1._texto_ramiro_avila.jpg

Foto de Cancillería del Ecuador bajo licencia CC  by 2.0. Sin cambios. 

El 9 de noviembre de 2015 estuvo a punto de suceder un hecho histórico en Ecuador: ex oficiales del ejército iban a ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad que fueron registrados, investigados y demostrados por la Comisión de la Verdad (CV). Según el informe de la CV, el 10 de noviembre de 1985, Susana Cajas, Xavier Jarrín y Luis Vaca fueron detenidos arbitrariamente en Esmeraldas, incomunicados, secuestrados y torturados en el Batallón de Inteligencia Militar de esa ciudad. Quince días después, Cajas y Jarrín fueron trasladados al Centro de Detención Provincial de Quito (CDP). Vaca estuvo desaparecido por más de dos años. Las autoridades militares negaron la detención. El ministro de relaciones exteriores, Edgar Terán, afirmó que Vaca no fue detenido por autoridad pública alguna. El ministro de gobierno, Luis Robles Plaza, manifestó que Vaca no existía. En esa época también, cuando se duplicaron los escuadrones volantes, se dio el respaldo para usar las armas y se afirmó que “si una mínima porción, ínfima porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida.» Es decir, no solo se negaban las violaciones de derechos humanos, sino que se las promovía. Treinta años más tarde, como si el tiempo borrara los crímenes de lesa humanidad —o como si estas violaciones contra los derechos humanos se convirtieran en actos heroicos— la institución militar vuelve a negar sus delitos.

Afuera del edificio de la audiencia del juicio penal, se leían consignas como “los militares no somos criminales somos soldados de honor”, “los vencedores del Cenepa acusados por terroristas”, “Militares en las cárceles, terroristas de ministros”. Un ex ministro y ex general, Jorge Gallardo —el  mismo que afirmó que los once indígenas conocidos como los “once del Putumayo”, cuya inocencia fue reconocida judicialmente, eran guerrilleros de finca y negó las brutales torturas que sufrieron a manos de miembros del ejército ecuatoriano—, afirmó que era un escándalo y una aberración que se haya acusado por haber cometido delitos de lesa humanidad. Dijo que «las Fuerzas Armadas han respetado y hecho respetar la dignidad del pueblo ecuatoriano.»

Quizá lo más significativo de la jornada, que terminó suspendida por la falta de presencia de uno de los acusados, fue la presencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Alto Mando Militar y altos oficiales. Todos uniformados.

PUBLICIDAD

¿Qué significa esta presencia militar, oficial, en un acto civil para juzgar un acto delincuencial que tiene particular gravedad?

Varias lecturas podrían hacerse.

Una primera es que están haciendo uso de recursos públicos y de tiempo de servicio para algo que no les compete. La segunda quizá tenga que ver con un acto de solidaridad a favor de miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados. No se puede negar la solidaridad con una persona, conocida o amiga, que está sometida a un juicio penal y que podría ser sometida a la cárcel. Pero no como militares, por favor: el uniforme compromete a quienes lo usan. Sean solidarios como personas, como ciudadanos, vestidos de civil, con licencia o permiso de trabajo, pero no como militares activos: eso significaría que la institución militar quiere impunidad frente a un hecho históricamente probado. Una tercera lectura podría ser que el alto mando militar está intimidando o ejerciendo presión a los jueces. “Jueces, les estamos mirando, y nosotros tenemos la fuerza.” No quisiera creer esto. Tenemos ya historias reiteradas de presiones por parte del gobierno (funcionarios de ministerios que acuden a audiencias), de atentados por parte del Consejo de la Judicatura que ha utilizado la figura del error inexcusable para deshacerse de jueces que resuelven en contra de los intereses del gobierno. Sería el colmo.

Pero una de las peores razones para  la presencia de los jefes militares en el juicio es que estén de acuerdo con haber violado derechos esenciales. Que no lo consideran malo, peor un crimen de lesa humanidad. Esta preocupación me hace pensar, una vez más, en la desafortunadamente propuesta de “enmienda” a la Constitución que ha hecho el gobierno de Rafael Correa para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, para —dicen sus justificadores— tareas de seguridad ciudadana. Es un riesgo fatal para los derechos humanos: poner a patrullar el orden interno a una institución cuya cúpula considera que actos como detener arbitrariamente o torturar no son violaciones a los derechos humanos. ¿Si esto no es atentar contra la seguridad ciudadana, que se entiende como el respeto a los derechos humanos, qué es?

Necesitamos dos cosas, de forma urgente: Que los jefes militares no se presenten uniformados, a presionar, en las audiencias de juicio por delitos de lesa humanidad. Y que la Asamblea retire la “enmienda” que propone que las Fuerzas Armadas hagan seguridad ciudadana. Si ninguna de estas dos cosas sucede, la historia, el pasado —que se suponía no volvería— se repetirá. 

Bajada

¡Por dios, retiren la “enmienda” que propone que las Fuerzas Armadas hagan seguridad ciudadana!