La economía ecuatoriana está en riesgo. Para ser parte de la solución y no del problema, un grupo de expertos organizamos el taller “Retos económicos, Ecuador”. Las  conclusiones de las discusiones de dicho taller se sintetizaron en cinco artículos publicados en Koyuntura (revista del Instituto de Economía de la USFQ). En estos artículos se provee un breve diagnóstico de la situación económica de nuestro país. Posteriormente, en base a este diagnóstico, un grupo de veinte economistas —algunos talleristas y otros académicos alineados con nuestra visión—, publicamos, el miércoles 14 de octubre, un comunicado con propuestas para enfrentar la situación económica actual que el propio gobierno ha reconocido es compleja.

Propusimos trece medidas a corto y doce a mediano plazo. Las primeras se agrupan en un gran paraguas cuyo objetivo principal es reducir la incertidumbre nacional e internacional sobre lo que realmente pasa con la economía del Ecuador. Para eso recomendamos lo siguiente:

  1. Comunicar con precisión a los ciudadanos la magnitud del déficit fiscal así como las fuentes disponibles de financiamiento para lo que resta de 2015 y 2016. También se deberían transparentar los rubros de gastos e inversiones que se verían afectados por el respectivo proceso de “optimización del Estado” anunciado por el gobierno en septiembre.
  2. Que el proceso de elaboración del Presupuesto General del Estado sea más óptimo. Es necesario realizarlo con una metodología de Balance Estructural que —en términos simples— es estimar los ingresos del Gobierno Central, ajustándolos al ciclo económico y al precio promedio de largo plazo del petróleo y, autorizar un gasto público consecuente con dichos ingresos. Esto facilitará la consecución de una mayor sostenibilidad fiscal.
  3. Transparentar la información pública sobre la deuda interna y externa, en especial en lo que se refiere a los contratos de preventa petrolera.
  4. Desistir definitivamente de las iniciativas legales que atenten contra la propiedad individual o que tengan naturaleza confiscatoria, como el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.
  5. Instaurar una moratoria normativa que detenga el trámite de cualquier cuerpo legal que pueda afectar negativamente reglas en materia tributaria, regulatoria, financiera o monetaria hasta que la coyuntura adversa pase.
  6. Archivar todo tipo de enmiendas constitucionales hasta que la coyuntura económica y los fenómenos naturales —como El Niño— permitan un debate más profundo.

A corto plazo —desde hoy hasta finales del 2016— también consideramos necesario (además de reducir la incertidumbre) implementar otras medidas como focalizar los subsidios de los combustibles solo a los grupos más vulnerables de la sociedad —pobres y a quienes la alza de precios podría llevar a la pobreza— para así eliminar la asignación ineficiente de recursos. Otra de las recomendaciones es mejorar las condiciones con las que el Ecuador negocia contratos de deuda en los mercados financieros internacionales. Para esto es necesario recuperar la confianza con una política pública prudente que corrija los excesos del pasado que incluyen un incremento del peso del sector público en la economía —en los últimos siete años ha pasado del 35 hasta el 44 por ciento del PIB— lo que ha disminuido la sostenibilidad fiscal del país.  Se requiere también reducir el riesgo sistémico bancario —que un shock  financiero cause que un conjunto de mercados o instituciones dejen de funcionar en forma eficiente simultáneamente—  eliminando las normas que regulan el direccionamiento de los créditos (que hoy están dirigidos solo a sectores que el gobierno considera prioritarios y que son determinados de acuerdo a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera).

Otros cambio urgente para aplicar —hasta finales del 2016— es buscar mecanismos para incentivar inversiones productivas en forma permanente, y no sólo para aquellas empresas que se acogerán al proyecto de Alianzas Público-Privadas. Para eso aconsejamos, como primer paso, revisar técnicamente la carga impositiva y los costos reales a los que enfrentan todo el sector empresarial ecuatoriano (es decir tanto las grandes empresas como las PYMES). Este análisis debe incluir la evaluación técnica del número de trámites que retrasan el tiempo que toma emprender un negocio y por tanto restan competitividad de los sectores productivos. Asimismo, se debe evitar declaraciones contraproducentes hacia la inversión nacional y extranjera, ya que esto genera desconfianza en el ambiente de negocios en el país. En el informe del Banco Mundial “Doing Business 2013: Regulaciones inteligentes para Pequeñas y Medianas Empresas”, el Ecuador ocupó el puesto 139 de 185 países donde se analizó qué tan fácil es hacer negocios.

En el mismo sentido, los impuestos al sector productivo exportador deben reducirse de forma permanente. Esto incluye derogar las salvaguardias establecidas en el primer trimestre de 2015 porque no resuelven los problemas en la balanza de pagos sino que encarecen la producción nacional y afectan la capacidad de consumo de los ecuatorianos. De la misma manera deben reducirse los aranceles para insumos tecnológicos y materias primas. En esta línea también consideramos necesario ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea para abrir nuevos mercados para la producción nacional.

Finalmente una medida primordial en el corto plazo para mejorar la salud económica del Ecuador es fortalecer la dolarización. Para esto recomendamos evitar declaraciones y acciones que lo presenten como ineficaz o inconveniente frente a la crisis. En otras palabras evitar  declaraciones como las que el Presidente Correa hizo a finales de agosto declarando que la dolarización fue una “barbaridad técnica” y —según él— la causante de varias de las dificultades económicas actuales del país.

En el mediano plazo, es decir de aquí a dieciocho meses, hay medidas esenciales que ayudarían a retomar el crecimiento económico del país, como la evaluación  y optimización permanente del gasto público. Alineado a esto, consideramos fundamental transparentar los retornos sociales de dicho gasto a través de análisis técnico-académicos independientes, no elaborados por organismos estatales, como se hace actualmente. Eso les restaría legitimidad.

Es también necesario realizar un cálculo actuarial de la deuda del Estado con el IESS. Consideramos que en el mediano plazo estas obligaciones deberán ser honradas para no afectar la sostenibilidad futura del sistema de seguridad social y con esto el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Se necesita también crear políticas que permitan aumentar la productividad laboral por medio de regulaciones más flexibles —como trabajo temporal, remunerado por comisiones, contratación por hora o por bajo horarios flexibles.  Asimismo se necesita estimular la inversión empresarial  y una medida en esta dirección pudiera ser la reducción de la tasa de impuesto a la salida de capitales la cual se percibe como un desincentivo muy fuerte a la inversión extranjera. Igualmente como continuidad a una de las recomendaciones principales a corto plazo, el gobierno debería reducir de manera gradual pero generalizada los aranceles a la importación, especialmente para aquellos bienes que no se producen localmente.

Es necesario repensar el desarrollo económico del país en una política basada en aspectos técnicos y no políticos, consensuados con especialistas de diversas áreas y la comunidad en su conjunto. El desarrollo debería enfatizar a las exportaciones y se deberían descartar modelos basados exclusivamente en la sustitución de importaciones y en la excesiva orientación hacia el mercado interno. Creemos que solo un modelo con visión hacia afuera nos permitiría aumentar la eficiencia de nuestro sistema productivo pues se apalancaría en un sistema de economías de escala, a través del cual se espera que las industrias reduzcan sus costos y se vuelvan más competitivas debido a su expansión. Es necesario cambiar el enfoque centralizado del desarrollo productivo mediante una política de desarrollo regional enfocada en las capacidades reales del territorio. Para eso se recomienda que no se trabaje en industrias aisladas sino en una política de clúster moderna, es decir que apoyen la concentración geográfica de industrias que obtengan ventajas a través de esta organización, para que se genere sinergias y se creen ventajas competitivas.

El sistema financiero debe fortalecerse mediante la revisión de los impuestos y regulaciones excesivas que reducen la eficiencia del sistema y no permiten la profundización de la actividad financiera. Esto es, reducir o  eliminar aquellas regulaciones que no permiten el acceso eficiente para el financiamiento a todos los sectores de la economía e impiden la reducción de la pobreza. En la línea de esta última recomendación creemos también que se debe permitir que la billetera electrónica sea provista de manera competitiva y no únicamente por el Banco Central del Ecuador, como lo ha anunciado el gobierno.

Se debe retomar y repensar el rol de las universidades públicas y privadas como centros de desarrollo científico, enfocados en resolver, a nivel regional, problemas de los sectores productivo y social. Fue un error focalizar los esfuerzos públicos de promoción académica y científica en una idea fallida como Yachay, aún más cuando el Ecuador ya posee instituciones universitarias públicas y privadas de prestigio que hubieran podido fortalecerse con dichos recursos. Si esta inversión hubiera sido dirigida a las instituciones existentes se habría obtenido un mayor retorno social comparado con lo que hasta hoy se espera en algún momento obtener si esa quimera llamada Yachay llegase a funcionar.

Reducir los trámites y normativas que afectan a los ciudadanos y empresas adoptando estándares internacionales de medición de eficiencia de la gestión pública. Por ejemplo, en Ecuador se requieren cincuenta y seis días para iniciar un negocio, mientras que en otros países como Chile y Colombia se necesita alrededor de una semana para completar el mismo trámite. Y finalmente, como última recomendación a mediano plazo, está alcanzar acuerdos de comercio integrales con los países de destino de nuestras exportaciones y abrir mercados nuevos, de preferencia negociando en bloque junto con países que comparten nuestras características geográficas y de canasta exportadora.

El Gobierno de Ecuador ya ha expresado su intención de implementar algunas de las recomendaciones expuestas en el comunicado,  como por ejemplo el proyecto de ley de alianza público-privada y una mejora en la focalización de los subsidios al combustible. Sin embargo, se necesita un plan de acción que contemple la aplicación de las acciones de nuestro documento pues estamos en un momento en el que las soluciones deben enmarcarse en un plan que considere varias dimensiones y no solo en acciones puntuales aisladas.

Con nuestro comunicado nos sumamos a quienes piden un diálogo nacional para aportar con propuestas concretas y buscar consensos mínimos que permitan superar no solo la actual coyuntura sino crear un modelo económico más robusto a mediano plazo.

Las propuestas son un resumen de las políticas que creemos que se deben adoptar en el país —en el corto y mediano plazo. Sin embargo, estamos dispuestos a discutir con mayor profundidad sus implicaciones no solo con el gobierno sino con otros sectores de la sociedad. Estamos abiertos a las sugerencias y por pronto —durantes los siguientes 3 meses— organizaremos un conjunto de actividades —talleres, seminarios, foros— para lograr una mayor  participación a favor de nuestra propuesta.

La idea es, eventualmente, retomar temas que por espacio y por el apremio del tiempo tuvimos que dejar afuera, como los relacionados al sector social, ambiental y jurídico del  país.

Desde el 25 de octubre reiniciaremos el proceso de adhesiones a nuestra propuesta porque nuestro objetivo final es crear una plataforma de diálogo en el tema económico que sea independiente y orgánico: que crezca con el aporte de quienes deseen sumarse. Nuestra visión es que el tema económico así como otros que afectan a los ecuatorianos sean democratizados y no estén solo en manos de los políticos, porque esto ha fallado.

Para esto esperamos que la sociedad analice y reaccione dando sus opiniones. Este, también, fue y sigue siendo uno de los objetivos del comunicado: convocar la participación y compromiso ciudadano.