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El gobierno colombiano les recuerda constantemente a los ciudadanos qué lugar ocupan en la sociedad. A través del Programa de Estratificación Socioeconómica, implementado hace más de veinte años, le asigna a todos sus ciudadanos un número que los ubica en una clase social y le facilita priorizar la inversión pública y la concesión de subsidios. Pero esta política hace mucho más que ayudarle al gobierno a tomar decisiones: los incentivos que crea impiden la integración social y la movilidad de clase, remarcan las diferencias y terminan por dividir a una población que ya tiene suficientes problemas, como la de Medellín, la segunda ciudad más importante del país.   

La primera vez que supe algo de los estratos fue por un anuncio en la entrada del Museo de Antioquia, que decía: “Estratos 1, 2 y 3 no pagan entrada”. La asociación con discriminación fue casi automática. Los colombianos desprecian el programa apenas pregunto sobre sus implicaciones discriminatorias, quizá porque no quieren dar una mala imagen, quizá porque la costumbre los hace verlo distinto, pero no se necesita rascar mucho para que broten las quejas. Los estratos, que aparecen en el recibo de servicios públicos, van del 1 al 6, donde las personas clasificadas como 6 tienen la mayor capacidad de pago, contrario a quienes se ubican en el 1.

Martes por la noche ceno con Edgar y Ana en El Poblado, la zona de Medellín donde viven los estratos 5 y 6. Ambos son médicos, recién llegados de su natal Bogotá, y no son millonarios, viven en un pequeño departamento, pero están clasificados como estrato 5. “Nosotros estamos en un sándwich, no podemos subir y tenemos que pagar por los de abajo, el gobierno nos tiene estancados”, dice Edgar. Según el gobierno, Colombia es un “Estado Social de Derecho fundado en la solidaridad y en la redistribución del ingreso de las personas que lo integran”, es por eso que los estratos más altos (5 y 6) subsidian a los que menos tienen (1, 2 y 3), mientras que el estrato 4 paga el valor real de los servicios. Jairo Bautista, quien forma parte de la Red por la Justicia Tributaria —una ONG dedicada al análisis y la propuesta de mejoras al sistema tributario del país—, explica que “es claro que la falta de recaudo entre los segmentos de mayor ingreso representa un daño mayor, pues el monto que se ha dejado de recibir por el impuesto a la renta asciende a casi $28 billones”, algo así como 10 mil millones de dólares. Edgar y Ana tienen tres hijas, apoyan a sus padres, y el que sean empleados los imposibilita para casi cualquier tipo de evasión fiscal. “Tienen y registrado hasta el último peso de nuestros ingresos, mientras los del 6 evaden millones a través de sus negocios”.

El metro es el único lugar donde personas de distintos niveles socioeconómicos parecen mezclarse. Como en cualquier otra ciudad, en Medellín hay colonias de ricos y pobres, la diferencia es que en Colombia la población está separada por niveles de riqueza mediante su programa oficial. Implementado de forma generalizada en 1991, el Programa de Estratificación Socioeconómica administrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), busca, según el gobierno, “cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones”. En otras palabras, el gobierno colombiano asigna un número de estrato a todos los habitantes de acuerdo con el lugar en el que viven para aplicar subsidios. La metodología de estratificación se basa en información predial catastral, y lo que se evalúa son los inmuebles.

Esta clasificación también se ha vuelto una forma de marcar a las personas. Más de una vez escucho a paisas en restaurantes y a la amiga que me acompaña decir: “se le notó el estrato”, o “ha de ser estrato 0”, para denotar un comportamiento vulgar, lo que en México se llamaría naco, en Ecuador, cholo. El impacto no es por el sistema de clases —que existe en todo el mundo—, sino porque es un programa oficial que enfatiza las diferencias, como si no fueran suficientes las precariedades que los pobres sufren a diario.

A primera vista pareciera que todos los estratos están asignados de forma correcta en Medellín, pero no es así. El barrio de Santa Fe, por ejemplo, ubicado en la comuna número 15 y a un costado del aeropuerto Olaya Herrera, es una colonia industrial que contiene el Centro Empresarial Olaya Herrera y una planta de la empresa Gaseosas Lux. Está clasificada como estrato 3, lo que significa que estas empresas reciben subsidios gubernamentales y pagan menos de lo normal por los servicios públicos, porque según el sistema de estratificación no tienen la capacidad para pagar el costo total (aunque sí lo tienen). La situación no es única de Medellín. En Bogotá sucede lo mismo con los inmuebles considerados patrimonio histórico, clasificados estrato 1 por su antigüedad, aunque entre ellos se encuentran mansiones, que pagan las tarifas de servicios públicos más bajas. Una clara falla del programa. En México, el gobierno también clasifica a la población para asignar prioridades de la inversión pública, pero no se lo hacen saber a los ciudadanos en su recibo de agua.

Dos días antes de irme de Medellín, Nelson me recoge temprano en el hotel. Es taxista, estrato 3, y se sorprende cuando le digo adónde quiero ir: “Allá hay unas muchachas lindas, pero no es un lugar para turistas”. El camino a la comuna 1, una de las más pobres, no es fácil: hay que atravesar toda la ciudad, plagada de tráfico, y luego subir estrechas calles por la montaña nororiental. A la salida de El Poblado se palpan las diferencias marcadas por el sistema de estratificación: ricos con ricos, pobres con pobres, sin tintes medios. De una calle a otra las casas pasan a ser de lámina, los Mercedes Benz son sustituidos por carcachas y las banquetas se llenan de basura. Consuelo Uribe Mallarino es socióloga de la Universidad Javeriana y tiene una investigación centrada en los estratos y su efecto en la inclusión social: “los colombianos hemos naturalizado los estratos como forma de dividir las ciudades. Nos parece normal, que siempre han existido, que es un sistema que se emplea en todas partes del mundo”, dijo en una entrevista con la BBC. Colombia es el único país que estratifica según la ubicación de la vivienda.

Nelson me lleva primero a la estación Santo Domingo Savio, en el corazón de la comuna 1. Es un oasis en medio de una zona paupérrima. El gobierno de Medellín inauguró el sistema Metrocable en 2004, con el objetivo de mejorar la movilidad de los habitantes de zonas de difícil acceso con bajos recursos (estratos 1 y 2). Empero, con todo y las reducidas tarifas del transporte —un boleto de metrocable vale menos de un dólar—, la mayor parte de los usuarios son turistas. Un fallido intento gubernamental por facilitarle la vida a los que menos tienen. Como este barrio hay muchos, pues en Medellín el 75 por ciento de las personas se encuentran en el estrato 1 y 2.

Una de las consecuencias de los estratos, explica la académica Uribe en su entrevista al medio británico, es que “no hay incentivos para moverse de estrato, ni tampoco para mejorar la residencia, porque se corre el riesgo de que le reclasifiquen el estrato y se termine pagando más”. Dice que cuando se le pregunta a la gente si cambiaría de estrato si ganara la lotería, la mayoría responde que “no”, porque todo sería más caro. Esta falta de incentivos para la movilidad social ha provocado que las diferencias de clases se marquen claramente. “Tenemos tantas cosas que nos dividen, tanta inequidad social, que ¿realmente necesitamos de una política pública que profundice esas diferencias?”, pregunta la socióloga en el fragmento de la conversación publicada en la BBC. 

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Natalia y Juan viven en el municipio de Sabaneta, a diez minutos de la metrópoli. Viven ahí porque no les alcanza para pagar un departamento de El Poblado, pero quieren estar en un lugar seguro y en las afueras todo es más barato. Ambos son recién egresados de la Universidad EAFIT, de las licenciaturas de Contaduría e Ingeniería Civil, respectivamente. Y a pesar de ser paisas, haber crecido y ahora trabajar en Medellín, jamás han paseado por Parque Bolívar y no han entrado a la Catedral Metropolitana de Medellín, la iglesia más importante de la urbe. De plaza Botero, en donde se exponen las esculturas del célebre artista, y el Museo de Antioquia, el más importante de la región, me dicen que “es muy inseguro”, que no lo recomendarían para visitar y que ellos solo han estado ahí una o dos veces. Edgar y Ana tampoco han visitado el centro, y no tienen planes de hacerlo: “fuera de El Poblado la ciudad es insegura, nosotros hacemos nuestras cosas aquí y estamos tranquilos, mejor no dar papaya”. Los ricos viven con los ricos y no salen de ahí, los pobres con los pobres; no hay integración social.

El debate sobre la eliminación del sistema de estratificación ha estado en al aire por algún tiempo, pero la primera propuesta formal llegó hace un año. La oficina de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), a cargo de Roberto Lippi en Colombia, envió al gobierno la propuesta de incluir la eliminación de la estratificación social en el Plan de Desarrollo del país. En una entrevista con el diario El Tiempo, Lippi dijo que “En muchos lugares hay familias que reciben subsidios y ya no los necesitan porque están en otra etapa de su vida, pero por vivir en cierta zona siguen recibiéndolos. Por el contrario, en otros sectores hay personas que necesitan subsidios y no los reciben por el lugar donde viven”, es por eso que “hay que enfocar los subsidios sobre las personas y las familias y no sobre las viviendas”. Por ejemplo, Planeación distrital de Bogotá detectó en 2014 cuarenta mil hogares de estratos 3 y 4 que enfrentan condiciones muy similares a los de estrato 1, sin recibir ayuda debido al lugar en donde se encuentran.

Lamentablemente, Medellín aún está en lista de espera. El plan, si se llega a aplicar, contempla iniciar la eliminación de los estratos en Bogotá, como programa piloto, y después llevarlo al resto del país. En entrevista con el mismo diario, Lippi dijo que con Medellín todavía no hay acercamientos, pero que “como agencia de cooperación estamos dispuestos a ayudarles cuando lo requieran”.

Por lo pronto, Medellín, una ciudad dividida por las por las clases sociales, lucha por dejar atrás su pasado de violencia ligado al narcotráfico y consolidarse como sitio ideal para turismo de negocios, rubro que según datos del DANE representa el 29% del PIB de la ciudad. “Espero que en diez años ya se haya desmontado la estratificación a las residencias, se hayan identificado formas de focalizar subsidios que vayan con los habitantes y no con el lugar donde viven. Y ojalá eso signifique mayor mezcla social”, dice la socióloga Consuelo Uribe al periodista Arturo Wallace, de la BBC. Las buenas intenciones abundan, pero no solucionan. Es completamente verosímil que el Programa de Estratificación Social en Colombia tiene la intención de ayudar a todos, pero está generando más problemas de los que ha solucionado. Por eso, como dicen los economistas, hay que pensar en términos de cosas, de las consecuencias que nuestros actos tienen, y no en la intención que nos motiva. 

 

** Aclaración: Este artículo fue revisado y corregido porque en su versión original había una imprecisión: se entendía que su autor, Carlos Noyola, había entrevistado a la académica Consuelo Uribe, pero no lo hizo. Carlos Noyola contactó a la socióloga en Bogotá quien no lo pudo atender. Su asistente lo remitió a la entrevista que dio para la BBC donde ella había hablado sobre el mismo tema. Todas las declaraciones de Uribe que se encuentran en este texto, se obtuvieron del artículo Estrato 1, estrato 6: cómo los colombianos hablan de sí mismos divididos en clases sociales publicado en la BBC el 24 de septiembre de 2014.

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En Colombia existe un programa gubernamental que oficializa las diferencias de clase