El presidente Correa inauguró anticipadamente la campaña electoral para las elecciones de enero de 2017. En su informe anual a la Nación (en mayo de 2015), justificó el abandono de la democracia burguesa de los consensos. La estrategia para este nuevo periodo electoral será la confrontación. El nuevo caballo de batalla es la lucha de clases como mecanismo para superar la inequidad. Ahora la sociedad ecuatoriana se divide en buenos —el pueblo y su gobernante—, y malos —todos aquellos que no “entienden” la misión del caudillo—. Este escenario no admite consensos que “nieguen el pluralismo”. Frente al rechazo generalizado de los proyectos de herencias y plusvalía, el Gobierno los retiró temporalmente y llamó a un diálogo nacional. Es probable que el resultado del diálogo ya está escrito antes de que inicien las conversaciones: el único argumento que podrá moldear los proyectos de incrementos a esos tributos, será el resultado de las encuestas de opinión pública. A riesgo de ser un ejercicio estéril, esto son los principales peligros de la intensión oficial de incrementar los impuestos de herencias y plusvalía.
Herencias
El proyecto de herencias incrementa fuertemente la tasa marginal que pasaría de 17,5% actual (para herederos directos) para montos mayores a 826 mil dólares, a 47,5% para herencias superiores a 566 mil dólares. De aprobarse esta reforma, Ecuador tendría la tercera tasa marginal más alta del mundo luego de Japón (55%) y Corea (50%).
El presidente solicitó que le demuestren que este proyecto afecta a los pobres y clase media. He aquí la explicación:
Frente a este impuesto confiscatorio, la población pudiente reduce su nivel de inversión y transfiere recursos al exterior. Un menor ritmo de inversión comprime la generación de nuevos empleos y el pago de salarios que son los mejores mecanismos para sacar de manera definitiva a la población de la pobreza.
El argumento del Gobierno de que el impuesto solo afecta a un pequeño porcentaje de la población, equivale a decir que si una empresa baja sus ventas, solamente perjudica a sus accionistas. Esto es falso, porque con menores ventas se reducirán los empleos y se pagarán menos salarios. Entonces, la afectación más grave es para la población de menores ingresos que tienen menor capacidad de defensa frente a la pérdida de su empleo.
Es por esto, que ni el impuesto a la herencia, ni los demás tributos, pueden colocarse a un nivel tan elevado que los vuelva poco competitivos frente a otros países de la región. Por ejemplo, el impuesto a la herencia en Chile y Venezuela es de 25%.
Aprendamos de la experiencia sueca que reconoció el impacto negativo en el sector empresarial del impuesto a la herencia. Por eso lo eliminó, para evitar la migración de sus empresas a otros territorios fiscales.
Esto no significa negar la importancia de la redistribución del ingreso a través de la política pública. En la actualidad, el Estado ecuatoriano recauda el impuesto a la renta con una tabla progresiva en la que, quien más gana más paga. Pero eso no es suficiente si no se aplica una política redistributiva en el gasto público.
Los ejemplos evidentes de gastos e inversión redistributivos son: educación, salud y vivienda. Pero, ¿podemos asegurar que la mayor parte del gasto público ecuatoriano actual es redistributivo? ¿La inversión de $43,5 millones en la construcción de la nueva sede de la Unasur beneficia a los más pobres? ¿Los $110 millones que se destinarán para la construcción de la nueva plataforma gubernamental que alojará a tres mil funcionarios de varios ministerios, es redistributiva?
Evidentemente, la revolución de la redistribución debe realizarse por el lado del gasto público. Hay que asegurar que la mayor parte del abultado presupuesto fiscal beneficie a la población de menores ingresos y les garantice igualdad de condiciones.
Plusvalía
El presidente Correa también envió a la Asamblea un proyecto para incrementar el impuesto a la plusvalía a una tasa de 75% que se distribuiría entre alcaldías y gobierno central. Este proyecto se fundamenta en la concepción marxista de que el rendimiento que recibe un capitalista por encima de sus costos se debe a una apropiación indebida del beneficio. Con esta teoría se justifica la necesidad de eliminar la plusvalía.
El Gobierno no reconoce que un terreno es una inversión que —como cualquier activo— ofrece un rendimiento y representa un riesgo para quien lo adquirió. Al cuestionar que una persona pueda ganar por la venta de un terreno “sin hacer nada” se está cuestionando que el capital pueda tener un rendimiento. Esto es equivalente a recibir un interés en el banco por un depósito “sin hacer nada”. En la actualidad, a nadie se le ocurriría catalogar al interés como una ganancia ilegítima, como tampoco deberíamos cuestionarnos la legitimidad de las ganancias en la venta de un terreno.
El objetivo del gobierno con este proyecto de ley es presionar a que los precios inmobiliarios caigan. Con esto se afectará principalmente a la población de nivel medio y bajo, cuya casa es su mayor inversión. Como resultado se reducirá el valor de su patrimonio. Es decir, se empobrecerán.
Cabe aclarar que la plusvalía en un terreno no es ilegítima según la Constitución ecuatoriana. Ilegítimo es tener información privilegiada (que no ha sido hecha pública) al momento de comprar un terreno sabiendo que esa zona se beneficiará de alguna inversión pública importante. Pero estos son casos particulares. No se puede legislar afectando a la mayoría pensando en las excepciones que se debe evitar.
No caigamos en un juego electoral del que saldremos perjudicados todos los ecuatorianos. La mayoría de ecuatorianos compartimos el objetivo de reducción de la pobreza, pero revisemos los caminos para alcanzarlo. Que no sea peor la cura que la enfermedad.
Razones para archivar ambos proyectos
