Una serie de reportes de prensa ha puesto en duda el impacto y beneficio del programa de becas implementado en el gobierno anterior. Según una de las notas periodísticas, el gobierno ecuatoriano habrá invertido 105,6 millones de dólares en becas para estudios universitarios en el 2017 e invertirá otros 90 millones en 2018. Es cierto que al país le beneficia tener ciudadanos más y mejor educados, pero es necesario saber cuáles son los resultados de una de las políticas públicas que más atención ha llamado en los últimos años.

¿De qué sirve tener miles de másters y PhDs? Y, ya que la inversión está hecha, ¿qué se puede hacer para obtener más beneficios de ella?

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La narrativa del gobierno anterior decía que la investigación llevaría al país al desarrollo. Que para hacerlo se requerían PhDs —investigadores entrenados para contribuir el conocimiento en alguna área del saber. La universidad ecuatoriana tenía pocos, y por ello el Estado debía invertir en su formación. Es más, la política de becas debía ser un elemento adicional para ‘el cambio de la matriz productiva’. El alto precio del petróleo financió PhDs para generar investigación científica e innovación, para diversificar la economía del país, y con ello, conducir al Ecuador al desarrollo. Ese era el plan.

Sin embargo, la evidencia que tenemos hasta ahora sugiere que la política de becas no estuvo conectada con una política de diversificación productiva. A esa conclusión llega Christian Escobar en un artículo publicado en la revista Mundos Plurales. Escobar dice que las áreas de conocimiento a las que se asignó más becas no coinciden con los sectores que se debían supuestamente incentivar.

Es más, la implementación del programa de becas parece tampoco ir de la mano con parte de la política de Educación Superior actual. La ampliación del plazo para que las Universidades contraten docentes con PhD a tiempo completo (en la propuesta de reforma a la ley de Educación Superior) tampoco es consistente con un número creciente de becarios retornados y por retornar: el Estado modula la demanda de PhDs mientras que su oferta crece (gracias a un subsidio del mismo Estado).

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Si la política de becas parece desconectada de otras, ¿hacia dónde va?

Temo que nadie sabe, ni siquiera los que la dirigen. Según una noticia reciente, algunos becarios enfrentan problemas para conseguir trabajo. Es cierto, esta nota muestra algunos casos específicos, y no sabemos si existen diferencias significativas entre becarios y no becarios en el mercado laboral, si los becarios son más o menos propensos a conseguir un empleo formal, y si tardan más tiempo en encontrarlo. Pero deberíamos saberlo. Debemos conocer cuál es el retorno que ha generado este programa.

Un primer paso sería, como un grupo de exbecarios sugirió, realizar un censo. Es más, el gobierno y el país debemos estar interesados en una evaluación total del programa de becas (me fue imposible encontrar el presupuesto ejecutado en becas de los últimos años cinco años, tanto en la página web de la Senescyt como en la del Ministerio de Finanzas).

No se puede reajustar una política si no contamos con evidencia para evaluar su implementación. Es probable que una evaluación de esta política traiga algunas decepciones. Por ejemplo, un mal proceso de selección de becarios. Pero debemos transparentar los aciertos y los errores.

Una digresión sobre la investigación académica es necesaria: los investigadores contribuyen al conocimiento de un área disciplinaria o temática específica. Es obvio que para investigar se requiere investigadores. Pero lo que no es tan obvio es que con eso no basta. Además de contar con personas con conocimientos específicos, se necesitan recursos (insumos, laboratorios, software, trabajo de campo, conferencias, etc.) y experiencia. Lo que no necesita el país es un ejército de PhDs que no investigue, que esté desempleado, o inundado de horas de clase y de trabajo administrativo. Sería un torpe uso de los cien mil a quinientos mil dólares que seguramente costó, individualmente, su formación.

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Para buena suerte de las autoridades, no tienen que inventar la rueda: se puede aprender de programas similares. Colombia, Chile o México, por citar algunos casos, pueden informar a cualquier persona interesada y con acceso a Internet.

En Colombia, por ejemplo, el esquema de ayuda para estudios de cuarto nivel incluye un componente de beca y un crédito; es más, becarios pueden convertir su beca en un crédito educativo. Dependiendo de algunas condiciones, la sociedad colombiana puede obtener un mayor beneficio recuperando el dinero invertido (con intereses) que condenando a un PhD en robótica al subempleo. El retorno social es más alto en el primer caso.

En Chile, los becarios tienen un plazo de ocho años para retornar a su país: de pronto es mejor contar con un investigador con experiencia, con capacidad de aplicar a fondos de investigación internacionales, con publicaciones (relevantes) a su haber, y con una red de contactos global tras ocho años, que tener un PhD recién graduado que apenas podrá dar continuidad a su tesis doctoral, que difícilmente emprenderá proyectos de investigación de mediano plazo y que dedicará sus años de investigador de mayor productividad al trabajo administrativo y a la docencia.

El país requiere transparencia y sinceridad sobre los resultados de la política de becas. Son recursos públicos los que se han invertido en ella. La voluntad de escuchar y enderezar que las nuevas autoridades de educación superior tuvieron en otros casos también debe manifestarse en, al menos, una evaluación al programa y, sobre todo, cómo mejorarlo para que el país obtenga el mayor beneficio posible.