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El Ecuador cae en picada: el terremoto agravó la profunda crisis fiscal que vive el país. El gobierno ha caído en un círculo vicioso en el cual como no recauda pone más impuestos, sin darse cuenta que esos nuevos tributos harán que la actividad privada disminuya aún más, causando que la recaudación caiga también. Ya  explicaron dos economistas de diferentes partes del espectro ideológico —Jacobo Velasco, de corte más social, y Walter Spurrier, un técnico clásico— que sin inversión privada no habrá salida. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa parece insistir en sus dogmas: subió el IVA al 14% (algo que desdice su oferta de campaña de 2006, donde ofrecía bajarlo a 10%), restringió aún más el movimiento de divisas y subió los impuestos a bebidas alcohólicas y cigarrillos. Según Walter Spurrier, en el primer trimestre del 2016, 400 mil personas buscaron trabajo y no solo que no lo consiguieron, sino que cuarenta y cuatro mil más perdieron su empleo. Todo esto, en el contexto de un continente que empieza un viraje durísimo: después de dos décadas de gobiernos progresistas, los ojos del electorado vuelven a la derecha. Ante el giro que los va a dejar fuera del poder, la izquierda regional hace lo mismo que la derecha hizo hace veinte años antes de perder el poder: echarle la culpa al otro. Dibujar teorías de conspiración. El presidente Correa lo ha dicho con palabras clarísimas: “Es el nuevo Plan Cóndor contra los gobiernos progresistas”. La realidad, sin embargo, es mucho menos digna de una novela de Ian Fleming: a la izquierda latinoamericana la está sacando del poder su propia ineptitud, su incapacidad de cambio y, sobre todo, su creencia de que la democracia es solo ganar elecciones. Muy pronto nos dirán que en el Ecuador hay una guerra económica para sacar del gobierno a Correa, pero eso no es cierto: no es un guerra, sino un auto-atentado.

No hace mucho, los empresarios ecuatorianos estaban muy contentos con el estado del país. El propio Presidente lo reconocía: “Los empresarios nunca han ganado tanto como con este gobierno”. En 2012, en una entrevista, Xavier Flores Aguirre le preguntaba si la economía popular y solidaria no estaba relegada frente al, por entonces, gran desempeño de la empresa privada: “Como que ha habido mucho énfasis en el desarrollo económico de grandes empresas y grandes grupos empresariales que han tenido un buen desenvolvimiento que evidentemente ayudan al desarrollo económico general” —le decía Flores— “pero aparentemente el caso de la economía popular y solidaria no está al mismo nivel, no ha avanzado con la misma intensidad”. A eso, el presidente Correa volvía a cargar contra sus enemigos en las épocas de vacas gordas: la izquierda más retardataria, la de su alguna vez amigo Alberto Acosta. “El izquierdismo infantil cree que ser izquierdista es quebrar empresas” —se quejaba el Presidente que cabalgaba casi sin oposición hacia la reelección— “Que paguen impuestos que generen trabajo, no seamos ingenuos: no vamos a poder desaparecer en el siglo 21 al sector capitalista moderno y esa realidad que es el mercado”. Y de ahí, el Presidente se congratulaba de que a las grandes corporaciones les fuese bien. “En buena hora si están generando utilidades por la buena marcha de la economía”. Eso fue hace un poco más de tres años, en enero de 2013. A inicios de 2014, Coca-Cola anunció que invertiría mil millones de dólares en el Ecuador. En esa misma época, la revista colombiana Dinero publicaba un reportaje titulado Milagro Ecuatoriano para hablar de la buena marcha de económica del país. “El presidente ejecutivo de General Motors en Ecuador, el colombiano Fernando Agudelo, señala que en el caso de las ensambladoras se está trabajando muy de cerca con el gobierno, porque la meta es lograr que buena parte de los repuestos de vehículos y las autopartes se empiece a producir en Ecuador” apuntaba la publicación. “Ya han hecho contacto con grandes empresas como el Grupo Neme, de Colombia, para que instale allí una fábrica de amortiguadores”. Qué tiempos: llegaba la Coca-Cola, General Motors trabajaba muy de cerca con el Estado. ¿Hay dos empresas que representen más que esas dos al gran capitalismo mundial?

Tal vez sea la Coca-Cola una buena medida de cuán capitalista se es: cuando la Revolución Cubana triunfó e implantó un socialismo real en la isla caribeña, una de los primeros productos importados que desapareció fue, pues, la chispa de la vida. Al punto de que tuvieron que hacer un sustituto que, según el Che Guevara sabía a veces a mierda y otras a cucaracha. Cuando te vuelves socialista la Coca-Cola se va de tu país, no construye una planta gigantesca.

Curiosas antípodas: en la misma entrevista donde Correa decía que ser izquierdista no era quebrar empresas, decía que estatizar la propiedad de los medios de producción fue el error del socialismo clásico. “Cuba está saliendo de eso”, decía entre risas. Según las teorías conspirativas que muy pronto se escucharán con más y más fuerza, los capitalistas locales y extranjeros quieren que el gobierno se vaya porque… ¿han hecho demasiado dinero? No hay ninguna lógica en esto.

El sector de la construcción es un excelente ejemplo. Era uno de los más dinámicos en los años anteriores al 2015. Según este reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) de 2012 “La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas, así como por el efecto multiplicador generado por por la mano de obra empleada, ya que se considera a esta industria como el mayor empleador del mundo”. Ese sector es uno de los que más afectados está después de que el gobierno anunciara, hace un año, dos leyes: la de herencia y la de plusvalía. Nada más anunciarlas, la demanda cayó en un 80%. Apenas un año antes había movido diez mil millones de dólares. El 24 de mayo de 2015 en su informe a la Nación Correa hablaba de “una economía sólida”, pero un mes después se refería a días difíciles. La realidad es que al presidente Correa se le juntaron los dogmatismos, la realidad geopolítica y, ahora, trágicamente, un desastre natural histórico.

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Para muchos, sin embargo, el argumento de la guerra económica será suficiente. En principio porque ayuda a pasar la necesidad de reconocer el error de los que nos caen bien, en lugar de restituirles a los políticos la condición de servidores públicos: nada de afectos, solo administración de responsabilidades. Nada de caudillos, sino administradores socialmente responsables de lo público, que es de todos. Si fuera así, entenderíamos que no hay un “golpe blando” a Dilma Rouseff, sino el uso legal de herramientas constitucionales por un grupo de desvergonzados: sí, el 60% de los parlamentarios que suspendieron temporalmente del poder a la Presidenta brasileña tiene causas pendientes con la justicia. Pero hay dos hechos relevantes: así como Dilma, ellos también fueron electos por votación popular. El otro es que el impeachment es casi una tradición brasileña: el propio Partido de los Trabajadores —al que pertenecen Dilma y Lula da Silva— pidió cerca de cincuenta contra Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. ¿Y entonces? ¿Solo es golpe blando cuando el que está en el poder es uno?

No hay guerra económica fraguada en algún oscuro recodo del castillo de los vampiros capitalistas. Noam Chomsky —uno de los filósofos occidentales que más citaban al inicio de su gobierno los correístas— dijo que en América Latina se perdió una oportunidad histórica. Boaventura de Souza criticó recientemente al gobierno de Rafael Correa por cambiar de imperio: pasó de ser un satélite estadounidense a uno chino. Para rematar, el siempre franco José Mujica, ex presidente de Uruguay, dijo que Nicolás Maduro está más loco que una cabra al sugerir que Luis Almagro —secretario general de la OEA— trabaja para la CIA. ¿Qué pasa, el Pepe es también un agente el Imperio que quiere destruir la América bolivariana?

No. La respuesta está en los desatinos latinoamericanos. Y en nuestro país, en la incapacidad de un gobierno de despojarse del ego que ha asumido, que es el del presidente Correa. Porque no es que el régimen de Alianza País no tenga empacho en desdecirse ideológicamente —se dice de izquierda pero acaba de privatizar el financiamiento de las sabatinas, cree que los bienes públicos están sujetos a copyright privado, y para financiar el posterremoto va a vender el 49% de una hidroeléctrica—, lo que no quiere es aceptar que se equivocó en la decisión más grande que tomó: convertir al Estado en el eje de la actividad económica del país y depender de la liquidez que le dejaba el petróleo. Walter Spurrier le deja unos números de espanto a sus lectores:  dice que las exportaciones petroleras se desplomaron  a la mitad en el período entre enero y marzo de 2016, las no petroleras en 13%, y las importaciones no petroleras se redujeron en un tercio. Las recaudaciones del IVA cayeron y las del impuesto a la renta 6%, (algo que explicaba Velasco) y el crédito de la banca privada se contrajo 8,5% en reacción a una caída en los depósitos de 4,1%. “El déficit fiscal” —dice Spurrier— “se cuadriplica a 567 millones de dólares”. Los niveles de desempleo, volvieron a los registros de 2007. Nada de eso pasaba en los años anteriores, cuando la plata del petróleo hacía que el Estado mueva la economía privada, contratándola para infraestructura y mantenimiento. No hay una guerra económica de los capitales en contra de los progresistas. Han sido los progresistas los que han desaprovechado una oportunidad histórica, tanto en lo social, ambiental y económico. Nos defraudaron; y le dieron argumentos legítimos a una derecha que durante décadas nos mantuvo en el subdesarrollo para intentar volver al poder. Febrero de 2017 está a la vuelta.

Bajada

Ha sido más bien un autoatentado