Profundidad

Mirar la paja en ojo ajeno

palestina.jpg

La ONU y sus órganos y agencias especializadas varias veces han sido inculpadas  de mantener cierto sesgo político en contra del Estado de Israel. Supuestos defensores de los derechos humanos, políticos aliados al país y especialmente su actual Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, han reiterado la “desproporcionada” atención, “condena y crítica” ejercidas en contra de Israel. En su edición #198, GkillCity publicó Una sanción miope, un texto que se suma a esta queja de que la ONU es injusta con Israel, idea que no comparto debido a razones que explicaré  y que  involucran la situación de mujeres palestinas, israelíes y etíopes en el país.

El autor del artículo considera a la ONU “[m]iope de tanta corrupción política” tras haber adoptado una resolución más que sanciona a Israel –esta vez en materia de igualdad de género y defensa de los derechos de la mujer en Medio Oriente-. Él menciona de manera oportuna el caso de otros países de la región y sus deleznables sistemas de protección y garantía hacia los derechos humanos de la mujer, pero comete varios errores al asegurar que “Israel es un país ejemplar en la promoción de derechos de la mujer en Medio Oriente”, cuando se sabe que este Estado no solo vulnera los derechos de las mujeres sino de toda la población palestina. Indignado,  se pregunta “¿por qué Israel es el único país condenado por la ONU sobre derechos de la mujer?” La resolución adoptada por la Comisión sobre el Estatus de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW, por sus siglas en inglés), durante su reunión anual, el 20 de marzo del 2015, condenó a Israel por considerarlo el principal obstáculo para el avance de la mujer palestina y, como consecuencia, el desarrollo de su sociedad.  Y no es para menos.

No es secreto que la ocupación militar israelí sobre los territorios palestinos ocupados viola de manera sistemática la mayoría de los derechos humanos de la población palestina. La mujeres, pese a pertenecer a un grupo universalmente considerado como vulnerable junto con niños y adultos mayores, son parte de los varios atracos israelíes a los derechos inalienables.

En Israel existe más que discriminación. De los treinta Derechos Humanos reconocidos bajo el paraguas de su Declaración Universal, al menos diez se enfrentan a graves violaciones. Por ejemplo, el artículo cinco que básicamente busca proteger al ser humano del sometimiento a tortura, tratos crueles,  inhumanos o degradantes, al parecer no es aplicable a mujeres palestinas –la mayoría de ellas de fe islámica– que son sujeto de cacheo extensivo, que en algunos casos incluye exponer partes cubiertas de sus cuerpos a oficiales israelíes mujeres, lo que por su religión resulta un acto denigrante. Una situación aún más humillante es la que viven algunas embarazadas. Como las palestinas viven en localidades donde no existe atención médica adecuada -es deficiente o son centros que no abren todo el día-, deben viajar largas distancias para dar a luz. Si quieren movilizarse a ciertos territorios sin problema, deben hacerlo con un permiso temporal que les otorga el Estado, y como tienen una vigencia corta, ellas dejan su casa para ir al hospital, pocos días antes del día del parto. Antes de llegar al hospital casi siempre deben pasar por puestos militares israelíes -o checkpoints- donde son sometidas a extensas inspecciones. A veces tardan tanto en este trámite -en el que son también humilladas- que muchas mujeres deben parir ahí, sin la asistencia médica necesaria. Esto se ha dado particularmente en el puesto de control de Qalandia, que conecta a las ciudades de Ramallah y Jerusalén, y que se ha convertido en el escenario de una transgresión del derecho a la libre circulación, amparado bajo el artículo 13 de la Declaración.

Otro claro ejemplo de la violación de derechos en Israel es la práctica de encarcelamientos “administrativos”, una figura que le permite al Estado detenciones de forma arbitraria e ilegal que, además de violar los artículos 9, 10 y 11 de los Derechos Humanos, transgrede el debido proceso al efectuarse sin la imputación de cargos, y bajo el cual palestinos y árabes-israelíes considerados una “amenaza a la seguridad pública”-, pueden permanecer bajo prisión por un período de hasta seis meses sin haber sido sujetos al pertinente proceso judicial. Esto ocurre desde hace décadas y se mantiene hasta el 2015. En lo que va del año, setenta y ocho mujeres palestinas han sido arrestadas –incluyendo menores de edad- y pese a que varias han sido liberadas, sus permisos de residencia en Jerusalén son revocados por períodos desde tres años hasta tiempo indefinido. 

La lista de violaciones a los derechos de las mujeres palestinas es extensa – particularmente en la Franja de Gaza bajo bloqueo unilateral impuesto por Israel-, situación que impide que tengan acceso a fuentes de empleo, educación y servicios sanitarios. Es necesario reconocer, como lo menciona bien el autor del artículo Una sanción miope, que autoridades palestinas mantienen cierto grado de responsabilidad sobre la situación actual. Pero también es necesario entender que un gobierno bajo ocupación depende en absoluto del país ocupante –Israel- y de la asistencia internacional  que reciba. Además, todo lo que entra y sale de los territorios palestinos debe pasar por Israel, convirtiéndolo en el único “socio” directo de Palestina, limitando la vida y el desarrollo de los palestinos a  las decisiones arbitrarias de Tel Aviv.

El autor reprocha el reciente aumento de críticas de la comunidad internacional a las prácticas de un país que desde su creación se ha escudado en las atrocidades del Holocausto, para ampliar y fortalecer la ocupación militar sobre los palestinos. El autor es impreciso al decir que la situación en esa zona responde a una mera “noción de que el país [Israel] oprime a los palestinos”. Afortunadamente, en los últimos años el reconocimiento y reprobación hacia tal “noción” ha crecido de tal forma que, a fines de marzo del 2015 el principal defensor, protector y aliado israelí, los Estados Unidos, reconoció la necesidad de que la ocupación de casi medio siglo llegue a su fin.

En un país que se proclama un Estado Judío al que todos los judíos en el mundo deberían emigrar –obviamente con la intención de aumentar su población y de facto, adjudicarse más territorio palestino-, el caso de las mujeres judías etíopes parecería mostrar que, al final del día, no es un país para “todos los judíos”, o al menos no para aquellos de origen africano. En el 2013 se revelaron las prácticas de control de natalidad impuestas por el Ministerio de Salud israelí sobre mujeres etíopes, a quienes les inyectaron anticonceptivos sin su consentimiento. Muchas no conocían el tratamiento al que fueron sujetas de manera obligatoria cada tres meses. Este trato denigrante y racial, viola el derecho de la mujer a la maternidad, y podría ser el causante de un declive del 50% del índice de natalidad etíope en Israel en los últimos diez años. Israel no garantiza los mismos derechos a todos los judíos: no practica lo que predica.

Las mujeres también sufren discriminación frente al orden judeo-ortodoxo segregacionista que ha buscado imponer la comunidad judía ultra-ortodoxa haredim –la rama más conservadora del Judaísmo -, y lo que ha llevado a fuertes casos de acoso sexual e inclusive ataques verbales y físicos en contra de mujeres por no obedecer cánones de vestimenta y comportamiento en Beit Shemesh, localidad del Distrito de Jerusalén, que ha reportado casos similares entre el 2012 y el 2013. El último, al menos reportado, contradice la apresurada afirmación del autor al aducir que “en Israel las mujeres eligen la ropa que desean”. Si bien en la mayoría de veces es cierto, también se dan severos casos en que las mujeres son insultadas por la ropa que llevan, como sucedió en marzo de 2014 cuando una chica fue atacada por un ultra-ortodoxo en Beit Shemesh, Israel –no en Irán ni en Arabia Saudita donde el autor dice que se dan los casos de discriminación a la mujer-.

Pero los casos más evidentes de segregacionismo haredí se han dado en vuelos aéreos, en donde judíos ultra-ortodoxos se niegan a sentarse al lado de una mujer durante su vuelo. En este tipo de casos las mujeres son víctimas de estigmatización, discriminación e intimidación. Estos incidentes, además de traducirse en el retraso de vuelos y demás problemas para las aerolíneas que viajan desde Tel Aviv, son actos denigrantes que sin duda violan los derechos de las mujeres.

Muchos otros temas de desigualdad de género en Israel saltan a la luz, como discriminación laboral, el pago de sueldos inferiores en contraste con los percibidos por hombres,  entre otros. De acuerdo a datos del Buró Central de Estadística,  las mujeres israelíes perciben salarios 34% más bajos que sus contrapartes masculinas, y pese a comprender el 64% de la fuerza laboral del sector público, únicamente entre un 11 y 13% ocupan rangos de alto nivel. Por todo lo anterior y mucho más es que Israel fue el “único país condenado por la ONU sobre derechos de la mujer”.

El hecho de que Israel haya sido uno de los primeros países en tener una Golda Meir a la cabeza del Estado no lo hace un Estado precisamente ejemplar en temas de género. De ser así, el mismo principio debería aplicado en los casos de Pakistán bajo el mando de Benazir Bhutto, Pratibha Patil de la India, Megawati Sukarnoputri de Indonesia, o el de Ellen Johnson-Sirleaf de Liberia, entre muchas otras.

Es evidente que el Medio Oriente tiene obstáculos al momento de cerrar la brecha de desigualdad de género. Y si bien Arabia Saudita o Egipto no son buenos ejemplos en inclusión de la mujer, tampoco lo es Israel.

Bajada

¿Por qué es absurdo defender a Israel frente a la ONU?

Shyryn Barham
Internacionalista analista política y especialista en temas de Medio Oriente y el Magreb. Disfruta de leer un buen libro acompañda de una copa de vino, amante del café árabe con cardamomo que prepara su padre adicta a los zapatos y a la música árabe. Criminalista y forense frustrada