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Parece que estuviera escribiendo la misma crónica, año tras año, desde el 2003. La misma a la que le sumo más páginas, capítulos. La misma que parece que solo terminará cuando ya no quede ninguno. Pero no es la misma crónica, cada una es distinta, es una o más personas muertas distintas. Esta vez la lanza le tocó a Caiga Baihua. 

La sonrisa de Caiga aún permanece en mi memoria. Recuerdo las tantas veces que, como buen motorista, me acompañó a los promotores de la Fundación Labaka a visitar Shiripuno, Ñoneno, Bameno y Boanamo. Recuerdo que era él quien cocinaba cuando era hora de acampar, quien sabía muy bien tratar con los turistas y con los invitados cowode1. El que ayudaba a explicar a sus compañeros sobre vivir en paz con los vecinos, sobre el respeto al territorio —Ome Yasuní—; Caiga bromeaba, ayudaba a los demás, tomó las fotos para la exposición Wao Mimo —en el Museo Arqueológico y Centro Cultural Orellana—. Era el hijo de Omayuhe (uno de los viejos waorani de quien se dice que ha tenido visitas y contactos amistosos por parte de los tagaeri/taromenani) hermano de Otobo y de Bartolo, dos jóvenes dedicados al turismo en el corazón del Yasuní. Nunca imaginé que aquella tarde, en el malecón de Coca, vería por última vez  su sonrisa.

Hasta ahora no hay versión oficial de cómo murió. Todo son rumores, cuentos de la selva mezclados con épica y fantasías, sueños, miedos. Sabemos que el ataque fue en pleno río Shiripuno (Parque Nacional Yasuní, Zona Intangible) por donde pasan siempre los turistas para ir a una de las comunidades más famosas y visitadas: Bameno. Dicen que fueron cuatro hombres desnudos. Onenka, que estaba con Caiga, se salvó: está en el hospital Eugenio Espejo de Quito y es, de acuerdo a informaciones en Twitter (que es ahora como informan las autoridades) testigo protegida de la Fiscalía, es decir, que nadie más que personal de esa institución puede hablar con ella para saber lo que ocurrió, incluido el personal del Ministerio de Justicia, que es supuestamente el ente responsable de la protección de los grupos aislados o no contactados. 

La de Caiga Baihua es una más de las muertes —varias de ellas anunciadas— que ocurren en la selva del Yasuní. Desde el 2003 he seguido el tema, he visto muertos, he acompañado funerales, he escuchado el llanto de familias y he tenido pesadillas con solo imaginar los gritos de terror luego de recabar algunos testimonios de asesinatos, sobre todo, de mujeres y de niños. En el 2003, una incursión de los wao a una casa en el Cononaco  acabó con una veintena de personas. La muerte se dio, de acuerdo a lo que pude recoger en esa ocasión, porque la mujer de Carlos Omene lloraba. Estaba triste por su esposo muerto diez años antes y clamaba aún, venganza. Los madereros que buscaban cedro y talaban ilegalmente el bosque, aprovecharon la llamada de la venganza y, se dice, apoyaron a los wao con combustible y armas para acabar con los tagaeri. Los wao fueron a matar, cortaron la cabeza a un hombre, lancearon mujeres y niños y los pincharon “como a los monos”. Lo decidieron en una fiesta que es donde se deciden estas cosas.   

En el 2005 los “ocultados”, como preferimos llamarlos (aunque les dicen aislados o “no contactados”), mataron a un hombre. En el 2006, a otro. En el 2008 a otro más. Tres trabajadores de la madera, muertos (España, Castellanos, Angulo) y uno herido (Moreira). En el 2009 fueron contra una familia campesina en una vía colona (mataron a una mujer y dos hijos y se llevaron a un bebé al que devolvieron más tarde). En el 2013 mataron al matrimonio Ompure y Buganey, dos ancianos de la comunidad de Yarentaro, y pocos días más tarde, la familia de Ompure fue a vengar esas muertes, a la usanza cultural de ellos, matando a no sabemos cuántos, pese a que se advirtió3 en el 2013, como se advierte hoy, que, de no intervenir las autoridades, va a haber otra y otra más.

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En cada una de las muertes (waoranis y campesinos) he visto lo mismo: helicópteros aterrizando con funcionarios en la Brigada 19 Napo, declaraciones políticas de ir hasta las últimas consecuencias, tinta gastada en los periódicos con la crónica roja y con poca información, comunicados de las organizaciones ambientalistas culpando exclusivamente al petróleo de los hechos violentos, y unos procedimientos notariales y alguacilescos que no ayudan a poner en vigor las políticas de protección que el país supuestamente tiene, al menos, desde el 2007 y que se resumen en intangibilidad, reparación, autodeterminación, precaución, pro-homine, no contacto. Más bien estos procedimientos judiciales contribuyen al ocultamiento de los hechos en lugar de su esclarecimiento (pinchazos telefónicos, peritajes inútiles, amedrentamiento a quienes escriben o saben algo del tema, división entre waoranis, juicios sin pies ni cabeza y un largo etcétera que, por cierto, le debe costar plata al Estado).  

Hasta ahora no hay una versión oficial de los hechos ni de Caiga ni de ningún otra víctima. Y tampoco la habrá pues en ninguno de los casos se ha entregado una. Porque a este tema se lo ha judicializado, se lo ha tratado como la historia de un crimen (irresuelto, por cierto), cuando en realidad es un tema de Derechos Humanos, de Derechos de los Pueblos Indígenas y del cumplimiento de unas políticas de Estado. Se ha dado pie a que jueces, fiscales y abogados argumenten perlas como las que nos hemos cansado de anotar: que no se pueden resolver los casos porque no hay cédulas. Que como no hay cuerpos entonces no hay delito (aunque hayan ido al lugar de los hechos ocho meses luego de sucedidos, como en el 2013). Que no se puede llamar a declarar a los Tagaeri o Taromenane porque evidentemente están ocultos o que, luego de un peritaje realizado luego de mojar un algodón con agua oxigenada y untarlo en la punta de una de las 30 lanzas clavadas en el vientre de la señora muerta el 2009, de cómo resultado “que en la lanza había restos de sangre humana”.

¿Qué se ha aprendido en estos diez años? Al parecer, poco, muy poco, o nada. Seguimos repitiendo lugares comunes mientras se pierden vidas inocentes. Ni es este un tema exclusivamente entre clanes ni es un tema exclusivamente petrolero. Ni los indígenas llamados aislados ni aquellos en contacto inicial viven en el paraíso, ni son hermanos del alma: se han matado, se temen, están en tiempos de guerra y cobrando venganzas.

Evidentemente su territorio ha sido mermado. Hemos agredido la selva de forma perversa. Ninguna actividad se ha detenido al menos por el principio de Precaución4. Sigue la sísmica por los alrededores; se insiste en los trabajos en el campo Armadillo pese a todas las evidencias y avistamientos de los que el Ministerio de Justicia tiene amplia información; se concesionan bloques en el sur; siguen abriéndose vías y ampliándose carreteros (se agrandó la vía Maxus, se abrió la carretera del bloque 31); se amplían caminos vecinales en Nueva Esperanza y en otros límites del Parque Nacional Yasuní; siguen volando helicópteros sobre sus casas y chacras, sus ríos se han contaminado ahora incluso con mata-maleza, pesticidas que sustituyen al barbasco y que los indígenas están utilizando para pescar sin ningún control; siguen los derrames y estos contaminan las fuentes de agua; se sigue talando madera. Y tampoco se han detenido las incursiones de algunos waorani a las casas y cercanías de los tagaeri/taromenani, las fincas se multiplican y se adentran en los límites del parque, se escucha el vuelo de avionetas nocturnas y algunas gentes hacen cacería donde no deben.

Paradójicamente hoy se tiene más información sobre la presencia de los grupos ocultados (aislados o no contactados), mejor normativa, más lugares de vigilancia y control, monitoreo más científico, un mapeo más exacto gracias a los GPS y a la tecnología, leyes que amparan a los indígenas. Existen también planes de contingencia y se entiende que ahora el Estado sí cumplirá, y con ello se reparará a la familia de Caiga. Esperemos que así sea. Hay tienen también, unas recomendaciones dadas por una Comisión Especial para la investigación del caso del 2013 nombrada por el Ejecutivo para el efecto (en un informe que no se ha  hecho público).

Sin embargo, el tema se ha vuelto tan complejo y grave pues se han multiplicado los problemas: en el sector llamado vía Auca, los conflictos de límites entre campesinos, waorani y evidencias de presencia de “ocultados”; en la zona de Dikaro, por el juicio que lleva a cabo la Fiscalía contra 17 guerreros waorani; en la zona de Kawimeno por la ausencia de dineros petroleros por los trabajos del ITT; en la zona Cononaco por la baja del turismo que será consecuencia directa de la muerte de Caiga, solo por mencionar algunos. Estos no se solucionarán solamente con la reparación económica a la familia de Caiga, sino con el trabajo permanente y acompañamiento a los waorani, el cumplimiento a sus demandas (que no son pocas de acuerdo al documento que Nawe presentó a los Ministerios en la mesa en Puyo para evidenciar los convenios incumplidos) y el trabajo, que por ahora nadie hace, de explicación de las leyes y de una mejor convivencia a las familias waorani. Entre los waorani están quienes aún hablan de proteger la selva y quieren un territorio para los tagaeri/taromenani y respetar su aislamiento (como el grupo de Penti, en Bameno). Pero están también quienes quieren terminar con ellos definitivamente pues constituyen una amenaza para sus propias vidas. Todos tienen miedo. Y el miedo será fatal.

No hay coordinación entre instituciones. Se ha seguido un juicio penal inconsistente en el caso de 2013, se ha dado a los waorani señales confusas. Basta un ejemplo: un día el propio Presidente fue a Guillero, Yasuní, sector Maxus  —en septiembre de 2013— y para los wao de Dikaro y Yarentaro esa fue una señal de que se acabó el problema. Tanto, que le regalaron al Presidente una lanza de sus enemigos como trofeo. Pero días después fueron sometidos a la justicia ordinaria —en noviembre de 2013—: unos llevados presos, otros no; una niña quedó con quienes la capturaron y la otra, las autoridades la sacaron en helicóptero de la escuela y la llevaron a otra comunidad (Bameno, Cononaco); un día los liberan (de cargos de genocidio) y días más tarde los vuelven a acusar por homicidio en un proceso judicial por la matanza del 2013 que lleva dos años y medio. Si para nosotros (cowode) es difícil entender a los waorani, la  lógica de las autoridades —que se supone son competentes— es inentendible del todo. Eso sí,  son eficaces en una sola cosa: en ocultar los hechos relacionados con los pueblos indígenas aislados y crear más confusión.

Unos se sentarán cómodos en la poltrona de sus prejuicios. En la primera fila repetirán hasta el cansancio que “es un conflicto entre clanes” y, como Pilatos, se lavarán las manos sin sacrificar una gota de petróleo aunque ahora no valga casi nada; otros, en la segunda fila, repetirán el desgastado argumento petrolero llegando a arengar sin pruebas —sería bueno tenerlas, claro— que los petroleros pagan a los indios para matar a los Tagaeri y Taromenani. Alguno más se sentirá muy cómodo diciendo que hay que dejarlos libres como el viento y dejarlos es dejar que, en silencio, se organice una nueva partida, que esta vez será silenciosa y discreta, para acabar con ellos. Desaparecerán…  pero no se darán cuenta, creerán aún en la selva infinita, desde la comodidad de sus prejuicios ideológicos. 

A los pocos (que los hay), que han dicho que hay que dar mensajes de paz, que hay que hacer acuerdos, primero entre el pueblo waorani y el Estado ecuatoriano y luego, entre el pueblo waorani y las familias tagaeri/taromenani, serán descalificados y considerados etnocidas y promotores del contacto

Así que para los de la primera fila y los de la segunda, la función ha de continuar así hasta el final de los días, hasta que desaparezcan estos pueblos. No falta mucho. Tienen los días contados: de no hacerse algo urgente, la venganza por la muerte de Caiga llegará. Y no quedará ninguno para contarlo. 


Cowode es como les dicen los wao a los otros (mestizos, campesinos, turistas)

En 1993, Carlos Omene murió lanceado cuando devolvía a una chica, Omatuki, raptada por Babe Ima. Su esposa pedía a los hombres de la comunidad que vengaran esa muerte. Este relato se publicó en la revista Iconos 17 (FLACSO, 2003) y luego en el libro El Exterminio de los Pueblos Ocultos de Miguel Ángel Cabodevilla (Cicame, 2003).

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La Fundación Labaka y el Vicariato de Aguarico advirtieron a las autoridades en su momento, acerca de la urgencia de hablar con los waorani, indemnizar a las familias por un principio de justicia y reparación y acordar con ellos que no pueden incursionar en territorio de los tagaeri/taromenani. Eso consta en el libro Una tragedia ocultada, publicada por Cicame en 2013.

El principio de precaución se refiere a la  toma de decisiones públicas en forma oportuna y  adecuada, en situaciones donde la información disponible para ello es insuficiente, donde la información es incompleta o  confusa y en situaciones donde precisamente deben ser tomadas a pesar de las dificultades o complejidades.  La precaución exige tomar medidas preventivas en caso de incertidumbres o dudas sobre acciones, políticas o actividades que puedan llegar a afectar la vida, y la integridad física, cultural y territorial de los pueblos en situación de aislamiento voluntario: documento de Política Nacional de Pueblos en Aislamiento (2007). 

Bajada

¿Por qué la muerte de Caiga Baihua podría ser el fin de los tagaeri-taromenani?