Fotografía de M M, bajo licencia creative commons BY-NC-SA 2.0. Sin cambios.
En 2005, el número de partos a madres bolivianas en hospitales públicos de ciudades argentinas fronterizas alertó a las autoridades sanitarias. A La Quiaca —una de las ciudades argentinas límitrofes con Bolivia— migran cerca de 20.000 mujeres embarazadas bolivianas cada año para conseguir: cobertura de salud gratuita durante su labor de parto, la posibilidad de que sus hijos accedan a la nacionalidad argentina y a los beneficios una vez que nazcan, como acceder a educación pública gratuita. Lo hacen, porque en Bolivia no existen servicios públicos de salud gratuitos. Ellas son sólo un porcentaje de los 700.000 bolivianos que viajan a Argentina, España y Estados Unidos en búsqueda de salud pública.
Los departamentos bolivianos de Tarija y Potosí son zonas alejadas de los centros de comercio bolivianos que tienen cerca de un millón de habitantes. En estos lugares, la prestación de servicios públicos es escasa, poco eficiente o asequible. Esto provoca que la tasa de mortalidad infantil —por falta de servicios prenatales y posnatales—, sea de veintisiete muertes por cada mil nacidos vivos. Esto corresponde a la segunda tasa más alta de mortalidad al nacer de América Latina. En Bolivia también están los índices más altos de la región de embarazo adolescente —por cada 1.000 mujeres embarazadas, ochenta y ocho tienen entre 15 a 19 años— y muerte materna —por cada 140 partos muere una madre—. La vida para las mujeres no es fácil y la única forma de escapar a estos eventos de inseguridad social es la migración.
El casi nulo control fronterizo en la provincia de Jujuy en Argentina facilita el acceso de las mujeres embarazadas bolivianas al país. A pesar de que esta provincia argentina también está alejada del centro económico, el principal interés de las mujeres es permitir que su hijo nazca en un país donde la cobertura de servicios básicos y el acceso a la educación son gratuitos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos argentino (INDEC) la migración boliviana en 2001 era de cerca de 166.000 mujeres. El aumento ha sido de entre el 50 y 60 por ciento por década por lo que, para 2011 —sin datos oficiales aún— se estima que cerca de 250.000 migraron. Dentro de este valor, se calcula que cada año, migran entre 8.000 y 10.000 mujeres a La Quiaca de las cuales aproximadamente el 60% están embarazadas y tienen entre 16 a 35 años. Ellas realizan un largo trayecto —de 2.000 kilómetros— para establecerse en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal de Argentina. Estos son los lugares que concentran aproximadamente el 50% del flujo migratorio boliviano; Jujuy, Salta, Mendoza y Córdoba receptan el otro 50%.
Después de 14 años de recibir a madres bolivianas, en el 2004, El Hospital de La Quiaca intentó imponer la tarifa de 150 pesos —cerca de 60 dólares— a especie de un bono obligatorio para atender a las futuras madres que no registraban nacionalidad argentina o que simplemente no tenían documentos. La ilegalidad de estos cobros busca desanimar al migrante de cruzar la frontera para acceder a los servicios estatales argentinos. Los funcionarios de la frontera están dispuestos a irse por encima de la normativa nacional en materia de migraciones, que reconoce un acceso igualitario al sistema sin importar la situación migratoria, para detener esta ola de flujo humano. Los bolivianos terminan siendo excluidos dos veces: en su país al no tener acceso a servicios y en el país al que llegan donde les niegan los servicios por ser considerados como un abuso en contra de los nacionales.
Los actores del sistema de salud argentino toman a la migración boliviana como una amenaza a los recursos que brinda el Estado a esta región. Ellos dicen que hay una sobreutilización de los recursos en materia de salud materna en mujeres bolivianas y que, por atenderlas, en algún momento no habrá recursos para los ciudadanos argentinos. Catalogan a los migrantes como una suerte de estafadores de los recursos públicos y planes sociales. La propia Jefa de Enfermería del Hospital Público de La Quiaca afirma que las madres embarazadas usan los beneficios sociales de los dos países cuando adquieren la doble nacionalidad, aprovechándose de la salud pública en detrimento de las mujeres connacionales. Las ven como una amenaza, cruel y despiadada a los intereses de la mujer argentina.
Esta tensión ha creado que argentinos utilicen la palabra boliviano como un insulto en su territorio. En 2008, Raúl Ulloa —presidente del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy, equipo de fútbol de la Primera A del campeonato argentino— tuvo una disputa con el árbitro Saúl Laverni. Acusó al referee de insultar a sus jugadores con el apelativo de “bolivianos”. Como si ser de un país fuera un crimen. Ante el incidente, Ulloa manifestó que presentaría una denuncia por discriminación hacia sus jugadores ante la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). No buscaba defender a los bolivianos que carecen de derechos pero esto causó que Unicef emprenda una campaña con los ídolos del fútbol Lionel Messi y Diego Forlán para erradicar la discriminación en contra de los hijos de padres bolivianos. El 65% de adolescentes argentinos que participaron en la campaña de Unicef concordaron que este grupo social es el más discriminado del país. Y las madres embarazadas siempre que cruzan la frontera siempre corren ese riesgo.
Esta crisis de las mujeres migrantes ha generado amplias críticas al gobierno de Evo Morales. Para tratar de apaciguarlas, en agosto de 2015, el mandatario emitió un decreto presidencial que les brinda un subsidio de 300 pesos bolivianos al mes —cerca de 43 dólares— a partir del quinto mes de embarazo, y que dura cuatro meses. Sin embargo el subsidio no parece ser una solución. Según los informes de la organización no gubernamental Save The Children, Bolivia ocupa el primer puesto en Sudamérica en mortalidad materna e infantil. Un producto de los deficientes servicios públicos de maternidad en la que mueren una de cada ciento cuarenta mujeres, así como treinta y nueve de cada mil niños nacidos vivos.
La falta de inserción de programas de salud pública en el gobierno de Evo Morales, así como aquellos que subyacen a estos —educación sexual, cuidado materno— han ocasionado esa migración masiva a Argentina. La crisis de derechos que viven estos migrantes, sumado al poco interés social del gobierno argentino para acogerlos, los convierte en enemigos de la sociedad argentina. Los bolivianos, en especial las mujeres gestantes, se están quedando sin opciones. Parecería que solo pueden elegir entre no servicio de salud o discriminación en otro país.
¿Qué ganan y qué pierden quienes cruzan los límites en búsqueda de servicios públicos?
