La LOREG ya no habla de la DPNG. Se refiere a ella como la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las áreas naturales protegidas de Galápagos. “El nombre es un tema de forma, no me parece profundo”, dice Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y ex Ministra de Ambiente. Insiste en que no se ha reducido la jerarquía del Parque, que se seguirá manejando en las mismas condiciones que hace más de cincuenta y cinco años, y que lo único que dice la nueva legislación es que “el parque nacional Galápagos es una dirección más pero con posibilidad de ser administrativa y financieramente desconcentrada”. Pero Galápagos no debería ser una dirección más del Ministerio del Ambiente: no se puede tratar como común a lo extraordinario.
Galápagos es especial. El mundo lo sabe desde 1978. “Por sus valores natural, científico y educativo” —dijo la Unesco cuando lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad— “debe ser preservado a perpetuidad en beneficio del Ecuador y del mundo entero”. Galápagos es único por su altísimo endemismo: tiene veintitrés especies que no existen en ninguna otra parte del planeta. Galápagos sirve para investigaciones de primera evidencia, en tiempo real, de evolución de especies. Galápagos es uno de los pocos lugares en el planeta donde hay ecosistemas poco antropizados. Galápagos es una especie de checkpoint para el cambio climático, funciona como el pulso al planeta. Galápagos es una zona habitable nueva por eso se puede estudiar la evolución de una sociedad. Galápagos —a pesar de que la Ley quiera negárselo— es especial. Galápagos. Galápagos. Galápagos.
El archipiélago más importante del mundo es geográfica, ambiental y socialmente diferente al Ecuador continental. “El problema es que creen que debe ser igual, es un proceso que llamamos continentalización”, dice Daniel Orellana —biólogo y PhD en geoinformación que ha trabajado en las islas—. Agrega que cuando se piensa así, se desconoce la esencia insular. La consecuencia principal de esta idea es la pérdida del aislamiento de Galápagos, que es lo que hace a las islas tan únicas.
Sin el aislamiento, las especies invasoras se propagan más rápido, se rompen procesos evolutivos, y aumenta la tasa de extinción de flora y fauna nativas. Por ejemplo, hoy solo quedan veinte individuos del Pinzón de manglar: una mosca parasitaria, introducida desde el continente, tiene al borde de la extinción a una de las catorce especie de pinzones que viven únicamente en Galápagos. Esta unicidad demanda un cuidado diferente. Eso lo entendieron los pobladores y los políticos en 1998 cuando apoyaron y publicaron la Ley Especial para la Provincia de Galápagos. Algunos de los beneficios que ganaron las islas hace quince años serán —al parecer— reducidos con la nueva LOREG.
Hasta mediados de marzo de 1998 —antes de la publicación de la Ley—, los fondos que se generaban en Galápagos por las visitas de los turistas, iban a Quito —a la Cuenta Única del Tesoro Nacional— y luego una parte regresaba al archipiélago. Óscar Aguirre, director de la Cámara de Turismo de Galápagos —y ex subdirector del Parque Nacional (PNG)—, recuerda que de ese rubro retornaba apenas el 22%. El resto se quedaba en el continente y se invertía, entre otras cosas, en las demás áreas protegidas ecuatorianas. Esta situación se mejoró, en parte, con la Ley del 98 que —en su artículo 11— permitía que los recursos “no ingresen a la Cuenta Única del Tesoro Nacional y sean administrados directamente por la Dirección del Parque Nacional, a través de sus cuentas bancarias y su presupuesto”.
Este cambio que parecía un progreso hace quince años, ha vuelto a transformarse con la Ley recién aprobada: en su artículo 31 se especifica que los recursos provenientes del cobro de tributos por el ingreso y conservación de áreas naturales protegidas serán “depositados, en forma inmediata, en la Cuenta Única del Tesoro Nacional”. Esa pequeña pero importante autonomía que Galápagos había ganado, la perdió.
Para algunos residentes de las Islas desde hace décadas, las consecuencias podrían ser las de los noventa. “Como el Parque no disponía de su dinero ni podía decidir cómo invertirlo, pasaban semanas sin comprar combustible y no se podía hacer patrullaje en las islas más lejanas” —dice Michael Bliemrieder, ex gerente del Instituto Nacional Galápagos, Ingala— “así se produjeron las crisis de escasez, como la de los pepinos de mar”. La nueva Ley, para asegurarse que esos recursos regresen a las islas, dispone que al menos el 50% de lo que se recaude por las visitas, vaya a la unidad administrativa desconcentrada. La distribución específica de estos recursos, sin embargo, queda en manos de esta unidad desconcentrada que debería insistir en su tarea de conservación. En el 2015, en Galápagos se rumora que en las islas del norte, donde el patrullaje no llega porque no hay suficientes embarcaciones funcionando —por falta de mantenimiento o escasez de gasolina—, se pesca con frecuencia tiburones martillo —en peligro de extinción— como parte de una ruta turística. Si no se cuidan los animales y las plantas, que son los recursos naturales más importantes de las islas, y se extinguen, ahí sí Galápagos dejaría de ser especial.
La Dirección del Parque Nacional Galápagos —que podría perder su nombre— ya no puede manejar sus recursos de forma independiente. Pero, además, ha perdido también el apoyo de la Junta de Manejo Participativo que la asistía en la definición del Plan de Manejo de la Reserva Marina. Esta Junta, creada por la ley de 1998, tenía dieciocho miembros de diferentes sectores. Desde organizaciones ambientalistas como la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente –Cedenma–, la Fundación Charles Darwin, el Instituto Nacional de Pesca, y el sector turístico. En el artículo 22 de la nueva ley se menciona a un Consejo Consultivo de Manejo Participativo, pero no dice quiénes son sus miembros. Su conformación se regirá bajo las reglas indicadas en el reglamento que emita el Consejo de Gobierno. No es descabellado suponer que en este nuevo cuerpo colegiado no se incluirá a organizaciones como Cedenma —que apoya la resistencia de Intag contra la minería y se opuso al cierre de la casa que servía como sede política de la CONAIE—, u otros sectores que podrían resultar críticos con la nueva administración del Parque.
La conservación de las islas tiene como base el respeto de los límites de sus áreas protegidas. Y eso, también, se cuestiona en la nueva legislación. En 1979, a través de un acuerdo ministerial, se delimitó el Parque Nacional Galápagos. Se marcaron sus linderos, que, por lo general, se mantuvieron intocados, hasta hoy. Una excepción ocurrió en 2008 cuando la entonces Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, mediante un acuerdo ministerial, excluyó de los límites del parque cerca de setenta hectáreas —en el cantón Santa Cruz—, permutándolas y transfiriéndolas a favor del Gobierno Municipal para construir el Proyecto Urbanización El Mirador. La recién aprobada LOREG dice expresamente que la Autoridad Nacional Ambiental —es decir, el MAE— será la encargada de delimitar y actualizar el área del Parque Nacional Galápagos. “Como se hace con cualquier área protegida del ecuador, como Yasuní”, explica Aguiñaga.
La DPNG no ha reclamado la pérdida de estas atribuciones que han pasado a los dos organismos que tendrán máxima autoridad sobre el archipiélago: el Ministerio de Ambiente y el Consejo de Gobierno, creado en 2008 para administrar el régimen especial de la provincia insular. En el artículo 43 del reglamento de la Ley del 98 están las siete atribuciones de la DPNG. En la Ley actual desaparecen dos: Remitir planes de manejo de la Reserva Marina formulados por la Junta de Manejo Participativo ––porque en la nueva Ley la Junta es reemplazada por el Consejo Consultivo––, y la responsabilidad de remitir el calendario pesquero a la Autoridad Interinstitucional para su revisión —que ahora es competencia del Ministerio de Ambiente, según el artículo 58 de la LOREG—.
A Sofía Darquea, guía naturalista y residente hace más de veinte años, le preocupa que el Consejo de Gobierno se convierta en juez y parte. Por ejemplo, el Consejo otorgará las patentes turísticas pero también sancionará a quienes no cumplen con los plazos establecidos, por ejemplo, de renovación. Antes, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre —INEFAN— autorizaba los permisos turísticos. Ahora, es el Consejo de Gobierno. Si se simplifica la lectura de la Ley en números, se puede comparar que en 1998, el Ingala tenía nueve atribuciones y, en el 2015, el Consejo de Gobierno, tiene 23. La balanza, es evidente, se inclina hacia un lado.
Y, aunque el artículo 20 enfatice que el Parque es aún desconcentrado, todo lo que haga debe ser “de conformidad con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, es decir con el mismo manejo del continente, y en concordancia a lo que diga el Consejo de Gobierno. Es como si, desde ahora, cualquier movimiento del Parque necesita el permiso de terceros para sobrevivir en un lugar que alguna vez administró. Y, como si el aislamiento y las particularidades únicas de las islas, son ignorados.
