El Ecuador se ha desayunado una desagradable sopa marinera: nos hemos enterado de que una flota entera de buques pesqueros chinos ha estado pescando ilegalmente en sus aguas territoriales desde inicios de julio de 2017. Era una flota tan grande como la provincia del Guayas (o más grande que Puerto Rico). La existencia de semejante cuadrilla salió a la luz después de la detención (aparentemente coincidental) de una embarcación pesquera china que transportaba 300 toneladas de especies protegidas pescadas en las Galápagos. Esta barbarie ambiental y de seguridad nacional es la prueba más grande de la debilidad naval del Ecuador para controlar su mar. La razón está en la poca capacidad operativa naval que creó el gobierno de Rafael Correa desde el 2007 y que fue dilapidada por una serie de adquisiciones, modernizaciones, despliegues y diseños presupuestarios contraproducentes. Y porque en lugar de estar en su ambiente natural, el mar, la Armada estaba en la calle.
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El gran desafío naval del Ecuador es controlar un área marítima cinco veces más grande que su territorio en el que, además, la fuente de abastecimientos más cercana está a más tres días de navegación. Para cumplir con esta tarea, era vital hacer las compras correctas, invertir en entrenamiento, dejar de utilizar al personal naval para misiones subsidiarias —es decir, de propósitos no militares— y diseñar un buen presupuesto (pero sucedió lo contrario: fue hecho de manera bastante inepta, al punto de que se carcomió el poco valor agregado de las modernizaciones y compras que se hicieron).
Las adquisiciones navales fueron insuficientes y altamente cuestionadas por el expresidente y el Ministerio de Defensa. El Gobierno de Rafael Correa heredó una flota que en, promedio, tenía cerca de 30 años y ya había sido modernizada varias veces. Esto es un problema porque, básicamente, mientras más antiguo son el casco y planta de una embarcación, más difícil, limitadas, y caras se vuelven las modernizaciones.
Cuando el Ecuador sufrió el ataque militar colombiano a la población ecuatoriana de Angostura en 2008, entendió que debía invertir en modernizar sus equipos militares. En ese escenario, la flota debía ser una de las prioridades. Tener embarcaciones que superaban en algunos casos los 36 años resultaba, como dije, más oneroso porque el rendimiento que se lograría modernizándolas iba a ser muy corto como para justificar el gasto. Sin embargo, esto no fue entendido. Apenas se compraron unos aviones no tripulados Heron, las Fragatas clase Leander (compradas a Chile después de que las usó por más de 30 años y las retiró de servicio), algunos aviones logísticos que pueden ser readaptados para misiones de inteligencia y vigilancia, y algunos vehículos de tierra para la Infantería de Marina. En el caso de los Heron, vale resaltar que el rango de operaciones y detecciones de los mismos es de hasta 50 millas náuticas debido a que no se adquirió dispositivos de comunicación satelital que permitiesen que sean operados al límite de su rango operacional (esto es la distancia que pueden volar antes de agotar el combustible necesario para su retorno a su base de origen). Estas decisiones eran el claro reflejo de la pobreza de la evaluación de sistemas hecha por la Armada, el Comando Conjunto, y el Ministerio de Defensa.
Pero no porque las compras hayan sido insuficientes significa que fueron hechas a la ligera. Se las tuvo que justificar en base a su aporte a misiones no militares o navales debido a la poca apertura de autoridades del Ejecutivo a compras que sirvieran propósitos únicamente navales. Por ejemplo, el cuerpo de guardacostas recibió importantes adquisiciones por su rol en la prevención de la piratería, pero en general la autonomía de sus embarcaciones no le permite operaciones sostenidas y prolongadas en la zona económica exclusiva (el área marítima donde Ecuador tiene soberanía sobre los recursos naturales mas no sobre el tránsito de buques), especialmente para controlar y vigilar de forma descentralizada la actividad ilegal de pequeños grupos de embarcaciones. Es decir, el cuerpo de guardacosta no es un gran elemento operativo naval. Además, ninguna de sus embarcaciones tiene plataformas para helicópteros mientras las corbetas y fragatas sí, lo que aumenta su rango de intercepción y vigilancia. Cuando la Armada del Ecuador intentó justificar nuevas adquisiciones como submarinos, los cuales tienen una capacidad de desplazamiento y detección clave a la hora de vigilar la actividad ilegal de buques pesqueros gracias a su sigilo, la respuesta del presidente Correa fue que tenían que superar la mentalidad de conflicto interestatal, que ya no había más guerras sino paz entre los países americanos, y que se debían preocupar del desarrollo nacional. Una combinación de la ignorancia de las limitaciones impuestas por antigüedad de los buques de la flota del Ecuador y el rechazo a la idea de invertir en nuevos sistemas de combate bajo la premisa que eso era “actuar contra la paz”, hicieron que el Ecuador no tenga equipos suficientes para patrullar y defender su mar.
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Las modernizaciones que se hicieron fueron polémicas. En algunos casos no fueron acompañadas por esfuerzos similares en entrenamiento y capital humano. Después de que el gobierno se negó a comprar nuevas, la Armada decidió modernizar sus viejas naves. Se logró la modernización de los dos submarinos Tipo 209/1300 y algunas corbetas. Esto con cierto grado de resistencia por parte de asesores ministeriales civiles del Ministerio de Defensa criticaron que la Armada quiera comprar sistemas de combate cuando ya no hay guerras en la región.
Pero al mismo tiempo que se hacía esto, el gobierno de Correa no se preocupó por mantener la especialización de las tripulaciones de estos barcos. No servía de mucho modernizar si no se aseguraban los recursos para el entrenamiento de sus tripulaciones, ni su despliegue continuo en operaciones que incrementen sus habilidades. Las modernizaciones fueron menos efectivas porque la tripulación que operaba los sistemas de combate tenía limitaciones para llevar al máximo rendimiento a esas naves. Esto es un signo del mal que acompañó al crecimiento del presupuesto de Defensa entre 2007 y 2015. Aumentó, sí, pero se concentró en personal y no en operaciones. Es decir: había embarcaciones, pero no se contaba con dinero para mantenerlas el mayor tiempo posible en altamar.
A esto hay que sumarle la dilapidación de capital humano de la fuerza naval. Un ejemplo trágico es que autoridades como el exgobernador del Guayas, Roberto Cuero, constantemente presionaban para armar a las tripulaciones con fusiles para que salieran a patrullar las calles. Esto lo vi en en las invasiones del Noroeste de Guayaquil, donde tripulaciones enteras fueron desplegadas a tareas policiales. Tripulaciones altamente costosas que debían entrenarse para hacer rendir modernizaciones igualmente costosas estaban en tierra firme, patrullando como un policía o soldado de infantería lo podría haber hecho.
Los esfuerzos de modernización no fueron de la mano con esfuerzos para mantener y mejorar el capital humano de las tripulaciones. La Armada no estuvo en capacidad de prevenir el arribo de la flota pesquera china porque desde el 2010 ha sido progresivamente arrastrada fuera de sus embarcaciones hacia a las calles del país para satisfacer la necesidad de los políticos de ser percibidos como que estaban haciendo algo contra la delincuencia.
Es importante hacer énfasis en un problema estructural que el gobierno de Rafael Correa nunca atendió: el diseño del presupuesto de Defensa. Según la proforma presupuestaria presentada en julio de 2017, cerca de un 88% de los 1600 millones anuales que recibe el Ministerio de Defensa va a sueldos. El Ejército es demasiado grande como para garantizar que los fondos cubran los cuatro componentes de gasto esenciales para que la defensa del Ecuador sea óptima: Operaciones, Personal, Adquisiciones y Mantenimiento, e Investigación Tecnológica. Los países con alto poder militar por lo general tratan de mantener los 4 elementos balanceados en términos porcentuales.
La ‘Revolución Ciudadana’ aumentó drásticamente el presupuesto sin prever este balance. En efecto, pasamos de 600 millones anuales a casi 1900 millones anuales (en el punto más alto), pero entre 1500 y 1600 eran destinados a personal. Esto dejaba solo entre 200 y 300 millones para las adquisiciones de las tres ramas de las Fuerzas Srmadas. Para dar una idea de lo insuficiente que son estos recursos, una fragata rusa clase Gorshkov cuesta alrededor de $420 millones, un submarino rusos clase Kilo tienen un costo similar. Al mismo tiempo, las misiones no militares subieron a cerca de veintidós, aunque muchas eran tareas de “acción cívica” que las Fuerzas Armadas ya hacían de manera temporal, secundaria, y esporádica, pero que el gobierno convirtió en permanentes y prioritarias.
Si el presupuesto de Defensa es un numerador, la cantidad de misiones militares entonces es su denominador: el presupuesto se diluyó por un crecimiento del denominador que no guardó relación con el numerador. Aquí el problema es que por cada misión que le pedimos a las Fuerzas Armadas que cumplan, estas pasan de su misión convencional —que es prepararse para la guerra— a otra ajenas a ese propósito (como la recientemente creada Las Manuelas, un relanzamiento de la Misión Manuela Espejo que atendía a personas con discapacidad cuando fue vicepresidente, entre 2007 y 2013).
El presupuesto, de por sí insuficiente, se atomizó aún más. Y es que cada misión tiene estructuras de costos distintas porque demanda mezclas de personal, adquisiciones, operaciones, e investigaciones distintas. En el caso del patrullaje que habría dado con las embarcaciones chinas, estamos hablando de programas bajos en costos de personal pero muy altos en costos de operaciones, adquisiciones y mantenimiento, así como de investigación. El gobierno del presidente Correa aumentó el presupuesto sin considerar el problema estructural del diseño que priorizaba gasto de personal y al mismo tiempo incrementó rápidamente la cantidad de misiones, y distintas estructuras de costos, de las Fuerzas Armadas.
La Armada no fue capaz de detener la invasión de pesqueros chinos porque la última década de políticas de defensa dilapidó la poca capacidad operativa que creó. La Armada ha pasado en las calles en lugar de entrenando para explotar al máximo sistemas de combate que sobrepasan el cuarto de siglo. Es importante señalar que, si bien el desafío estratégico y operacional de ejercer vigilancia permanente en el mar ecuatoriano es complejo, es más que posible incluso con los medios navales con los que actualmente cuenta el Ecuador.
Sin embargo, si las actuales políticas de Defensa en cuanto al presupuesto militar y las misiones subsidiarias no cambian, ese desafío simplemente se vuelve imposible. Para solucionar la situación, se requiere que el Gobierno del presidente Moreno cambie las reglas de juego en materia de Defensa: esto significa en examinar la posibilidad de reducción del Ejército, así como buscar fuentes de ahorro interno en el presupuesto militar que reduzcan el peso de gasto de personal y liberen espacio para operaciones y mantenimiento.
Esto es indispensable para que la Armada zarpe de las calles de Guayaquil a altamar, donde pertenece. Adicionalmente, es necesario que el presidente Moreno reduzca la cantidad de misiones subsidiarias y ordene que no se añadan nuevas misiones no militares a unas casi colapsadas Fuerzas Armadas. Pero también es necesario que las Fuerzas Armadas sean más honestas con el país, y liberen la información operativa que permita un debate honesto de los costos reales de las actuales políticas de Defensa. Esto permitirá que los tomadores de decisiones sepan que las políticas de la última década simplemente dilapidaron recursos presupuestarios que de por sí ya son escasos. Con estas medidas, aunque aún faltará mucho por hacer para alcanzar niveles de capacidades óptimos para la defensa del Ecuador, la Armada podrá volver a desempeñar tareas que impidan que la desagradable irrupción de la flota pesquera china se repita.
