¿Quién [de verdad] asume el costo del subsidio a la gasolina?

_{^{Foto de Brian Talbot bajo licencia CC  by 2.0. Sin cambios.}}

Los subsidios son maravillosos. Para el que los recibe, no para quien los paga.  Como lo es comer en un restaurante y que pague otro, o viajar a cuenta de la empresa a los mejores hoteles, o que la gasolina de tu carro la pague alguien más. Un subsidio es, básicamente, que el Estado pague parte del precio de lo que un ciudadano consume de un bien o servicio: unos lo disfrutan, todos lo pagan. Aunque creamos que es El Estado, en realidad somos todos los que pagamos impuestos los que estamos asumiendo ese gasto por algo que no estamos consumiendo. El Estado ecuatoriano —o sea nosotros— ha pagado en doce meses hasta 3.900 millones de dólares (solo en el 2014) en subsidios a los derivados del petróleo, y unos 23.500 millones de dólares entre 2007 y 2015. Esto es el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Para el Bono de Desarrollo Humano —otro tipo de subsidio— se gastaron cerca de 700 millones de dólares solo en el 2014, eso es menos de la quinta parte de lo dedicado a los combustibles. El coste de oportunidad que hemos pagado los ecuatorianos por no pagar el coste real de los combustibles consumidos ha sido muy alto.

Un subsidio es una asignación gratuita de recursos del Estado a unos u otros, a ciudadanos o empresarios. Es siempre un regalo. La teoría económica clásica dice que se deben otorgar a aquellas actividades que son positivas para la sociedad pero que no son producidas de manera suficiente por el mercado. Por esto es que los subsidios a la gasolina o los consumos fósiles no encuentran amparo alguno en la teoría económica, sino que, más bien al contrario, lo que ésta justifica son los impuestos a los mismos. 

Pero si se quitaran los subsidios muchos se verían perjudicados. Especialmente los de clase media-alta, que reciben una proporción muy superior de los subsidios. Según el presidente Correa, en el 2013 “las personas de mayores recursos” recibían hasta mil dólares en subsidios anuales, frente a los sesenta dólares que recibe una persona de menos recursos. El modelo actual es una redistribución inversa de la riqueza: de los más pobres a los más ricos. Difícilmente se puede pensar en un modelo más injusto. Eliminar los subsidios causaría que la gasolina pase de los 2,16 dólares por galón actuales a los 2,83 que se pagan en Estados Unidos. Ciertamente sería un aumento de precios impopular que tendría un coste político, pero un aumento necesario para mejorar la eficiencia de la economía ecuatoriana. Sería, además, más justo para la distribución de los recursos.

Esa impopularidad que conllevaría quitar el subsidio ya la hemos visto. Habría que preguntarle al ex-presidente Bucaram ya que fue él quien intentó eliminar el subsidio al gas licuado, decisión que provocó su sustitución luego de declararlo con “incapacidad mental para gobernar” en 1997. O al (y sí, muy loco hay que estar para querer eliminar los subsidios siendo político) ex presidente Gustavo Noboa que en el 2001 tuvo que retirar su propuesta de reducir los subsidios por las protestas callejeras. O al también ex presidente Lucio Guitiérrez, quien en el 2003 firmó una carta de entendimiento con el FMI que incluía la decisión de “eliminar los subsidios” lo que le significó una alta impopularidad y el inicio del ocaso de su mandato. O al presidente Correa quien ya en el 2008 propuso un referéndum para “focalizar” el subsidio al gas doméstico ya que dijo que tenía “rasgos de ineficiencia”, y ha insistido en intentar la reforma de los subsidios reiteradamente desde entonces hasta este 2015. El coste político es, como se lo ha visto, muy alto. 

Los 23.500 millones de dólares gastados para los subsidios de ocho años han sido un despilfarro. Se calcula, por ejemplo, que sólo en el 2014 hasta 500 millones de dólares en subsidios se filtraron a Colombia y Perú a través del contrabando de gasolina, y en otra gran parte han servido para que las personas más pudientes puedan disfrutar de sus carros pagados por todos los ciudadanos. ¿Qué se podría haber hecho con todo este dinero? Pues se podría haber multiplicado por cinco —hasta los 250 dólares mensuales— el bono de desarrollo humano —pasando de  un gasto total de 750 millones a 3900 millones— para compensar la subida del precio de la gasolina y los perjuicios de la subida de precios del gas. Con tan sólo los subsidios de año y medio se podría haber pagado las ocho centrales hidroeléctricas —cuyo coste total se estima en 5.800 millones—, o se podría haber construido 780 escuelas del milenio en el 2014 —calculando un costo promedio de cinco millones de dólares por cada una— en lugar de las 56 que son las que hasta ahora están en funcionamiento. El Estado ecuatoriano también hubiese podido generar unas reservas —ahorro, de fondos soberanos, lo que se conocen en Ecuador como fonditos— de unos 30.000 millones (el 30% de su economía, el gasto público de un año), que podrían haber servido para afrontar la crisis económica con mucha más solvencia. Pero estos son sólo algunos ejemplos directos de cómo se pudo haber empleado todo ese dinero. Los subsidios, en realidad, tienen un gran coste de oportunidad  para el país. 

En los últimos siete años en el país se ha desarrollado el Proyecto Adaptación al Cambio Climático (PACC). Hasta noviembre de 2015, ha costado más de dos millones de dólares, todos financiados con fondos de cooperación internacional —como Global Environment Facility, en Washington, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo—. Por un lado se está gastando ese dinero para amortiguar los efectos del cambio climático causado por los gases de efecto invernadero y por el otro se incentiva su generación a través de los subsidios a los combustibles. Una flagrante contradicción. En países desarrollados se otorga subsidios a energías renovables ya que se supone que al ser éstas energías “limpias” que evitarían emisión de gases de efecto invernadero su producción tiene “externalidades positivas”. Esto es: sustituir unos subsidios que se dan a los ciudadanos para que consuman energía más barata por subvenciones que se otorgan a los empresarios que producen energía más cara.  

Pero esto no parece que tenga la mayor lógica económica. El modelo de subvenciones a la energía fotovoltaica aplicado en España durante los años de la burbuja puede servir como ejemplo paradigmático. Los subsidios eran tan altos que provocaron un aumento considerable del precio de la producción de energía eléctrica pues se implementaron paneles solares a las que  que había que pagar los subsidios comprometidos así la energía producida fuese mucho más cara. Tras años de fuertes subvenciones, diversos cambios de modelo y de legislación, en el año 2015 el resultado es desolador. España tiene la cuarta tarifa de electricidad más alta de Europa, lo que hace su economía menos competitiva: le cuesta mucho más producir por costes de energía —una contribución de tan sólo el 4% de la energías solares a la matriz energética nacional— y la quiebra de muchas empresas. Con ellas, las pérdidas de decenas de miles de puestos de trabajo.

El ejemplo español sirve como espejo para la economía ecuatoriana y otras muchas en las que aún se propone como solución seguir la senda de los subsidios a las energías — renovables o no. Quizá la mejor idea, por tanto, es no subsidiar ningún tipo de energía. Ni a los productores, ni a los consumidores, y que al igual que se produce con la comida, con la ropa, o con el internet, los ciudadanos paguen el precio que cuesta cada lo que consumen, pues si no cualquier alternativa planteada genera distorsiones a la economía que la hacen menos productiva, y además menos justa: se regala a algunos lo que tanto cuesta generar a todos.

Los países más desarrollados —especialmente los europeos— tienen un precio para la gasolina muy superior a la de Ecuador. Ahí no sólo consideran que no hay que subsidiar su consumo sino que como son combustibles contaminantes y causantes principales del cambio climático, el Estado debe gravarlos con los llamados “impuestos pigouvianos” para desincentivar su consumo. Lo que es paradójico es que un país como Ecuador que tiene una importante retórica para luchar contra el cambio climático subsidie —esto es, favorezca e incentive— el consumo de energías fósiles que son los supuestamente responsables del cambio climático. Mientras tanto, los países más desarrollados cobran impuestos a esos mismos productos para desincentivar su consumo porque consideran que producen “externalidades negativas” como contaminación y el calentamiento global. En este índice de precios de la gasolina se observan esos rangos: desde los 1,86 dólares el litro que se pagan en Hong Kong debido a los altísimos impuestos hasta los 0.02 centavos de dólar el litro de Venezuela debido a los altísimos subsidios. En la parte de los países subsidadores están los 0,44 centavos de dólar el litro que se pagan en Ecuador.

Los subsidios son maravillosos para quien los recibe. Pero siempre hay alguien que los paga, y aunque creamos que es “El Estado” en realidad somos todos los que pagamos impuestos los que estamos asumiendo ese gasto por algo que no estamos consumiendo. Cuando unos pagan y otros consumen el resultado es siempre el mismo, así sea que paguen los padres y gasten los hijos adolescentes, que pague la empresa y consuman los trabajadores en comidas de empresa, o que pague el Estado y consuman los ciudadanos lo subsidiado, siempre se toman malas decisiones de gasto gastándose más de lo necesario y despilfarrando. Por eso lo mejor para la economía ecuatoriana y los ecuatorianos sería la eliminación de los subsidios.  Aunque sea una política impopular es una política necesaria. Imprescindible. Ya ineludible. Ahora, en la crisis económica, es el momento en que se presentan las facturas para su pago. Y también hay que cubrir la de los subsidios.