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Fotografía de Cancillería del Ecuador, bajo licencia CC BY-SA 2.0. Sin cambios

Puedo oír la musiquita enlatada mientras el presidente Correa y la recua de Ministros —los más útiles primero y al final Freddy Ehlers— entran a la sala para recibir su título de socialcristianos. No sé qué vivo lo entrega, pero el examen final lo ha aprobado con mérito de sobra Ricardo Patiño, el canciller casual —a veces sí es, a veces no es— quien ha dicho, según diario El Telégrafo, que toda persona que esté consumiendo drogas debe ser detenida porque quien determinará si es o no consumidor es el juez. Así, sin más, desechó la presunción de inocencia, retrocedió el avance que su gobierno hizo en 2013 y nos recordó que, en política, todo lo verde termina por ponerse pintón. AP es el PSC del siglo veintiuno.

Por supuesto, semejante logro no podía lograrse sin la colaboración del abanderado de la clase: Rafael. El Presidente del Ecuador ha dicho sin pena que se arrepiente de hacerle caso a Alberto Acosta, en esa novelería de incluir en la Constitución el derecho a la resistencia. “Muchacho de, niño de 60 años “ le ha dicho a su antiguo amigo por incluir una garantía de larguísima tradición jurídica en todo el mundo en la Constitución de 2008. Se parece tanto al calificativo con que León Febres-Cordero despreció a Oswaldo Hurtado: “Sociólogo vago”. Declararse despechado por incluir una figura jurídica universal en un texto constitucional porque la coyuntura se lo pone como un obstáculo es una declaración de autoritarismo. ¿De qué otra novelería se arrepiente el hombre que alguna vez se llamó a sí mismo el más acostista de los acostistas?

El palmarés no se cierra ahí. Al igual que los socialcristianos, los miembros de Alianza País insisten en desconocer que los funcionarios públicos —como dice la jurisprudencia internacional— tienen un rango de protección menor que los ciudadanos. Los juicios a los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, por el libro Gran Hermano, el desproporcionado juicio a diario El Universo y su disparatado editor, Emilio Palacio, recuerdan a esa práctica del líder socialcristiano. El columnista de diario El Comercio de Quito, Rodrigo Fierro, fue condenado a treinta días de prisión por una columna titulada Febres-Cordero: en su sitio. Durante el gobierno —digamos el máster en socialicristianismo— de la Revolución Ciudadana, las prácticas que eran comunes en los ochenta con la prensa parecen repetirse. A Correa, por ejemplo, no le gusta que le griten. Si alguien lo hace, no lo atiende. Como él lo ha dicho en ocasiones anteriores: “los puse en su lugar y dije a mi me gritan señores, no esperen nada de este presidente”.

El clarísimo Xavier Flores recordaba —en esta página, hace unos años— la forma en que Febres-Codero entendía a la prensa . Según dice el expresidente del Ecuador en su libro Autopsia de una traición, se hicieron “acusaciones perversas, infundadas, explotadas por algunos medios” para deteriorar la imagen de su gobierno. Dice Flores en su texto que esa declaración era “un botón de muestra de su manifiesta beligerancia verbal contra todo aquel que pensara distinto a él y de la que nunca se privó durante su gobierno (véase, por ejemplo, acá)”. Las similitudes con el proceder de Rafael Correa frente a los medios es clarísima. Por ejemplo, hace unos días, el Presidente del Ecuador andaba ordenando qué era noticia y qué no: el reajuste del tamaño del Estado, eso, dice no es noticia, que el país subió veinte puestos en calidad de servicio, eso sí. No hay una manera clara de definir qué es lo que Correa entiende por noticiable, salvo que tomásemos como regla que solo debe reportarse lo que no lo incomoda.

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Al acto de grado ha venido, por supuesto, el hombre que debía santificarlo: el Papa. Al igual que en el gobierno socialcristiano, el líder máximo de la Iglesia Católica vino al país y —sin querer o a propósito, sepa Dios— legitimó al régimen de Rafael Correa que, como Febres-Cordero, soportaba protestas callejeras antes de la llegada del Papa. Antes de ambas visitas hubo, también, un pacto de no agresión entre izquierda y derecha (o, en la versión contemporánea: progobiernistas y antigobiernistas). Después de ellas, también, la protesta social amilanó y aún pienso que Francisco ayudó a que las manifestaciones de la clase media quiteña perdieran fuerza y, con el paso de los días, se diluyeran. La historia, que hasta ahora ha sido tan benevolente con él, deberá tener ese detalle cuenta.

Las cortes de justicia han sido también un punto focal en el recorrido de ambos gobiernos y épocas de influencia. Durante décadas, se rumoraba que el expresidente socialcristiano tenía una influencia directa en las decisiones judiciales del país. A su enemigo político Gustavo Noboa ofreció perseguirlo como “perro con hambre” y le inició un juicio sin fundamentos. Noboa lo recuerda en este testimonio. Hoy, las resoluciones judiciales son siempre funcionales al Estado. En el caso de Manuela Picq, por ejemplo, una jueza no quiso recibir una acción constitucional porque tuvo miedo. En ese mismo caso, otra jueza perdió la entereza con la que actuaba cuando el Ministro del Interior se presentó, sin derecho alguno, en el juicio de extradición de la académica francobrasileña y le sugirió que eleve en consultas su decisión de negar la extradición de Picq. El informe de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en el Ecuador señaló, también, irregularidades en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional, el máximo tribunal del país. Febres-Cordero y Correa comparten hasta el asesor legal, el inefable Alexis Mera.

Por supuesto, maticemos: el gobierno de Rafael Correa no tiene ni de lejos el aparato represivo y paralegal que se montó en la década de los ochenta. No lo digo yo, lo dice el informe final de la Comisión de la Verdad y cortes internacionales. Durante el régimen socialcristiano, hubo 34 ejecuciones extrajudiciales, 8 desapariciones forzadas, 212 privaciones ilegales de libertad, 262 torturas —52 incluyeron actos de violencia sexual— y 18 atentados a la vida. En la Revolución Ciudadana, si bien ha habido una fuerte carga judicial en contra de opositores al régimen, no hay crímenes de lesa humanidad bajo investigación ni sentenciados por organismos internacionales. Esto, por supuesto, no es un logro, sino un atenuante y una señal de alerta.

La decisión de perseguir de nuevo al microtráfico sin contemplaciones terminará en lo de siempre: cárceles atestadas de la parte más baja de la cadena del tráfico. Correa sabe que la solución es la despenalización (algo con lo que también coincidía el líder socialcristiano, según el jurista Alfonso Zambrano Pasquel) pero ha decidido que la represión será siempre más efectiva. Si en Portugal hay un informe que habla sobre los positivos efectos de la despenalización, ¿por qué en el Ecuador los resultados no están tan a la vista como quisiéramos? La respuesta se sencilla, pero no simple: porque los problemas estructurales del Ecuador son mucho más graves y complejos que los portugueses, sin duda. La relación con la pobreza y la marginalidad de un negocio trasnacional que tiene en este país un puerto dolarizado que le sirve de paso para el mundo presenten una discusión mucho más compleja. Pero la solución no es, ni de lejos, tirar más pobres a las cárceles —ellos son los microtraficantes que se paran afuera de los colegios—, ni estigmatizarlos, convirtiendo también el debate sobre las drogas en un western entre buenos y malos. Al final del día, lo que queda es una pregunta y un brindis: ¿habrá sido el Estado garantista otro producto de otra novelería del muchacho de sesenta años? Pero bueno, a quién le interesa: felicidades, graduados. 

Bajada

¿Cómo unos gramos de droga han convertido a Alianza País en el Socialcristianismo del Siglo XXI?