El Ecuador, inmerso en una crisis de seguridad, tiene un nuevo Ministro de Defensa: el General de División, en servicio pasivo, Oswaldo Jarrín. La hoja de vida de Jarrín parece impresionante: 35 años de carrera militar, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. entre 2002 y 2003, y ministro de Defensa entre el 2005 y 2006. En apariencia, su perfil se ajusta al clamor de la opinión pública por tener un militar retirado como Ministro de Defensa después de 12 años de improvisados civiles nombrados durante la administración del presidente Rafael Correa.
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Pero el legado de Jarrín como Ministro y soldado no augura nada bueno para el país. Su manejo del presupuesto y recursos militares fueron muy malos, al punto de que perdimos capacidades operativas, mantuvo una estrategia militar basada en un constante pedido a los Estados Unidos de recursos militares (que no se entregaron). Por si fuera poco, en la crisis que vivimos actualmente, sus declaraciones han sido más que desafortunadas: dejan mucho que decir de su juicio militar.
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Hay algo que en el Ecuador nadie tiene claro: cuál es rol del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y cuál es el Ministro de Defensa. Ambas posiciones están definidas en la Ley Orgánica de Defensa Nacional y en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas..
La posición de jefe del Comando Conjunto es ejercida por el oficial (general o almirante) de mayor antigüedad de las tres ramas militares del Ecuador. Sus principales responsabilidades son la conducción de las operaciones militares y el desarrollo de las capacidades militares conjuntas (el empleo combinado del contingente de las fuerzas Aérea, Naval, y Terrestre en operaciones de combate). En otras palabras, lidera las operaciones de combate contra los adversarios del Ecuador, al tiempo que construye unas Fuerzas con personal entrenado para explotar al máximo sus sistemas de combate. Se puede saber qué tan positivo es el legado de un jefe del Comando Conjunto viendo cuántas capacidades militares —por ejemplo, armamento disponible— ha logrado construir.
El Ministro de Defensa, por su parte, tiene un rol administrativo y político. Debe gestionar los recursos de las Fuerzas Armadas mediante la aprobación del presupuesto de defensa, que es elaborado por el jefe del Comando Conjunto. Esto va de la mano con su gestión política para obtener la mayor cantidad de los recursos requeridos por el ejército, la aviación y la marina.
Un ministro de Defensa debe, también, diseñar la política de defensa nacional. Básicamente, es delinear los objetivos políticos a los que las Fuerzas Armadas deben servir, explicar qué medios militares se usarán para alcanzar estos objetivos.
Esto implica que el Ministro junto con el jefe del Comando Conjunto diseñan la estrategia militar del Ecuador: el primero establece los fines políticos y el segundo emplea la fuerza para alcanzarlos. Se puede saber que tan bueno ha sido un Ministro de Defensa examinando cuán eficaz ha sido su administración de los medios y recursos militares, por ejemplo, qué tan capaz ha sido de usar el presupuesto de defensa. Por eso, la cantidad de capacidades militares que se crean también es un indicador de gestión ministerial.
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El legado del ahora ministro Jarrín es pobre. No lo digo yo, lo dicen los datos del Balance Militar del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales.
Entre el 2002 y 2003, la cantidad de militares del Ecuador se mantuvo en 59 mil 500 activos, y las reservas militares se mantuvieron estáticas. Un año después, el número de militares activos se redujo a 46 mil 500. Las reservas, en cambio, aumentaron en 18 mil.
En el periodo 2002-2003, el presupuesto de defensa creció de 483 a 640 millones de dólares: un incremento del 32%. Si tomamos en cuenta que la inflación durante ese periodo fue de 2,74% (2004), en realidad el presupuesto aumentó en un 29%.
En ese tiempo, Jarrín fue Jefe del Comando Conjunto, y si se los sabe interpretar, los números evidencian un saldo negativo.
Tras la guerra de 1995, el Ecuador podía haber reducido mucho más el tamaño de sus Fuerzas Armadas para rediseñar tácticas, operaciones, y estrategias militares que se emplearían en un escenario militar más incierto. Reducir 13 mil efectivos fue un corte importante, sin embargo, en el escenario benigno y marcado por la ausencia de una clara amenaza convencional que vivía el país, la reducción pudo haber superado los 26 mil.
Esto habría permitido tener una fuerza militar más pequeña para entrenar y equipar, lo cual hubiera reducido los costos de inversión militares. El rol de Jarrín, como jefe del Comando Conjunto, era lograr este rediseño al menor costo: la reducción de personal que hizo fue insuficiente.
¿Por qué fue esto malo para el Ecuador?
Porque para el 2003 nuestro armamento tenía un promedio de vida de casi 30 años. Con un incremento del 29% en el presupuesto, no era posible emprender un proceso de renovación de sistemas de combate, entrenamiento militar, y gastos de personal.
Los sistemas de combate de las Fuerzas Armadas fueron los perjudicados. Hay tres grandes grupos: los de combate terrestre (armamento utilizado por las tres fuerzas para operaciones militares en tierra), la aviación de combate (que agrupa a todos los helicópteros y aviones de las tres ramas), y embarcaciones de combate (que contiene todas las naves de altamar para el control marítimo, a excepción de las del Comando de Guardacostas de la Armada).
Además de una mínima fluctuación entre el 2002 y 2003 en sistemas de combate terrestre, para el 2003, habíamos perdido 12 aviones de transporte y solo aumentado 4 cazas de combate. Es aún más impresionante que, en un momento en que la mayoría de nuestros sistemas de combate estaba casi en el límite de su vida operativa (y, por ende, eran más caros de mantener), la gestión de Jarrín no agregó una sola capacidad militar para el Ecuador.
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Algunos partidarios de Jarrín podrían justificar su falta de resultados al frente del Comando Conjunto bajo la excusa de que tuvo que trabajar con los recursos que le daba el Ejecutivo. Pero cuando examinamos su gestión como ministro, el legado de Jarrín es aún peor.
Como ministro de Defensa del presidente Alfredo Palacio, Jarrín aumentó los gastos corrientes de las Fuerzas Armadas: incrementó en un 21% el personal militar mientras que el presupuesto de su ministerio no creció en más del 7% anual.
Bajo la perspectiva de cualquier administrador civil, es sospechoso aumentar personal en porcentajes superiores al porcentaje de ingresos de la institución.
Bajo un lente militar esto fue una medida negligente: en el 2006 el Ecuador no vivía ninguna situación que requerirían aumentar el número de militares. Si bien es cierto que Jarrín protestó varias veces a su par colombiano por operaciones militares colombianas que violaban el límite internacional, también reiteró que la solución para esto era la vía diplomática, y trabajó conjuntamente con la Cancillería para ese fin.
El país tampoco vivía una situación que requiriese aumentar el personal militar activo. El ambiente de la región en el 2005-2006 no se caracterizó por una amenaza de guerra interestatal. El Ecuador había sido claro en que su estrategia para lidiar con el conflicto colombiano y las secuelas del Plan Colombia era usar la política social para el desarrollo de la frontera norte.
Todo esto hacía innecesario el aumento de —y más bien justificaba seguir reduciendo personal— para liberar fondos para modernizar sistemas de combate y mejorar el entrenamiento.
El impacto negativo de la gestión de Jarrín al frente del Ministerio fue no saber administrar los recursos que tenía para crear o —al menos conservar— capacidades militares.
No se hizo ni una sola nueva adquisición de armamento para la Fuerza Terrestre. En aviación de combate, el Ecuador perdió capacidades en casi todas las categorías (excepto en aviones de entrenamiento): de 70 cazas pasamos a 60, de 61 aviones de transporte pasamos a 55, y de 39 aviones de inteligencia-reconocimiento-vigilancia pasamos a 37. No se hizo ninguna nueva adquisición naval para una flota que superaba los 30 años de vida operativa.
Lo triste es que todas estas carencias nos pasaron una factura terrible dos años después en el ataque de Angostura. La falta de cazas nos impidió responder a la agresión colombiana, la falta de transportes impidió la movilidad de la Fuerza Terrestre y la paralizó, y la falta de aviones de inteligencia nos impidió vigilar adecuadamente las operaciones de los irregulares y soldados colombianos. Inclusive la falta de embarcaciones navales también esta conectada a la tragedia ecológica que fue la incursión de la flota pesquera china en aguas territoriales ecuatorianas.
Las estadísticas revelan que los errores de Jarrín como jefe del Comando Conjunto y Ministro de Defensa no lo vuelven un mejor candidato para Ministro que los civiles improvisados que hoy la opinión pública achaca.
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Oswaldo Jarrín tuvo algunos aspectos positivos en su gestión como Ministro. Denunció firmemente los abusos militares colombianos y trabajó con la Cancillería en un frente común. También buscó más recursos para el ministerio de Defensa y sus operaciones militares.
Pero buscó en el lugar equivocado. En lugar de mejorar su administración del presupuesto, se pasó pidiéndoselos al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Según Jarrín, no buscaba depender de Washington sino cooperar en base a intereses comunes, pero la realidad era que los intereses de ambos países estaban —y quizá sigan— sumamente desalineados: el Ecuador ratificó el Tratado de la Corte Penal Internacional (que le quitó el fuero de corte a los militares estadounidenses), perseguía una estrategia de desarrollo en la frontera norte, y se negaba a catalogar a las FARC como organización terrorista. Washington quería exactamente lo contrario.
Esto obliga a una reflexión sobre un posible sesgo que Jarrín podría aún conservar: frente a la negativa de Washington a respetar los intereses del Ecuador, ¿por qué no buscó los recursos que necesitaba vía reformas militares en el país o en nuevos aliados para la cooperación como China o Rusia?
En pocas palabras, Jarrín falló en una de sus principales tareas como ministro de Defensa: obtener los recursos presupuestarios para las operaciones militares del Ecuador.
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Más allá de la claridad estadística, a Jarrín lo condenan sus desafortunadas declaraciones sobre los problemas militares y de seguridad del Ecuador. Sus palabras lo muestran como un soldado con una opinión muy pobre del país que debe defender y poseedor un juicio profesional carente de sensibilidad estratégica.
Cuando fue Ministro por primera vez, Jarrín hablaba del Ecuador como un estado fallido que pronto requeriría de una fuerza de paz de las Naciones Unidas. En una entrevista de 2006 dijo “probablemente en el futuro tendremos un Haití en Ecuador, donde el desorden de las comunidades ha llegado a un clímax, por lo que vamos a tener necesidad de una fuerza de paz”. ¿Cómo podía el ministro encargado de defender la soberanía nacional del Ecuador pública y literalmente pedir que una entidad externa entrase a mantener la paz social del país?
Ese es el hombre a quien el presidente Moreno hoy le ha encargado la defensa de los ecuatorianos.
Pero más de una década después, los exabruptos verbales de Jarrín continuaron. En una entrevista en el portal Ecuador en Vivo, a Jarrín le preguntaron si las Fuerzas Armadas eran corresponsables del secuestro de los tres periodistas, al no darles protección cuando entraron a Mataje.
Su respuesta es una bofetada: “el equipo periodístico no es materia de las FF.AA. […] las FF.AA. no dan cobertura y seguimiento a la prensa”. Una falta de sensibilidad legal terrible: la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son protectoras de derechos en el Ecuador. Además, había un decreto de excepción en la zona por lo que se consideraba una amenaza seria para la vida de sus habitantes y transeúntes. Pero para Jarrín, a pesar de todas las órdenes que había de cuidar de la vida de quienes estén en la zona, todo el mundo tuvo la culpa menos las Fuerzas Armadas.
Lo peor de todo es que Jarrín desconoce la forma en que históricamente han operado los corresponsales de guerra. Basta revisar los innumerables casos en Iraq, Afganistán, y Vietnam donde los periodistas fueron protegidos durante sus labores por fuerzas militares: proteger sus vidas eran una obligación y un deber estratégico, porque sabían lo importante que era el respaldo de la opinión pública. Jarrín explicó posteriormente que se tuvo que haber conformado un equipo profesional de prensa para esas coberturas, pero eso un tecnicismo para evitar cuestionar a las Fuerzas Armadas.
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Ecuador tiene hoy un ministro con una hoja de vida militar aparentemente impecable. Sin duda, esto debió haber sido un factor decisivo para el presidente Moreno, que busca responder a un público cada vez más crítico de su administración en seguridad y defensa nacional.
Pero las apariencias engañan, y en el caso de Jarrín y una revisión estadística de su gestión como jefe del Comando Conjunto y como ministro de Defensa revelan gestiones deficientes. Si a esto se le suma sus pobres declaraciones y su incapacidad de reconocer que hubo un error militar que llevó a la muerte de los tres periodistas, en el Ecuador la designación de Jarrín no augura ninguna solución cercana a un conflicto violento con el que el país no está acostumbrado a convivir.
