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El gobierno del Ecuador se encontraba en una encrucijada: ser fiel a su ideología e ignorar la realidad económica, o relajar sus preceptos y evitar que la economía entre en crisis. La proforma fiscal para 2016, presentada a finales de octubre, dejó claro el régimen no abandonará sus principios sin importar el costo que esto tenga para la sociedad.
2016 trae un escenario complicado para el fisco por que los ingresos petroleros desaparecerán del presupuesto y las recaudaciones tributarias se contraerán. Para mantener el modelo de impulso de la economía desde la inversión pública, el gobierno de Rafael Correa buscará financiamiento por seis mil seiscientos millones de dólares. Así espera evitar un descenso mayor en la inversión pública que estima se contraería en -31% —3.600 millones de dólares. Por el lado del gasto corriente, el grueso corresponde a sueldos y salarios que se incrementarán en 2,4% —a $8.800 millones. El Presidente ratificó que el próximo año no habrá despidos masivos en el sector público:
—Estas no son cifras, atrás de esas cifras hay gente, familias, comunidad.
Suena convincente, pero olvida mencionar un detalle: el costo de los menores ingresos petroleros alguien lo tendrá que pagar. Y el presupuesto para 2016 nos deja claro que no será el sector público —ni la burocracia— quienes lo harán. El presidente Correa ha decidido que sea el sector privado quien asuma el costo del ajuste.
¿Cuáles son los mecanismos para transferir este costo al sector privado? En primer lugar, se comenzará por eliminar el subsidio a las industrias y comercios por combustibles (338 millones de dólares ) y electricidad (120 millones de dólares). También se eliminará el subsidio al transporte interprovincial (44 millones de dólares).
Otros mecanismos en camino incluyen nuevas reformas tributarias. Está en la Asamblea un proyecto puntual a la Ley de Herencias para reformar lo que el gobierno considera mecanismos de evasión. Adicionalmente, de los Diálogos por la Equidad se esperaría obtener un proyecto de reforma global a las leyes de herencias y plusvalía. Se puede esperar que la Asamblea sea muy activa en buscar nuevas herramientas para incrementar la recaudación tributaria en 2016 a través de la eliminación de exenciones y deducciones. La contracción de la inversión pública también afectará el nivel de actividad en el sector privado. La reducción de $3.600 millones implicará menos obras de infraestructura y menos servicios.
¿Cuál será el impacto en el sector privado? Se continuarán perdiendo empleos como se ha registrado en los tres primeros trimestres de este año: 11 mil en el primero en relación al mismo trimestre del año anterior, 75 mil en el segundo y 10 mil en el tercero.
El presupuesto de 2016 no aborda el problema de fondo: tenemos un Estado demasiado grande para la situación actual de la economía, que gasta e invierte más allá de lo sostenible. Insistir en sacar más dinero del sector privado para financiar un Estado sobredimensionado generará más debilidad en economía.
Por otro lado, el endeudamiento externo tampoco es la solución, lo único que hace es aplazar lo inevitable. La economía debe ajustarse a la nueva realidad. No podemos seguir viviendo más allá de nuestras posibilidades.
Es preocupante que el gobierno no quiera enfrentar el desafío y, así, colocar al país nuevamente en una senda de crecimiento sostenible. Los objetivos de corto plazo —como las elecciones de 2017 y mantener la popularidad presidencial— impiden que se adopten las soluciones estructurales que la economía requiere. El costo será prolongar una etapa de bajo crecimiento y continuada pérdida de empleos.
¿Qué se debería hacer? Debemos pasar de una economía impulsada por la inversión pública a una con mayor inversión privada y impulsada por las exportaciones. El país puede aprovechar su potencial exportador si enfrenta su falta de productividad y competitividad. Los caminos son la apertura de nuevos mercados, incentivar la competencia logística y la competencia en el mercado doméstico.
Desde el sector público, el costo del ajuste tiene que ser compartido. No deben ser solamente los empleos del sector privado los que se pierdan. El Estado debe volver a un tamaño sostenible. ¿Cómo definir ese tamaño óptimo? Uno que permita que la carga tributaria en Ecuador sea competitiva en relación a aquella de países vecinos y que el nuevo endeudamiento público pueda ser compensado por el crecimiento de la economía.
Pero quizá lo más importante, sea tener un Estado que no busque desplazar la actividad privada, que coloque las reglas del juego claras y que genere confianza. Lastimosamente, el gobierno de Rafael Correa considera que todavía puede mantener su modelo. Quizá cuando se dé cuenta de lo contrario, sea ya tarde. Entonces el ajuste será más doloroso.
El presidente Correa ha decidido que sea el sector privado quien asuma el costo del ajuste
