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El 29 de diciembre de 2010, la Duma –asamblea– de la Federación Rusa aprobó la Ley Federal Sobre la Protección de los Niños de la Información Nociva para su Salud y Desarrollo. La comunidad GLBTI rusa y los medios de comunicación tienen otro nombre para este cuerpo normativo que ha vuelto ilegal distribuir material sobre derechos de los homosexuales y decir que las relaciones homosexuales son iguales que las heterosexuales: la Ley Antipropaganda Gay. Cuando se aprobó, la población rusa no tuvo mayor reacción. Fue promocionada y publicada como una herramienta legal para proteger a los niños de los vicios que contiene la información en general. Pero uno de los grandes problemas con esta ley es la ausencia de técnica jurídica. Ha sido redactada de tal forma que sus efectos son impredecibles, pues contiene tipos abiertos y definiciones inexactas.

No es anormal que el Estado dedique un cuerpo normativo a la protección de los niños con respecto a la información que reciben, pero la ley está llena de falencias: Nunca define qué se entiende por información, lenguaje soez, relaciones sexuales no tradicionales, entre otros. Tampoco se establece cuáles son los canales por los que se expande o difunde la información que puede ser prohibida. En ninguna parte aclara si la prohibición rige en la prensa, las redes sociales o en la comunicación interpersonal. No toma en cuenta, por ejemplo, los horarios infantiles en la televisión. Si bien está enfocado a la protección de los niños, la censura de esta información perjudicial es total. Es decir, no protege a los niños, sino que ciega a la población en general. El hecho de que no se definan los términos claves da carta abierta a una interpretación indiscriminada. Entonces por ejemplo, “información perjudicial” puede ser un abrazo entre dos hombres en la calle, o hablar de libertad de escogencia, o aceptar a un miembro de la familia a quien le gustan las personas de su mismo sexo, o publicar una foto en redes sociales donde dos hermanos se abrazan o un saludo fraterno entre dos amigas.

El artículo cinco enlistan los tipos de información perjudicial para la salud y desarrollo de los niños. Ahí se encuentran tipologías como “información sobre relaciones sexuales no tradicionales” y “lenguaje soez”, que no podrán ser publicadas o reproducidas, o los emisores tendrán una fuerte sanción de tipo administrativa. La calificación sobre la tradicionalidad de lo sexual y lo soez de las palabras recae en un funcionario experto al que designa el Ejecutivo y en algunos casos sobre el mismo Ejecutivo. Tal vez a la Administración Pública rusa o a Vladimir Putin les resulte soez que se hable de tener sexo en cuatro y no le resulte soez que se informe sobre tener sexo en posición de misionero, según el nivel de tradicionalidad del analista de turno.

Aunque las fallas son escandalosas, fuera de Rusia no se supo mucho sobre la Ley hasta el 29 de junio de 2013, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó la última reforma. Titulada “Sobre las Enmiendas al Artículo 5 de la Ley Federal”, la reforma –que no es nada extensa– se concentra en la inclusión de tipos de información que considerada perjudicial. Por ejemplo, se incorporó el numeral 21 en el artículo sexto, que se establece que la propaganda se manifiesta en la difusión de actividades sexuales, cualquier demostración de atracción por relaciones sexuales no tradicionales o exponer ideas sobre la equivalencia social entre las relaciones sexuales tradicionales y las que no los son. Las multas por ejercer cualquiera o emitir información sobre estas actividades van desde setenta y siete dólares hasta más de diecinueve mil dólares, dependiendo de la persona que cometa la infracción.

La reforma legal no esclarece las definiciones ausentes en la ley federal principal. Lo único que logró fue eliminar la pantalla que camuflaba la intención de restringir y penalizar la vida de la comunidad LGBTI en Rusia. Esto no es novedad. Rusia tiene una larga historia de represión en contra de lo que el régimen encuentra como diferente. Según una encuesta realizada en abril de 2013, el 35% de la población rusa cree que la homosexualidad es un trauma psicológico.

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A partir de la caída del Muro de Berlín se evidenció una mayor apertura hacia las minorías sexuales que desembocó en la legalización de la homosexualidad en 1993. Pero la llegada de Vladimir Putin a la presidencia, sobre todo en su segundo periodo, ha sido una amenaza constante a la diversidad sexual.  La Ley Antipropaganda Gay Rusa es una evidencia. Su error no radica en la falta de capacidad, sino en la legalización de la intromisión estatal en cuestiones tan íntimas como el sexo. Con el emotivo discurso que promueve la idea de protección infantil, se aprobó una ley que legitimista el odio, el rechazo, el desprecio y la discriminación.

A partir de la aprobación de la Ley, muchos miembros de la comunidad LGBTI se autoexiliaron. Entre ellos están la periodista Masha Gessen o Andrew Nasonov e Igor Bazilevsk, una pareja que huyó quienes huyeron un año después de la aprobación de la Ley porque estaban siendo acosados. Además, en Rusia se prohibió la Semana del Orgullo Gay y su desfile, y la estatua de Steve Jobs que reposaba en la Universidad de San Petersburgo fue retirada cuando Tim Cook, su sucesor como director ejecutivo de Apple, declarara que era gay. De alguna forma, la Ley Antipropaganda Gay ha legitimado el acoso que perpetran grupos como Occupy Paedophilia, un movimiento que busca homosexuales para humillarlos públicamente en videos que circulan en internet, siempre con el argumento de que lo hacen para proteger a los niños. Solo el 5% de las denuncias por violencia en contra de miembros de la comunidad LGBTI terminan en procesos judiciales.

La aprobación de la Ley Antipropaganda Gay abre las puertas de la discrecionalidad y el exceso de una Administración Pública que debe ser limitada. No es casual que esta Ley sea presentada como un mecanismo de protección para los niños. Rusia es un gran ejemplo de que cuando un Estado quiere restringir libertades, lo que ofrece a cambio a sus ciudadanos es una extraña noción de seguridad. El problema es la facilidad con la que se disfrazan las verdaderas intenciones de la Ley. La comunidad GLBTI rusa empezó a rebelarse recién tres años después de aprobada la Ley, con protestas unipersonales –que no están penadas en Rusia–, y sobre todo con el apoyo de la comunidad internacional durante las Olimpiadas de Invierno Sochi 2014, un evento que también fue aprovechado por el activista Viktor Romanov con su iniciativa de los Open Games, un evento deportivo donde participarían atletas gais de distintos países. Pero esos juegos alternativos fueron saboteados, y nada ha cambiado en esa informe legislación que protege a los niños pero que –como quien no quiere la cosa– prohíbe cualquier manifestación sospechosa de apoyar o pertenecer a los grupos GLBTI.

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¿Es la protección infantil una justificación para los prejuicios?