A Jecson Preciado lo llamaban “destructor” cuando era boxeador profesional. Recortes de periódico lo anunciaban como contendor de las peleas de fondo. La última vez que estuvo en el ring fue en 2007. Preciado quisiera seguir peleando, pero el box es un deporte en letargo: A nivel amateur, la disciplina tiene estructura, pero no pasa con lo mismo a nivel profesional. Hoy está desempleado, y en riesgo de perder su hogar. A inicios de marzo de 2015, recibió una notificación que le ordenaba desalojar su casa. Él es uno de los habitantes de la Isla Trinitaria que deben irse. Esta vez, el destructor no es Jecson Preciado.
Jecson tiene que irse por orden del Estado. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares envió el 5 de marzo de 2015 notificaciones a unas ciento cincuenta casas ubicadas en la Isla Trinitaria, uno de los sectores más pobres de Guayaquil. Disponía el retiro de todas las personas que vivieran en esas edificaciones en un plazo de 48 horas, “por encontrarse construida dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y/o en sus área de influencia”. Ese mismo día, los pobladores protestaron. Cerraron un tramo de la vía Perimetral, a la altura de almacenes Jaher (un kilómetro al sur de las viviendas). Ahí fueron reprimidos por agentes de la Policía que llegaron en buses y patrullas. Una de las manifestantes denunció que fue atacada por los agentes con un taser, un arma de electrochoques de contacto. La mujer, que estaba embarazada de seis meses, perdió a su bebé por la descarga.
Las casas notificadas se ubican al pie del estero, donde ya se empieza a construir un malecón. Una de esas es la del Destructor. Se la compró a una mujer a la que no quiere identificar. Su vecinos tampoco. Solo la llaman “la señora”. Cobijado por las cañas y plásticos reforzados que conforman su modesta vivienda, vive ahí con su esposa, sus cuatro hijos, sus dos perros y su gato. Vive a la espera de que lleguen las máquinas a destrozar todo lo que ha logrado construir con precariedad. “No tengo esperanzas de quedarme aquí”, dice Preciado. No importa el tamaño de sus dedos, la mirada golpeadora, su convicción cuando habla del box ni las horas que dedica a diario a entrenar: El Destructor luce impotente.
Los ingresos no son muchos en su casa. Su esposa gana noventa dólares a la semana, y él no tiene un ingreso fijo. Ni siquiera cuando era boxeador. Preciado, que aparecía en periódicos donde lo anunciaban como púgil de las peleas estelares, tenía un encuentro cada dos o tres años, y por subir al ring no ganaba más de cuatrocientos dólares. El Destructor, que ya tiene 45 años, ha trabajado como obrero, instructor personal y anhela abrir una pequeña escuela de boxeo en la Isla Trinitaria. Pero por ahora, descarta ese plan. Su preocupación es dónde llevar a sus hijos. No es sencillo. Al igual que sus vecinos, el hogar de Preciado subsiste con menos de quinientos dólares mensuales en un sector donde los traficantes de tierras venden terrenos en alrededor de trescientos. El Destructor está vencido.
En Guayaquil se forman cada año 8.674 hogares según “Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil«, investigación de la urbanista Patricia Sánchez,. El estudio, publicado por la Flacso en 2013, dice que el 64% de esas nuevas familias se las arregla para costear sus alimentos, vivienda, vestimenta y recreación con 500 dólares al mes. Con presupuestos así, las oportunidades de encontrar nuevos hogares no son muchas.
Los vecinos de Preciado en el sector –conocido como “Melida Toral”– han construido un espacio recreativo donde los niños nadan, saltan y ensayan clavados. Caen directo al Estero Salado. Este sector de la cooperativa lo han bautizado como “El Malecón de los negritos”, la raza que predomina en la Isla Trinitaria. Pronto, el malecón no será más de los negritos que viven ahí.
Aunque el discurso oficial señala con insistencia que debe hacerse un alto al modelo de invasiones, hay otras consideraciones a tomar en el difícil conflicto del crecimiento habitacional en Guayaquil. Aunque el estado ecuatoriano tenga la potestad legal de desalojar los predios ocupados ilegalmente, hay parámetros que debe seguir. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y los Principios Básicos y Directrices sobre Desalojos y Desplazamientos generados por el Desarrollo establecen que los desalojos deben respetar las normas internacionales de Derechos Humanos para que no sean desalojos forzosos. Esas normas señalan que debe existir un plazo razonable desde el anuncio del desalojo para el “examen público, la formulación de comentarios y/o objeciones sobre el plan propuesto”. Las 48 horas que la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares les dio a las 147 familias de la Isla Trinitaria no garantizan ese proceso. Además, es obligación del Estado asegurar salvaguardas a toda persona en riesgo de perder su vivienda antes, durante y después de los desalojos. El Estado debe generar “oportunidades y medidas para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico, técnico y de otro tipo a las personas afectadas sobre sus derechos y opciones”.
Yesenia no recibió estas consideraciones. Su piel morena contrasta con el rubio color de sus cabellos. Colombiana, viuda y sobreviviente de la violencia que carcomía su barrio en Buenaventura, ahora se pregunta lo mismo que Preciado: ¿Dónde dormirán sus hijas? Aunque el pacto establece que antes de realizar un desalojo “se debe cumplir con un proceso de consulta donde los Estados deberán explorar plenamente todas las posibles alternativas a los desalojo”, ella sólo recibió una notificación.
Según la tesis de Sanchez, entre 2008 y 2014, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) construyó en Guayaquil –dentro de los programas Socio Vivienda I y II– seis mil viviendas, entre casas y departamentos. De este total, tres mil fueron destinadas a la reubicación de las familias que vivían cerca del Estero Salado y en alrededor de mil se afincaron las familias de Monte Sinaí. Es decir que el Miduvi entregó más de dos mil casas en las que podrían vivir nuevas familias en los últimos siete años. Si la demanda de nuevas viviendas supera esa cifra cada año, no se está sujetando a la oferta de nuevos hogares.
El Destructor y Yesenia tienen algo en común: Aunque quisieran vivir en un tipo de sector distinto al que se desenvuelve en el modelo de invasiones, sus escasos ingresos les han llevado a optar por esta vía. Los asentamientos irregulares son una vía de desarrollo urbano que forma parte de la historia de Guayaquil. En esta ciudad, cerca del 60% del crecimiento habitacional se ha producido por la vía informal.
Lejos de las cifras –y bastante angustiada– la gente que vive en la Isla Trinitaria está a salvo, pero sabe que solo es por el momento. El desalojo está estancado por el momento, a la espera de una audiencia en la Defensoría del Pueblo, que se realizará el 24 de marzo de 2015.
En su pequeña casa de caña, adornada con siete fotografías de su época de boxeador, Preciado aguarda sin esperanzas por esta batalla. Hay vecinos que gritan que no se van a mover, que si es necesario se van a encadenar a sus viviendas. Pero el Destructor se resigna. Es como si tuviera perdida esta pelea, como la que libra contra la pobreza. Con sus limitados ingresos, no sabe qué casa podría comprar o construir para que sus hijos no tengan que dormir en la calle.
¿Quién gana: jab de izquierda o notificación de desalojo?
