En contra de la Ley de Cultura

Creer que se necesita una ley de Cultura es como creer que se necesita una de Comunicación: un error conceptual que terminará en un problema aún más grande. Hace unos días se reunieron por enésima vez los bienpensantes de las artes del Ecuador en ArteActual (el espacio galería de la Flacso en Quito) para hablar sobre el proyecto de ley que en nueve años el correísmo no ha podido parir. Hubo de todo, hasta comedia. El exdirector del Consejo Nacional de Cine ha hecho reír a carcajadas al público con esta línea que parece guionada por Larry David: “Supongamos” —ha dicho con una seriedad digna de un capítulo de Curb your enthusiasm—  “que somos un Estado controlador que quiere saber qué hace cada uno». Pero la realidad es mucho más seria: al viejo problema de la precariedad de hacer cultura en el Ecuador se le quiere dar una solución que tiene más deméritos que beneficios.

El primer gran problema de la ley de cultura es que es un monstruo construido por gente confundida. No hay más que asomarse a la calle en cualquier parte del Ecuador para darse de boca con alguna manifestación cultural espontánea: basta prender la radio, ir a las fiestas patronales de San Pablo, en Santa Elena, o a comer en el restaurante Tiestos de Cuenca. El problema que tenemos en el Ecuador tiene que ver más con el fomento de las artes y la precarización del oficio. La ley trata esos temas pero ofreciendo soluciones que son peores que los males.

Confundir cultura con artes es, por supuesto, el rezago histórico de creer que la cultura se construye solo en salas de cine, teatros, festivales, y otros espacios coordinados, cuando —en realidad— en el siglo 21, la Cultura no existe. Lo que existen son las culturas: conviven, interactúan, se superponen —e incluso se confrontan y causan tensión entre ellas— en ciertos espacios geográficos y digitales. Cada una es una manifestación de la identidad de un grupo de personas que comparten ciertos vínculos. A veces esas culturas se canalizan a través de las artes (usemos el término para englobar toda la producción de cineastas, artistas, curadores, músicos, arquitectos, ilustradores, caricaturistas y demás), y por esa tara colonial de creer que la producción de conocimiento relevante es siempre vertical —y a falta de una mejor palabra en castellano— hemos decidido llamar a ese conjunto Cultura. Incluso llegamos a llamarla alta y baja, clásica y popular. Se supone que ya lo superamos, pero que aún pensemos en términos de producción cultural como un paraguas y no sólo como una deriva tensamente estética de la construcción de nuestras identidades grupales nos devuelve al problema central de la ley de cultura que quieren aprobar: al igual que la ley de comunicación (que debió ser una ley de Medios) pretende regular una abstracción cuyas manifestaciones se han atomizado al multiplicarse las plataformas de difusión masiva. Es imposible. Y solo puede ser catalogado como un error o como una perversión.

La ley de comunicación pretende controlar la narrativa mediática, la de cultura parecería querer moldear el plano estético partiendo del error (o la mentira) de que lo nacional existe en la unidad. Como todo lo que toca ese lenguaje kitsch de la revolución, el proyecto intenta redefinir la realidad. O sea, hace lo contrario a lo que debe hacer cualquier norma: adecuarse a la realidad. La primera gran pregunta que nace de todo esto si es necesario una ley para definir el ámbito que la cultura abarca. Según el artículo 1 del proyecto que ha dado más vueltas que adolescente en el malecón de Salinas en 1999, su propósito es definir las competencias y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientados a garantizar el ejercicio de los derechos culturales, y regular el funcionamiento e integración del Sistema Nacional de Cultura. Hasta ahí, no hay nada a lo que uno pueda oponerse. Suena bien. El problema empieza el artículo 2 que deja claro que la ley aplica “a todas las actividades vinculadas al acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio cultural”. Entonces no abarca solo lo que el artículo uno promete, sino que empieza a meter a, básicamente, todo el país —o lo que en lenguaje revolucionario se llama así: “todas las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas que integren el Sistema Nacional de Cultura, a las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales que forman parte del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano”. El mensaje parece claro: dentro del sistema, algo. Fuera de él, nada.

El segundo gran problema es que parece escrita en binario: lo propio, lo ecuatoriano, versus lo foráneo; lo que está dentro del sistema y lo que queda afuera; lo que se acopla a lo que el presidente Correa llamó en su discurso a la nación del pasado 24 de mayo una revolución cultural que “modifique el espíritu de los ecuatorianos en términos estéticos y acorde con la nueva ética pregonada por la Revolución” y lo que no.

El proyecto no debe ser aprobado porque pone al Estado como eje de la producción cultural al crear el Sistema Nacional de Cultura. El Estado —y el ecuatoriano lo ha demostrado, por ejemplo, con el programa de becas en el extranjero— puede ser un buen articulador de sinergias pero un pésimo productor de contenido original. En lugar de convertirlo en un habilitador de caminos lo están convirtiendo en el camino y el fin. Los procesos burocráticos son incompatibles con las dinámicas propias del mundo de la cultura. Cualquiera que haya pedido un auspicio para un evento conoce el valle de lágrimas que es sacar el cheque de, digamos, el Ministerio de Cultura. Son semanas enteras de llamar, esperar, ir, sentarse dos horas, esperar, y escuchar cómo le dicen a uno que vuelva la próxima semana.  Cuando Mariana Andrade —tal vez una de las gestoras más valientes e inteligentes del Ecuador— dirigió la Secretaría de Cultura de la alcadía de Mauricio Rodas, duró apenas siete meses y terminó con una glosa de la Contraloría. Por supuesto, la investigación fue desechada pero es poco premio para alguien que quiso hacer, desinteresadamente, un buen trabajo y conocía al sector. Tal vez el Ecuador no necesita un sistema, al menos no como el que propone la ley (encabezado por el Ministerio de Cultura), sino simplemente una red bien organizada de fondos de fomentos para las artes, independientes del Ministerio, y que, además, elimine de golpe la Casa de la Cultura, o al menos no financie o absorba a una institución a la que ya en los 60s Enrique Tábara pintó como una vieja decrépita.

La cultura es una industria, pero el proyecto de ley insiste en tratarla como un privilegio. Sé que esto le va a dar tirria a todo bienpensante revolucionario y uno que otro actor cultural pero la industria cultural estadounidense no tiene un Ministerio de Cultura y, como lo dice el periodista francés Frédéric Martel para el 2010 los productos culturales estadounidenses superaron en 10% a los franceses —que si tienen un ministerio— en la década anterior. Martel es el autor del libro La Cultura en Estados Unidos, y en él habla de cómo el modelo norteamericano está superando al francés —en el que, podríamos decir, se basa buena parte del proyecto de ley nuestro—. No es una apología al modelo gringo, tan solo una descripción cómo funciona. “Si queremos combatir el imperialismo cultural norteamericano” —le dijo al New York Times— “necesitamos conocerlo desde adentro. Si queremos modernizar nuestro sistema, que necesita nuevos recursos, es útil ver cómo las cosas pueden funcionar sin una gigantesca inversión pública.” Según Martel, aunque Estados Unidos no tiene un ministerio para la materia, el Estado gringo tiene un récord de activismo cultural, en el que destaca, principalmente, la creación del Fondo Nacional para las Artes en 1965. Sin embargo, ese fondo en 2006 tuvo apenas 125 millones de dólares: lo mismo que el gobierno francés le da a la Ópera Nacional de Paris. La cultura norteamericana florece y nos seduce (vean nomás que somos uno de los países donde los Estados Unidos es más popular) porque está vista como una industria que no le teme al lucro. Actúan en ella no solo el gobierno, sino filántropos, compañías, y otras organizaciones que reciben incentivos tributarios por apoyar a las artes. Otro de los grandes problemas del proyecto de Ley ecuatoriano es que es anacrónico en el sentido de que insiste en tratar a la cultura como un privilegio y no como una industria.

Pero no acaba ahí: en la propuesta el público está totalmente ignorado. En ese sentido, es una ley clientelar, y no de obligaciones recíprocas entre productoras y audiencias. Porque ya es hora de que los actores culturales reconozcan que las audiencias importan. Hay que dejar esa pataleta de adolescente emo que dice que no le importa quién lo lea, vea, escuche. Desde mediados del siglo XX, las audiencias son más importantes que nunca. Gracias a ellas ha cambiado el arte, se ha redefinido el rol del museo, tan solo por citar un par de ejemplos. Cada vez más los artistas de todas las ramas las desafían. No hablo de las audiencias sosas y por lo general ignorantes de las redes sociales, sino del público que nutre las salas, las galerías, que compra los libros y escucha las canciones. En la ley no se habla de ella. Se pasa de largo y se insiste en que aún es factible, por ejemplo, seguir echando chorros de dinero en películas que no va a ver nadie (de 220 mil espectadores en promedio, el cine ecuatoriano (?), bajó a 80 mil en 2014). Quizá sería mejor crear una red de cines barriales, en lugares como terrazas de edificios, patios o lotes de estacionamiento. Porque el cine independiente no es sinónimo de cuatro espectadores (contados el director y su mamá), si no lo creen vayan dense una vuelta por Nueva York, Buenos Aires o Ciudad de México. Sin audiencias no hay proyectos viables. Y las audiencias están ahí, esperándonos: el Centro de Arte Contemporáneo de Quito fue un gran ejemplo de que eso es cierto. El Funkafest que acaba de terminar en Guayaquil también. La feria del libro guayaquileña que este año invita a J.M. Coetze seguramente estará repleta.

Hay elementos de la ley que son rescatables. La vaga —pero existente— referencia a la innovación da esperanzas de que en lugar de insistir en el manido 1×1 musical, algún desarrollador ecuatoriano haga nuestro propio Spotify. La pregunta ahí será si hay que pagarle regalías a Sayce (porque ahí se acaba todo). También es importante la exoneración tributaria para los emprendimientos culturales y creativos —con la salvedad que esto queda sujeto a la discreción del Ministerio, lo cual es un poco preocupante. También está el fomento a la innovación, y a la declaratoria legal de la obligación del Estado de promover y financiar las artes y la innovación en cultura. Todos estos beneficios, sin embargo, no son mayores que los problemas que la propuesta tiene. Si el proyecto se limitara a estos últimos temas (sumados al evidente y básico derecho a la seguridad social), podría salir una ley contundente, que sea un sólido canal para la producción e innovación en las artes en el Ecuador. Pero como está lo único que ofrece es volverse letra muerta, muy pronto, en el mejor de los casos. Y en el peor, en un sistema de cooptación.