Sí, hay que cerrar la Senescyt

Mucho revuelo ha causado la promesa de Guillermo Lasso de que en su gobierno tiraría al tacho de basura de la historia a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) y a la Ley de Comunicación. Esta frase, dicha en un discurso frente a sus directivas territoriales de la Sierra, generó muchas expresiones a favor en redes sociales, así como la reacción negativa de la cabeza de dicha entidad, René Ramírez, y de algunos analistas. Este artículo es una réplica a la opinión del doctor Esteban Ortíz, publicada en Gkillcity.com, el 27 de junio de 2016 titulado Guillermo Lasso y el retorno de las universidades de garaje.

Las críticas fueron desde que sería una amenaza para los programas de becas hasta afirmar que se volvería a un pasado de desorden y “Universidades de Garaje”. Incluso algunos comentaristas en redes sociales han atacado personalmente a Lasso por ser “solamente un bachiller” (que a pesar de ello ha construido uno de los bancos más importantes del país, y decenas de empresas que generan miles de plazas de trabajo).

Más allá de la imposibilidad de analizar una propuesta de política pública que aún no ha sido hecha pública, hay que decir que eliminar la Senescyt no significa eliminar todo control ni supervisión al Sistema de Educación Superior, ni eliminar programas de becas o eliminar los fondos para investigación. Pero sí sería racionalizar y adelgazar un sistema altamente burocratizado, centralista y poco respetuoso de la libertad de cátedra, de la administración de las instituciones y de la libertad de elección y aspiración de los ciudadanos.

Es poco riguroso, anti técnico y nada metodológico inferir una política pública de una frase dicha en un discurso político y en base a ello hacer un análisis a conveniencia: hacerlo es jugar a la bola de cristal, a la adivinación basada en prejuicios ideológicos, a una alquimia que conjuga el miedo al cambio con el desprecio titulocrático.

Más allá de eso, en efecto no se discute que, como afirma Ortiz, la educación sea un motor de desarrollo y una preocupación principal de cualquier gobierno. Tampoco se discute si se debe o no impulsar la investigación y el desarrollo como política pública. Lo que se discute es si la actual organización es eficiente respecto de estos objetivos y si es coherente con los derechos de los ciudadanos.

Eliminar la Senescyt no implica eliminar los programas de becas, que han sido positivos pero que desde la llegada de la “época de las vacas flacas”, se han restringido al borde de la extinción. Incluso, a lo mejor eliminarla permite liberar recursos para repotenciar este programa desde otra entidad.  

Eliminar la Senescyt, en cambio, sí devolvería la libertad de elección a los estudiantes, que hoy no pueden elegir qué carrera universitaria seguir sin la venia tecnocrática de un examen de aptitud. Esto no significa que no existirán procesos de selección o admisión, sino que estos mecanismos no atenten contra la libre elección que cada joven debe poder hacer.

Las pruebas de ingreso actuales no son de conocimiento sino de aptitud: eso implica que un grupo de burócratas determinan para qué carrera sirve mejor una persona según una planificación centralizada. Olvidan que sobre la realidad, las aspiraciones y los sueños de ese joven nada dice un formulario ni un plan nacional. Paradójicamente, no hay rastro de la igualdad de oportunidades que promulga la retórica de izquierda. Lo que hay es una igualdad en la dependencia a la decisión de un funcionario (o comité de iluminados) que, prácticamente, juega Sims o Farmville con los proyectos de vida de los jóvenes.

El ingreso no es el único problema. La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobada en este gobierno —con sus pros y sus contras—, eliminó casi toda autonomía universitaria, minó las finanzas de las instituciones de Educación Superior con regulaciones intervencionistas y acabó con la libertad de cátedra e investigación. Como bien dice el doctor Ortiz: han empoderado al Estado, pero en desmedro de los maestros, los rectores y los estudiantes. El caso de la Universidad Andina es un claro ejemplo: luego de que un candidato a rector no oficialista ganase las elecciones, múltiples autoridades intervinieron hasta obligar a llamar a un nuevo proceso electoral.

También, a raíz de esta ley las universidades no pueden fijar libremente sus líneas de investigación, sino que deben alinearlas a la Planificación Nacional. Así, poco vale para efectos de acreditación universitaria si un físico de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) participó en el descubrimiento del Bosón de Higgs junto a investigadores internacionales, si es que no consta entre los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir ¡Absurdo! Paradójicamente, investigaciones menos importantes pero que estén ceñidas a ese plan, valen más para la acreditación.

En la parte financiera, entiendo que es plausible la intención de mantener costos accesibles para la mayoría de la población, pero algunas reglas impuestas por este sistema centralista van en contra de sus propios objetivos. Por ejemplo, las universidades no pueden fijar sus precios en relación a sus costos sino únicamente según el porcentaje de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que poco tiene que ver con las finanzas de una institución de Educación Superior. Esta curiosa limitación a la forma de fijar los precios de los aranceles o matrículas obliga a que: las universidades no puedan financiar las carreras con menos demanda y altos costos (por ejemplo Física o Biología) distribuyéndolos con carreras más demandadas pero menos costosas (por ejemplo Derecho, administración), no puedan financiar campus anexos o extensiones que anteriormente mantenían en otras provincias, hoy desatendidas, fomentando la migración interna hacia las ciudades más grandes donde están concentradas las universidades, y que las universidades no puedan financiar los requerimientos que la misma LOES impone, como el escalafón de sueldos de profesores o la obligación de entregar becas a al menos un 10% de los estudiantes regulares (artículo 77 de LOES).

Hay un refrán popular sabio: quien mucho abarca, poco aprieta. Como dijo el profesor universitario Juan Fernando Carpio, una propuesta en esta área debe tender hacia “Menos regulación, mejor supervisión”. Menos regulación para que compitan distintos modelos educativos, mejor supervisión para que todos tiendan a competir en calidad. Lasso en su discurso se refirió a superar las falencias del pasado, pero también a las del presente, algo que al parecer el doctor Ortiz no escuchó.

Es falso que en todo país desarrollado exista una entidad gubernamental central  reguladora con tan amplios poderes como tienen las tres entidades que forman el sistema universitario ecuatoriano.  En los Estados Unidos —que concentra algunas de las mejores universidades del mundo, como Harvard, Yale, Stanford, o UC Berkeley— la acreditación de calidad universitaria no se realiza por medio de una entidad gubernamental, sino por medio de acreditadoras internacionales privadas e independientes, para las cuales algunos requerimientos del sistema de acreditación ecuatoriano restarían puntos en lugar de sumarlos.  Algo similar ocurre con los exámenes estandarizados de ingreso, como el SAT, TOEFL o GMAT.

La calidad —no solo en lo educativo— se incrementa en base a competencia. Si se facilitase la apertura de campus de universidades internacionales en el país eliminando regulaciones absurdas, se incrementaría la competencia y por ende la calidad. La calidad se incrementa con variedad, permitiendo a las universidades armar sus programas de estudio según las distintas necesidades de los diferentes sectores, en uso de su autonomía, hoy desdibujada por el dirigismo estatista.

El sistema ecuatoriano hoy pretende imponer un sólo modelo de Universidad, a la vez que es algo hostil con las llamadas carreras intermedias, enfocadas en resolver problemas prácticos, como son las carreras técnicas y tecnologías, así como las especializaciones profesionales, que sin tener rango de “maestría” aportan conocimientos prácticos de alta relevancia para la competitividad profesional.

Lasso sacó a la luz un secreto a voces: la Senescyt es el verdadero controlador del sistema universitario, imponiendo dogmas convertidos en política pública, y —aunque muchos rectores y dirigentes prefieran no tocar el tema para evitar retaliaciones— su eliminación es un tema que se ha discutido y debe seguirse discutiendo.

¿Realmente hay necesidad de tener tre autoridades reguladoras de la Educación Superior, con presupuestos separados, cada una con personal y edificio, para un objetivo similar? ¿Es realmente necesario mantener tres entidades, cada una con su Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Jurídica, Dirección de Comunicación, Community Manager, Dirección de Planificación, Departamento técnico y sistemas, y demás?

No.

Hoy, las universidades deben responder a la Senescyt, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), y al Consejo de Educación Superior (CES). Estos organismos a su vez responden a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y al Plan Nacional de Desarrollo, que por el propio modelo centralista y planificador, obliga a la academia a alinearse a él. Dos de estas entidades son presididas por la misma persona, René Ramírez, delegado del Ejecutivo. También existe un Ministerio de Educación dedicado a la educación básica y bachillerato, que no está integrado a este sistema, a pesar de que sus frutos son los que reciben las universidades.

Se podría fusionar algunas de estas entidades, o transferir competencias entre ellas desapareciendo a otras, para crear un modelo más eficiente y sin duplicidades. Basta analizar los objetivos y costos de cada entidad para darse cuenta de que un modelo más eficiente es posible, sin necesidad de meter las narices gubernamentales en cada factura, cada contrato y cada clase dada en una universidad o instituto. Los programas exitosos como las becas, se deberán continuar y mejorar, eliminando ciertos trámites y requisitos engorrosos, y deberán ir de la mano con un programa de absorción que permita su inserción en el sector productivo y académico nacional, para evitar casos como el del famoso becario desempleado que intervino en una sabatina.

No se trata de eliminar por eliminar, sino eliminar para hacer más eficiente el gasto hecho con dinero del Estado. El sistema que regula la educación superior y sus tres entidades cuestan cerca de 200 millones de dólares al año. La Senescyt, que es la “rectora de la política pública” cuesta más de 185 millones de dólares al año, de los que 35 millones son gasto corriente. El CEAACES —dedicado a “asegurar” la calidad de la educación superior— tiene un presupuesto de casi 10 millones de dólares anuales destinados, según su propia rendición de cuentas, enteramente a gasto corriente (es decir, sueldos, servicios, arriendos, etc). Finalmente, el CES (que “planifica, regula y coordina el Sistema de Educación Superior”) le cuesta al país más de 7 millones de dólares anuales: noventa de cada dólar son gasto corriente. De la revisión de los objetivos, misión y organigramas de cada una de estas entidades, no es difícil colegir que si se  eliminan duplicidades, podrían quedar una o dos. Así se se optimizaría el gasto corriente, liberando fondos para inversión educativa y becas. ¿Se podría permitir distintos modelos de Universidad que compitan entre sí y atiendan necesidades distintas de los diversos sectores de la población? Por supuesto. Creo que es lo mismo que piensa Guillermo Lasso, aunque ya lo sabremos cuando presente su plan de gobierno, a fin de no analizar meras suposiciones descontextualizadas.

La propuesta de eliminar la Senescyt tal como existe ahora debe ser parte de un programa integral que además de adelgazar este obeso aparataje, cambie su enfoque: hacia un modelo que respete la autonomía universitaria, fomente la competencia y respete la libertad de cátedra e investigación. Por ejemplo, nada perdería la calidad universitaria con permitir que la obtención de una acreditación internacional exonere de la acreditación estatal ecuatoriana.  

La política de educación superior no tiene porqué significar acoso a la universidad privada o cofinanciada, ni debe partir de la premisa de que un comité planificador central conoce mejor las aptitudes y aspiraciones de cada ciudadano. Ni tiene que significar que el gobierno decida qué carrera debe estudiar cada joven, ni qué debe enseñar o investigar cada maestro, ni decirle a cada rector cómo debe administrar su presupuesto.

Ya no se trata de “empoderar al Estado”: se trata de devolverle el poder al ciudadano.