la sesión, la legisladora de Alianza País pidió un cambio del orden del día para emitir una resolución que reconozca el arte del mazapán como patrimonio cultural. Dio un discurso enredado y su moción se aprobó con 99 votos  afirmativos y 5 abstenciones. Y allí quedó. El tema no se ha vuelto a tratar en la Asamblea aunque han pasado más de dos meses.

Como esa, hay decenas de mociones de cambio del orden del día, que terminan, en menor cantidad, en resoluciones aprobadas.

Tras un año de esta Asamblea, es necesario saber en qué aprovechan —o desperdician— el tiempo nuestros legisladores. Para hacerlo, es necesario desentrañar los intrincados y laberínticos procedimientos legislativos, desconocidos para la mayoría de los ciudadanos.

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Cada vez que los asambleístas asisten al pleno, antes de iniciar la sesión por el tema que ha sido convocada, se puede —según la Ley Orgánica de la Función Legislativa—  cambiar el orden del día. El orden del día, es básicamente, los puntos que van a tratarse. Y cambiarlos es una costumbre legislativa que va de lo necesario a lo inverosímil sin ningún rubor.

Por ejemplo, el 24 de enero de 2018, día en que se debía debatir el proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, Mauricio Proaño pidió cambio del orden del día para reconocer el Paseo del Chagra de Machachi como patrimonio cultural intangible. Con 88 votos, su moción fue aprobada.

Ese mismo, Guillermo Celi, de SUMA, quería una resolución para definir una agenda legislativa. Fernando Callejas, de CREO, quiso votar para que el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comparezca al pleno para informar sobre la situación de esa institución. Ninguno de los dos pedidos tuvo votos suficientes: parece que era más importante declarar al paseo del chagra como patrimonio intangible que definir una agenda legislativa, o pedir explicaciones sobre lo que pasa en el IESS.

No es que la cultura o las costumbres locales sean asuntos de segunda categoría, pero es que, en la práctica, declarar al paseo del chagra o al mazapán como patrimonio cultural, sirve de muy poco. Ese día, Carlos Bergmann dio por clausurada la sesión dejando en el olvido a los chagras. Porque lo curioso es que aprobar el cambio del orden del día no implica que se vaya a debatir. Eso es potestad de quien preside la sesión (en esa época era Bergmann, vicepresidente encargado de la Presidencia vacante por destitución de José Serrano): la resolución del Chagra se debatió y aprobó recién el 4 de mayo.

Pero aún aprobada, esta medida es totalmente inútil. Isabel Rhon, Subsecretaria de Patrimonio, dice que son simples declaraciones políticas pues la competencia de declarar patrimonio cultural intangible es del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC). “La Ley Orgánica de Cultura establece que esas atribuciones son de esas instituciones. La Asamblea trata de hacer una declaratoria de algo que no está establecido en la Ley entonces entendemos que esto es meramente un reconocimiento y no va más allá de eso.”, dice.

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo dice  que “muchos políticos proponen ese tipo de resoluciones para tratar de quedar bien con sus electores”. Aunque en la práctica no tienen mayor valor, es un mensaje político, explica Espinel, “que les permite quedar bien en sus provincias”.

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Las mociones no son únicamente para quedar culturalmente bien. Entre el 1 de junio de 2017 y el 8 de mayo de 2018, hay 129 pedidos de cambio del orden del día. Más de la mitad de las mociones (el 53%) las hace la oposición, especialmente el movimiento CREO y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero.

De las 57 mociones de cambio de orden del día que planteó CREO, le negaron 38 —más del 66%. A los socialcristianos les han negado ocho pedidos de cambio de orden del día de 14 que han hecho, es decir, el 57% de veces.

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En 2012, Rafael Correa ordenó a sus ministros que no contesten ninguna solicitud de información que provenga de manera directa de los legisladores, sino únicamente aquellas que se hagan a través del Presidente de la Asamblea, como representante del Legislativo. El presidente Lenín Moreno ratificó esa medida, según el Informe Anual de Gestión y Transparencia Legislativa del Observatorio Legislativo.

Pero con una resolución, la Asamblea Nacional desconoció esa prohibición. Ésta surgió de una moción de cambio del orden del día hecha por Fernando Callejas de CREO. Callejas ha pedido que se cambie el orden del día 12 veces. Solamente una fue aprobada. “Se ve una incidencia en el proceso fiscalizador de los legisladores. Hay cosas que pueden ser muy positivas realizadas a través de una resolución como este tema”, dice Espinel.

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César Rohon, del Partido Social Cristiano ha pedido tres veces cambiar el orden del día. Ninguna ha sido aceptada. Las solicitudes de los legisladores electos por Alianza País corren otra suerte: los  correístas (ahora llamados MANÁ) han hecho 19 pedidos, 16 se han aceptado; los morenistas han logrado que se aprueben 9 de 10 de sus pedidos.

Entre los que han sido aprobados están la resolución para definir mecanismos que eliminen todo tipo de violencia contra niñas y mujeres, propuesta por la correísta Mónica Alemán o  la exhortación para que el Gobierno ratifique en la Conferencia Internacional del Trabajo su compromiso con los derechos de los trabajadores, en especial el tema de violencia y acoso en el ámbito laboral, propuesta por el morenista Carlos Cambala.

Lo que pide la oposición es variado. Ana Galarza de CREO solicitó que se tomen medidas de seguridad y se haga respetar la ley a los migrantes que llegan a Ecuador a propósito del asesinato de un taxista en Ambato.  Su moción —de tufillo xenófobo— fue aprobada. Igual la de Mayra Montaño, del PSC, en la que condenaba la muerte de la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, Gavis Moreno, asesinada a tiros en abril de 2018.

A Byron Suquilanda de CREO se le negó el cambio del orden del día para convocar al entonces Fiscal General, Carlos Baca, para que explique los mecanismos de reparación económica en los delitos de administración pública. La petición de Esteban Bernal, del mismo partido, para llamar la atención a Patricio Rivera por no posesionarse como Superintendente de Economía Popular y Solidaria a pesar de haber sido nombrado siete meses antes, tampoco pasó.

El 24 de agosto de 2017, el manabita Guillermo Celi de Suma pidió cambio del orden del día. Quería que Carlos Bernal, Secretario Técnico para la Reconstrucción, fuera a la Asamblea Nacional a rendir cuentas sobre su gestión con respecto a los fondos y las acciones llevadas a cabo posterior al terremoto de 2016. Su pedido no tuvo el respaldo suficiente de los asambleístas. Solo 53 legisladores votaron a favor.

Como ese, ha habido 32 pedidos más: todos buscando que autoridades vayan a comparecer a la Asamblea sobre el tema que les compete. De esas, 21 han sido negadas. 21 veces la Asamblea ha evitado discutir siquiera sobre la posibilidad de que las autoridades del país vayan a dar explicaciones sobre su trabajo, pagado por todos los ecuatorianos.

En esas 21 veces la Asamblea tenía en sus manos la capacidad real de fiscalizar. No lo hizo. En lo que sí parece ponerse de acuerdo es cuando de trivialidades se trata: aprobaron cambiar el orden del día para decidir sobre la adopción de acciones por parte de la Asamblea Nacional en el combate a la corrupción, también para que la Asamblea Ecuador profundizara tarea de legislación en territorio, de forma abierta, participativa, para rechazar expresiones de Embajador de Argentina acreditado en Ecuador, que ofendió al pueblo Otavalo. Todas, propuestas por legisladores de Alianza País.

Pero no son los únicos. La oposición también pone su grano de arena. Todos estuvieron de acuerdo en cambiar el orden del día para recordar los 186 años de la anexión de las Islas Galápagos al territorio, propuesta por Washington Paredes de CREO, o para declarar el 16 de abril el Día de la Solidaridad, propuesto por Guillermo Celi, de SUMA. “Pueden existir temas que no son relevantes y lo que se busca es tratar de quitar nuestra atención sobre los temas de fondo”, dice Marcelo Espinel: “Son actos políticos más que normativos”.

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Las sesiones de la Asamblea no tienen un tiempo determinado. Pueden ser largas, de más de diez horas o breves, de apenas un par.

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Cuando un asambleísta pide cambio del orden del día, el Presidente de la Asamblea es quien tiene a su cargo esa decisión. Antes de iniciar, la Secretaria de la Asamblea anuncia cuántos pedidos cambios del orden del día hay y los lee de uno en uno. Cuando finaliza el primero, es el turno de quien ha pedido el cambio de intervenir en el pleno y explicar su pedido. Luego, se vota. Con la mayoría simple (69 votos), se aprueba el cambio. Todo ese proceso, dura un promedio de nueve minutos.

Hasta el 5 de mayo, se habían utilizado 1161 minutos, es decir más de 19 horas únicamente para presentar mociones de cambio del orden del día.

Durante el primer año en funciones de la Asamblea, los legisladores han presentado 258 proyectos de ley, según el Observatorio Legislativo. Apenas nueve se convirtieron en ley (hay en total 16, pero 7 provienen de iniciativas del Ejecutivo). En ese mismo período, hubo 10 solicitudes de juicio político, apenas 3 prosperaron.

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Cada uno de nuestros legisladores recibe anualmente, solo en salarios (sin contar sobresueldos o beneficios adicionales) más de 60 mil dólares. Por los 137 asambleístas, solo en sueldos pagamos al año más de 8 millones 200 mil dólares: eso es lo que nos ha costado profusa cantidad de resoluciones líricas, sin efectos prácticos. Los legisladores no se dan por enterados: caminarán sonrientes y elegantes el 24 de mayo, cuando el Presidente les presente en su informe en el pleno de la Asamblea del mazapán, que cumplirá un año con una grave deuda en sus tareas de legislar y fiscalizar (aunque esta última es un mal que arrastra hace una década).

Qué ha hecho la asamblea en un año / Fiscalización
María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.