En una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de abril, los habitantes aún no tienen una solución de vivienda

A las ocho de la mañana en San Roque, un barrio en una loma al noroeste de Bahía de Caráquez —en Manabí—, tres señoras preparan el desayuno en una esquina de la plaza. Desde hace seis meses tienen ese pequeño negocio bajo un techo de zinc sostenido por unas columnas de madera: veinte días después del terremoto de 7.8 grados, las vecinas instalaron una cocina y una mesa con bancos, para vender comida y ganar algo de dinero. De la plaza —una gran cancha de cemento donde se hacían fiestas y conciertos—, no queda casi nada porque la noche del 16 de abril, luego del terremoto, se instaló el Albergue San Roque. La primera noche durmieron ahí más o menos mil personas de diferentes barrios cercanos quienes temían que haya un tsunami. A los pocos días, los vecinos se fueron a sus barrios y ahora, seis meses después, es un conjunto de carpas plásticas y refugios provisionales de duratecho (acero revestido con aluminio y zinc) donde viven 74 familias que perdieron su casa en el sismo. Es un albergue “no oficial” construido por los mismos habitantes con donaciones privadas.

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Además de las carpas —de esas para acampar—, hay otras improvisadas con palos de madera que sostienen plásticos —que sirven de techo— para protegerse de la lluvia o del sol, baños portátiles, tanques para recoger el agua que deja el tanquero, cobijas colgadas y perros callejeros paseando. Las carpas están organizadas en filas y columnas que juntas forman un cuadrado y dejan un espacio libre en el centro donde unas niñas montan bicicleta. Ahí todos los domingos la presidenta del barrio, Yesenia Pallaroso, organiza el “día de la familia”, se disfraza de payaso y hace un show para los niños del albergue. Desde el terremoto, Pallaroso es coordinadora del barrio. Asumió ese cargo para poder entregar en orden las donaciones que llegaban desde otras ciudades del país y ahora coordina trámites para que la vida no resulte tan difícil. Hace poco ayudó a que los moradores del barrio que no tenían cédula, la saquen, a través de una gestión con ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), también ha contactado a la Policía de Bahía para que dé seguridad al barrio, y consigue juguetes para los niños. La semana pasada le regalaron veneno para ratas (por la falta de agua y las condiciones insalubres de los baños tuvieron una invasión) y pronto irá al Municipio a buscar agua porque el tanquero no ha ido desde hace una semana. La señora morena y de piel brillosa, recorre el albergue mientras algunos la saludan sonriendo. Los moradores parecen estar tranquilos, pero Yesenia dice que están preocupados. “Aún estamos en las calles, estamos con plásticos, con carpas y tenemos miedo. Ahora sí tenemos miedo, porque se viene la lluvia, sabemos que va a ser bien fuerte”. Yesenia cree que el fenómeno de El Niño llegará pronto y teme porque ni ella ni sus vecinos tienen una vivienda que resista las fuertes lluvias.

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Aunque en San Roque nunca se instaló un refugio oficial del Gobierno, los moradores dicen que sí han recibido visitas de funcionarios como Carlos Bernal, el secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva (creado por el gobierno después del terremoto para organizar la reconstrucción) y Patricio Tamariz, delegado de esa Secretaría. Sin embargo, según Yesenia, el “proceso de la reconstrucción está complicado”, porque las autoridades dicen que la loma es una zona de riesgo pero los moradores no quieren salir de sus barrios. El plan de reconstrucción del gobierno está dividido en tres etapas: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Además de atender a las primeras víctimas y de remover los escombros de los edificios que se cayeron, en la etapa de emergencia se incluyó el proceso de “semaforización”. Todos los inmuebles de la costa fueron categorizados según el estado de su estructura: rojo —inseguro—, amarillo —uso restringido— y verde —sin daños. En esta etapa el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) definió si un edificio debía demolerse o no. En Bahía se calificaron 487 edificaciones como inseguras (roja), 263 como restringidas (amarilla) y 111 sin daños. A San Roque también llegó esa semaforización.

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Frente a San Roque, también en una loma, están los barrios de María Auxiliadora y La Cruz donde se cayeron 115 casas, y donde las que aún están paradas, ya tienen también su etiqueta-semáforo. Aunque en los tres barrios algunos hogares tienen la etiqueta verde, también hay muchas con la amarilla y roja. Es decir, son inseguras. Las amarillas indican que el uso está restringido porque, aunque hay daños, estos no son estructurales, pero las réplicas podrían aumentar esos daños. Las rojas prohíben el ingreso y ocupación del inmueble, por daños en la estructura, y advierten que el ingreso puede provocar lesiones y hasta la muerte. Centinela, uno de los tres edificios de 7 pisos en la loma, es el único que sigue en pie pero tiene etiqueta roja.Si sus dueños quisieran demolerlo, el proceso para hacerlo también requería un trámite: luego de que el MIDUVI determinó el estado de cada inmueble, los dueños deben denunciarlo como inseguro ante su municipio (hasta el 16 de octubre) para así autorizar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a demolerlo. Si es que los dueños de un inmueble no están de acuerdo con la etiqueta del MIDUVI, para obtener el permiso de reconstrucción, deben presentar ante el Municipio los estudios de que su edificio estructuralmente está bien. Sin embargo, si el edificio está en una zona de riesgo, no les darán un permiso de reconstrucción.

En María Auxiliadora, junto a una calle de tierra, en la parte alta de la loma, hay otro refugio “no oficial” con casas de duratecho. “Después del terremoto, pasamos casi un mes durmiendo en la tierra, tapados con plásticos”, dice Fanny Lucas, una bahiense que perdió su casa que estaba en lo más alto de esa loma. Ahora es un terreno, donde aún quedan pocos escombros. Desde entonces vive en esos refugios provisionales, pero no sabe hasta cuándo. “En el terremoto del 98, pasamos un año así”. Ella quisiera construir una casa en su lote, pero dice que los funcionarios del gobierno advierten que es zona de riesgo: “se matan diciendo que las lomas no son vivibles, pero no se sabe nada. Hay mucha gente que está construyendo su casa de caña a pesar de eso”. La gente en Bahía está confundida y necesita información clara.

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Los moradores de los barrios San Roque, La Cruz y María Auxiliadora están esperando un informe oficial del gobierno (que, según Tamariz, les entregarán en un par de semanas) que les indique si están en zona de riesgo, si sus terrenos son habitables y si va a empezar un proceso de reconstrucción allí o van a ser trasladados a otros barrios. Para ser parte de ese proceso —la segunda etapa del plan del gobierno— debían acercarse a las sedes distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) e inscribirse como damnificados, hasta el treinta de junio de 2016. Solo así podrían recibir los beneficios del gobierno que también dependen de tres situaciones: la primera es si la persona perdió parte de su casa y esta se puede recuperar, el gobierno entregará un monto máximo de cuatro mil dólares para los arreglos, y el propietario cubrirá un 10% del costo total (siempre y cuando el terreno esté a su nombre). La segunda es si la persona perdió toda su casa pero es dueña del terreno en una zona rural, el gobierno le entregará una casa de diez mil dólares, de los cuales pagará nueve mil y el propietario, mil. El dueño tiene un año de gracia, y después empieza a pagar “como 26, 27 dólares mensuales, hasta completar mil en tres años”, explica Patricio Tamariz, delegado del gobierno para la reconstrucción. La tercera opción, si las casas están en zona de riesgo —donde ha habido sismos y esos sismo han causado destrozos—, como San Roque, La Cruz y María Auxiliadora, “los terrenos son permutados y básicamente te dan una casa nueva que son de diez mil dólares más IVA”, dice Tamariz. Es decir, la nueva vivienda se cambia por el terreno, sin ningún pago adicional. Pero esa casa nueva es en un barrio de otra zona. Por ejemplo a Sonia Yepes, coordinadora de María Auxiliadora, le ofrecieron una en Acuarela II, una ciudadela a cuatro kilómetros de Bahía, en Leonidas Plaza. Por eso los vecinos de San Roque, María Auxiliadora y La Cruz no quieren salir de sus barrios. Desconfían de las autoridades porque no tienen información suficiente: “Nadie se ha apersonado de decirnos esto es lo que va a pasar. Dicen que no hay ayuda para esta zona, que es zona de riesgo”, cuenta Sonia. La señora dice que cuando preguntan por los estudios del terreno, le dicen que la próxima semana estarán, y se queja porque llevan varios meses en esa situación. Fanny Lucas, que perdió su casa en lo más alto de la loma de María Auxiliadora cree lo mismo: “En el colegio de mi hijo le dicen: si llega a pasar algo parecido a lo que pasó y viene un tsunami, tienen que correr a las lomas… Pero de las lomas nos sacan, entonces no se entiende qué es real, en qué quedamos”. A esta incertidumbre se suma la difícil situación que ya vivía Bahía antes del terremoto: muchos no tienen dinero, trabajo, ni cuentan con las escrituras del terreno (porque se han perdido o porque eran terrenos de familiares y no las encuentran) para aplicar a los bonos del gobierno. Bruno Roque dos Santos, párroco de la Iglesia de la Merced de Bahía, cree que “el problema es que se habla mucho del informe (del terreno, para saber si realmente es zona de riesgo) pero nadie lo ha visto… Que desde el área de gestión de riesgo, del gobierno municipal o del organismo de la reconstrucción, digan de una vez, a través de estudios con geólogos, con la autoridad competente, si se puede o no se puede vivir (en estas zonas de riesgo)”. Él coordina un proyecto para construir Bahía con casas de caña guadua, con donaciones de ciudadanos de Quito y Guayaquil y con los fondos de su congregación. Pero sin los análisis del terreno, no podrán entregarlas en esos barrios.

Según Tamariz, delegado del gobierno, cada vez son más los moradores que están saliendo de las zonas de riesgo para asentarse en nuevos barrios, a pesar de que al principio estaban reacios porque no sabían si la oferta era verdadera. El funcionario dice que hay mucha gente apuntada a los bonos de reconstrucción y todos los días aumenta ese número: según un reporte del MIDUVI, en el cantón Sucre (al que Bahía pertenece) han entregado 1332 incentivos para reparación de vivienda, 1974 para construcción de vivienda en un terreno propio y 294 para vivienda nueva en un terreno urbanizado por el estado. “Por ejemplo en Acuarela II, hay estos bonitos dúplex, tipo apartamentos, cuatro en un solo bloque. Ya están terminados y ya hemos entregado a las primeras 40 familias del primer albergue oficial (el que el gobierno instaló en la terminal terrestre de Bahía, un mes después del terremoto). Para mediados de diciembre se entregarán las casas a otras 168 familias”, dice Tamariz. Sonia Yepes, de Maria Auxiliadora, conoció uno de los duplex y dice que no viviría con otras tres familias, pues el cambio de casa es para siempre, no temporal. Ella tiene su terreno y prefirió construir ahí (aunque le dicen que es zona de riesgo), una casa de caña guadua donde vive actualmente.

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Mientras los pobladores de las faldas del cerro de María Auxiliadora han hecho lo mismo que Sonia o han arreglado sus casas con caña, en San Roque no pueden hacer eso. El terreno donde ahora están instalados —la plaza— y donde les ofrecieron que serían sus nuevas casas, es del municipio, no tiene un dueño privado. Según el sacerdote, quedan tres meses para solucionar la situación de estos tres barrios porque si llega el invierno —y con él, lodo, mosquitos y enfermedades— la catástrofe puede ser peor. Sin un informe concreto y real, no habrá un cambio en el pensamiento de los bahienses. “Ya sabemos que todo Bahía es zona de riesgo como ellos dicen, pero aquí nos quedamos”, concluye Yesenia, de San Roque.