Foto de Flickr Upload bot bajo licencia CC by 2.0. Sin cambios.
Luego de tres años de continuas advertencias políticas a Israel —por su insistencia en ampliar asentamientos israelíes a través de la ocupación de tierras palestinas—, el 11 de noviembre de 2015 la Comisión Europea —órgano legislativo de la Unión Europea (UE)— adoptó una serie de directrices. Estas incluyen indicar en la etiqueta la procedencia de productos fabricados en asentamientos israelíes ubicados en zonas ocupadas por Israel desde 1967: territorios palestinos como en Cisjordania y Jerusalén Este, y otros como Golán sirio. La medida es para que los consumidores de los veintiocho países que conforman la eurozona se informen sobre qué bienes están hechos en territorios ilegítimamente ocupados y colonizados —bajo los principios del derecho internacional— y que no son reconocidos por la UE como territorio israelí.
El mecanismo plantea el etiquetado especial de frutas, vegetales, vino, miel, aceite de oliva y derivados de aceitunas, productos orgánicos, cosméticos, huevos y aves, que especificará que son procedentes de un “asentamiento israelí”. Así, el comprador se sentirá en la libertad de legitimar o no la ocupación de territorios árabes por parte de Israel. La medida también plantea el etiquetado de productos palestinos para que se regule la producción proveniente de Cisjordania o de la Franja de Gaza. Aunque, en principio, la disposición propone ser una iniciativa europea que ejerza presión sobre el Gobierno israelí para volver a la mesa de negociaciones con los palestinos y hacerle honor a la difunta “solución dos-Estados” —especialmente de cara a la continua expansión y construcción de asentamientos—, la controversial medida tendrá mínimas implicaciones políticas y tal vez económicas para Israel y sus relaciones con la eurozona. También se ha mencionado que es una medida técnica que, además, se adhiere a la sentencia de 2010 del Tribunal de Justicia de la UE que sostiene que productos provenientes de Cisjordania no deberían ser sujetos al régimen preferencial arancelario que mantienen los de Israel.
Pese a que fuentes de la UE aclararon que no se trata de una medida que apoya la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) contra Israel, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha enfatizado que está en contra de esta medida porque es discriminatoria y vergonzosa. El mandatario israelí, naturalmente preocupado por el bienestar del pueblo palestino, advirtió que los principales afectados por la medida serán lo palestinos que trabajan en los asentamientos israelíes a diferencia de la economía de Israel que soportará la posible disminución de alrededor de un 2% de los casi 13.000 millones que el país exporta al viejo continente.
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) vio con buenos ojos la medida adoptada por el Consejo Europeo, y aunque considera que es apenas un pequeño cambio en las dinámicas que se han mantenido por décadas entre Europa e Israel, “es un paso en la dirección correcta” que, de todas maneras, es preciso analizar un poco más. Como bien lo señala el periodista belga Luc Delval en este artículo, si bien es un paso favorable —por mínimo que sea— resulta incongruente que aunque la UE no reconoce a los territorios bajo ocupación de colonos israelíes como territorio de Israel, con esta medida valide “el derecho de las colonias […] a exportar sus productos a Europa” siempre y cuando tengas la “etiqueta correcta”. Resulta que ahora es legítimo comercializar con asentamientos y colonias ilegales, de acuerdo al derecho internacional. Lo que pasa es que el pequeño paso hacia delante es anulado por los miles de pasos atrás que continuará dando la Unión Europea mientras mantenga vigente su intocable y amistosa relación con Israel. Para ejercer una verdadera presión sobre “la única democracia de Medio Oriente” hace falta más, mucho más. Un verdadero paso en la dirección correcta sería aplicar un embargo de armas contra una de las cinco potencias militares del mundo. De lo contrario, no se puede sino concordar con el periodista norteamericano de origen palestino, Ali Abunimah, en que se trata de una acción hipócrita más por parte de la UE. Abunimah advierte que mientras la complicidad entre países de la eurozona e Israel continúe, no habrá un verdadero cambio. Y hace bien en mencionar que mientras la UE “se rehúse a terminar sus comercio de armas y otros materiales que respaldan los crímenes cometidos por Israel”, seguirán siendo juez y parte de los actos que comete día a día Israel contra los palestinos.
Sobre la gran preocupación de Netanyahu respecto al bienestar de los palestinos que trabajan en los asentamientos, vale aclarar que es cierto que mucho palestinos recurren a puestos de trabajo en asentamientos debido a la falta de plazas laborales en Cisjordania y Jerusalén Este. Esto porque la ocupación no facilita la entrada y salida de bienes y recursos palestinos —a menos de que sea a través de Israel—. A esto se suma la deplorable situación financiera que atraviesa al momento Palestina: en el primer cuatrimestre de 2015 tuvo tasa de desempleo del 25,6%. Por eso al Estado le es casi imposible —más en medio de una crisis financiera mundial—, crear puestos para los aproximadamente 35.000 palestinos que trabajan en asentamientos, algo que además en penado por la ley palestina desde 2010. Las condiciones laborales en estos sitios son pésimas: reciben malos tratos, explotación, largas horas de trabajo en condiciones peligrosas —especialmente en el área de construcción— y con pagos que no superan el salario mínimo.
Pero ahí no acaban las irregularidades: la “única democracia del Medio Oriente” se vale del trabajo infantil palestino para conseguir el progreso de sus asentamientos. En abril de 2015 la ONG Human Rights Watch expuso un reporte de 74 páginas que muestra los abusos a los que son expuestos niños de once años en adelante en los asentamientos agricultores de Cisjordania. El reporte dice que además de tener al menos un 86% de tierras fértiles de Cisjordania bajo ocupación, se enriquecen del trabajo de niños que están expuestos a peligrosos pesticidas y deben levantar cargas pesadas en temperaturas que hasta superan los cuarenta grados centígrados. Los más pequeños muchas veces deben correr con los gastos —en caso de disponer de los recursos— para tratar enfermedades que estos trabajos acarrean, como dolores lumbares, hernias e infecciones respiratorias, y enfermedades y complicaciones más graves como cáncer, infertilidad y problemas neurológicos.
Está claro que la adopción de la medida es un ínfimo paso en la dirección correcta para ejercer presión sobre Israel, un país que parece ajeno a las prácticas, deberes y el ejercicio de sus obligaciones como miembro de la llamada comunidad internacional. Además, si consideramos que Europa —especialmente Alemania, Austria y Francia— guarda un sentimiento de culpa frente a los execrables eventos del Holocausto y el exterminio de millones de judíos, y otros segmentos de la población, es sin duda un cambio histórico. Pero, siendo sinceros, ¿qué tan eficiente es esta medida? ¿Cuántos de nosotros nos fijamos en la procedencia de los bienes que consumimos? Y aún más importante, ¿cuántos de los miles de millones de productos que Israel exporta harán falta para recompensar casi siete décadas de colonización, las miles de muertes —de ambas partes— y los más de cinco millones de refugiados palestinos?
En plena era de la mal llamada “civilización”, el supuesto respeto a los derechos humanos, y un orden mundial viciado por la politización de sus organismos que, en principio surgieron para evitar que la humanidad continúe aniquilándose entre sí, hace falta mucho más que etiquetas —que pasarán desapercibidas por la mayoría de consumidores de la eurozona— para acabar con una ocupación militar y la colonización de un pueblo entero.
¿Qué tan efectivo es un papel —sobre un producto— que indica que fue elaborado en un asentamiento ilegal?
