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Hoy, mañana, en una semana, miles de ciudadanos cubanos se irán de Ecuador cargando el dolor que supuso pasar por este país de puertas abiertas y de corredores hostiles. Aunque es imposible saber cuántas personas viven en el Ecuador sin un estatus migratorio regularizado, un importante porcentaje proviene de Cuba. El operativo de expulsión colectiva que el Ministerio del Interior puso en marcha en julio de 2016 (en el que se desalojó el campamento formado en el parque El Arbolito de Quito y detuvo a 151 cubanos y expulsó del país a 122) fue una clara muestra del despliegue del poder punitivo que el Estado ejerce sobre los migrantes irregularizados. Si bien el espectáculo de control montado logró criminalizar a la población cubana, intimidarla y sembrar miedo, no resolvió el problema de los flujos migratorios en absoluto: persiste la presencia de población extranjera en condiciones de irregularidad y precariedad en el Ecuador. Expulsaron a 122, pero quedan miles. ¿Van a seguir con estos espectáculos lúgubres?

Ninguna persona es ilegal. Cuando nacemos, adquirimos una nacionalidad que no hemos pedido pero que es forzosa por suelo o por lazos de sangre. Nacemos con lazos, pero no con raíces. La historia de la humanidad es la historia de la migración. Es el movimiento, que nos lleva a buscar alimento, calor, amor o vida, cerca o lejos. La historia de la humanidad es la historia del paso de fronteras, del cambio de lenguas, de la escucha de otras voces, de palabras distintas, de acentos múltiples. Es la historia, también, del cierre de caminos, del levantamiento de muros, de los confinamientos a quien es diferente.

El ímpetu humano del movimiento es siempre anterior al control. El control del movimiento de las personas ocurre después de la movilidad. La gente se mueve porque quiere, porque sueña en una vida mejor o porque de ello depende su vida, pero nos detienen. Nos detienen los Estados, las leyes, las sanciones. Las personas no son ilegales, pero sí irregularizadas por los Estados, convertidas en extranjeras, en indocumentadas. No es el adjetivo, sino el participio: alguien más nos convierte en irregulares. De ahí que sea fundamental desnaturalizar la irregularidad para comprender que no existe la gente ilegal. La irregularidad migratoria es un cerco que el Estado nos impone pues produce sobre nosotros una condición a partir de nuestros desplazamientos.

Ecuador es un país de emigrantes. ¿Quién no tiene un pariente en España, Italia, o en Estados Unidos? ¿Quién no ha recibido remesas? ¿Quién no ha obtenido una beca para estudiar en otro país? ¿Quién no se ha movido dentro o fuera de estos poco más de doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados? Ecuador ha expulsado masivamente a su gente a otros países. Los ecuatorianos se siguen yendo, y otros no quieren volver, o no pueden. Para llegar a destinos como Estados Unidos intentamos cruzar hasta siete fronteras al Norte, hasta tres veces en la vida. Ahorramos, vendemos lo que tenemos, contratamos coyotes para llegar al país de destino. La historia del Ecuador contemporáneo es la historia de ese movimiento vital: migrantes que muchas veces son detenidos, deportados, y que a la vez han sostenido la economía de este país. Los migrantes irregularizados en Ecuador son nuestro propio espejo —quizás por eso no los queremos reconocer. Colombianos, peruanos, cubanos, haitianos, chinos, venezolanos y africanos de distintos países, por nombrar algunos. En el país también viven refugiados, 56 mil reconocidos y otros 150 mil solicitantes de refugio, la mayoría de origen colombiano, pero también del resto de América, África y Asia. Todos llegan a Ecuador en busca de un sueño, una casa o un lugar seguro y, al igual que los ecuatorianos, esquivan barreras para poder pasar o quedarse. 

Sin embargo, parecería que aquí hay nacionalidades de primera y segunda clase. Ciertos pasaportes, acentos y orígenes son vistos como más prestigiosos que otros. Por ejemplo, mientras un inglés-francés puede nacionalizarse y trabajar como canciller en Ecuador sin problema, cientos de haitianos, cubanos, africanos, deben hacer frente a restricciones cada vez mayores. La política de visado selectivo, el nuevo costo de visas y los requisitos impuestos se traducen en imposibilidades con efectos reales en la vida de los migrantes. El caso cubano es un claro ejemplo. Desde mayo de 2015, no se pueden legalizar títulos universitarios de cubanos en el consulado de Ecuador en La Habana ni ante la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt), la autoridad competente en Ecuador. Dicha medida ha impedido que los cubanos en Ecuador puedan regularizar su situación migratoria u optar por un trabajo en condiciones dignas, como lo ha denunciado Pocho Álvarez en esta pieza documental

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La expulsión de migrantes cubanos de julio de 2016 revela, por otro lado, algo mucho más grave: la subordinación del poder judicial al ejecutivo y la flagrante violación de la Constitución. Seis graves hechos confirman esta situación. Primero, el operativo del 6 de julio no fue un control migratorio. ¿De cuándo acá los controles de ese tipo se llevan a cabo en la madrugada, con francotiradores apostados cerca, brigadas caninas, decenas de elementos policiales, unidades antimotines, carros antimotines y drones de vigilancia? ¿De cuándo acá en un control migratorio no se revisa documentos y arbitrariamente se detiene a todos? ¿Desde cuándo en un control migratorio se detiene a menores de edad, se pone a niños en la cárcel? 

Segundo: el incumplimiento del plazo legal de 24 horas para resolver las solicitudes de habeas corpus. Hábeas corpus significa “tú tienes el cuerpo” y nadie puede privar a ese cuerpo de libertad física ni de movimiento. Este recurso sirve para prevenir la detención arbitraria de las personas, que tienen derecho inmediato de ser llevadas ante un juez. Aun cuando la solicitud de habeas corpus fue presentada el 6 de julio, la resolución judicial fijó audiencia para una semana después: el martes 12 de julio, cuando 70 cubanos ya habían sido expulsados del país, se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal de Garantías Penales. Fue una clara violación de nuestra legislación: las personas a quienes supuestamente se llamaba a la audiencia ya habían sido expulsadas mucho antes.

Tercero: la negativa de los jueces de aprobar el pedido de habeas corpus y otorgar la libertad a los detenidos. Aun cuando las sentencias de audiencias previas dictaminaban la libertad de muchos ciudadanos o la posibilidad de que solicitaran refugio, los jueces las negaron. Por un lado, se irrespetó la resolución 006 del Consejo Consultivo de la Política Migratoria del Ecuador que habilita un proceso de regularización hasta octubre de 2016 a aquellos extranjeros que hayan ingresado al país hasta noviembre de 2015. Por otro, de manera anticonstitucional, basándose en una ley de 1971, de la dictadura, se elevó a consulta ministerial la decisión de deportación. La palabra final pasó a manos del Ministerio del Interior, en la persona de Diego Fuentes Acosta, viceministro. Él decidió sobre la vida de decenas de personas.

Cuarto: la violación del debido proceso en las deportaciones ejecutadas los días 10 de julio 2016 y 13 de julio de 2016. Los abogados de las personas afectadas no fueron notificados de las sentencias y por tanto no pudieron hacer uso de su derecho a impugnarlas. Quinto: la violación del principio constitucional de unidad familiar. Se dieron casos de separación de cónyuges, padres, madres e hijos, e incluso padres cubanos con hijos ecuatorianos y parejas en unión libre. 

Sexto: aun cuando se sostuvieron audiencias de deportación individuales, los argumentos de los jueces y el proceso de detención dejan al descubierto un procedimiento de expulsión colectiva. Por ello, los abogados defensores han acusado al Estado ecuatoriano de crímenes de lesa humanidad: según el Estatuto de Roma, el desplazamiento forzoso es un crimen contra toda la humanidad porque atenta selectivamente contra la integridad de ciertos colectivos. En las dos guerras mundiales, durante las marchas forzadas de comunidades indígenas enteras en Estados Unidos, como la infame long walk de los navajos, en el inenarrable genocidio armenio, hubo desplazamientos forzados: judíos, indígenas, civiles. Estos son los antecedentes de las expulsiones masivas de personas. Las han cometido los regímenes más tenebrosos de la historia, como el nazismo. Por eso en el derecho internacional, estas expulsiones han sido condenadas y descartadas. Nosotros, en pleno siglo veintiuno, no hemos descartado este crimen, lo acabamos de cometer.

El Estado ecuatoriano demuestra que ser un sin papeles es ser un sin derechos. Se ha sentado un precedente nunca antes visto: una persona en proceso de regularización puede ser arbitrariamente detenida y expulsada. Esto criminaliza de manera definitiva la movilidad humana en el país de las puertas abiertas y de la ciudadanía universal. 

En diciembre de 2015, Xavier Lasso, entonces canciller subrogante, explicó que se volvió a imponer el visado para ciudadanos cubanos para frenar las redes de tráfico de migrantes a Estados Unidos y proteger sus derechos humanos. Una excusa de enorme pobreza argumentativa. En realidad, se trata de la presión impuesta sobre el Estado ecuatoriano por algunos países de Centroamérica y México frente a su política de puertas abiertas, tan pobremente administrada. En noviembre de 2015, tras una reunión en San Salvador en el contexto de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde se criticó fuertemente a Ecuador, el Estado ecuatoriano se vio obligado a endurecer unas medidas que reflejan, además, una crisis regional. De ahí que este último discurso de Long, Correa y los responsables de este operativo insista en que el violento y espectacular desalojo fue un control migratorio. Imponer una visa no significa que los ciudadanos cubanos dejarán de venir. No importan las barreras, las personas siguen moviéndose y ya se movían, ya vivían en Ecuador a inicios de año. Cuando lo importante es garantizar los derechos de estas personas mientras están aquí, el gobierno balbucea evasivas, se lava las manos y no tiene capacidad de respuesta. 

Los migrantes cubanos que fueron violentamente expulsados no entraron por la ventana, como lo ha dicho el migratólogo del correísmo Jacques Ramírez. Quienes llegaron a Ecuador entraron por la misma puerta abierta por la que entran todos, pero en el camino esa puerta se les cerró en la cara. Sobre ellos cae el estigma de la persona irregularizada por los Estados: no pudieron acudir a ninguna instancia, ningún organismo internacional los consideró de su competencia y el Ministerio del Interior los acorraló al punto de provocar abortos espontáneos, mantener bebés en la cárcel y separar familias. Ecuador ha demostrado que para su Estado, ser un sin papeles es ser un sin derechos. Otro precedente gravísimo se ha sentado en este país: una persona en proceso de regularización no tiene derechos, no puede iniciar ningún proceso, está desprotegida.

Medidas como las que ha tomado el Ecuador contribuyen, además, a globalizar los efectos de la desigualdad. La gente va a seguir llegando, y las expulsiones masivas no pueden justificarse ni deben repetirse. Si bien es cierto que la Ley estadounidense de Ajuste Cubano es un imán que atrae a cubanos y que promueve tránsitos de todo tipo, bajo ningún punto de vista puede ser tomada como la causa que explique o justifique lo sucedido en el Ecuador. El canciller Guillaume Long ha querido desviar la responsabilidad del Estado ecuatoriano a Estados Unidos, en particular a la existencia de esa ley. Desviar la responsabilidad estatal es inaceptable, más aún cuando otros gobiernos de la región, ante la así llamada crisis migratoria cubana, sí respondieron apegados a lógica de derechos. En diciembre de 2015, Costa Rica resolvió la situación de nueve mil cubanos varados en su territorio negociando con los gobiernos de la región para crear un puente aéreo hasta México, habilitando el tránsito al Norte de esos miles de cubanos. En abril de 2016, Panamá tuvo que hacer frente a la misma situación para dos mil ciudadanos cubanos. El gobierno panameño habilitó una salida similar. Extrañamente, solo el gobierno de Ecuador ha desplegado toda su fuerza para dar salida a un grupo mucho más pequeño. ¿Por qué el país de la libre movilidad y la ciudadanía universal responde con tal violencia?  

Esto también muestra la irresponsabilidad o conveniencia de mantener vigente una ley caduca que del régimen dictatorial como es la Ley de Migración de 1971. Una de las promesas de campaña del proyecto político de Rafael Correa en 2006 fue reformar el marco legal migratorio de nuestro país. En el primer plan de gobierno que presentó se incluyó una sección entera al respecto: decía que buscaría asegurar la vigencia plena de los derechos humanos tanto de los emigrantes ecuatorianos en el exterior, como de los refugiados e inmigrantes en el territorio nacional. La vigencia de Ley de 1971 pone en entredicho el cumplimiento de ese plan y evidencia que la política migratoria se ha vuelto cada vez más restrictiva, apoyada en un discurso de seguridad y soberanía, donde la lógica del control y la sospecha mecánica sobre el otro priman sobre los derechos humanos más básicos. 

Esquizofrenia estatal: a pesar de que el marco constitucional ecuatoriano es ampliamente progresista en materia migratoria, la ley que sigue amparando el accionar estatal data de hace cuatro décadas y nada tiene que ver con derechos humanos, más bien es una ley basada en el control y la seguridad. Han transcurrido ocho años desde que se aprobó la nueva Constitución y hasta la fecha la Ley de Migración no se ha reformulado. Este marco legal es el que avaló la actuación del viceministro Fuentes y la expulsión masiva en unos vuelos militares de la vergüenza. ¿Dónde quedó el estado de derecho? ¿Qué implicaciones tiene este hecho en la vida cotidiana de los que vivimos en este país? El sistema de justicia en Ecuador quedó suspendido y supeditado al ejecutivo. Si algo nos pasa a cualquiera de nosotros en este país, no tendremos a quién acudir. Hoy fue la población cubana, ayer fueron los dirigentes indígenas criminalizados por protestar. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. 

Somos un país de emigrantes, pero no hemos aprendido a reconocernos en el otro, en el que llega. Desde sus instituciones, el Estado genera rechazo hacia las poblaciones extranjeras, provoca miedo y un prejuicio pavoroso del otro, lo que refuerza el carácter xenófobo de nuestra sociedad. A la vez, nos rehusamos a aprender del otro, a llenarnos de su experiencia, su voz y sus historias. Aceptamos el odio y aceptamos que las personas pueden ser ilegales. Con ello, aceptamos el discurso de seguridad, y legitimamos las acciones violentas del Estado en contra de los migrantes: el otro es peligroso, por lo tanto lo encerramos y lo expulsamos. Es urgente rechazar esas prácticas estatales y reconocer a todos esos otros como parte de nosotros. No podemos tolerar más leyes obsoletas, violencias legitimadas estatalmente, expulsiones masivas, detenciones, desapariciones.  

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Esas 122 personas expulsadas de Ecuador tenían familias, sueños, vidas, voces, desafíos, redes de afecto. Cuando sus pasaportes, títulos, cartas familiares, álbumes, cayeron por los suelos y fueron enlodados, se revelaba la decisión de quienes ejercen el poder: estaban desplegando un operativo de expulsión. Un funcionario de un Estado punitivo decidió sobre las vidas de estas personas, su derecho de migrar e imaginar otra vida. Esos cuerpos con huellas de violencia hoy están en Cuba. Nuestra responsabilidad es no olvidar jamás que estos 122 ciudadanos cubanos, como nosotros, han sido y son agua. Ojalá algún día comprendamos lo que esto significa. 

Bajada

No importa cuántas barreras encuentre a su paso, termina por fluir.