Una mañana de octubre de 2006, el fotógrafo cubano Carlos Zorrilla fue alertado por una vecina para que huyera de su casa en Íntag: un piquete de diecinueve policías se acercaba con la orden de arrestarlo por el supuesto robo de una cámara fotográfica. Zorrilla se adentró en los espesos bosques del remoto valle de la cordillera de los Andes, al norte del Ecuador, donde vive hace casi cuarenta años. Unos minutos después, el escuadrón allanaba su casa. “Como no encontraron nada, me plantaron un arma y un paquete de droga”, recuerda con la voz grave y sin modulaciones que le sale detrás de la barba blanca y espesa. Según él, era un plan armado por Ascendant Cooper, la compañía canadiense que pretendía extraer el cobre de los cerros de Íntag. “Me iban a hacer arrestar y pagarle a alguien en la cárcel para que me matara”. La minera desmintió el plan y lo acusó de ser “un extremista que aprueba la violencia y un fugitivo del sistema judicial ecuatoriano”. Era un episodio más de la lucha que Zorrilla mantiene hace más de dos décadas para que en Íntag no haya minería a gran escala.
El valle de Íntag es una América en miniatura. Una tierra de bosques vírgenes, ríos de agua clara y suelo fértil a la que Carlos Zorrilla llegó cuando aún era un hippie veinteañero que buscaba un lugar para retirarse del mundo. Había vivido doce años en Estados Unidos —donde sus padres, disidentes de la dictadura de Fidel Castro, lo llevaron cuando tenía once, en 1962— hasta que se hastió de escuchar a Richard Nixon justificar invasiones y ataques en el sur de Asia. Eligió a Íntag no solo por el paisaje bucólico, sino porque era muy difícil llegar, y no había teléfonos ni señal de televisión. Ahí, creía, estaría a salvo para siempre de la política. Lo que Zorrilla —ni nadie más— sabía era que Íntag estaba repleto de muchísimo oro, piedra y cobre: en algún momento alguien —nacional o extranjero, estatal o privado— aparecería con la intención de extraerlos, ofreciendo a cambio una prosperidad nunca antes conocida.
Antes de que llegaran las mineras, Zorrilla no era nada más que un colono convencido de que había encontrado un recodo distante, donde vivir de la tierra. “Sembré la bola de cultivos”, dice. En el suelo fértil de Íntag plantó café, tomate de árbol y limones. “Los limones fueron buen negocio hasta que todo el mundo me copió y el precio se desplomó”, me cuenta en un correo electrónico. Llevo semanas intentando que me hable de él y no de su causa. Pero, hasta ese mail escrito en Comic Sans azules, todo lo que me ha dicho se trata de su lucha antiminera. Cuando estoy a punto de claudicar, abre —un poco— el abanico de la conversación.
Sus recuerdos de la época en que no era aún un enemigo declarado de las grandes corporaciones mineras, son el recuento de las preocupaciones de un campesino: “La finca vino con ganado, que amplié y vivimos de la venta de quesos y terneros por un buen tiempo”. Dice que fue uno de los primeros en sembrar café con el propósito de venderlo. “Ahora, todo ha quedado para autoconsumo”, me explica. El activismo no le deja mucho tiempo para el negocio —discreto, pero negocio al fin— de la agricultura. Pienso que Zorrilla habría sido feliz con el destino que había escogido para sí, y no el que sus circunstancias le impusieron. Martín Caparrós dijo en su libro El Hambre que destino es una idea de otros tiempos: “una noción agropecuaria”. El destino de Zorrilla parecería la evolución —la revolución industrial— de esa palabra.
Tal vez el futuro del campesino no es la fábrica, sino el activismo. Carlos Zorrilla no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse —para siempre— en un activista. Por eso había que aprovechar la breve distensión de su militancia en ese correo. Me cuenta que en su finca tiene más de cuarenta productos. Hace un recuento minucioso: verduras, aguacates, yuca, zanahoria blanca, bananas, plátanos, piñas, frejol, maíz, cebolla. Lo único que lo diferenciaba del resto de habitantes del valle era su origen y su apariencia de hechicero de cuento. Hoy, comparte con tantos otros colonos de Íntag su oposición a la extracción mineral a gran escala: más de una década después de su llegada, la historia —que siempre se toma su tiempo— se había acomodado.
A principios de los noventa otros colonos empezaron a llegar a Íntag. “Los chinitos les decían”, recuerda Zorrilla. En realidad, eran mineros japoneses de Bishimetals, subsidiaria de Mitsubishi. En Íntag nadie había oído hablar antes de la minería a gran escala, pero de a poco se enteraron de qué se trataba: sus niños comenzaron a enfermarse, sus animales a morirse, y máquinas que nunca antes habían visto entraron al valle. Era una zona de acceso tan difícil que la maquinaria debía cargarse al hombro. Una vez, cuenta Zorrilla, llevaron una pieza entre sesenta hombres.
La vida de Carlos Zorrilla, como la de Íntag, cambió para siempre. Junto a un sacerdote rebelde llamado Geovanny Paz organizaron a los jóvenes de un club deportivo y fundaron Decoin (Defensa y conservación de Íntag). Protestaban en contra de la exploración —la primera fase de la extracción minera—, obstruyendo vías, gritando consignas frente a los campamentos de la japonesa Bishimetals, escribiendo cartas a la agencia estatal de cooperación internacional japonesa —JICA— para que les mostraran el estudio de impacto ambiental que la ley de medioambiente ecuatoriana exigía. Fue tanta la presión, que JICA ordenó que se elaborara un estudio de impacto para la primera mina de cobre que Bishimetals explotaría. El estudio se presentó en 1996 y anticipaba efectos devastadores: los ríos se contaminarían con plomo, arsénico, cromo, cadmio y otras sustancias tóxicas. Los bosques serían arrasados. El clima cambiaría para siempre. Un año después, los japoneses anunciaron que se retiraban de Íntag. “No iban a arriesgar su reputación”, dice Zorrilla. No habría minería en Íntag. Los pobres habían triunfado.
Como todas las victorias de pobres, no duró demasiado. La minera canadiense Ascendant llegó cuatro años después a un país ávido de inversiones. “Tenían muchas ganas de hacer dinero y, a diferencia de los japoneses, ninguna reputación que cuidar”, dice Zorrilla. El Ecuador llevaba la marca de la peor crisis financiera de su historia: en 1999, el Estado congeló depósitos, y la hiperinflación lo obligó a descontinuar su moneda y a dolarizar su economía. En un país sin esperanzas, la minería a gran escala relucía como la nueva gran oportunidad.
Los campesinos que lideraba Zorrilla no creían en la fábula del progreso. No importaba cuánto insistiera Ascendant en los beneficios de su presencia en Íntag, la protesta crecía. Decoin recurrió a la estrategia que le había dado resultado con los japoneses: se sentaban en las carreteras para que no pasaran los camiones y reclamaban frente a los campamentos. En diciembre de 2005, trescientas personas incendiaron un campamento de la compañía canadiense. “Decoin no aprueba actos violentos” dijo en un comunicado la organización fundada por Zorrilla, pero aclaraba: “Los eventos de hoy son producto de 18 meses de asaltos, intimidaciones, amenazas de muerte y cierres de carreteras”.
Tres años después, en 2008, Zorrilla volvió a triunfar: el nuevo gobierno del Ecuador, liderado por el economista Rafael Correa, expulsó a Ascendant Cooper. Otra vez en Íntag no habría minería de gran escala. Hasta que un par de años más tarde, el gobierno de Correa cambió el idealismo ambiental por el pragmatismo que se requiere para equilibrar los presupuestos estatales. Se peleó con sus aliados ecologistas, y anunció que explotaría las minas en Íntag. Era —otra vez— la profecía tantas veces anunciada y jamás cumplida del progreso.
Desde entonces, Carlos Zorrilla tiene un nuevo enemigo: el gobierno del Ecuador. “Es un extranjero que vive en Íntag y levanta a nuestra población, financiado por una Global Respons, una ONG de Estados Unidos y apoyado por el Proyecto de Justicia Global de Minnesota”, se quejó el presidente Correa en diciembre de 2013. Zorrilla dice que esa declaración lo ha puesto en peligro. Amnistía Internacional lo secundó en un comunicado. En abril del año siguiente, Javier Ramírez —otro líder comunitario de Íntag— fue arrestado por haber atacado a una camioneta de la estatal Empresa Nacional Minera. Una corte lo sentenció a diez meses de cárcel por el delito de ‘rebelión’.
A Zorrilla se le ha abierto, además, otro frente: Íntag está dividida. Por primera vez en más de veinte años, hay gente que está a favor la minería. “Por seiscientos dólares al mes están dispuestos a que su comunidad sea arrasada”, lamenta Zorrilla. Nada de eso —los operativos policiales, los juicios a sus amigos, la indiferencia de algunos de sus vecinos— cambiará su determinación. En el correo en que he logrado que hable de él y no de su lucha, me dice que aún sale a fotografiar. “Me ayuda a mantenerme sano psicológicamente” —escribe y añade, entre paréntesis—: “¡relativamente hablando!”, y cierra la línea con un emoticón: :). Pero antes de despedirse, Carlos Zorrilla retoma su vocería ambiental:
— Cambiando de tema, ¿vio el artículo de ayer de los planes del gobierno de viajar por el mundo para ofrecer subastar 25 áreas mineras?
Está claro que Carlos Zorrilla, el activista, se ha tomado a Carlos Zorrilla, la persona. Pocas veces —como en ese mail— se distrae de ese personaje. Está claro, además, que no dejará el lugar en el que vive —el que considera esa abstracción que superpones a los sitios y llamamos hogar—, por el que combate a corporaciones trasnacionales y al Estado desde hace más de veinticinco años, cuando era un hippie que no sabía que es imposible escapar de la política, ni de la historia.
¿Se puede luchar por el medio ambiente sin descuidar el huerto de casa?
