En Ecuador, el Gobierno se ha apropiado de la verdad al punto de que todo aquel que se atreve a disentir con él, automáticamente, miente. Ahora, formo parte de esa lista, cada vez más extensa, de mentirosos. El presidente Rafael Correa me ha puesto como un “ejemplo de deshonestidad” en el enlace sabatino del 4 de abril de 2015. En él, se preguntó: “¿tendrá la decencia de reconocer que mintió y pedir las disculpas del caso?”. En el siguiente enlace, insinuó que no tengo conciencia porque no me he disculpado, a pesar de que “se demostró que estaba mintiendo”. Indignado, se refirió a un tuit mío en el que digo que duermo en paz, cuando –según él– lo procedente no era dormir sino reconocer que falté a la verdad. Su generosidad intelectual lo lleva incluso a sugerir las palabras que debería utilizar en mi disculpa: “sí, mentí, mentí, manipulé, no es verdad lo que dije”. Todo porque en una entrevista al periodista Diego Oquendo de Radio Visión de Quito dije: “lo que a mi realmente me preocupa es la reacción del Presidente frente a las marchas en Riobamba” –me refería a un vídeo que circuló en redes sociales– “se logra escuchar al Presidente ordenando detener a manifestantes” –dije en el programa radial– “ordena a la policía detener a una persona por tener un letrero o por provocar a la policía: eso no es un delito”. En el país queda cada vez menos espacio para opiniones diversas sobre asuntos de interés público, toda afirmación es sometida a un test de veracidad o falsedad en el que el régimen funge como único depositario de la razón.
Mi mentira se evidencia –según el Presidente– porque lo que él realidad dijo fue “a ese tipo de ahí, que tiró la botella, deténganlo, al que tiene el letrero, por favor”. El Presidente ofrece la siguiente explicación a sus expresiones: “En verdad estoy diciendo que lo detengan porque había roto el cerco y estaba tirando botellazos al Presidente y a la gente”.
No estuve en Riobamba, tan sólo miré los vídeos. Eso no me inhabilita para opinar sobre lo ocurrido, pero es posible que haya cometido un error cuando supuse que él se refería a dos manifestantes distintos, uno que tiró una botella y otro que tenía un letrero. De hecho, en los vídeos no es posible apreciar a un manifestante tirando botellazos al Presidente ni a la gente, tan sólo se logra escuchar a Rafael Correa, absolutamente descompuesto, ordenando a gritos la detención de manifestantes.
Es inevitable analizar los hechos a partir de nuestro sistema de valores y creencias, y en mi caso, sin importar con cuánta frecuencia se haya repetido esta escena, no dejará de horrorizarme que un Presidente ordene la detención de manifestantes. De ahí mi asombro cuando escuché la orden de detener “al que tiene el letrero”, sin reparar en la posibilidad de que sea la misma persona que tiró una botella, según aclaró en su sabatina. También es posible que mi percepción de que se trataba de personas distintas se deba a que se escuchaba a Correa gritarles “salvajes”, en plural. Y si seguimos abriendo el abanico de posibilidades, es altamente probable que mi interpretación de que se trataba de dos personas distintas haya estado condicionada por las innumerables ocasiones previas en las que el Presidente ha ordenado la detención de personas por ofender a su majestad con palabras o señas obscenas, actitud que ha sido reproducida por sus funcionarios, como aquella ocasión en la que la Policía detuvo a tres mujeres –según decía el parte del arresto– por orden del Ministro del Interior, José Serrano, a quien le habían gritado “torturador”. Es, además, posible elucubrar que los enfrentamientos se hubiesen podido evitar si el gobierno respetase el derecho a la protesta pacífica, protegiendo a los manifestantes sin consideración de sus opiniones, en vez de promover contramarchas o realizar recorridos presidenciales en la misma fecha. Pero no viene al caso seguir especulando. Lo cierto es que no he mentido. Es posible que esté equivocada, que no es lo mismo.
Decía San Agustín en su libro De Mendacio que “la mentira es una expresión que tiene un significado falso pronunciada con la intención de engañar». Pero no hace falta haber leído a San Agustín para entender la diferencia entre errar y mentir: quien dice algo que no se ajusta a la realidad comete un error; si lo dice a sabiendas de que es falso, con el fin de engañar, miente. Por ello, todos sabemos cuando mentimos pero no cuando nos equivocamos. Debería ser innecesario escribir este párrafo, pero en la lógica del Presidente todo el que comete un error está mintiendo. Y la acusación se produce desde la más alta esfera del poder, usando fondos públicos.
Errada o no, mi interpretación sobre los hechos de Riobamba no tiene el ánimo de engañar ni de ofender a nadie. Mis expresiones en Radio Visión son solo las de una ciudadana asombrada por la desproporcionada reacción del Presidente frente a las expresiones de protesta en su contra. Y mis reflexiones en este texto son las de esa misma ciudadana cansada de la lógica de Rafael Correa, y del desmedido uso de recursos públicos para reaccionar frente a una entrevista y un tuit.
No me interesa seguir aclarando mis expresiones, pero lo ocurrido me permite apreciar algunas falacias en la lógica presidencial.
El presidente Correa no puede ordenar arrestos
Según el Presidente, la persona que tenía el letrero también “estaba tirando botellazos al Presidente y a la gente”, y eso justifica que él ordene su detención. Sería interesante poder acceder al parte policial. Si los hechos sucedieron tal como los narra Rafael Correa, estaríamos ante un delito o contravención flagrante, y se justificaría plenamente su aprehensión por parte de la Policía, sin necesidad de ninguna orden de por medio. Si, por el contrario, el parte revela que la detención se fundamentó en la orden del Presidente, se convierte automáticamente en una detención arbitraria.
El Presidente olvida con demasiada frecuencia que no tiene la facultad de ordenar la detención de personas. La Policía puede detener a personas que cometan delitos flagrantes. Pero él, aún cuando ejerza la máxima autoridad de la Policía Nacional, no está facultado para ordenar la detención de personas. Sólo los expresamente previstos en la ley pueden ordenar la privación de la libertad de una persona: Es un principio general del derecho público que los funcionarios sólo pueden hacer aquello que está expresamente permitido por la Ley, sin espacio para interpretaciones extensivas o analógicas. El Presidente no es un juez, ni tiene autoridad legal para ordenar detenciones.
Cuando la orden de detención no emana de autoridad competente, esa detención es arbitraria y corresponde a los jueces corregir ese abuso de poder. Así, en estricta lógica, cada vez que Correa enfatiza que ordenó la detención de la persona que supuestamente tiró una botella, pone en evidencia que estamos ante una detención arbitraria.
El Presidente no tiene la misma libertad de expresión que los demás ciudadanos
En la lógica de Correa, nadie puede ofenderlo, pero él puede descalificar a todo el que piense distinto, y de paso a los medios que reproducen esas opiniones. La realidad es otra: las expresiones ciudadanas y las del Presidente deben medirse con varas distintas. Las de las personas están protegidas, aún cuando puedan ofender, chocar o perturbar. Los funcionarios públicos, como el presidente Correa, están en la obligación de abstenerse de hacer declaraciones que pongan en riesgo a las personas y que puedan profundizar la polarización social.
Evitar pronunciamientos que puedan lesionar los derechos de las personas es parte de las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos que tiene todo funcionario público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan venerada por el presidente Correa, ha sentenciado a Estados en casos en los que los pronunciamientos de los funcionarios públicos contribuyeron a acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vinculadas con medios de comunicación.
Hasta el actual Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH –que no ha escatimado esfuerzos por acercarse al gobierno– le ha recordado al Presidente que debe tener en cuenta las consecuencias de sus “declaraciones estigmatizantes” en la vida e integridad de las personas. Luego de citar las expresiones emitidas por Correa en un Enlace Ciudadano, que tuvieron como consecuencia amenazas contra la vida de la persona que manejaba la cuenta de Twitter @Crudoecuador, el Relator le reiteró al Ecuador la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones, creando las condiciones que permitan que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de esas ideas y opiniones.
La distinta vara con que se miden las expresiones se justifica por el grado de influencia que tienen las expresiones del más alto mandatario, así como por la imperiosa necesidad de que circule la más diversa cantidad de informaciones y opiniones sobre asuntos de interés público. Si a esto le sumamos que el linchamiento sabatino hacia los que disienten y las campañas de desprestigio que difunde la SECOM se realizan con fondos públicos, el abuso de poder salta a la vista. Los enlaces ciudadanos se justificarían si fueran un ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana, pero son cada vez más un espacio para que el presidente Correa se comporte como un bully, con la excusa de desmentir a todo el que se atreva a cuestionarlo.
El Presidente no puede responsabilizar al periodista de las expresiones de sus invitados
Tan evidente es que el objetivo de los ataques del presidente Correa no soy yo sino quien me entrevistó, que es imprescindible liberar al periodista Diego Oquendo de toda responsabilidad sobre lo que le dije en la entrevista de Radio Visión. En la lógica del presidente no sólo yo mentía, sino que “el entrevistador debía saber que estaba mintiendo”. Según Correa, periodistas como Oquendo “permiten que se mienta, que se engañe a la gente”. Para él, eso es ser cómplice de la mentira, ejemplo de mal periodismo, y de deshonestidad.
Oquendo ejerció su rol de manera ética y responsable al abordar un tema de interés público –cosa que cada vez menos medios de comunicación se permiten–, formular preguntas que fomentan el libre debate de ideas, y ofrecer espacio a voces diversas y plurales. De hecho, en la misma entrevista estuvo Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País –partido del Presidente–, quien tuvo todas las oportunidades del caso para desvirtuar mis afirmaciones.
En un programa en vivo, el periodista no tiene mayor control sobre las expresiones los entrevistados, que deben tener plena libertad para expresar sus ideas y opiniones. Al trasladar la responsabilidad al entrevistador por las expresiones de sus invitados, como pretende Correa, no le quedaría otra opción al periodista que ejercer censura previa, o al menos asegurarse de no abordar temas de interés público. El resultado de la lógica presidencial serían medios de comunicación hablando únicamente del clima, la farándula y cualquier otro tema distante de los asuntos de interés del gobierno.
Lo que el presidente Correa piense de mí, sus cuestionamientos a mi cátedra, son, en realidad, lo de menos. Lo que debe generar nuestro rechazo es la insistencia en ese falso dilema de “o estás con nosotros o estás engañando” que subyace en los comentarios sabatinos que me ha dedicado el Presidente. Esa dualidad impone –desde el poder– un control de la narrativa que constituye un desincentivo a los espacios de crítica ciudadana. El uso del poder para intimidar a las personas hasta que digan o dejen de decir algo, con el objetivo de satisfacer a una autoridad que reclama para sí el privilegio de ser la única fuente de verdad, resulta incompatible con una sociedad democrática y plural.
Apuntes sobre un falso dilema presidencial
