Mateo Villalba, exgerente del Banco Central del Ecuador, ofrece una defensa sensata y elocuente del proyecto de dinero electrónico que el gobierno impulsa. En teoría, el dinero electrónico debería pegar en el Ecuador. Por un lado, hay una necesidad real: el proceso de realizar transacciones en el país es lento e incómodo. Estamos mal acostumbrados a vendedores que no tienen suelto, a tardar años en dictar los datos del RUC, y a perder horas para sumar las facturas y subirlas al sistema anticuado y nada intuitivo del Servicio de Rentas Internas (SRI). Todos aquellos problemas podrían resolverse fácilmente con tecnología. Hasta hay iniciativas privadas, como PayPhone, creado en el Ecuador, que resuelven algunos de estos líos. El dinero electrónico —como dice Villalba— es seguro y accesible, y debería generar uso masivo inmediato. Si hay beneficios para compradores y vendedores, ¿por qué los consumidores prefieren no usarlo?

La respuesta subraya varios puntos sobre por qué el Estado muchas veces falla en innovar. Aunque se podría incluir una lista más completa, me limito a cinco razones que dificultan el camino de la innovación estatal.

Calidad de Proveedores. El primer obstáculo para el Estado es que la calidad de sus productos y servicios no logran ser mayores que la calidad que ofrecen los proveedores que participan en licitaciones públicas. Clay Johnson, un ex-asesor de Obama, escribió un libro sobre la calidad de contrataciones públicas en los Estados Unidos. Dice que la contratación pública es un laberinto que crea desincentivos para innovadores y genera un sistema impenetrable para empresas que no dominan los desafíos legales para participar y ganar contrataciones. Ganan, según Johnson, las que tienen más experiencia en navegar las sinuosas rutas de la burocracia, pero no son necesariamente las más innovadoras. En Ecuador, sucede algo similar: los complicados procesos de contratación pública están diseñados para garantizar calidad y eliminar corrupción, pero pocos dirían que logran aquellos objetivos. En adición, hasta el presidente Correa ha reconocido la morosidad del Estado. Muchos proveedores no reciben sus pagos a tiempo, y en algunos casos ha habido empresas que han quebrado por los retrasos estatales. El dolor de cabeza de la contratación pública desincentiva la participación masiva.

Diseño por comité. Hay un dicho que “un camello es un caballo diseñado por un comité”. Emprender es muchas veces un acto contraintuitivo realizado por visionarios que ven el potencial de un mundo distinto en el que su oferta podría encajar. Diseñar por comité o grupo, en cambio, depende de establecer una base de pensamiento convencional entre sus distintos miembros, y tiende a ser adverso a los riesgos. Al no querer tomar riesgos ni cuestionar la realidad existente, diseñar por comité tiende a no producir las grandes innovaciones que cambian el mundo. Y en el Estado, todo se produce así porque es una forma de repartir la responsabilidad en la eventualidad de que algo salga mal. El Estado siempre va sobre seguro: se podría decir que es la estrategia más sensata a la hora de administrar lo público, pero es la fórmula ideal para no dar ninguna patada creativa.

Diferencia en Metodología. Desde hace algunos años los startups innovadores han adoptado una metodología de ejecutar proyectos llamada Lean: lanzar un prototipo —un producto mínimo viable—, ver cómo responde el mercado, y crear el resto de la plataforma sobre la retroalimentación de sus usuarios. La idea de esta metodología científica es conseguir datos para respaldar hipótesis en lugar de invertir mucho en ideas que nunca reciben validación por parte del mercado. Cuando los gobiernos innovan con políticas públicas e iniciativas estratégicas, tienden a invertir en proyectos de gran escala sin buscar retroalimentación de las personas que busca servir. Al diseñar políticas públicas, el Estado tiende a enamorarse de las soluciones y no los problemas. Cuando diseñaron la Ciudad del Conocimiento Yachay, por ejemplo, el gobierno tomó la decisión política de establecer una sede a dos horas de Quito. El obstáculo logístico de operar una empresa que queda a dos horas de los proveedores y potenciales clientes de una empresa desincentiva por completo la creación de empresas en esa zona. Sin hablar de la dificultad de reclutar gente talentosa a trabajar en una zona lejos de sus familias y vidas, si el emprendedor quiere vender su producto a empresas en Quito, reunirse con abogados o asesores, hacer trámites con el gobierno o asistir a eventos de la industria, resulta poco conveniente tener su sede tan lejos de poblaciones densas. Dado que el sector privado está dejando atrás las metodologías de diseño que contemplan una gran inversión antes de recibir validación, es urgente que el Estado actualice su forma de trabajar para poder tener semillas de éxito antes de comprar la plantación.

Interés Político sobre Interés Común. Cuando el gobierno intenta innovar muchas veces prioriza intereses políticos sobre los intereses del bien común, y aquellos intereses políticos destinan los proyectos al fracaso. El caso mencionado de la decisión de fundar Yachay en la provincia de Imbabura, por ejemplo, corresponde a un interés geopolítico y no al interés de los emprendedores. También por motivos políticos, TAME continuó con vuelos a Venezuela a pesar de la crisis de ese país. Ahora la aerolínea enfrenta deudas que dificultan su operación. En estos casos, el gobierno no responde a la necesidad del emprendimiento, sino a la de réditos políticos.

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Confianza. En su artículo sobre el dinero electrónico, Mateo Villalba menciona la palabra “confianza” siete veces, reconociendo de dónde viene el desinterés de los ciudadanos en la plataforma del gobierno. A pesar de que, como dice Villalba, el dinero electrónico es más seguro que los depósitos en un banco privado por contar con el respaldo de reservas en el Banco Central, tal lógica no convence a los potenciales usuarios. Muchos, habiendo escuchado al Presidente criticar la dolarización durante diez años, temen que el dinero electrónico sea un mecanismo para que el gobierno cree una moneda paralela al dólar. Como diría Marshall McLuhan: el medio es el mensaje, y los argumentos sólidos en favor de la plataforma no logran sobreponerse a la narrativa que el dinero electrónico tiene un propósito más allá de facilitar las transacciones.

La confianza es, al final, la base de la economía: un consumidor lo que hace es confiar en un vendedor, y eso es lo que posibilita las transacciones entre ellos. Si creemos que los bancos van a fallar, no vamos a depositar nuestro dinero en ellos. Si creemos que la mecánica va a robar nuestro auto, vamos a buscar otra. Si pensamos que en los taxis nos van a secuestrar, no los tomamos. Todo emprendedor, al final, depende de su capacidad de generar confianza para tener éxito con su producto o servicio. Si el gobierno genera desconfianza y carece de credibilidad, pocos van a participar en sus iniciativas.

Además, el dinero electrónico no cuenta con un diseño de experiencia de usuario amigable. Una búsqueda en Google para “dinero electrónico Ecuador” no produce en los primeros resultados la página de la iniciativa. El home del Banco Central tampoco cuenta con enlaces al home del dinero electrónico. Los usuarios con más paciencia se darán cuenta que la iniciativa se llama efectivo.ec, pero en ninguna parte de página aparece el nombre Banco Central del Ecuador. Causa confusión si efectivo.ec es el dinero electrónico o si es otra iniciativa. La combinación de factores demuestra una falta de conocimiento básico en promoción digital.

Una anécdota personal: cuando me registré para el sistema, me llamaron a decir que tenía que ir a a hacer un depósito a un lugar físico. Me di por vencido: si el dinero electrónico no cuenta con interoperabilidad con el sistema financiero desde su inicio, nadie va a perder su tiempo y paciencia para que el sistema sea un éxito. El gobierno podría ganar confianza ampliando la participación a otros actores como la banca privada. Como reconoce Villalba en su artículo: la falta de voluntad de cooperar con el sector privado sabotea el éxito del dinero electrónico.

El gobierno tiene que afinar su rol en la economía de la innovación: hay factores —como los que he señalado— que obstaculizan su habilidad para innovar, pero eso no significa que no pueda ser un catalizador de innovación. Si ofreciese incentivos y crease un ambiente de inversión, podría generar mucha innovación privada (o público–privada). Desafortunadamente, con la falta de estabilidad del estado de derecho, la alza constante de obligaciones tributarias y la incertidumbre legislativa (con leyes como el propuesto código ingenios) el gobierno ecuatoriano se ha vuelto un antagonista de la innovación. El cambio de la matriz productiva y la transición a un modelo económico basado en conocimiento y no las volátiles industrias extraccionistas tendrá que esperar a un nuevo liderazgo en el Ecuador.

 

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Foto de Agencia de Noticias ANDES bajo licencia CC BY SA 2.0

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