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El 3 de diciembre de 2015 será recordado como un día negro en la historia republicana del Ecuador. Cien asambleístas del movimiento oficialista Alianza País y sus aliados —todos a excepción de Fernando Bustamante— custodiados por un amplio cordón policial aprobaron las mal llamadas enmiendas constitucionales en contra del criterio de más del ochenta por ciento de los ecuatorianos que reclamaban una consulta popular para pronunciarse sobre ellas. Los discursos de los asambleístas de Alianza País los días previos y el día del debate dejaron claro que el fin último de las reformas constitucionales —hay que llamarlas por su verdadero nombre— era “garantizar la permanencia de este proyecto político que profundiza la democracia real”, tal como lo dijo Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional. Se reforma la norma fundamental del Estado en función de los intereses de un movimiento político que se considera único garante de la democracia. Una vez consumado el atropello, ¿qué escenarios se pueden presentar de cara al próximo año y, en particular, a las elecciones presidenciales del 2017?

Para nadie es un secreto que la economía ecuatoriana atraviesa una profunda crisis derivada, principalmente, del desplome del precio del petróleo y del excesivo gasto público. El milagro ecuatoriano al que hacía referencia el presidente Correa solo fue tal mientras el precio del crudo se encontraba por encima de los ochenta dólares: hoy, por debajo de los cuarenta, el milagro se ha convertido en una pesadilla que —parece— se agudizará durante el 2016. Correa no quiere correr el riesgo de perder unas elecciones por primera vez desde que irrumpió en la vida política del Ecuador hace casi una década: su ego no se lo permitiría. La disposición transitoria que le prohíbe presentarse evita que alguien atribuya su decisión a la delicada situación económica que dejará en herencia. Y mientras Ecuador sufre los perversos efectos de la crisis económica causada por su gobierno, Correa disfrutará —según sus propias declaraciones— de un retiro temporal en Europa.

Sin embargo, debajo de la manga del presidente Correa podría haber un as. La disposición transitoria que se incluyó a última hora no fue analizada ni aprobada por la Corte Constitucional cuando dictaminó el procedimiento a seguir para la aprobación de las reformas constitucionales. En consecuencia, si la oposición se fortalece durante el 2016, se produce un nuevo milagro ecuatoriano  —léase un aumento considerable del precio del petróleo—, o cualquiera de los sucesores de Correa no despunta en las encuestas de la forma esperada, la Corte Constitucional —cuya dependencia del Ejecutivo ha quedado demostrada en reiteradas ocasiones— podría declarar inconstitucional la disposición transitoria aprobada por la Asamblea Nacional, y el presidente Correa tendría el camino libre para postularse nuevamente en 2017. Seguramente Correa argumentaría que su postulación es un sacrificio personal para garantizar la continuidad del proyecto político. No sería la primera vez que diga algo y haga lo contrario.

El presidente Correa sabe que los próximos cuatro años —salvo un inesperado aumento del precio del petróleo (cuya producción no disminuirá según decidió la OPEP)— serán muy duros en materia económica. Por eso, prefiere que ese problema lo afronte una persona distinta —aunque afín a sus intereses. Podría ser Lenin Moreno, Jorge Glas, José Serrano o Gabriela Rivadeneira, por nombrar algunos. Correa estaría en disposición de volver en el 2021 como Salvador de la Patria. En ese momento la reelección no tendría límites para él.

La popularidad del presidente Correa y la Asamblea Nacional (dominada por Alianza País) no atraviesa por sus mejores momentos. Sin embargo, corren con suerte: la aceptación de los supuestos líderes de oposición —el único visible, actualmente, es Guillermo Lasso— tampoco parece despuntar, por lo que no resultaría extraño que, pese a todo, el movimiento oficialista pueda ganar las elecciones en el 2017. Un triunfo de la oposición trastocaría los planes del presidente Correa, en especial si quien gana es Lasso, que ha ofrecido someter el paquete de reformas aprobado por la Asamblea Nacional a una consulta popular, con un resultado que no es difícil de pronosticar. Correa no se quiere arriesgar a que le suceda lo mismo que a su amiga Cristina Fernández. En Argentina, un muy mal candidato oficialista, Daniel Scioli, perdió las elecciones contra un mal candidato opositor —aunque mejorado por el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba—, Mauricio Macri. Si las encuestas lo exigen, no es nada improbable que Correa juegue la carta de la declaratoria de inconstitucionalidad. 

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Otra de las polémicas reformas aprobadas por la Asamblea Nacional que tendrá efectos el próximo año es la de permitir a las Fuerzas Armadas realizar labores que hasta la fecha se encontraban reservadas a la Policía Nacional. Durante el 2016, Correa tendrá que adoptar medidas económicas duras e impopulares que seguramente derivarán en protestas incluso más multitudinarias que las de mediados de 2015, las mismas que podrán ser reprimidas no solo por la Policía Nacional, sino por miembros de las Fuerzas Armadas. Si actualmente se producen abusos de la fuerza pública, tal como sucedió en las últimas protestas, con el fotógrafo de diario El Comercio, Diego Pallero, no es difícil imaginar los abusos que pueden cometer soldados que han sido entrenados para la guerra y no para resguardar la seguridad interna del país. En Ecuador, se acaba de abrir una puerta constitucional para que se produzcan abusos contra los derechos humanos.

El presidente Correa y los asambleístas de Alianza País, en un alarde de cinismo, han celebrado la aprobación de las reformas como un triunfo del pueblo ecuatoriano. Ese pueblo que reclama ser consultado, al cual no se le permitió llegar a la sede de la Asamblea Nacional y que fue violentamente reprimido por la fuerza pública por solicitar una consulta popular para pronunciarse sobre las reformas constitucionales. Ni siquiera el expresidente venezolano Hugo Chávez, el más autoritario de los presidentes socialistas de la región, aprobó la reelección indefinida sin someterlo a consulta popular.

Los oficialistas hablan de un nuevo triunfo de Alianza País sobre la oposición. Un triunfo en una Asamblea Nacional de pensamiento uniforme que hace mucho tiempo dejó de representar la pluralidad que existe hoy en la calle. Para que no quepa dudas que la fidelidad al partido está por encima de las convicciones personales, el sábado inmediato a la aprobación de las enmiendas Correa reprochó que Fernando Bustamante, uno de sus asambleístas, no votara a favor de las enmiendas. La vicepresidente de la Asamblea, Marcela Aguiñaga dijo que Bustamente, que se abstuvo, no debería pertenecer a Alianza País. Su colega Betty Carrillo dio una declaración de increíble honestidad:  “Independientemente de los criterios personales debe estar el criterio partidista. Por lo tanto, Fernando Bustamante debe ser sancionado por la comisión de ética de nuestra organización”. Muchos ecuatorianos que en el pasado apoyaron a Alianza País hoy se encuentran en la otra orilla. El supuesto triunfo podría dejar de ser tal en el 2017. Con el paso del tiempo, veremos cuál de estos posibles escenarios sucede. Lo que es cierto es que la democracia ha sido herida de gravedad en el Ecuador con las reformas que ha aprobado la Asamblea. 

Bajada

¿Cuáles son los posibles efectos políticos de la aprobación de las enmiendas constitucionales?

fuente

Foto:  Jean-François Renaud. bajo licencia CC  by 2.0. Sin cambios.