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El humor se diluye en Ecuador. Mientras algunos sonríen, y otros critican o ignoran un dibujo, hay gente que cree que una caricatura puede menoscabar los derechos de una persona. El 9 de febrero de 2015, Xavier Bonilla –más conocido por su seudónimo Bonil–, acudirá a una audiencia en la Superintendencia de Comunicación (Supercom), donde tendrá que defenderse de una acusación de discriminación. En agosto de 2014, Bonil publicó en diario El Universo una caricatura que se burla de un discurso que el el asambleísta Agustín Delgado había dado unos días antes. El Tin, como se le conoce desde su época de gloria en la selección ecuatoriana de fútbol, no atinaba a leer con fluidez más de tres palabras del papel que tenía en la mano. Convertía al pronombre demostrativo “esta” en el verbo “está”; decía que “hay que eliminar privilegios y je… je… jerarquías”. El episodio fue muy comentado en redes sociales. Bonil representó ese discurso en una caricatura a dos viñetas.

En una, el Tin lee de forma entrecortada la frase: “Con mi discurso todos dicen ‘Pobre Tin, pobre Tin’”. Al lado, continuaba con: “Pero con mi sueldo de asambleísta: Ya nadie dice ‘pobretón, pobretón’”. El presidente de la República, Rafael Correa, calificó la caricatura de racista: Delgado pertenece a la minoría afrodescendiente. Según un informe del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), el juego de palabras es peyorativo por razones socioeconómicas: “A través del escarnio, la burla y la vejación, se realizó una distinción –hacia el Tin– lo que menoscaba el reconocimiento o goce de sus derechos humanos”. Bonil, que en sus viñetas ha sido crítico con funcionarios de distintas tendencias ideológicas, ha sido citado a una audiencia por decir que nadie puede llamar “pobretón” a una persona que gana seis mil dólares al mes. Sin embargo, decirle “pobre”, “pobrecito” o “pobretón” a alguien –sobre todo si se trata de un funcionario público– es un acto protegido por el derecho a la libertad de expresión.

El Cordicom dice que la caricatura incumple el artículo 61 de la Ley orgánica de Comunicación (LOC). Ese artículo dice que se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción, basada en diecinueve categorías que incluyen desde la edad, pasando por la identidad de género, la condición socio-económica, el idioma, la religión y otras características de la cultura y la realidad que marcan nuestros cuerpos. Pero también menciona que la distinción debe tener por objeto o resultado “menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”. Estos últimos, reconocen la libertad de expresión.

Mario de Freitas, abogado que ha participado en casos donde se disputa la libertad de expresión –Bloguero vs. Fiscal ofendido y ciudadano que llamó “persona non-grata” al presidente– considera que Bonil no pudo discriminar al asambleísta. “La discriminación, desde el punto de vista legal, es un acto (permitido por la ley o no) que tiene el efecto concreto de menoscabar derechos o de otorgar privilegios a una persona o a un grupo de personas determinadas”, explica De Freitas. Es decir, es un acto que se comete desde el poder.

Bonil no trabaja como funcionario del Estado y no tiene el poder de privar al asambleísta de ninguno de sus derechos fundamentales. “El Tin Delgado no sólo es un funcionario público, sino que al ser asambleísta, goza de poder frente a cualquier ciudadano. Por lo tanto, la balanza se inclina a su favor y no en su contra”, dice De Freitas. El abogado sostiene que un derecho fundamental como el de expresión nunca puede ser penado, “peor aún, cuando la obligación del estado es asegurarse de que los ciudadanos puedan expresarse libremente por cualquier medio sin que el estado tenga que hacer juicios de valor sobre el contenido de las expresiones vertidas”.

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El Cordicom argumenta que la caricatura menoscaba los derechos de Delgado. Las pruebas que respaldan esta argumentación: el uso de dos morfemas, “Tin” como “sufijo apreciativo diminutivo” –aunque así lo hayamos conocido toda la vida– y “ton” como calificación “peyorativa” al Tin “como alguien que fue muy pobre”. Pero eso es verdad, En algún momento de su vida, Delgado vivió carencias económicas en la pobre comunidad del Valle del Chota (provincia de Imbabura) de donde es originario, y a la que ha ayudado a progresar desde su etapa como futbolista y luego como empresario. Enunciar un hecho sobre la vida del Tin no constituye una violación a sus derechos.

La primera vez que Bonil publicó una caricatura en un diario –el desaparecido Hoy– dibujó al secretario de la administración de León Febres Cordero, “cuyo gobierno muchos considerábamos autoritario y abusivo”, recuerda. La viñeta mostraba a un personaje cuyo cuerpo tenía la forma de una bisagra, y lo tituló “La venia”. Desde aquella primera caricatura, Bonil ya trazaba su lectura particular y crítica sobre cada uno de los presidentes de la República. Sus caricaturas son una forma de burlarse de los poderes estatales. Sus trazos no son citados como fuente en reportajes, porque las caricaturas no recrean la realidad. Aunque puedan existir reflejos del filósofo inglés Tomas Hobbes en el tigre de peluche de la caricatura Calvin y Hobbes, nadie confunde al felino con el pensador. Porque sabemos que se trata de una caricatura.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben ser más tolerantes con las críticas que les hagan personas que viven en circunstancias distintas. Los desacuerdos –sobre las minorías o cualquier otro tema– constituyen una vena esencial de la vida en democracia. No existe un solo hecho en el que todos tengan la misma opinión. Para abordar conflictos discursivos, se debe privilegiar el debate y la exposición de criterios contrapuestos, no las sanciones a quienes en su trabajo representan las habituales diferencias entre las personas. Porque los medios de comunicación no pueden construir acontecimientos sin realizar distinciones semánticas, y una caricatura no puede privar de sus derechos fundamentales a un funcionario público.

Las distinciones por categorías se producen a diario en la realidad. Durante la campaña presidencial de 2013, el candidato Nelson Zavala, pastor evangélico postulado por el PRE, decía a menudo en sus declaraciones que la homosexualidad era inmoral. Sus discursos eran reproducidos a nivel nacional por la prensa, que debía seleccionar hechos relevantes para que la opinión pública pueda conocer las opciones electorales. Las minorías que se consideraron aludidas –otras simplemente prefirieron ignorarlo– recibieron cobertura mediática para responderle al Pastor. Porque así funciona un sistema democrático. Está basado en el desacuerdo de opiniones. El periodismo debe dar cuenta de estos hechos –incluso de los más repudiables–, para que podamos conocerlos, opinar, contestar y formar un debate sano que nos permita replantearnos las ideas que tenemos. En los comicios, Zavala obtuvo el 1% de los votos y quedó en último lugar. Y sus ideas, comunicadas por canales masivos, generaron poca o ninguna identificación con las audiencias. El hecho de enunciar una idea prejuiciosa –o que insulte a otro– no quiere decir que vaya a ser aceptada por los ciudadanos.

Lo ideal sería que siempre existan los espacios necesarios para garantizar otros puntos de vista. Porque el desacuerdo es esencial para la vida en democracia. Quienes consideran que cambiando el lenguaje, censurando el insulto, la burla y el menosprecio, conseguirán transformar el mundo en un paraje apacible de igualdad total, piden que se restrinja el derecho a la libertad de expresión. Cuando esta idea deja de ser una propuesta histérica y quejumbrosa para convertirse en una política regulatoria, se pone en riesgo a una sociedad democrática.

El artículo 61 de la Ley de Comunicación nos deja debates urgentes. No es justo que un caricaturista sea sancionado por escribir que nadie podrá decirle “pobretón” a un funcionario público que gana seis mil dólares mensuales. Un país democrático necesita ser libre de escoger si tolerar, ignorar o debatir sus desacuerdos orales, sin miedo a sanciones económicas o penales para ninguna de las partes. Aceptémoslo: Los desacuerdos siempre van a existir, incluso los que impliquen prejuicios sobre las minorías. Y prohibirlos no va a cambiar nuestra forma de pensar.

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¿Por qué deben los funcionarios públicos ser más tolerantes a la crítica?