Para llegar a Guadualito, uno de los últimos pueblos de la última provincia del norte del Ecuador, se atraviesa un camino de tierra que en carro, desde la carretera principal, toma 40 minutos. Guadualito —ubicado en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas— es un punto que no aparece en los mapas de Google, pero allí viven 268 personas, todos de la nacionalidad indígena Awá. Por esa vía lastrada, en febrero de 2018 llegaron 180 militares ecuatorianos. Se quedaron dos meses en Guadualito. Se instalaron allí pocos días después de que un coche bomba explotara afuera de un retén policial en la ciudad de San Lorenzo, a 45 minutos de este pueblo. El atentado fue atribuido a alias Guacho, el disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a quien se responsabiliza de tres crímenes más, todos en la misma zona: el tanquero bomba que asesinó a cuatro militares ecuatorianos y dejó otros heridos, el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio y el secuestro de dos ciudadanos ecuatorianos.
Olindo Nastacuaz es un indígena Awá de la comunidad Guadualito y cuenta que los soldados ya abandonaron la zona hace tres semanas. “Sin el consentimiento ni la autorización de la comunidad utilizaron centros educativos, la casa comunal, el puesto de salud y otros espacios para quedarse…nos invadieron”, dice Nastacuaz en una sala de la Universidad Andina, en Quito. Según el hombre, la comunidad rechazó la militarización pues sabían que la construcción de retenes en su centro poblado los pondría en riesgo “porque el grupo de disidentes que está del otro lado de la frontera podría atacar, echar bomba o cualquier otra cosa que afectara la seguridad y la vida de nosotros”. Los militares bloquearon las vías y esto afectó a los habitantes que acostumbraban ir a San Lorenzo a comprar víveres y regresar por la tarde o noche. “Ya no podían salir porque después de las 4 de la tarde los militares decían que ‘no respondían’. Eso es violar el derecho de libre circulación”, dice. Y agrega que cuando reclamaban a los soldados por la invasión, ellos siempre decían que tenían una disposición “de arriba”.
Después de los atentados terroristas en la zona, cada vez hay menos garantías de seguridad para la labor periodística en la zona y los pobladores, temorosos, tampoco quieren hablar.
Nastacuaz recuerda que la mañana del viernes 6 de abril los militares les dijeron que tenían tres horas para desalojar el pueblo e instalarse temporalmente en el parque de San Lorenzo. “Pero allá no hay transporte para tanta gente y no pudimos salir todos, entonces nos quedamos, nadie se movió”. Aunque Guadualito hoy ya no está militarizado, la comunidad está angustiada de que eso vuelva a ocurrir y el 14 de abril la Federación de Centros Awá del Ecuador difundió un comunicado para expresar su postura.
La nacionalidad indígena Awá está presente en cuatro provincias del Ecuador. Para tomar decisiones colectivas se reúnen en asambleas. Fotografía de Elisa Levy
En el documento de dos páginas dicen que están “muy preocupados” porque sus derechos individuales y colectivos —como por ejemplo la libre circulación— no están siendo garantizados por las acciones que el Gobierno ha tomado en la frontera. “Rechazamos la instalación de campamentos militares que fueron instalados en la comunidad Awá de Guadualito…y estaremos alertas frente a otros campamentos que se pretendan instalar dentro en los centros poblados de comunidades Awá”. Para cerrar el comunicado advierten que ellos son los únicos voceros de lo que les sucede porque conocen organizaciones no gubernamentales, activistas, fundaciones y organizaciones indígenas mediante las cuales se puede “generar una distorsión en la difusión de la información”. Esto ya que había circulado una noticia en la que se indicaba que la comunidad habían sido desplazada, dato que resultó ser falso.
Aunque no fueron obligados a salir de sus casas, la militarización de su territorio sí ocurrió. Nastacuaz asegura que en lo corrido del año las cosas sí han cambiado en la zona. “Antes escuchábamos explosiones, disparos y helicópteros volando a lo lejos, ahora esos sonidos están mucho más cerca”.
En la cuenta de Twitter de la Nacionalidad Awá piden que se les informe sobre los planes de contingencia y seguridad que el Estado aplicará para garantizar sus derechos, y exigen al presidente Lenín Moreno que los reciba en su despacho para escuchar sus preocupaciones actuales.
A diferencia de las otras 12 nacionalidades indígenas del Ecuador que se concentran en territorios más delimitados (por ejemplo en una sola provincia), los Awá habitan en las tres regiones continentales: Costa, Sierra y Oriente. Son 28 comunidades repartidas en cuatro provincias —6 en Esmeraldas, 14 en Carchi, 4 en Imbabura y 4 en Sucumbíos— que son dueñas de 120 mil hectáreas de tierra. Hace 30 años, esta nacionalidad conformada por 5351 personas, creó su Federación, la cual se ha convertido en la voz colectiva y oficial para difundir mensajes.
Las fuentes de agua, como los ríos, en el norte de Esmeraldas, están amenazadas por los pesticidas de las palmicultoras y los químicos de la minería. Fotografía de la Comunidad 5 de Junio
La palma: un conflicto más difícil
La violencia asociada al conflicto armado que ellos denuncian, sin embargo, no es la única presión que ha sufrido esta comunidad en los últimos años. Guadualito es un territorio rodeado de plantaciones de palma africana. La expansión de este cultivo en la región norte de Esmeraldas tuvo un incremento alarmante entre 1999 y 2000: pasó de 90 a 3795 hectáreas.
Entre 2000 y 2015 en el Ecuador se talaron 635 481 hectáreas de bosque, de esas, 99 603 fueron en Esmeraldas: la provincia ha contribuido al 16% del total de la deforestación en los últimos quince años y esta tala ha estado íntimamente ligada a las plantaciones de palma. Las consecuencias ambientales de esta especie vegetal son mundialmente conocidas: dejan infértiles los suelos y en algunos casos inutilizables.
Un estudio realizado por la investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, Sara Mingorría, evidencia que este monocultivo demanda gran cantidad de nutrientes y elimina la capa orgánica del suelo, de ahí su gran desgaste. Sin embargo, el daño ambiental más grave asociado a la palma detectado por las comunidades Awá de Esmeraldas ha sido la contaminación de sus fuentes de agua, causada principalmente por los agroquímicos que se utilizan para combatir las plagas que amenazan la palma. Ya no pueden consumirla ni usarla para actividades domésticas y los peces que servían de alimento han desaparecido de los ríos.
Este tema ha tenido reclamos formales. El 23 de julio de 2010, la comunidad Awá de Guadualito junto con la comunidad afrodescendiente La Chiquita presentaron una demanda en contra de las palmicultoras Los Andes y Palesema. Seis años después, el 11 de enero de 2017, la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas falló a favor de las comunidades. Según el abogado especializado en Derecho Ambiental y Derechos Humanos, Juan Auz, la sentencia obliga a las empresas a recuperar las fuentes de agua reemplazando la palma por especies nativas y a no usar productos químicos nocivos. “También ordena a varias instituciones públicas que doten a las comunidades de servicios básicos y ordena que se restrinjan autorizaciones para la frontera agrícola”. Auz explica que el fallo está enfocado en la reparación y prevención dirigido a las comunidades.
Los cultivos de palma africana han crecido exponencialmente en la última década en el norte de Esmeraldas. Esta planta tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente: seca el suelo y los fertilizantes para controlar el cultivo contaminan los ríos. Fotografía de Susana Morán.
A pesar de esto, han pasado 15 meses y el fallo no se ha ejecutado, según Klever Santana de la Pastoral Social del Vicariato de Esmeraldas. Para Santana, en los temas relacionados con las palmicultoras no hay justicia ni legalidad. Recuerda que cuando recién llegaron a la provincia tenían como objetivo “colaborar al desarrollo socioeconómico de la población” y al inicio los habitantes se beneficiaron con empleos e ingresos justos.
El estudio “La reconfiguración de las luchas afro en San Lorenzo (Ecuador) frente a la expansión de la palma aceitera y la transnacionalización del conflicto colombiano” de Iván Roa, analiza la relación de la entrada de grupos paramilitares y guerrilleros en la zona, el aumento de la violencia y el incremento sustancial de cultivos de palma. “No se puede decir que las más de 3000 hectáreas de cultivo en el año 2000 fueron adquiridas de forma violenta, pero no se puede negar la coincidencia entre la movilidad que tenían los grupos armados en la región y la ubicación de los cultivos de palma… el espacio de circulación de los paramilitares es el mismo espacio donde la palma comenzó a expandirse”, dice la investigación académica.
Las promesas laborales que se cumplían al comienzo en las palmicultoras, dice Kléver Santana, duraron poco. “Con el argumento de que el precio internacional del aceite de palma había bajado, abarataron los sueldos, despidieron a empleados y trabajar en las plantaciones ya no era una opción rentable”. Actualmente, un alto número de población afro labora como jornalero en las plantaciones y, según Santana, ganan sueldos irrisorios pero se quedan en el trabajo porque no tienen otras oportunidades.
A pesar de rechazar los efectos contaminantes de esta industria, el Presidente de la Federación del Centro Awá del Ecuador, Florencio Cantincuz, dice que algunos jóvenes de esta nacionalidad son empleados de palmicultoras. “El Estado no ha dado prioridad a las necesidades de la zona, no hay fuentes de trabajo. Acá la salud y la educación no es suficiente. Tampoco tenemos infraestructura, no hay vías de acceso, ni sistema de agua potable, solo entubada”, se queja Cantincuz.
Esta falta de atención por parte del Estado también la menciona Iván Roa. Su paper explica los orígenes de los conflictos socioambientales en la zona y detalla cómo el proceso organizativo de la sociedad civil en Esmeraldas, que había iniciado en los años setenta, se truncó por las madereras que llegaron a la comunidad hasta los años 1993 y 1994. “En ese entonces, el presidente de la comunidad permitió la entrada de las madereras a cambio de recibir réditos económicos, legado que ha quedado en los presidentes comunales desde entonces”, dice el estudio.
Lo único que cambió en una década fue el tipo de empresa: en los 90 eran las madereras y partir del 2000 fueron las palmicultoras.
Como parte del trabajo en el vicariato de Esmeraldas, Kléver Santana coordina una red de cerca de veinte organizaciones sociales. En sus reuniones hablan de los problemas de la zona y presentan las quejas; dentro de esta lista la mayoría apuntan a las palmicultoras: maltrato laboral, sueldos bajos, liquidaciones injustas.
Malki Sáenz es coordinador de la Unidad de Información Socio Ambiental de la Universidad Andina y dice que en Esmeraldas la palma no solo es destructora ambiental sino también destructora de la estructura social. “El aprovechamiento de la palma no es para la gente que está ahí. Ellos reciben el menor de los beneficios de algo que da un montón de réditos económicos”.
La tragedia de los afros de 5 de Junio-Wimbí
Son varias las comunidades que de una u otra manera han sido afectadas por las palmicultoras. El caso más emblemático, sin embargo, es el de la parroquia 5 de Junio-Wimbí, también en el cantón San Lorenzo de la provincia Esmeraldas. La mañana del 29 de noviembre de 2016, cerca de 60 policías y trabajadores de Energy & Palma entraron a la comunidad con una orden de desalojo, un tractor oruga y una retroexcavadora. Según la acción de protección presentada por el presidente de la comunidad, Rolan Merlin, las máquinas entraron violentamente destruyendo las plantaciones de cacao, plátano, yuca, naranjas y limones. Cuando la comunidad se percató de la invasión, empezó a protestar y para impedir que continuaran con la destrucción retuvo una de las máquinas como un gesto de protección a sus territorios ancestrales.
La comunidad afro 5 de Junio-Wimbí ha sufrido las consecuencias negativas sociales, económicas y ambientales de las palmicultoras de la zona. Fotografía de la Comunidad 5 de Junio
En el artículo 84 de la Constitución del Ecuador se garantiza a los pueblos afroecuatorianos “conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”. Sin embargo, según la empresa Energy & Palma, ellos eran los dueños de esa tierra.
La tenencia de este territorio se remonta a inicios del 2000. La abogada de la comunidad 5 de Junio, Aura Paz, explica que Miguel Egas —representante legal de la palmicultora Palmaceite Humbici S.A— le compró al entonces líder comunitario Junior Bravo 1000 hectáreas que le habían sido adjudicadas a él por el entonces Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). “Con esa venta Egas violentó la entonces vigente Ley de Reforma Agraria”, dice Paz y explica que la empresa obtuvo las escrituras sin cumplir el requisito de tener posesión de la tierra mínimo cinco años.
Sobre el mismo caso, Santana, del Vicariato de Esmeraldas, dice que no sabe “qué artimañas hizo Egas para legalizar las escrituras que claramente eran ilegales porque se trataba de un territorio ancestral”. En el 2007, el que le vendió la tierra, Junior Bravo, fue asesinado. Ocho años más tarde Egas le vendería esta tierra a Energy Palma.
Después del episodio violento en 2016, en el que la comunidad retuvo una máquina en señal de protesta, la palmicultora denunció al presidente de la comunidad Rolan Merlin por robo y por tráfico de tierras. “La denuncia del robo la mediaron, se llegó a una conciliación porque el pedido de la comunidad era que les reconocieran todos los daños causados a sus plantaciones y que les pagaran por esos daños”. Al final, dice la abogada Paz, se llegó a un acuerdo: Energy & Palma retiró la denuncia y la comunidad entregó la máquina. El proceso por uso ilegal de la tierra en contra de Merlin, sin embargo, sigue vigente y se encuentra en etapa de investigación previa en la Fiscalía de San Lorenzo.
Después de que las máquinas de Energy & Palma destruyeran los sembríos de la comunidad 5 de Junio, los pobladores decidieron volver a plantar cultivos similares. Fotografía de Susana Morán.
Mongabay contactó a Energy & Palma para obtener su versión del caso pero no tuvo respuesta. En una entrevista del 18 de septiembre de 2017 con el medio Plan V, el gerente general de la empresa, Flavio Paredes, dijo: “de lo que conocemos, en San Lorenzo los únicos que tienen tierras ancestrales es la comunidad Awá, con los cuales no estamos ni en linderos. Estamos a 20 kilómetros de distancia. Entonces no conocemos que son tierras ancestrales”. Paredes se refería a los terrenos que hoy posee Energy & Palma y que la comunidad 5 de Junio dice que son suyos.
La comunidad 5 de Junio, representada por Merlin, interpuso una acción de protección ante el Juez de la Unidad Judicial del Cantón San Lorenzo. En la identificación de quiénes estaban amenazando sus derechos señaló a la empresa Energy & Palma como responsable de invadir su territorio ancestral. Mediante la demanda, la comunidad solicitaba que “se tome como medida cautelar la orden de suspender cualquier ingreso a nuestros territorios ancestrales y la prohibición de realizar actos que destruyan la naturaleza y que se evite utilizar la fuerza pública para violentar los derechos ancestrales de los pueblos afrodescendientes de la comunidad 5 de Junio y los derechos de la naturaleza”. El Juez falló a favor de la empresa Energy & Palma alegando que el pedido “no constituye un acto violatorio a ningún derecho constitucional, al ser las consecuencias de un acto administrativo, cuya legalidad debió reclamarse por la vía administrativa”.
Un problema que persiste
Sobre el problema de la tenencia de tierras, Kléver Santana —del vicariato de Esmeraldas— dice que las palmicultoras tuvieron que realizar un sinnúmero de acciones irregulares para adueñarse de las tierras. Este conflicto en Esmeraldas continúa y se incrementa en la actualidad. “El acaparamiento de tierras desplaza cada vez más zonas comunitarias. Se apoderan de la tierra ofreciendo dinero y esto se debe a la ausencia del Estado porque no tenemos grandes proyectos económicos ni sociales que hagan que la gente quiera permanecer en la zona”, explica. La única salida que tienen, según él, es vender las tierras a precios injustos y salir de allí.
En el estudio de Roa también se dice que los precios ofrecidos por las palmicultoras eran irrisorios, “por una hectárea se ofrecían desde 200 dólares y sumada la presión ‘violenta’, los habitantes accedían a vender”. Por estas razones, dice el autor, se entiende el aumento de las plantaciones entre 2006 y 2009.
Nathalia Bonilla es Coordinadora de la campaña bosques y plantaciones en Acción Ecológica —organización medioambiental— y dice que Esmeraldas siempre ha sido “muy abandonada”. En el tema de la tenencia de tierras se han violado muchos derechos territoriales de las poblaciones. Y explica que las comunidades ancestrales —negros e indígenas— tienen derecho a tener sus territorios y a que sean adjudicados de manera gratuita por el Estado. “Con el pueblo negro esto nunca se ha cumplido”. Y esto se debe, entre varias razones, a la falta de organización de los afroecuatorianos. Mientras los Awá tienen una federación mediante la cual toman decisiones colectivas en asamblea —por ejemplo no vender sus tierras a las palmicultoras— que se respetan en todas las comunidades, los pueblos negros suelen tener autonomía. Esta libertad de decisión de cada comunidad facilita la manipulación y maltrato por parte de terceros como madereras, palmicultoras o incluso el Estado.
Este texto se publicó originalmente en Mongabay Latam.
