Profundidad

De la judicialización de la política a la politización de la justicia

¿Qué hay detrás la condecoración de Rafael Correa a Cristina Fernández?
  • Cristina Fernández de Kirchner condecorada en Ecador

    La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira, aplaude mientras la expresidenta argentina, Cristina Fernández, muestra la condecoración que recibió Fotografía de Agencia de Noticias ANDES bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0

El 5 de abril de 2016 fue apresado el empresario argentino Lázaro Báez, sospechoso de evasión tributaria y lavado de dinero. De acuerdo a las investigaciones de más de 40 expertos contables del gobierno argentino, Báez y su familia son dueños de aproximadamente 212 propiedades a lo largo de toda la Argentina, incluyendo tres estancias de gran extensión en El Calafate, en la región austral de la Patagonia, muy cerca al glaciar Perito Moreno, uno de los más grandes del mundo. Lo dicho no es más que un breve resumen del poder económico que ostenta Báez, uno de los mayores empresario de su país y, de paso, mejor amigo del fallecido presidente Néstor Kirchner y de su esposa, la también exmandataria, Cristina Fernández, líderes de la facción más popular del Nuevo Peronismo, cuyo partido lideró los destinos del país del sur por aproximadamente diez años. La justicia argentina sospecha que Austral Construcciones, empresa de Báez, recibió contratos por más de ocho mil millones de dólares americanos durante los últimos tres años del mandato de Fernández (que terminó en 2015). Sería sólo la punta del ovillo en el enmarañado mundo de corrupción que envuelve al kirchnerismo. La expresidenta se encuentra procesada por el juez federal Claudio Bonadio, acusada de vender dólares, anticipando la devaluación que ella mismo propició. Su hija mayor, Florencia, está procesada por guardar aproximadamente cinco millones de dólares en cajas de seguridad cuya procedencia hasta ahora no ha podido justificar ante los tribunales.  Por si lo relatado no fuese suficiente para determinar la existencia de la, ya famosa, red de corrupción kirchnerista, en julio de 2016, José López, ex Secretario de Obra Pública, cercano a Fernández, fue descubierto por la Gendarmería Nacional cuando pretendía ocultar cerca de nueve millones de dólares en efectivo dentro de un convento en las afueras del Gran Buenos Aires. Pero todo esto se explica, según Rafael Correa por la judicialización de la política, lo ha dicho públicamente, en respaldo a la señora Fernández. Es un discurso predecible: viene de alguien que ha propugnado, o preferido, la politización de la justicia desde todos los espacios posibles.

Correa ha sistematizado su vocación. El internacionalista Otto J. Reich y el periodista Ezequiel Vázquez escribieron en 2012 en la revista Foreign Policy un artículo sobre cómo destruir el sistema judicial en tres simples pasos. Señalaban al Presidente del Ecuador como el autor de la devastación del aparato de justicia del país. Reich y Vázquez dicen que el referéndum de mayo de 2011 —que permitió reestructurar la Corte Suprema de Justicia— avaló la llegada de funcionarios muy cercanos al régimen correísta al más alto tribunal ecuatoriano: 14 de los jueces elegidos —de un total de 21— tienen vínculos directos con el Ejecutivo. Los pasos explicados por Reich Y Vázquez para la apropiación judicial eran: dominar, a través de los mecanismos de selección, los procesos para la elección de jueces y funcionarios judiciales; elegir jueces y funcionarios cercanos al régimen, allegados a un Consejo de la Judicatura, dominado, de igual manera por el ejecutivo; y, legitimar la reforma judicial a través de una veeduría internacional encabezada por  el juez español anti-genocidas Baltasar Garzón. A cinco años de esas maniobras, el presidente Correa pretende quitar legitimidad a las actuaciones judiciales argentinas, desde la única lupa que tiene (y entiende) para mirar el aparato judicial: la del dominio. Para él es inconcebible que la Justicia juzgue al Ejecutivo (o sus amigos y allegados), le sorprende y molesta.

En Ecuador la cuestión judicial no camina. Organismos internacionales han criticado el excesivo ejercicio de poder del Ejecutivo sobre los organismos judiciales. No hacen falta mayores referencias: hace pocos días una Jueza de Primera Instancia declaró al Presidente como la máxima autoridad militar con el afán de juzgar al capitán Edwin Ortega, un militar que se atrevió a responderle un mail a Rafael Correa. Para el gobierno ecuatoriano la independencia judicial no existe. Todo aquel que pretenda enseñarle cómo funciona es acusado de imperialista o miembro del Nuevo Plan Condor.

La realidad es mucho más preocupante que las teorías de conspiración del Presidente. En 2014 tres distintas instituciones de diferentes países, la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Estudios de Derecho y el Instituto de Defensa Legal realizaron un estudio sobre los procesos judiciales en el Ecuador. Su  conclusión fue que el Ejecutivo presiona a los jueces para obtener decisiones favorables dentro de los juicios de relevancia política o interés partidista. La presión se realiza a través del Consejo de la Judicatura, órgano de control, conocido por abrir sumarios administrativos y destituir a jueces que fallan en contra del gobierno o de Alianza País, el partido de gobierno.

Tal vez sea esta la razón por la cual al presidente Correa le cuesta entender que Cristina Fernández está procesada y no debería ser condecorada por la Asamblea del Ecuador. Definitivamente nadie se hubiese atrevido a condecorar a Berlusconi, Jefe de Estado italiano, mientras era juzgado. Pero el Ecuador tiene pantalones y poco le importa legitimar a un régimen corrupto a través de un acto solemne, orquestado para provocar al pueblo argentino y su gobierno de turno.

En su discurso, Correa  afirmó que Cristina cuenta con su confianza, respeto y cariño. No es fácil para él, que domina los estamentos judiciales, comprender que los mandatarios (sea Dilma o el Primer Ministro de Islandia) o ex Presidentes (como Cristina) también son sujetos de sanción judicial, pueden ser procesados y juzgados: para eso existe la institucionalidad jurídica de las naciones. Sin embargo, la Asamblea Nacional del Ecuador condecoró a Cristina. Un acto repudiable para cualquier que crea en la independencia judicial.

En Ecuador hemos perdido la capacidad de juzgar a quién está en el poder. La independencia judicial nos ha sido arrebatada y por eso nos permitimos, inocentemente, a través del gobierno de turno, apoyar y condecorar a quienes están siendo juzgados en otros países. ¡Qué ilusos y qué audaces! Porque acá en Ecuador lamentamos que Cristina Fernández sea una víctima de la judicialización de la política, sin embargo todos los ecuatorianos somos víctimas de la politización de la justicia.

(Ecuador, 1985) Abogado contrariado con la ley. Aprendiz de escritor. Buscando, a través de la ética kantiana, la paz perpetua para el ser humano.