El líder mediático del refugio

^{_{Fotografía de Ministerio de OEA-OAS, bajo licencia creative commons BY-NC-SA 2.0. Sin cambios.}}

Tres semanas después de que Nicolás Maduro cerrara la frontera a los refugiados colombianos, anunció que acogería a veinte mil refugiados sirios. Esta paradójica decisión es una prueba más de que al presidente venezolano no le tiembla el pulso al momento de quitar derechos a unos para dárselos a otros. Ahora el Presidente dice que quienes han irrespetado su soberanía con la inserción de mercados ilegales —contrabando y narcotráfico— han sido los colombianos y, como represalia, echó a los refugiados de las zonas fronterizas del país. Uno de los gobernantes que más promueve la unión latinoamericana —preside Petrocaribe, alianza comercial petrolera entre Venezuela y 17 países de Centroamérica, y parte del legado chavista de la Unasur—, ha dado la espalda al pueblo colombiano.

Las actuaciones políticas del gobierno venezolano parten de una generalización imprecisa: endilgar a los ciudadanos colombianos la existencia de mercados ilícitos en la frontera. Esto sugiere que la política venezolana actúa de acuerdo a una agenda de intereses lejana al beneficio humanitario y también recuerda sus relaciones de cercanía y lejanía con el conflicto colombiano: en 2012 el ex mandatario colombiano Álvaro Uribe acusó a Hugo Chávez de ser cómplice de las FARC-. El 21 de agosto de 2015 el presidente Maduro cerró la frontera con Colombia y declaró estado de excepción en varios municipios del estado de Táchira y de Zulia. A principios de agosto se había producido un tiroteo entre militares venezolanos anticontrabando y presuntos paramilitares en la frontera. Con tres militares y un civil venezolano heridos, Maduro ordenó la deportación de todos los refugiados colombianos de las zonas fronterizas. De acuerdo a cifras del Acnur, hoy los deportados colombianos son más de mil, de esos aproximadamente el 25% son niños. La situación no difiere de lo que pasa al otro lado del mundo donde también hay miles de refugiados sirios agolpados en largos peregrinajes en las costas turcas, griegas e italianas. El presidente Maduro, sin embargo, no ve la semejanza entre ambos y decidió que los sirios necesitan más ayuda que los refugiados de su país vecino. 

Sirios sí, colombianos no. Si algo ha quedado claro con respecto a las crisis humanitarias provocadas por la guerra, es que los derechos humanos de los refugiados están en constante colisión con los recursos estatales y la opinión de los gobernantes. Maduro negó la propuesta del presidente colombiano Juan Manuel Santos de abrir la frontera a una especie corredor humanitario infantil para que aquellos niños que están asistiendo a clases puedan mantener su condición de refugiados y no coartar su derecho a la educación. Mientras tildaba de paramilitares a los refugiados colombianos, Maduro elogió al mandatario sirio Bashar Al Asad conocido por su violento gobierno. Calificó a Al Asad como un líder con autoridad y parte de la lucha antiimperialista. Aparentemente, el presidente sirio apoya su causa y por eso recibe a los refugiados de la lucha que genera como una especie de apoyo a los métodos para imponer respeto y orden en Siria.  El Presidente de Venezuela incluso utilizó la memoria e imagen del pequeño sirio Aylan Kurdi para pedir al mundo que se conduela por la crisis en Siria. Como si cientos de niños colombianos no estuvieran en la misma posición pero a manos de las guerrillas y los carteles de narcotráfico. La actitud del gobernante venezolano busca lavar humanitariamente a su régimen autoritario.

La decisión de acoger refugiados sirios en una cantidad exorbitante también sorprende por su doble moral e incapacidad económica para hacerlo. Sería muy complicado recibir a tantas personas en un país donde, según la consultora económica JP Morgan, la economía está en crisis y podrá llegar fácilmente a una inflación del 200% a final de 2015. La economía venezolana deberá ajustarse con un aumento del gasto estatal para generar plazas de trabajo para los refugiados sirios ya que la inversión privada se ha reducido por el debacle económico: desde el 2013 registra una reducción de aproximadamente 9% anual, sumado a una caída del 7% del PIB en 2015. En otras palabras, Maduro no sólo deberá responder por los colombianos que ponen en riesgo su vida en la frontera —el gobierno de Santos ha anunciado la posibilidad de una denuncia ante la Corte Penal Internacional— sino que también por un incremento en el gasto público que no mejora la vida de sus propios ciudadanos. La popularidad y la mediatización de Maduro tienen un costo extremadamente alto y él ni siquiera se da cuenta. 

La subjetividad de Maduro sobre a quién ayudar y a quién no deja claro que todo se trata de un posicionamiento político. Los usos y costumbres de la política no sólo son —como en este caso— perversos, sino que, llevan consigo un discurso axiológico que construye identidades, que define a unos como buenos y a otros como malos. El verdadero problema de la distinción política de los derechos humanos se verifica con las decisiones del mandatario: los malos son todos los que cuestionan su poder y los buenos son los que le dan más.