Foto de Carsten ten Brink bajo licencia CC by 2.0. Sin cambios.
El día de hoy, 09 de noviembre de 2015, se iniciará la primera audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad en Ecuador. Mediante un proceso de construcción histórica, de testimonios de brutalidad policial y militar, en 2008 se constituyó la primera Comisión de la Verdad. Siete años después los procesos han ido judicializándose lentamente: en 2013 se inició el primer proceso (caso Fybeca). Aun así los entes estatales encargados de los procesos —Fiscalía y Judicatura— celebran la lentitud y torpeza, vanagloriándose de ser —según dicen— efectivos y justos. Los bemoles de los cuáles están dotados estos casos denotan una verdad: Ecuador no estaba jurídicamente preparado para asumir la pesada carga de la justicia transicional.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia y el Fiscal General del Estado han titubeado y tambaleado constantemente en el ejercicio de la acusación y la toma de decisiones. La teoría del caso construida por Fiscalía no es concisa y está basada en testimonios de aquellos que quieren salvarse inculpando a otros.
El 10 de noviembre de 1985 Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, identificados como miembros de la agrupación de izquierda “Alfaro Vive Carajo”, fueron detenidos en Esmeraldas. Los trasladaron a Quito, a las dependencias del poco conocido CIQ (contra inteligencia Quito) en el cuartel del ejército ubicado en Conocoto. El ejército ecuatoriano negó su detención. Cajas y Jarrín fueron torturados y sufrieron vejaciones durante aproximadamente quince días. Luis Vaca estuvo recluido cerca de 3 años. Fue liberado en 1988. El mediático caso Cajas, Vaca, Jarrín, por su contexto conlleva un avance en el ámbito jurídico social para el Ecuador. Sin embargo, la falta de especialización de los miembros de los órganos judiciales y de investigación en materia de derechos humanos y lesa humanidad es clamorosa.
La Fiscalía ha cometido errores graves en el caso Vaca, Cajas, Jarrín. El primero es haber alegado la violación de normas de Derecho Penal Internacional del Estatuto de Roma. Por cuestiones de temporalidad e irretroactividad (la ley penal sólo rige para el futuro) el Estatuto es inaplicable: su vigencia data del año 1998, los hechos sucedieron trece años antes. En la —bastante confusa— decisión judicial que iniciaba este juicio, la Jueza Nacional de primera instancia estableció que el Estatuto de Roma no era el documento normativo preponderante porque no era aplicable a los hechos. La norma jurídica que debía tener primacía era la ley penal ecuatoriana pero adquiriendo el carácter de la imprescriptibilidad de la norma internacional. Las afirmaciones realizadas atentan al principio de legalidad: no hay crimen sin ley previa. La adecuación de circunstancias y construcciones jurídicas confusas a favor de las pretensiones de los acusadores deslegitima el proceso y atenta contra garantías ciudadanas básicas.
La construcción de una teoría para determinar los responsables ha sido también un punto débil en la acusación fiscal. La Fiscalía pretende usar la teoría del doctrinario alemán Claus Roxin, quien ha afirmado que la forma más alta de criminalidad son los aparatos organizados de poder. Esta teoría sirvió para juzgar a altos militares alemanes en el caso Los tiradores del muro —soldados de Alemania del Este que tenían la orden de disparar a quienes intenten cruzar el Muro de Berlín. Es erróneo que pueda sostenerse una teoría de aparatos organizados de poder en un caso en el cuál se ha acusado a apenas ocho miembros de las Fuerzas Armadas. Dicha afirmación implicaría entender que las decisiones militares, en los años 80, las tomaban un reducido grupo. La Fiscalía no ha podido dilucidar quiénes en realidad estaban detrás de las violaciones a los derechos humanos.
Lo más penoso ha sido la continua negociación de la Fiscalía con los involucrados —militares y policías en servicio activo en la época de los hechos— a cambio de información. El mismo Director de la Comisión de la Verdad, Fidel Jaramillo, dijo que los testimonios de los presuntos perpetradores han respondido a la misma lógica: “Empiezan a decir yo no fui, fue tete”. La constante presión de la Fiscalía en contra de ciertos miembros del círculo militar ha obligado a negociar acusaciones a unos a favor de absoluciones de otros. De ninguna manera se puede entender que existan dos oficiales de bajo rango procesados mientras el Subcomandante del CIQ, Rommel Mejía, haya sido absuelto. Es aquí donde tambalea la teoría de los aparatos organizados de poder: acusar a los de abajo y absolver a los de arriba es hacer, precisamente, lo contrario a lo que propugna dicha teoría.
Me permito hacer mención aparte de la acusación particular encarnada en la persona de Juan Pablo Albán, especialista en Derechos Humanos, cuya labor ha sido objetiva y centrada. Lastimosamente la actuación de Albán no es estelar: el proceso penal está diseñado para dar primacía en la dirección de la investigación y en la acusación a la Fiscalía. El mismo Juan Pablo ha sido crítico con los Jueces y el aparataje judicial que ha hecho de todo menos cumplir con los plazos razonables para la concesión de ese ideal al que aspiran las víctimas: justicia.
La impunidad ya cumplió treinta años y seguimos contando. Recordemos que la administración de justicia en Ecuador funciona con un motor político. Sólo aquellos casos que importan al Ejecutivo son atendidos con la tan anhelada rapidez y celeridad. La sentencia y proceso flash en el caso contra Diario El Universo lo demostraron. Pero en el caso Cajas, Vaca, Jarrín su condición mediática ha sido contraproducente: la acusación fiscal es vaga y ambigua. La bandera de lucha a favor de las víctimas necesita ser más que eso, debe concretarse en ideas, argumentos e investigaciones sólidas que permitan reconstruir la memoria perdida. Investigaciones y acusaciones que se traduzcan en fundamentos y que permitan construir un nuevo Estado ecuatoriano fundado en los Derechos Humanos. Un Ecuador en el cual no existan casos como los de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín. Basta de verdades acomodadas, de verdades a medias. Basta de verdades construidas por los propios perpetradores. Basta de juicios históricos que quieren resolverse con un pueril Yo no fui, fue tete.
¿Qué hay detrás de los procesos por crímenes de lesa humanidad en Ecuador?
