Fotografía de Ministerio Coordinador de Política Económica, bajo licencia creative commons BY-NC-SA 2.0. Sin cambios.
Una Constitución es un mecanismo jurídico para reducir el riesgo político en un país. La carta magna puede prometer muchas cosas, pero si no cumple con esa primera función, no es más que prosa ostentosa. Desde los primeros días de la consolidación del constitucionalismo, allá en la Inglaterra del siglo XVII, la seguridad de los derechos fundamentales del ciudadano frente a la arbitrariedad del gobernante ha sido el único camino a la prosperidad y la convivencia pacífica. Hoy, la receta sigue siendo, en esencia, la misma: respeto a la propiedad privada, jueces independientes y Gobiernos con poder limitado sobre la vida de los ciudadanos. Es decir, certidumbre institucional.
Pero el Gobierno ecuatoriano no comprende esta lección. El Ejecutivo lo deja claro, nuevamente, con el Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera.
Una vez más, el Gobierno quiere hornear la confianza institucional, propia de una economía liberal, en un molde estatista. Todo esto solo le permitirá obtener el mismo amasijo poco atractivo para los inversionistas que resultó ser el Código de la Producción. Después de nueve años de gobierno, se les olvidan los decepcionantes resultados obtenidos en ese frente: se espantó la inversión extranjera privada y se generó adicción de la inversión local vía gasto público. Complicado el asunto.
El proyecto de ley no toca los elementos esenciales del modelo, porque estos se encuentran eternizados en la actual Constitución del Ecuador. Y por más malabares interpretativos que se haga en la exposición de motivos, el resultado sigue siendo el mismo: parpadeos liberales en medio de una visión profundamente intervencionista. Para empezar, persisten las mismas taras burocráticas de siempre: toda alianza público-privada debe pasar por un Comité Interinstitucional dominado enteramente por el Gobierno. Es decir, todo depende de un ente dominado por los mismos prejuicios ideológicos que en teoría se busca superar.
El ámbito de aplicación de la ley estará fuertemente limitado. Según la Carta de Montecristi los «servicios públicos» o «sectores estratégicos» (agua, electricidad, transporte, recursos naturales no renovables, etc, es decir, casi todo lo interesante para un inversor) está bajo la potestad del Estado. Para que el capital privado alcance esas esferas debe mediar una declaratoria de «excepcionalidad» del Presidente de la República en cada caso. Sí, el mismo Presidente que inflama sus discursos de anticapitalistas los sábados.
Los «contratos de gestión delegada» que prevé el proyecto de ley son una mala imitación de los contratos de estabilidad jurídica que contemplan legislaciones como la peruana o la colombiana —ambas demostradas muy exitosas para atraer inversión extranjera. Un ejemplo: congela la carga tributaria, en principio, pero no ofrece garantías institucionales para reclamar su cumplimiento. Los convenios peruanos de estabilidad jurídica son contratos de derecho privado con rango de ley que ponen a las partes en igualdad de condiciones. Acá no sucederá lo mismo.
El proyecto de ley, por ejemplo, establece que las controversias pueden someterse a arbitraje nacional o internacional. Pero no menciona que las partes de los «contratos de gestión delegada», por expresa disposición de la Constitución, no podrían comprometer sus diferencias a tribunales internacionales fuera de América Latina. Esto supone que quedan excluidos los más prestigiosos centros de arbitraje del mundo. Con esto se desincentivará a los inversores norteamericanos o europeos. Por otra parte, no pueden someterse a arbitraje los «asuntos tributarios, así como ningún otro acto que se derive directamente de la potestad legislativa y regulatoria del Estado». ¿Qué clase de garantía institucional es esa para un inversor?
Los problemas de fondo que tenemos son dos. Primero, un liderazgo político pueril que emana desconfianza por cada poro. Segundo, una Constitución que abandonó en su inicio la promesa de certeza jurídica para convertirse en un catálogo de utopías —que para intentar concretarse requieren más poder discrecional en manos del Gobierno. Así no habrá brochazo legislativo que logre disimular el paisaje económico. Mientras sigamos prometiendo paraísos terrenales, sin haber cumplido el juramento esencial del constitucionalismo, seguiremos siendo un infierno institucional que espante la creación de riqueza.
¿Qué necesitamos para dejar de ser un infierno institucional que espante la creación de riqueza?
