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Lo que el Estado ha hecho con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano es aquello que Frederick Bastiat llamó “saqueo legal”. Es decir, todo el proceso legal y burocrático que ha terminado con la administración de dicho fondo en manos del BIESS constituye una de esas situaciones en las que —como decía el filósofo liberal francés en su libro La Ley, publicado en 1850— “la ley toma partido en favor del saqueo”, cuando el “aparato de magistrados, policías y prisiones se pone al servicio del saqueador y trata como criminal al saqueado que trata de defenderse” ¿No es, precisamente, eso lo que sucede cuando se confisca por la fuerza la gestión de los ahorros de los maestros del Ecuador bajo el argumento de que alguna vez recibieron ayuda estatal?

Se trata de un saqueo legal detenidamente planificado en Carondelet, blindado legislativamente por la Asamblea Nacional, y ejecutado la semana pasada por la Superintendencia de Bancos, la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Fiscalía y el propio BIESS.

El primer paso se da con una de muchas disposiciones transitorias del Código Orgánico, Monetario y Financiero aprobado en 2014 que señala: “la Superintendencia de Bancos dispondrá, en el plazo máximo de 180 días, la realización de auditorías externas a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados”.  Luego de promulgado ese disparate, otra disposición facilitó la ejecución del fondicidio legislativo. El artículo 220 de la Ley de Seguridad Social fue modificado durante los debates parlamentarios para decir lo siguiente: 

“Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco”. 

Y es aquí donde se encuentra la cuestión esencial: 

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¿Los ahorros de una persona deben pasar a manos del Estado solo porque alguna vez recibió su ayuda financiera? ¿O sea que si yo le regalo dinero a un amigo para que pueda ahorrar, puedo luego quitarle la totalidad de esos ahorros?

No sirve de consuelo que esos fondos previsionales privados (como el de los maestros) puedan devolver los “aportes del Estado” con los intereses correspondientes para no tener que entregar su administración ¿Acaso dichas ayudas se dieron a título de préstamo, o estaban sujetas previamente a devolución si se cumplía alguna condición? Y si fuese así, ¿se establecieron como garantía de dicha devolución todos los recursos de todos los aportantes, de tal forma que si no se retornaba el dinero la totalidad del fondo debía pasar al Estado? 

Parece que el Gobierno no solo que no ha escuchado el aforismo infantil que reza “lo que se regala no se quita”, sino que incluso piensa que si regala una parte, después puede quitar todo. Esto me recuerda que una manía que yo tenía de niño: nunca quería entregar los regalos en los cumpleaños. Mi mamá tenía que —literalmente—arrancármelos de las manos. Odiaba aflojar el bendito juguete, es verdad. Pero al menos no me atribuía después el derecho de llevarme la torta, la piñata, los dulces y hasta las sorpresas, como hace hoy el oficialismo. 

No obstante, el sinsentido se ha impuesto: se estatizó la gestión de cuatrocientos millones de dólares provenientes de los ahorros de miles de maestros ecuatorianos que cometieron el “error” de confiar en administradores privados antes que en el sistema público. Y fue ahí cuando recordé a Bastiat: ha sido un “saqueo legal” porque la ley “toma partido en favor del saqueo”.

Se lo hizo, además, de súbito, usando como pretexto un informe de una auditoría que no ha sido publicado, que supuestamente habla de malos manejos. Emplearon fiscales y policías para tomar por la fuerza las instalaciones del Fondo del Magisterio —dice Bastiat “ese aparato de magistrados, policías y prisiones se pone al servicio del saqueador”— como si fuese una redada a criminales —en palabras del filósofo francés “trata como criminal al saqueado que trata de defenderse—. 

No ha habido espacio solo para el absurdo, sino también para la paradoja: son los dirigentes del MPD quienes ahora defiendan su propiedad privada de la rapiña burocrática, cuando tiempo atrás ellos se opusieron a que los demás puedan hacer lo mismo con sus pensiones. Pero eso es otra discusión. Aquí lo que importa es reclamar ante una injusticia cometida mediante ley, ante una ley convertida en instrumento de un solo partido, ante un partido que obedece solo a la voz de una persona, y ante una persona que trata el dinero de los ciudadanos como reservas estatales sujetas a su capricho.

Es un precedente gravísimo. Porque esto contribuye a aumentar ese tropicalismo institucional por el que estamos pagando los intereses más altos de nuestra historia a los mercados financieros internacionales. Esos mercados a los que el Gobierno acude por la misma razón por la que mete mano en los ahorros de los maestros: despilfarro y mala administración.

Bajada

De cómo el Estado ecuatoriano expolió el Fondo de Cesantía del Magisterio