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Yo ya no vivía en Puerto Ayora —Galápagos— cuando, el 11 de junio de 2015, la Asamblea aprobó la nueva Ley Orgánica del Régimen Especial Galápagos. Me enteré de las primeras reacciones de los isleños por las redes sociales, desde Nueva York, y cuando un amigo de allá, indignado, me invitó a protestar. De repente, parecía que los galapagueños habían despertado de su característico letargo político. Durante las siguientes semanas después de la aprobación de la ley, se organizaron protestas en Santa Cruz y San Cristóbal, los centros urbanos principales del archipiélago. Durante casi un mes, las adoquinadas, pavimentadas y arenadas calles se repletaron de activistas ambientales, pescadores, trabajadores públicos, científicos y ciudadanos en una amalgama recientemente militante tan diversa como la fauna del archipiélago. Con el grito “dignidad para Galápagos”, las protestas mostraron un fuerte unido de resistencia que incluyó a dos representantes provinciales protestando públicamente en la Asamblea. Un fuerte que duró poco. La marea bajó y ahora casi nadie protesta.

Las huelgas se debilitaron cuando el presidente aclaró que no se afectaría los salarios de quienes ya viven ahí. Con esa respuesta, las objeciones sistémicas, las ambientales principalmente, a la LOREG, —como los cambios sobre el manejo del Parque Nacional Galápagos, la ausencia de consideraciones comunitarias para un turismo ecológico y la concentración de atribuciones en manos de la Autoridad Nacional Ambiental para delimitar el área protegida del parque— fueron olvidadas por la mayoría de pobladores. Como su impacto es a largo plazo y afecta menos al bolsillo de los ciudadanos, estos puntos de la ley no movieron  voluntades con el mismo vigor con el que se reaccionó a las disposiciones inmediatamente tangibles. Los isleños se olvidaron de que estos eran los más determinantes para su territorio.

Esto pasa porque la movilización política con frecuencia requiere de catalizadores  concretos que a través del interés propio inspiren la voluntad de la ciudadanía para propósitos comunitarios y colectivos. Todo depende de cómo se da el siguiente paso. Cuando me invitaron a salir a las calles, el mensaje que recibí era muy en específico de temor e indignación ante un posible recorte en los salarios de la población. La conversación, por un momento, también se concentró en la discordia entre Ángel Vilema, asambleísta por Galápagos de Alianza País, y el resto de su partido en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Aunque este punto específico de los sueldos no aborda los problemas de fondo de la ley, la inconformidad tampoco fue gratuita: en la ley de Galápagos de 1998 se había establecido un alza salarial del 100% para el sector público y 75% para el privado como compensación por el alto costo de vida en las islas. La disposición era un reconocimiento de que estar a más de mil kilómetros del continente no solo restringe la movilidad al transporte aéreo —que es muy costoso—  sino que encarece, también por su traslado, el costo de bienes y servicios. Aunque los cambios de la nueva Ley no serían retroactivos,  la vinculación  de los sueldos del sector privado y público al Índice de Precios al Consumidor muy probablemente reducirá el porcentaje de alza de ahora en adelante y según Ángel Vilema también podría convertirse en motivo de discriminación en el entorno laboral .

La otra motivación protagónica de las protestas fueron las disposiciones de la Ley que en su conjunto confirmaban las sospechas de que desde hace rato se quiere hacer de Galápagos un atractivo turístico a lo Cancún. Sin embargo, las divergencias de enfoque que se dieron por este tema son clave para entender mejor el alcance y relevancia del movimiento SOS Galápagos: hay objeciones económicas y ambientales. En este caso, la reacción parecía que era contra el impacto que los grandes proyectos tendrían para los negocios locales que no podrían competir, cuando en realidad no se fijaban que este es uno de los temas principales a los que apunta el Gobierno con la LOREG. Una de las esencias de la Ley es aumentar el turismo y aumentar los ingresos. La hotelería masiva del archipiélago sin duda afectaría el flujo asegurado con el que ya cuentan  los hoteles locales, pero el impacto de ese crecimiento turístico sobre el ambiente sería mucho más profundo y tendría consecuencias irreversibles. En ese sentido, la LOREG no es sino un síntoma de un proceso ideológico que corresponde al modelo extractivista y desarrollista continental que ha ido transformando Galápagos desde hace muchos años, frente a quienes ahora protestan pero no decían nada antes. ¿No se daban cuenta o en esa época no les importaba? Es decir, las disposiciones de la Ley no están imponiendo un modelo nuevo, inesperado, sorpresivo de las islas sino, por el contrario, encarnan un ideal que corresponde al crecimiento acelerado de los principales puertos, al desprecio cultural hacia la importancia de la investigación científica y al trato del entorno como un bien comercializable y no como el patrimonio intangible que es.

Otro cambio de la nueva ley es la reconfiguración de las atribuciones administrativas de las islas: ahora están concentradas bajo la Autoridad Nacional Ambiental. De esta manera, la definición del Plan de Manejo de la Reserva Marina —antes a cargo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la extinta Junta de Manejo Participativo— pasan a la dirección del Consejo de Gobierno,  cuyo presidente es asignado por el Ejecutivo. Las consecuencias de este cambio sobre la concentración del poder fueron inmediatas. Ni bien terminó el impulso de resistencia de las protestas, se levantó la veda al pepino de mar. El sector pesquero amenazó con más protestas como las de junio y los jefes (Ministerio de Ambiente y Consejo de Gobierno) cedieron a pesar de que no se cumplían los criterios técnicos (no había suficientes individuos) para permitir la captura de esta especie. La ley que en ciertos aspectos incomodaba a algunos sectores económicos, en otros regalaba lo que antes estaba mejor regulado. Y en las protestas rozaron hombros el ambientalismo y la pesca. Quedó muy claro que entre las muchas aristas de rechazo, la ausencia de una plataforma política sistémica hace de cualquier “frente unido”, en este caso, “por la dignidad de Galápagos” un revoltijo discursivo etéreo, contradictorio y superficial.

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De ahí la importancia de pensar en lo que un “despertar político” verdaderamente significaría. Galápagos necesita menos activistas y más organizadores sociales, comunitarios, ambientales. Aunque en las islas se organizaron inicialmente en torno a estos tres temas como un conjunto, el discurso fue gradualmente tomado por la misma impulsividad sectorista, partidista e inmediatista que eventualmente eclipsaría el potencial organizativo de las marchas, que se estancaron en #FueraCorreaFuera y se apaciguaron cuando el  bolsillo de muchos quienes entraron en pánico ya no parecía amenazado por la ley. Marchar sin una plataforma de organización política o comunitaria no es suficiente y, a veces, es contraproducente.  En cierta manera, por eso, la insistencia de los medios y de los elementos todavía activos de SOS en explicar que —al igual que con lo que sucedió con los de la herencia y la plusvalía en el continente— las protestas no eran solamente sobre los sueldos, era como para recordarlo y ratificarlo al movimiento en sí.

El problema es, entonces, el de una población que al haber sido desvinculada de lo político por la ilusoria comodidad del bienestar, ha permitido que sectores específicos depreden a su antojo. Por eso, si no se aborda el problema de una sociedad despolitizada y ausente en la determinación de su entorno, el debate entre “descentralizar o no” es nulo. El manejo participativo anterior tampoco era ideal porque la participación estaba restringida al vehículo institucional y burocrático,  sin cementación o socialización de los temas con las bases. Hablar de comanejo es engañoso cuando quienes “participan” en la toma de decisiones no responden a su comunidad.

En ese sentido, la somnolencia de este “despertar” persiste.  Se tantea un camino todavía medio a ciegas. Se bosteza. Volver a dormir es tentador. Pero no se puede volver a cerrar los ojos. Aunque la comodidad paradisíaca ya no está asegurada, la población galapaguense sí está más politizada y activa para seguir organizándose y edificar un proyecto coherente y consolidado de igualdad social y cuidado ambiental. Al momento, SOS Galápagos como movimiento —si puede llamárselo así—se muestra igual de vano en sus objetivos que quienes protestan en Ecuador continental. Su menguante efectividad dependerá de cómo propone una alternativa viable a la inercia de los  intereses locales y, por sobre todo, de cómo se distingue e independiza de intereses partidistas que se sienten amenazados pero que en su esencia coinciden con la lógica desarrollista del gobierno.

 
Bajada

En las islas debe haber menos activistas y más organizadores sociales