Según un informe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el estado ecuatoriano mantiene una deuda de 1,749 millones de dólares con la institución. Sin embargo, en el enlace ciudadano del 4 de abril de 2015, el presidente Rafael Correa dijo que la deuda no tiene sentido, ya que el IESS se encuentra en superávit. Eso, pese a que la Ley de Seguridad Social, en el artículo 237 establece la obligación para el Estado de financiar el 40% de las pensiones que se especifican en la ley: por jubilación ordinaria por vejez, invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta. Tal como está escrita, la ley no exime al Estado de su obligación de ninguna forma.
El primer mandatario explicó que la única deuda con la institución era por concepto de bonos de inversión, que el propio IESS adquirió porque “le pagamos cerca de mil millones de dólares anuales y como no tiene qué hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos”. Esa deuda asciende a ocho mil millones de dólares del Estado con una institución pública. Correa la califica como “una deuda ficticia porque es nuestra propia plata”. El presidente dijo también que “yo no le daré veinte centavos más al IESS, siempre amparado en la Ley y en la Constitución”. Eso, después de afirmar que la Ley de Seguridad Social es inconstitucional porque nunca se aprobó un reglamento que agilite su ejecución.
El 7 de abril de 2015, la Secretaría de Comunicación (Secom) emitió un comunicado en el que reafirma la inexistencia de la deuda con el IESS. Según el comunicado, el Estado ecuatoriano ha aportado tres mil quinientos millones de dólares a la institución, monto que cumpliría con toda obligación económica. Sin embargo, ese dinero cumplía con los aportes del Estado hasta diciembre de 2014. En una entrevista en Ecuavisa, la Presidenta de la Comisión de los Derechos de Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, Betty Carrillo, emitió comentarios que generaron furor en medios de comunicación y redes sociales. Algunos fueron: “Hay muchas incongruencias con la Constitución”, “No es una deuda real, es una deuda ficticia” y –el que le ganó un puesto en los titulares– “El IESS no es de los afiliados”. Mientras Carrillo y la Secom daban sus declaraciones, el presidente del Directorio del IESS, Richard Espinosa, decía que la institución es sólida y que mantiene su capacidad de pagar las pensiones de sus jubilados sin problemas.
La situación del Estado es la opuesta. Este es un momento de iliquidez. Se evidencia, entre otras cosas, en las giras del presidente Correa para conseguir préstamos, en la entrega de 466.000 onzas de oro a Goldman Sachs a cambio de efectivo más intereses, en los recortes presupuestarios y de salarios y en el aumento de las imposiciones fiscales. No sería sorpresivo que el Estado no pueda cumplir a cabalidad con sus obligaciones, pues sus recursos escasean. Y la decisión de no desembolsar más dinero –que por Ley corresponde– para el IESS también encaja con ese panorama.
El detalle del presupuesto del año fiscal vigente del IESS refleja un ligero superávit en febrero de 2015. El total generado por concepto de recaudación hasta el 28 de febrero de este año es de 483 millones de dólares, mientras que los gastos son de 433 millones. Pero estos datos generales que demuestran la situación de la institución de manera global en el mes de febrero, no necesariamente reflejan su capacidad para cubrir las pensiones de los jubilados, un valor que desde años solo le toca cubrir en un 60%.
Las palabras de Rafael Correa y de Betty Carrillo no son del todo equívocas. En efecto, existe un superávit registrado y que el IESS sea un bien público no lo convierte necesariamente en propiedad de los afiliados, es decir, del pueblo. Pero lo preocupante de las declaraciones presidenciales tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones legales del Estado. La Ley no dice que aquel superávit exime al estado de su obligación de aportar el 40% de las pensiones jubilares. Bajo esa lógica, tampoco tendría sentido que el consumidor pague por un servicio prestado o por un producto que ofrece SuperMaxi, porque definitivamente su dinero no le hace falta a la familia Wright, que ya tiene suficiente.
Que la Ley de Seguridad Social no tenga un reglamento no la vuelve inconstitucional. Y las incoherencias constitucionales no son un pretexto para cambiar la ley, como se quiere hacer con la aprobación de la Ley de Justicia Laboral, que elimina la obligación estatal de contribuir con el 40% de las pensiones. Sin embargo, mientras no sea aprobada, el estado no debería dejar de financiar ese porcentaje. Cuando critica a la prensa, el presidente Correa suele decir que este es un estado de derecho y no de opinión. Entonces ¿Es este un estado de derecho donde se elige qué ley cumplir?
Mientras explicaba por qué no le iba a dar un centavo más al IESS, el Presidente expresó su preocupación con un presunto intento en 2002 de privatizar a la institución. Desde siempre, Correa se ha mostrado como un enemigo de la privatización de derechos humanos como la seguridad social. Pero en realidad, los países que han mantenido sistemas de pensiones jubilares privadas nunca han sufrido el susto de que repentinamente el Estado decida recortar el presupuesto destinado a los jubilados. En 1981, Chile inauguró la privatización de un sistema de ahorro que desembocaba en pensiones jubilares. Estas pensiones se han invertido en acciones y bonos a elección de los trabajadores, dándoles así un control absoluto de su dinero y su futuro. Otros países como México, Perú y Colombia copiaron este modelo por su éxito.
Existen alternativas funcionales al modelo público de pensiones. La inseguridad que viven los ancianos y la inseguridad que tendremos que vivir los hoy jóvenes en el futuro es desesperante. Betty Carrillo no descubrió el agua tibia, es verdad que el IESS es una institución pública y que no es propiedad particular de nadie. Es verdad. Pero después de años de aportaciones forzosas (la afiliación no es una opción), el dinero recaudado y sus intereses sí les pertenecen a los afiliados y en eso no hay presunta inconstitucionalidad que le excuse al estado de retribuir lo que por ley corresponde.
¿Por qué el Estado dice que no le debe al IESS lo que le debe?
