La cuarta enmienda aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 permite a las Fuerzas Armadas dar un innecesario (y potencialmente peligroso) apoyo en la seguridad integral del Estado. Héctor Yépez Martínez lo advertía hace seis meses, a propósito de las manifestaciones en contra del actual régimen, que ha legalizado el uso de las fuerzas de seguridad contra la población civil, con el afán de defender la institucionalidad del Estado.
Los internacionalistas Buzan, Weaver y DeWilde (fundadores de la Escuela de Copenhague de Estudios de Seguridad) afirman que la militarización de zonas lejanas a las fronteras —centros poblados donde aparentemente no existiría peligro para la seguridad estatal— es necesaria cuando existe una amenaza a la integridad del Estado. Por el contrario, hacerlo en zonas donde existe población civil únicamente es legítimo cuando dicho grupo humano se encuentra en peligro. El gobierno ecuatoriano ha construido una amenaza alrededor de los ciudadanos ocasionando agresiones, detenciones y otras violaciones a derechos humanos. El uso de la fuerza (mediante los cuerpos militares) ha dejado de ser una excepción, que aplica para los estados de emergencia, para convertirse no solo en una regla, sino en la más fuerte de las reglas: la constitucional.
En la historia moderna los estados pequeños de Sudamérica hemos tenido la fortuna de estar alejados de las catástrofes mundiales. Las guerras y ataques terroristas mayoritarios han sido perpetrados lejos de nuestras fronteras. Sin embargo, en lugar de convertirnos en países de paz hemos perfeccionado el uso de la fuerza a través de la profesionalización de los militares con fines inhumanos, por decir lo menos. El caso Barrios Altos de Perú en el cual fuerzas estatales en 1991 asesinaron a varios presuntos subversivos opositores del régimen de Alberto Fujimori es un hito dentro del uso represivo de los agentes de Estado: en 1991 miembros de las Fuerzas Armadas peruanas ingresaron a la fuerza a una reunión privada, asesinaron a 15 personas, incluyendo un niño de 8 años, supuestamente vinculadas a la organización Sendero Luminoso. Las lucha violenta perpetrada por el Estado colombiano ha ido en aumento a través de actividades de defensa repudiadas por la comunidad internacional: En 2008 se conoció el escándalo de falsos positivos: el ejército colombiano asesinó a civiles para después hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate.
El uso del ejército y su especialización en actividades represivas puede ser un arma de doble filo. Tiroteos y represión como los ocurridos en Morona Santiago en agosto de 2015 son el corolario a un discurso gubernamental poco conciliador. Organismos internacionales han evidenciado un uso excesivo de los mecanismos de represión en contra de quienes ejercen un derecho a la resistencia curiosamente también consagrado en la Constitución. El Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina ha puesto a Ecuador en su mapa: según reporta, existe un uso excesivo de la represión estatal, mediante la fuerza y la criminalización de la resistencia entre los años 2007 y 2015. Desde varios espacios de lucha en favor de los derechos humanos se ha insistido la necesidad de una relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar episodios de violencia. La oposición y sus manifestantes son percibidos por el Estado como amenazas para el correcto desarrollo gubernamental. Esa percepción ocasiona continuas violaciones a los derechos humanos. Resulta curioso pensar que en ese escenario, los militares tengan la potestad constitucional de salir a las calles.
La inversión estatal y la continua inclusión de las fuerzas armadas en actividades urbanas han sido propias del segundo mandato del presidente Correa. El Estado ecuatoriano ha triplicado el presupuesto de las fuerzas armadas. Incluso se expidió un manual militar para el control de protestas, y la inversión ha sido, en gran parte, en equipos para el control de la seguridad interna. La posibilidad del uso de la fuerza militar para el control de la protesta es preocupante. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en ese sentido, a propósito de la expedición de leyes de seguridad en Ecuador que puedan consagrar estados de excepción permanentes. El exvicepresidente de la CIDH, Juan Méndez, dijo en septiembre de 2015 con respecto a la intención de expedir una nueva Ley de Seguridad Nacional: “se crea un nuevo estado de excepción cuando la Constitución habla sólo de tres (estado de guerra exterior, de conmoción interior y de emergencia económica). Por legislación no se pueden consagrar nuevos estados de excepción”. La potestad militar constitucional trae consigo la posibilidad de extender estados de excepción más allá de los establecidos en Montecristi.
La preocupación de la Organización de Estados Americanos —a través de la CIDH— ha sido ahora plasmada en una nueva enmienda constitucional que, aparentemente, podría garantizar un estado de excepción —uso de las fuerzas armadas— permanente. Un estado de excepción continuo podría ser utilizado con fines políticos para reprimir a la resistencia. Por ejemplo: las continuas alusiones del presidente Correa a los comuneros de Íntag como violadores de derechos humanos y farsantes. Los manifestantes han sido acusados de cometer actos delincuenciales y los policías son reivindicados como héroes por los canales oficiales de comunicación del gobierno. Definitivamente protestar y expresarse libremente se ha convertido en una afrenta a la fuerza y poder gubernamental. El escudo proteccionista constitucional enraíza un nuevo discurso de campaña y de poder: el uso constitucional de la fuerza ya es de todos (los gobiernistas).
La nueva labor constitucional de las Fuerzas Armadas legaliza la expedición de leyes de seguridad pública represivas, en tal sentido el aforismo legal utilizado para la expedición de la enmienda —seguridad integral— es ambiguo y sujeto a interpretación legislativa. Si la norma suprema permite el uso de la fuerza por asuntos de seguridad integral estamos cerca de presenciar —nuevamente en la historia— graves violaciones a los Derechos Humanos como las cometidas en los años 80 por escuadrones policiales y militares clandestinos. Como dijo el poeta romano Juvenal -en el año 90 DC- respecto a la concesión de potestades ilegítimas a los ejércitos: ¿Quis custodie ipsos custodie? —¿Quién vigila al vigilante?.
¿Se ha creado un escudo legal en el Ecuador que fomentará el uso de militares para reprimir la protesta social?
Fotografía de Ryan McFarland bajo licencia CC by 2.0. Sin cambios.
