[dropcap]L[/dropcap]uego de una primera vuelta electoral bastante conflictiva donde la polarización social —producto del discurso político exacerbado— tensionó al país en torno a la palabra fraude, ahora se deben examinar, con argumentos, las razones por las que no votaré por el correísmo.
En mayo de 2016, el joven gerente de Petroecuador, Alex Bravo Panchano, fue detenido y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, a raíz de los Panamá Papers. Lo que el pueblo ecuatoriano nunca imaginó es que la sola detención de un hombre cercano al régimen que ha concentrado todos los poderes podría destapar una olla de grillos incontenible para el gobierno que podría llegar a enlodar hasta el actual Vicepresidente, Jorge Glas, quien aspira a un segundo mandato. A pesar de que la corrupción es innegable, no entiendo cómo después de diez años de vejaciones a los derechos humanos, lo que los ecuatorianos nos preocupa es saber si la cuenta de un funcionario estatal sumó tantos o cuantos ceros. Como opositores hemos perdido el norte y solo nos dedicamos a desacreditar a estos funcionarios y en el camino nos olvidamos de la crítica propia al régimen.
Una crítica fundamentada en la violación continua a los derechos humanos por parte del Estado y la empresa privada podría abrir un norte a legitimar una oposición que se ha diluido en las críticas.
Aquí hay tres razones —con argumentos— por las cuales no debemos votar por Alianza País en estas elecciones:
1. La minería a gran escala
De 2007 a 2012 se concretaron cinco proyectos mineros a gran escala, con concesiones dudosas y propias de procesos acelerados. Los procesos mineros metálicos fueron concesionados a empresas extranjeras: Mirador y San Carlos Panantza, a la empresa de capital chino ECSA (Ecuacorrientes S.A.), Fruto del Norte a la empresa canadiense Kinross Gold, Quimsacocha a la canadiense INV Metals y Río Blanco a la empresa china Junefield.
En una simple lectura a estos procesos extractivos se encuentran varias violaciones como: no se exigió la ampliación de estudios de impacto ambiental, no se exigieron programas y presupuestos anuales para remediación por posibles contingencias, se pasaron por alto los procesos de consulta previa, libre e informada a favor de las nacionalidades indígenas cuyos territorios están siendo afectados. La falta de consulta previa y estudios de impacto ambiental violan los derechos humanos de las poblaciones que residen en el sector, y desde el punto de vista ambiental, oenegés han advertido sobre la contaminación y sus consecuencias directas para los ecosistemas biodiversos del Ecuador.
No son solo falencias administrativas sino de graves violaciones a los derechos humanos propugnadas por el afán de lucro de empresas extranjeras con la anuencia de un gobierno que se ha disfrazado de progresista para esconder un discurso extractivista.
2. La criminalización de la protesta
El diez de febrero de 2015 la Federación Internacional de los Derechos Humanos emitió y socializó un informe sobre la criminalización de la protesta social en Ecuador. De acuerdo a esta organización internacional: “Empresas y el Estado Ecuatoriano han procesado penalmente a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que legítimamente protestaban por la defensa de sus derechos y sus territorios”.
El informe se centra en tres casos particulares de líderes comunitarios que fueron sometidos al fuero penal para ser acallados y neutralizar su causa justa:
El primero es Javier Ramírez cuya historia inspiró el documental del cineasta ecuatoriano “Pocho” Álvarez: “Javier con Í de Íntag”. En 2014 Javier y su hermano, líderes de la comunidad de Junín —en la zona minera de Íntag en la provincia de Imbabura— se opusieron a la explotación minera de cobre y molibdeno por parte de la Empresa Nacional Minera, el resultado: diez meses de prisión preventiva, un proceso penal por “rebelión”, y una condena por el mismo tiempo, que permitió a Javier y su hermano salir libres el mismo día de la emisión de la sentencia, descontando el tiempo que estuvieron detenidos en prisión preventiva.
José Acacho, asambleísta nacional y líder indígena, participó en el 2009 en las protestas indígenas en contra de la Ley de Aguas y la Ley de Minería. Fue condenado a 12 años por el delito de terrorismo y como era asambleísta tuvo la posibilidad de que su medida de prisión preventiva se sustituya y estuvo libre hasta que se resuelva la última instancia de casación.
Manuel Trujillo, líder y presidente de la comunidad San Pablo Amalí, en la provincia de Bolívar, se opuso a la construcción de la Central Hidroeléctrica San José de Tambo. Fue procesado treinta ocasiones entre 2007 y 2008 por delitos como sabotaje, terrorismo y rebelión, y recibió una amnistía. Sin embargo, muchas de las causas en su contra siguen vigentes.
3. La violencia contra la mujer desde el espectro estatal
No voy a referirme a las continuas manifestaciones de machismo en las sabatinas presidenciales, sin embargo, el ejercicio continuo de dominación ha sido claro en estos diez años de gobierno.
La mayoría de víctimas por los desplazamientos para construir los proyectos extractivistas son mujeres. Rosa Ware, indígena shuar de 91 años, fue desplazada de su tierra: fue engañada por un mestizo quien usó una huella digital falsa para obtener las escrituras de compraventa del terreno de Ware, vendió estas tierras a Ecuacorriente S.A., y ante la resistencia de la familia de Ware a abandonar el hogar, la minera quemó la casa de Rosa y obligó —con violencia— a su familia a desalojar. Ahora residen en una quebrada, bajo una lona de 7 metros cuadrados.
Durante años la lucha de las mujeres en el Ecuador por el reconocimiento de su sexualidad y el derecho a decidir sobre su cuerpo fue opacada en un acto de violencia estatal legal y legítima: la emisión de un Decreto Ejecutivo que creó Plan Familia, un programa de supuestamente salud sexual que procura evitar el embarazo infantil con la abstinencia. El sexo como un tabú es una nueva forma de violencia contra la mujer. Esas mujeres que esperaban con ansia la regulación penal que elimine la criminalización del aborto y que se empiece a empoderar a la mujer sobre sus decisiones recibió una bofetada con la regulación más retrógrada sobre educación sexual que ha visto el Ecuador desde el retorno a la democracia y la expedición del Código Penal de 1979.
Lo cierto es que la violencia que genera que la mujer sea la única que no tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo debe ser el aliciente para que todas ellas se unan en contra de un régimen que, de un plumazo legislativo presidencial, pretende tirar toda la carga de la educación sexual en la mujer. Algo que llama la atención es que la coparentalidad adolescente no está dentro de la agenda gubernamental porque para este gobierno, al parecer, la mujer se embaraza sola, como una suerte de Virgen María.
Estos tres argumentos son un ejemplo de cómo la oposición podría abordar, de una manera más legítima, las críticas al régimen. El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador menciona los derechos de libertad de los ciudadanos ecuatorianos. Todos estos derechos humanos han sido violentados por el gobierno del presidente Rafael Correa.
En varios ámbitos de la política pública, los intereses de empresas extranjeras y clericales han primado sobre el respeto a los derechos humanos, sin que tengamos mayor posibilidad de tener consciencia de las verdaderas acciones de este régimen.
Hay que hacer un mea culpa y entender que la información que consumimos a diario no es suficiente ni objetiva porque yo sí me pregunto: ¿Vale la pena hacer oposición tildando a las autoridades de Petroecuador de corruptas? Me respondo: mientras Javier, José y Manuel sigan siendo procesados por defender los derechos colectivos, mientras Rosa Ware, a sus 91 años, siga viviendo en una quebrada y mientras los indígenas de nuestro país sigan siendo vulnerables a las políticas extractivistas capitalistas e indiscriminadas, lo que menos debería importarnos (o al menos importarnos menos) son las cuentas de CAPAYA o CAPACO, curiosos acrósticos para la corrupción de hoy en día.
