El Código Ingenios podría matar el emprendimiento tecnológico

Cambiar la matriz productiva es esencial para el Ecuador: significa romper con el orden económico colonial y agregar valor a los productos y servicios en el país, en lugar de simplemente exportar materia prima y volver a comprar productos terminados. Mi trabajo me ha permitido ver muy de cerca casos de emprendimientos tecnológicos creados en Ecuador que ahora se venden en toda la región. Uno es un emprendimiento ecuatoriano que fue comprado por un grupo de inversionistas extranjeros que usaron la plataforma tecnológica y el equipo de liderazgo para crear una empresa regional. Con su matriz en Quito, la empresa opera en 6 países distintos y cotiza en una bolsa del extranjero con un valor de cuarenta y seis millones de dólares. En otro caso, una plataforma creada en Ecuador tuvo éxito en el mercado local y ahora tiene oficinas en Perú y Chile y su expansión regional sigue. 

Las dos plataformas fueron creadas aquí y generan ingresos para el Ecuador. Más que eso, los programadores que han trabajando en aquellas plataformas han ganado una experiencia que enriquece el ecosistema entero, ya que pueden aplicar ese conocimiento a otros emprendimientos y acelerar el éxito de otros proyectos. Mi preocupación es que el Código Ingenios —que se supone reemplazará a la Ley de Propiedad Intelectual, y que ha sido propuesto por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología— puede matar a ese ecosistema antes de que nazca, ya que los dos ejemplos mencionados no serían posibles bajo el régimen legal que propone la nueva ley. 

Hay dos componentes de la propuesta Ingenios que pretenden generar más emprendimiento pero podrían terminar haciendo lo contrario. El primero es el artículo 111 que trata de las regalías generadas por la creación de software. Bajo el artículo 111, 10% de las regalías de cualquier emprendimiento tecnológico tiene que pagarse a los programadores originales, aunque sean de otra empresa. Tal idea es peligrosa por algunas razones. 

Primero, si esa ley hubiese existido hace algunos años, la primera empresa que mencioné no hubiese existido: un grupo de inversionistas no va a comprar una plataforma si no son dueños del 100% de su producto y propiedad intelectual, por la misma razón que nadie compra el 90% de una casa o de un carro. Para poder tener éxito en industrias de conocimiento, tenemos que poder exportar nuestra tecnología, y para hacer eso necesitamos inversión. La velocidad de ejecución es clave en el éxito de empresas tecnológicas, y sin dinero ajeno es difícil montar todas las operaciones necesarias fuera del país para poder crecer. El inversionista espera que la empresa se venda en algún momento para recuperar su inversión y tener una ganancia. Nadie va a invertir ni comprar un producto que lleva consigo un impuesto de vida del 10%. 

Además, pagar para siempre el 10% de regalías significa un impuesto que obliga a la empresa dueña del software a mantener siempre una utilidad mínima: algo nada práctico porque muchas empresas tienen utilidades menores al 10%, y algunas hasta generan pérdida en sus primeros años de operación. En lugar de contratar software en Ecuador, las empresas locales van a preferir comprarlo en Perú, Colombia, o Panamá: el impuesto de importación siempre será inferior al impuesto del artículo 111. Al crear un desincentivo tan grande para generar software aquí, en lugar de fomentar un ecosistema de emprendimiento en Ecuador, el artículo 111 simplemente generará más negocio para los países vecinos. 

El segundo componente preocupante de la propuesta es el de obligatoriedad de uso de software libre en el Estado, en que el gobierno solo puede usar o contratar software de código de fuente abierta. Las definiciones de software libre son varias, pero —en general— se refiere a software cuyo código fuente es accesible para poder usar, modificar, distribuir y mejorar sin tener que pagar costos de licencia. Las consecuencias de esta regla son enormes: por ejemplo, si esta obligación existía antes, la segunda empresa exitosa que mencioné no hubiese llegado a poder exportar a otros países, ya que el Estado fue uno de sus primeros clientes y los ingresos generados por esos contratos ayudaron a que la plataforma pueda crecer y escalar. 

Al representar un porcentaje importante del gasto en la economía, la ausencia del Estado como comprador de software no libre limita la capacidad de los programadores de crear y vender software en Ecuador, ya que perderán el potencial de un cliente importante. El software libre es libre porque en general no hay un modelo de negocio detrás. Sin un modelo de negocio, no podemos contratar empleados que van acumulando conocimientos que enriquecen el ecosistema entero. La creación de software no libre enrique la creación de software libre, ya que los conocimientos adquiridos en una actividad se trasladan a otras actividades. Al disminuir el potencial de la venta de software no libre, también perjudicamos a la comunidad que hace software libre quitándole oportunidades y experiencias de aprendizaje. Las únicas empresas que hacen software libre son empresas multinacionales, que serán los primeros en beneficiarse de una ley que cierra la puerta a muchos emprendimientos tecnológicos locales. 

Además, al crear obligatoriedad de uso de software libre en el Estado se supone que hay alternativas disponibles que son igual de buenas, pero ¿qué dirán los empleados del Ministerio de Finanzas cuando se enteren que ya no pueden usar Microsoft Excel? ¿Cuál será el costo de cambiar todos los sistemas operativos de todas las computadoras estatales de Microsoft a Linux? Al obligar al sector público a usar software a veces inferior que los pagados, atentamos contra la eficiencia de la burocracia para cumplir con el sueño utópico del autor de la ley, que no entiende los costos implicados. 

Si logra implementarse la propuesta de ley del Código Ingenios podría ser desastrosa para la creación de industrias de conocimiento y el sueño de cambiar la matriz productiva. En lugar de crear un ecosistema de desarrollo de software más vibrante, Ingenios —en su forma actual— crea grandes desincentivos para crear software en Ecuador. Un ecosistema es un ecosistema porque actores distintos se nutren y entre ellos generan más prosperidad. El régimen ofrecido por la SENESCYT no ofrece la oportunidad de generar más prosperidad: disuade a la inversión en software y quita el potencial de vender a un cliente grande. En lugar de crear las condiciones para el éxito de actores locales, nos destinamos a comprar productos extranjeros: fortalecemos el modelo económico colonial de ser exportadores de recursos e importadores de ingenio. 

El cambio de la matriz productiva no se realizará por dictar leyes restrictivas, sino creando las condiciones en que aquellas industrias de conocimiento pueden florecer y expandirse regionalmente. En lugar de castigar la creación de software, deberíamos buscar incentivarla para que haya más actores acumulando más conocimientos y aplicándolos a más proyectos y emprendimientos. La innovación no se dará por decreto ministerial, sino cuando quitemos barreras entre el proceso de imaginar un mundo distinto y la creación de ese mundo. Lo más trágico de toda esta historia es que las mismas personas que nos propusieron la fantasía de cambiar la matriz productiva ahora sean los que fortalecen el estado actual de las cosas.