La crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es nueva. De hecho, la CIDH sobrevive gracias los aportes voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza, la Unión Europea, entre otros. Cuando digo sobrevive lo digo literalmente: La CIDH apenas subsiste. Su financiamiento está muy lejos de ser suficiente para cumplir adecuada y oportunamente su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. Pero ahora la situación se ha vuelto tan grave que poco le falta a la CIDH para cerrar sus puertas.
Los fondos siempre han sido escasos. Tan ínfimos que los miembros de la Comisión no están permanentemente en la sede, sino que apenas alcanzan a sesionar dos o tres veces al año. En esas sesiones, los Comisionados deciden casos, adoptan informes y celebran audiencias públicas para conocer el estado de los derechos humanos en la región. Ahora, la crisis financiera se agravó al punto que la CIDH se vio forzada a suspender los períodos de sesiones que planeaba para julio y octubre de 2016. La Comisión también tuvo que suspender las visitas a países previstas para este año.
Dado que la Comisión no es un organismo permanente, funciona a través de una Secretaría Ejecutiva. Sus funcionarios trabajan en la sede de manera comprometida e incansable por cumplir los diversos mandatos que los Estados le encomiendan a la Comisión. Según la última información disponible, a septiembre de 2015 la Secretaría contaba con 75 funcionarios —entre profesionales y administrativos—, cifra que incluye a los que tienen contratos de corta duración para resultados específicos. Como consecuencia de la crisis, a mediados de mayo el Secretario Ejecutivo de la CIDH convocó a una reunión en la que informó verbalmente a su personal que el 40% de los contratos no sería renovado a partir del 31 de julio.
Estamos hablando de una institución que, según su último informe anual, sólo en 2015 recibió más de dos mil nuevas peticiones y cerca de setecientas solicitudes de medidas cautelares. Al cierre de 2015, casi diez mil peticiones continuaban pendientes de estudio inicial —esto es, aún no se había determinado si cumplen los requisitos mínimos para ser transmitidas a los Estados demandados. Más de mil novecientas peticiones estaban a la espera de un informe de admisibilidad, fondo o solución amistosa. El proceso es tan lento y complejo que en el transcurso de 2015 la Comisión sólo remitió 14 casos a la Corte Interamericana, entre ellos varios cuyas denuncias fueron presentadas ante la Comisión en 1995, 1996, 1998 y 2000: algunos casos se tramitaron por la Comisión entre 15 y 20 años antes de ser enviados a la Corte.
El atraso procesal hoy por hoy ya es apocalíptico. Si en julio de 2016 la CIDH pierde al 40% de su personal, menos de veinte abogados (que son los que el presupuesto de la OEA financia) tendrían que asumir la carga de miles de peticiones a la espera de justicia internacional. Y esos mismos abogados, además, tendrían que cumplir con todas las otras funciones encomendadas a la Comisión, como realizar estudios e informes temáticos, visitas a los países, actividades de promoción de derechos humanos, recomendaciones a los Estados, o asesorar a los órganos políticos de la OEA, entre una larga lista de etcéteras. Es evidente que si no se adoptan medidas urgentes, la CIDH simplemente ya no tendrá capacidad operativa para cumplir con su mandato y funciones más básicas.
Ese atraso procesal es una consecuencia directa de la falta de voluntad política de los Estados de la OEA para financiar adecuadamente a la Comisión. No es que no haya fondos, es que los Estados de la OEA han decidido que, de su presupuesto general, sólo el 6% se destina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, para el periodo fiscal 2015, la Asamblea General de la OEA aprobó un presupuesto a la CIDH de $5,427.900, del cual $4,455.100 son gastos de personal y $972.800, operacionales. Se trata de una decisión deliberada. Los Estados saben que la única manera de mantener silenciado al organismo que crearon para vigilarlos es asfixiándolo financieramente.
Como la CIDH tiene un mandato que cumplir y la dependencia financiera de los Estados que está llamada a supervisar la dejaría sin autonomía, se ha visto obligada a buscar asistencia financiera internacional. Más de la mitad de los fondos con los que opera la Comisión no vienen del fondo regular de la OEA sino de Estados y organizaciones que voluntariamente contribuyen a financiarla. En otras palabras, la Comisión vive de donaciones.
Eso no significa que la culpa de la crisis financiera actual de la CIDH la tengan los Estados europeos. Los principales responsables son los Estados de la OEA que no se han hecho cargo de financiar su propio sistema de derechos humanos, pero no han titubeado al momento de donar millones de dólares a organismos como la Corte Penal Internacional, probablemente porque esta no ha tramitado casos contra Estados de la región.
Resulta hipócrita, por decir lo menos, ratificar tratados que crean organismos de supervisión de derechos humanos, y luego matarlos de inanición. Ante la hipocresía de la OEA, bien podrían los Estados voluntariamente contribuir financieramente con la labor de la Comisión, pero pocos lo han hecho.
Tomemos el caso de Ecuador. La última vez que donó voluntariamente a la Comisión fue en 2011. Donó 1500 dólares (sí, mil quinientos dólares, no me faltaron ceros). La cifra no se compadece con la que Ecuador donó a la Corte Interamericana. Según reporta la Corte, durante la Asamblea General de la OEA del año 2014, Ecuador anunció la donación de US$1,000.000 (al cierre del 2015 había entregado US$666,666.66). Podría empezar aquí una lista de cómo Ecuador ha invertido o gastado sus fondos en rubros que demuestran su nulo compromiso con los sistemas de protección de derechos humanos, pero no viene al caso.
Lo cierto es que Ecuador no contribuirá voluntariamente al presupuesto de la CIDH. No es sólo porque el terremoto llegó cuando Ecuador ya estaba prácticamente quebrado, sino porque el gobierno no tiene interés alguno en aportar a la labor del organismo creado para vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en de derechos humanos. Es un sistema perverso.
La agonía de la CIDH podría tomar un giro si más Estados siguen el ejemplo de Panamá, que ya anunció su compromiso financiero con la Comisión. Por ahora, esto parece improbable. En el marco de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur y Estados Asociados llevada a cabo el 26 y 27 de mayo, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se comprometieron a “analizar” el tema y “discutir” posibles cursos de acción. Con palabras y discursos no se financia la Comisión.
El próximo escenario será la próxima Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en junio en República Dominicana. La Asamblea General tiene plena facultad de aumentar significativamente el porcentaje del presupuesto general que se asigna a la Comisión Interamericana, reasignando recursos y personal que actualmente se destinan a otras funciones de la OEA. Esta última posibilidad, sin embargo, parece lejana: difícilmente se alcanzará consenso entre los Estados para incrementar el presupuesto de la CIDH.
Para lo que sí habrá consenso durante la Asamblea General, como en cada año, es para emitir resoluciones a través de las cuales se encomendará a la CIDH realizar una enorme cantidad de estudios e informes. Todo esto sin que el número creciente de mandatos que los Estados anualmente otorgan a la CIDH venga acompañado de un aumento proporcional de fondos. Siempre será más fácil para los Estados de la OEA dedicar recursos a cumbres en las que se alaban mutuamente que financiar adecuadamente a un organismo que, por su naturaleza, está llamado a incomodarlos. Aun cuando durante la Asamblea General algunos Estados comprometan fondos voluntarios, esperar a la Asamblea General puede resultar muy tarde para la CIDH.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, guardó silencio durante los primeros días en los que se dio a conocer la crisis financiera de la CIDH. Finalmente, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 25 de mayo, solicitó a la Comisión y la Corte Interamericanas que propongan un esquema sostenible de contribuciones financieras. Dijo que la Comisión requería autonomía financiera para poder realizar su trabajo de manera independiente, pero no explicó qué medidas adoptaría su administración para que así sea. El actual Secretario General ha sido bastante activo en materia de derechos humanos, e incluso creó una Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad que depende de su oficina, pero ese personal y presupuesto podrían estar destinados a la CIDH. Con frecuencia da la impresión de que Almagro trata de competir contra la CIDH cuando de protagonismo en derechos humanos se trata.
Finalmente, si bien la responsabilidad principal recae en los Estados de la OEA, el análisis no estaría completo si evadimos evaluar la gestión del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Me surgen varias preguntas que no han sido respondidas en el marco de la discusión sobre la #CIDHenCrisis. ¿Qué gestiones realizó el Secretario para recaudar financiamiento externo? ¿Los recortes en el financiamiento se deben exclusivamente a la crisis de refugiados en Europa, como se ha dicho? ¿Por qué esperó a mediados de mayo para transparentar el miserable estado financiero de la Comisión? ¿Tomó alguna medida para evitar los inminentes despidos? ¿Qué ha hecho para proteger a su personal y asegurar que los funcionarios puedan concentrarse en la protección de derechos humanos en el hemisferio, en vez de dedicar sus esfuerzos a luchar por la protección de sus propios derechos?
La demora extrema por la que tanto se reclama a la CIDH es sin duda consecuencia de la falta de financiamiento por parte de los Estados. Pero también es necesario preguntarnos qué ha hecho el Secretario Ejecutivo con los fondos con los que cuenta. La manera en la que se gestionan esos escasos recursos también incide directamente en la posibilidad de las víctimas de obtener justicia. Es hora de evaluar, por lo menos, si las direcciones de “monitoreo geográfico”, “monitoreo temático” y “promoción y políticas públicas” creadas por el actual Secretario han tenido resultados en la protección de los derechos humanos en las Américas, o si esos recursos estarían mejor dirigidos a enfrentar el atraso procesal o a cubrir otras necesidades urgentes de la región.
Ciertamente, si nadie sale a su rescate, la CIDH no podrá cumplir adecuadamente sus labores. Lo que no es tan cierto es que necesariamente habrá “40% menos trabajo por los derechos de los niños y niñas”, “40% menos apoyo al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales” o “40% menos apoyo al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”, como ha insinuado la CIDH en su campaña pública de esta semana. Todo depende, en última instancia, de cómo el Secretario administre y priorice los fondos con los que cuenta la Comisión y las funciones que asigne a su personal. Todavía guardo alguna esperanza de que el personal de la CIDH no se reduzca en 40%, pero en el caso no consentido de que eso suceda, el 60% restante tendría que asignarse a las funciones que se requieran para responder de la manera más eficiente a las necesidades de la región en materia de derechos humanos. La Comisión no puede parar.
Toda crisis puede ser una oportunidad. Habremos desaprovechado esa oportunidad si nos enfocamos únicamente en obtener los recursos que permitan a 40% del personal de la CIDH mantener su puesto de trabajo, en lugar de exigir los recursos que permitan a la CIDH cumplir con su mandato de manera adecuada y autónoma. También habremos desaprovechado esa oportunidad si nos enfocamos únicamente en las responsabilidades de los Estados en vez de exigir una autoevaluación de la gestión del Secretario Ejecutivo, más aún cuando una nueva persona ocupará ese cargo a partir de agosto de este año. El nuevo Secretario o Secretaria de la CIDH debe llegar con un plan de gestión financiera, administrativa y de recursos humanos que permita salvar a la CIDH. Pero en serio.
¿Por qué si los Estados crearon a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy la dejan morir?
